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Quito, Noviembre 26 de 2008
MPD EXIGE AL MINISTRO DE EDUCACIÓN QUE PAGUE LA MORA PATRONAL AL IESS
El Asambleísta del MPD, Jorge Escala, mediante comunicación dirigida al Ministro de Educación el 24 de noviembre, solicitó información respecto a varias irregularidades en el Magisterio de la Provincia de Esmeraldas, dejando en claro lo estipulado en el art. 348 de la Carta Magna que establece, ante la falta de transferencia de recursos para la educación pública, la destitución de las autoridades, servidoras y servidores públicos remisos de su obligación.
Escala señaló que la seguridad social es un derecho irrenunciable, deber y responsabilidad primordial del Estado, por lo que se constituye en una obligación para el ejercicio de los derechos y por lo tanto, no es posible que desde enero del 2008 se haya descontado de los haberes del magisterio de la provincia de Esmeraldas, en el sector urbano a los de la categoría de quinta a novena y al sector rural de la quinta a la octava categoría, la cantidad de $43.33 dólares de aportes al IESS, valor que no correspondía a las categorías antes mencionadas.
A este descuento ilegal, se suma que, desde abril del presente año, el Ministerio de Educación a través de la Dirección Provincial de Educación de Esmeraldas se encuentra en mora con el IESS, a pesar de realizar los descuentos puntualmente, impidiendo de esta manera el acceso de los maestros esmeraldeños, a las diversas prestaciones a las que tienen derecho como afiliados.
Finalmente el Asambleísta Jorge Escala manifestó que existen otras irregularidades que deben ser superadas inmediatamente, tal es el caso de los profesores de Educación Popular que no han sido cancelados desde septiembre de este año, agregó que exigirán al Ministro de Educación, Raúl Vallejo el cumplimiento de los derechos de los educadores de Esmeraldas.
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Quito, Diciembre 02 de 2008
RABEL AVILA: DENUNCIAS DE ASAMBLEISTAS GALO LARA Y LEONARDO VITERI CONTRA EL GOBIERNO DEBEN SER SUSTENTADAS
Comisión de Fiscalización y Control Político permite a asambleístas denunciar, documentar y emprender acciones de investigación.
Las denuncias emprendidas por el asambleísta Galo Lara en contra del Gobierno Nacional y de Leonardo Viteri, en contra de la ministra de Salud, Caroline Chang, son para el asambleísta Abel Avila parte de la labor de fiscalización y control político de los comisionados de la Asamblea, con lo cual se establece el derecho de los miembros del organismo legislativo de denunciar, documentar y emprender acciones de investigación de dichos casos, las mismas que deberán tener indispensablemente pruebas que sean sustentadas oportunamente por los denunciantes. Por otro lado, indicó que la negativa de los ex magistrados para conformar la Corte Nacional de Justicia (CNJ) debería ser sancionada con la cárcel para que haya actos que dejen precedentes.
En el caso correspondiente a la denuncia del asambleísta Leonardo Viteri en contra de la ministra de Salud Caroline Chang, Ávila dijo que los pasos que se deben seguir en este tipo de casos inician con la petición por parte del denunciante del informe de la Ministra.
“De cada uno de los detalles, en donde él considera que haya sobreprecio, una vez que ha sido entregado, si no satisface esos informes, él tendrá que pedir al Consejo de la Administración de la Legislatura que inicie el proceso de fiscalización para que esa denuncia pase a la Comisión de Salud y Ambiente”, agregó en El Poder de la palabra” de Ecuadorinmediato.com/radio.
Así mismo, reiteró que la denuncia realizada por Viteri públicamente está protegida por la comisión, siempre y cuando cuente con las “herramientas respectivas para que una vez que haya los elementos de juicio tomar 19 asambleístas y entrar en la sustentación; si hay algunos cargos que imputarle”.
Mientras que en referencia a la denuncia efectuada por el Jefe de Estado, Rafael Correa, el sábado pasado en Latacunga, en contra del asambleísta Galo Lara, Abel Ávila dijo: “No conozco ningún chantaje, el único chantaje que hay hasta ahora son de los ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia, no creo que haya chantaje, creo que hay una decisión del pueblo de fiscalizar todas las acciones de este Gobierno”.
Señaló, también que el Presidente de la República, por su parte, está defendiendo un proyecto de cambio que tiene el respaldo popular, en ese sentido, “la denuncia que ha hecho tiene que hacerlas con nombre y apellido por que debemos y tenemos la necesidad de pasar más allá de la denuncia a las acciones”.
Desde la perspectiva del asambleísta, tanto Galo Lara como el Primer Mandatario deben presentar los correspondientes fundamentos a sus denuncias, para que “el pueblo del Ecuador, el primer y único fiscalizador tome las decisiones en el tema de la sanción efectiva”.
De igual forma, precisó que el chantaje ha sido una herramienta que ha utilizado la derecha en el país, por ello, “no le hemos circunscripto a cuatro o cinco asambleístas de fiscalizar, todos podemos fiscalizar, y se lo hará a través de la Comisión, en algunos espacios la derecha siempre utilizó eso”.
En otro tema, respecto a la negativa de los ex magistrados de conformar la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Abel Ávila sostuvo que se ha dicho que el pueblo se va a movilizar y el MPD también “porque necesitamos que haya actos que sienten precedentes, ese chantaje, ese boicot del proceso de cambio que han establecido y que han violado los propios ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia tienen que ser terminados”.
Finalmente, exhortó a que se los envíe a la cárcel a los ex magistrados que no aceptaron la decisión tomada por la Corte Constitucional “porque ahora se han reunido y se han coaligado para evitar la aplicación de la norma superior y sobre todo la justicia en este país”.
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Quito, Diciembre 02 de 2008
MPD PIDE PRISION PARA EX MAGISTRADOS CHANTAJISTAS Y BOICOTEADORES DEL PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA
EL Movimiento Popular Democrático, a través de sus asambleístas, Jorge Escala y Abel Ávila, insistieron al Ministro Fiscal, adopte las medidas legales para sancionar con prisión, a los ex magistrados de la CSJ, que no acataron el mandato constitucional de asumir sus funciones y por el contrario se dedicaron a boicotear, chantajear y violentar lo dispuesto en el artículo 21 del Régimen de transición, incurriendo en las infracciones tipificadas en los artículos 251 y 253 del Capítulo V del Código Penal referentes a la coalición para obstaculizar la ejecución de disposición legal u orden superior y la dimisión fraudulenta del cargo respectivamente.
Tanto Ávila como Jorge Escala, insistieron que la salida a este vacío en la función judicial, es la convocatoria a concurso de mérito y oposición, a fin de que gente honesta, preparada y con principios éticos de servicio al pueblo integren la Corte Nacional de Justicia.
"El país no puede estar a la espera y chantaje de ex magistrados inmorales que tarifaban las sentencias y que, poco o nada aportaron desde la ex Corte Suprema para solucionar los procesos legales en contra de banqueros, grupos políticos y económicos" argumentaron los asambleístas, al tiempo de insistir que la Corte Constitucional no debe, por ningún motivo, darle plazo para que los ex magistrados piensen cumplir o no el mandato entregado por el pueblo.
El Ministerio Fiscal, enfatizaron, debe dejar sentado un precedente a fin de que nadie este por sobre la ley y la constitución y, la prisión para los ex magistrados boicoteadores, sería el mecanismo más apropiado para empezar.
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Quito, Diciembre 10 de 2008
ASAMBLEISTAS MPD PLANTEAN SANCIONES PARA LOS "POBRECITOS" DE LA BANCA CORRUPTA QUE EVADE IMPUESTOS
El Bloque de asambleístas del Movimiento Popular Democrático, considera importante que la comisión de lo Tributario, Fiscal y Financiero, haya aceptado las observaciones planteadas por el partido a la Ley de Seguridad Financiera, especialmente en lo relacionado a la participación de un representante de los depositantes en el Directorio del Fondo de Liquidez así como en la Junta Bancaria, en razón de que son ellos los dueños del dinero y, uno de los objetivos de ley es precautelar sus depósitos
Se planteo que la Superintendencia de Bancos, sancione al Sistema Financiero Nacional, cuando realice actos de evasión de los impuestos, con el pago del doble de lo evadido, en la segunda evasión, con el triple de lo evadido y en una tercera cerrará definitivamente la entidad, sin exceptuarse las acciones penales y tributarias correspondientes, esto permitirá que se inicie el cobro de los aproximadamente 111 millones de dólares, por evasión del impuesto a la Renta, de bancos, sociedades financieras, seguros y mutualistas, desde el año 2000 a la presente fecha, recursos que el gobierno podría utilizarlos en estimular a la jubilación de 2500 maestros, crear 5000 nuevas partidas de quinta categoría y construir 31 escuelas del milenio
Dentro del debate se propuso que el financiamiento previsto en las disposiciones legales que se derogan con esta ley, sean reemplazados con recursos del Presupuesto General del Estado, por un valor equivalente al menos al asignado en el año 2008, cuyas transferencias se realizarán trimestralmente por anticipado, en forma automática y sin necesidad de justificación previa de ninguna clase y sin perjuicio de la aprobación del Presupuesto General del Estado. De ser el caso, se ajustará anualmente conforme al deflactor del Producto Interno Bruto.
Para ejecutar la transferencia, se establecerán políticas que permitan al Estado compensar los recursos, mediante la participación directa en los directorios con la facultad de control, sanción y auditoria
Durante la exposición los asambleístas exigieron se establezca en la Disposición Transitoria Novena, la obligación que tiene la Superintendencia de Bancos, de cobrar a las compañías de seguro y a las empresas de medicina prepagada, el 0,5%, para el funcionamiento del Seguro Social Campesino, acción que no la ha implementado, perjudicando al SSC en más de 20 millones de dólares y a más de 900 mil afiliados.
"Los servicios bancarios entre ellos el mantenimiento de cuentas, tarjetas de débito, consultas de cajeros automáticos, los costos que tienen las transferencias de sueldos que perjudican aproximadamente a cuatrocientos mil servidores públicos y más de ciento veinte mil maestros, entre otros servicios, deben ser gratuitos " indicaron los asambleístas
Es momento indicaron Escala y Ávila que la Asamblea apruebe una ley que proteja los ahorros, evite feriados bancarios pero sobre todo, establezca reglas claras para que futuros gobiernos y grupos de poder, no liberalicen o flexibilicen el sistema financiero, como sucedió en los gobiernos de Durán Ballén, Mahuad y otros, que eliminaron las estructuras preferenciales de las tasas de interés y la acción de fomento del Estado, facilitando el libre accionar y el abuso de la banca privada, concluyeron.
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Quito, Diciembre 15 de 2008
ASAMBLEÍSTA ESCALA CUESTIONA DECLARACIONES DEL PRESIDENTE CORREA QUE DESLEGITIMA LA LUCHA DEL MAGISTERIO
El asambleísta Jorge Escala, criticó la actitud de Rafael Correa, quien en cadena sabatina del pasado 13 de diciembre, minimizó la lucha emprendida por la Unión Nacional de Educadores y lo que es más, calificó al magisterio de mediocre.
"Estamos exigiendo un derecho que por ley nos corresponde, esto es mejorar las condiciones de vida de aproximadamente 120 mil familias; el presidente Correa no puede deslegitimar una acción en la que participaron voluntariamente miles de maestros que ven afectada su economía por el incremento en la canasta básica" indicó el asambleísta
Agregó que la Unión Nacional de Educadores es la expresión de la unidad del magisterio nacional, defensora de la educación pública, de los derechos de la niñez, juventud, maestros, trabajadores y pueblos del Ecuador, por lo tanto es parte de la tendencia de cambio y se ha ganado respeto, prestigio y autoridad en la vida social y política del país; por lo cual, las desafortunadas expresiones del Presidente Rafael Correa no corresponden a la verdad, reflejan las presiones y la ofensiva de los sectores de derecha que actúan dentro y fuera del gobierno, que buscan azuzar la confrontación del régimen, con una de las fuerzas más consecuentes de este proyecto.
Jorge Escala dejó en claro que la UNE, no es un reducto de caciques, ni de caudillos, es una organización altamente democrática, en la que sus bases viven y ejercen este derecho, discuten, debaten, resuelven sus acciones y los dirigentes son fieles cumplidores de su mandato. Los dirigentes de la UNE son elegidos mediante voto universal, directo y secreto, por todas las bases, no hay dirigentes eternos ya que no existe la reelección de acuerdo a nuestros Estatutos. En la UNE se vive a plenitud la alternabilidad y no dependemos de capataces, ni nos rigen autoritarismos.
"Si bien los maestros valoramos y respaldamos la decisión del Presidente Correa para enfrentar los privilegios de los grupos de poder, por el impulso de una política soberana en defensa de los recursos naturales y contra el pago de la ilegítima, inmoral e inconstitucional deuda externa, por la salida de las tropas norteamericanas de la Base de Manta, estamos vigilantes y movilizados hasta obtener una respuesta a las justas aspiraciones del magisterio como también respecto del decreto 1406 y su derogatoria, ya que en relación a esta demanda no se ha dado ningún pronunciamiento oficial", sentenció Jorge Escala.
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Quito, Diciembre 23 de 2008
TRIUNFO POPULAR MPD Y COMERCIANTES MINORISTAS DEJAN SIN EFECTO EL LITERAL "E" DEL ART. 139 DE LA LEY DE TRANSITO
La lucha emprendida por los comerciantes minoristas y los asambleístas del MPD, para que la Asamblea derogue el literal e) del artículo 139 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, dió resultado pues, el pleno de la Asamblea aprobo en segundo y definitivo debate la derogatoria de los mencionados literales, con lo cual los comerciantes minoristas podrán libremente vender sus productos en el transporte público.
Según los asambleístas del Movimiento Popular Democrático, Jorge Escala y Abel Ávila, al aprobar la propuesta de la CUCOMITAE, se esta reconociendo el derecho al trabajo de aproximadamente tres millones de personas que se dedican en el país al comercio minorista en sus diversas formas.
"Los conductores de transporte público de servicio colectivo que permitan el ingreso de personas para realizar actividades de comercio, oferta o prestación de servicios, o solicitar contribuciones no incurrirán en contravención leve de primera clase, en consecuencia, los conductores no serán sancionados con la multa equivalente al 5% de la remuneración básica unificada del trabajador en general y reducción de 1,5 puntos en su licencia de conducir" señalaron los asambleistas.
Esta propuesta liderada por el Movimiento Popular Democrática, se constituye en un triunfo para los sectores populares, quienes veían en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Via, un atentado contra su actividad económica y su forma de vida.
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Quito, Diciembre 30 de 2008
BLOQUE DE ASAMBLEISTAS CONDENAN ATAQUES DE ISRAEL AL PUEBLO PALESTINO
Frente a los brutales ataques que el Estado de Israel está perpetrando en contra del pueblo Palestino y sus ciudadanos, específicamente en la franja de Gaza, que hasta la fecha suma más de 300 muertos y 900 heridos, el Bloque de asambleístas del MPD, presentó al titular de la Asamblea un proyecto de resolución a través del cual se rechaza las acciones bélicas implementadas por Israel en contra del pueblo Palestino y se pide remitir comunicación oficial a los organismos competentes con el fin de dar a conocer la posición del Ecuador frente a la agresión que se suscita en la Franja de Gaza.
Los asambleístas Jorge Escala y Abel Ávila, además, solicitaron al Presidente de la Republica que mediante comunicación oficial del Estado ecuatoriano al Estado de Israel y a la Organización de las Naciones Unidas, ONU, su pedido de cese al genocidio y la priorización del dialogo para buscar solución al conflicto que afecta al Pueblo Palestino.
"Ha pretexto de combatir al movimiento islamista Hamás, el Estado Israelí está provocando la muerte de cientos de ciudadanos civiles entre los que constan niños y niñas, constituyéndose en víctimas inocentes de este conflicto" argumentaron los asambleístas .
Recalcaron que los pueblos del mundo entero deben solidarizarse con el pueblo Palestino y exigir un pronunciamiento de los organismos internacionales para que los ataques israelíes cesen inmediatamente y se evite el sufrimiento de la población civil.
Recordaron que "es deber del Estado condenar la agresión israelí, de acuerdo a los principios establecidos en el art. 416 de la Constitución Política, en sus numerales 2 y 3, entre otros" enfatizaron.
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Quito, Enero 05 de 2009
SOLIDARIDAD CON PUEBLO PALESTINO
Pleno se solidarizó con pueblo palestino
Asambleístas condenaron las acciones bélicas ejercidas por Israel contra Palestina
Con 46 votos a favor, uno blanco y dos abstenciones, el Pleno de la Comisión Legislativa y de Fiscalización condenó las acciones bélicas de Israel en contra del pueblo palestino, a la vez que demandó se inicie la investigación y el posterior enjuiciamiento de la comunidad internacional contra los responsables de estos crímenes de lesa humanidad.
La resolución, propuesta presentada por el Movimiento Popular Democrático con el apoyo de varios asambleístas de diferentes tendencias políticas, subraya también que Ecuador es un país de paz, por lo que se suma a los llamados de las Naciones Unidas, del Gobierno Ecuatoriano y de otros gobiernos al cese al fuego en la franja de Gaza, que permita a Israel y Palestina encaminar una solución pacífica del conflicto.
Así mismo, exhorta a la Presidencia del Parlamento Andino convoque a una reunión extraordinaria en esta ciudad para que se pronuncie, de manera urgente, sobre este acontecimiento internacional.
En los considerandos, se determina que el mundo está horrorizado por la ofensiva militar israelí en contra del pueblo palestino y de sus ciudadanos, específicamente en la franja de Gaza, que hasta la fecha produce más de 600 muertos y 2 500 heridos. Gran parte de las víctimas son niños y mujeres, lo que constituye terrorismo de Estado y crimen de lesa humanidad. Por tanto, es obligación de la comunidad internacional proteger los derechos humanos más fundamentales de la población civil y denunciar a aquellos que los violenten.
Los pueblos del mundo entero nos solidarizamos con el pueblo palestino y reclamamos el pronunciamiento de los organismos internacionales para que se detengan la humillación y destrucción del pueblo palestino, precisa el documento.
Igualmente, se destaca que es deber del Estado ecuatoriano condenar la agresión israelí de acuerdo con los principios establecidos en el Art 416 de la Constitución, en sus numerales 2 y 3, que propugna la solución pacífica de las controversias y los conflictos internacionales y rechaza al amenaza o el uso de la fuerza para resolverlos, así como condena la injerencia de los estados en los asuntos internos de otros estados, y cualquier forma de intervención, sea incursión armada, agresión, ocupación o bloqueo económico o militar.
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Quito, Enero 08 de 2009
Asambleístas del MPD exigen recalificación pública de los aspirantes al Consejo de Participación Ciudadana
Ante las graves denuncias de irregularidades que se habrían cometido en el Concurso de Oposición y Meritos para la Selección de los y las Integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, el bloque del Movimiento Popular Democrático, solicitó al arquitecto Fernando Cordero, Presidente de la Comisión Legislativa y de Fiscalización, se transparente el proceso a fin de garantizar la seriedad e idoneidad del quinto poder del Estado.
Mediante oficio dirigido a Fernando Cordero, los asambleístas Abel Ávila y Jorge Escala, solicitan:
1. Se proceda a la recalificación pública de todos los expedientes a fin de que se actúe con transparencia y se garantice los derechos constitucionales, de las personas que se han postulado para el concurso antes mencionado.
2. Se conforme una Comisión Especial multipartidista que en coordinación con la Comisión de Participación Social, realice el proceso de recalificación.
3. Que el acto de recalificación se lo realice con la presencia de la prensa, los postulantes y las veedurías.
Las irregularidades del proceso de selección, se expresan en las violaciones de los derechos constitucionales, derechos que deben ser respetados por sobre todas las cosas, indican
Se ha irrespetado además argumentan el instructivo para la selección de los candidatos al Consejo de Participación, dejando de lado a representantes de organizaciones sociales.
Insistieron en la necesidad de transparentar el proceso ya que de lo contrario el organismo no tendrá los méritos y la calidad moral para iniciar con su trabajo
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Quito, Enero 20 de 2009
MPD PROPONE ELIMINAR VARIAS DISPOSICiONES ANTIDEMOCRATICAS E INCONSTITUCIONALES DE LA LEY DE ELECCIONES
El Bloque de Asambleístas del Movimiento Popular Democrático MPD, Jorge Escala y Abel Avila presentaron, mediante oficio, las observaciones a la Ley de Elecciones con el fin de que se fortalezca y se afiancen algunos temas como la igualdad de oportunidades de las minorías, el fortalecimiento de las representaciones políticas, el financiamiento para todas las candidaturas de elección popular, entre otras.
En las observaciones presentadas al proyecto de Ley electoral, Jorge Escala señala que en el Art. 202, segundo inciso se viola el principio de igualdad para la publicidad de las candidaturas locales y promueve la discriminación, ya que se exceptúa del financiamiento propagandístico para la elección de dignidades a las JUNTAS PARROQUIALES RURALES, por tal razón se propone eliminar, la frase "excepto las de juntas parroquiales rurales." en el citado inciso.
Manifestó también que el proyecto electoral tiene una clara intención de causar daño a la participación política de las minorías, a su representación, afectar el ascenso de las minorías a las diferentes instancias de participación pública y burlarse del derecho del elector; por tanto se propone eliminar los numerales 3 y 4 del art. 328 ya que viola los artículos 109 y 110 de la Constitución y por tanto son INCONSTITUCIONALES.
Escala además planteó que es necesario implementar listas cerradas y bloqueadas, ya que la lista abierta, escogida por la Comisión y determinada en el artículo 160 del proyecto de Ley, permite la dispersión y el aumento del desperdicio del voto que oscila entre los 200.000, en cada elección, promueve a los famosos, apolíticos, que son ejemplos de experiencias funestas para la vida polìtica del país, que expresa la venta de conciencias a sopretexto de ser independientes. Agregó que es necesario un sistema que fortalezca las estructuras organizativas de los partidos y movimientos políticos, por estas razones la propuesta es sustituir en el art. 160 la frase "por los o las candidatas de una sola lista o de varias listas hasta completar el número permitido para cada una de los cargos señalados.", por la siguiente: "POR LISTAS CERRADAS Y BLOQUEADAS".
De esta manera se logrará que la gente vote en función de una propuesta programática seria, con contenido político e ideológico y de clase en función de sus intereses y aspiraciones.
El asambleísta Jorge Escala señaló que el metodo D`Hont, propuesto en el proyecto de Ley fue declarado inconstitucional por el ex Tribunal Constitucional, ya que no permite la representación de las diversas fuerzas políticas, acaparando mayor escaños una sola tienda política. La propuesta del MPD, es el Método de Webster o Hare, que permite el equilibrio en la representación, la capacidad decisional y el respeto a la expresión de la pluralidad política, a la inclusión y a la no discriminación que tanto ha luchado el pueblo ecuatoriano y pronunciado así en el Referéndum a través del artículo 108 de la Constitución Política de la República.
Finalmente los asambleistas consideran necesario eliminar del proyecto de ley, varias disposiciones antidemocraticas y reaccionarias que anularían el derecho a la promoción y difusión de las tesis de los partidos y movimientos politicos, como el numeral 4, del art. 331 que manifesta el impedimento de realizar actividades, manifestaciones, desfiles u otros en espacios o vias pùlbicas, esto es antidemocrático, reaccionario, señalaron.
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Quito, Febrero 04 de 2009
Abel Ávila llama a los ecuatorianos a participar en la construcción de las leyes de tierra y agua
En el marco del Foro Alternativo de Soberanía Alimentario, realizado hoy en el salón del ex Senado, en la Sede Legislativa, el asambleísta Abel Ávila, integrante de la Comisión de Salud y Ambiente, propuso evitar la importación de alimentos y cercar al Ecuador de los transgénicos, y proteger nuestras fuentes de agua.
Aseveró que del proyecto se ha excluido la norma tendiente a regular la agricultura por contrato, pues considera que se trata de una forma precaria de explotación al campesino.
Así mismo, insistió en su propuesta orientada a socializar los medios de producción, es decir, el acceso equitativo a la tierra, a la vez que sugirió crear una institución o un fondo que logre revertir lo que hicieron los grandes latifundistas al campesino y al agricultor, a quienes les despojaron de sus tierras y sus fuentes de agua, a través de la usura y de falsos créditos.
Este es el momento histórico de hacer la Ley de Agua que beneficie a todos los sectores del país, así como la Ley de Tierra, no solo con una visión campesina, sino también de un sistema económico social y productivo y una visión socialista.
Abel Ávila es partidario de terminar con la dependencia de los agroquímicos que son altamente tóxicos y caros y lograr un Ecuador que apunte a la agroecología, a la industria orgánica de alimentos.
Añadió que con ello se evitará los alimentos contaminados con agroquímicos y se promoverá la producción orgánica. Necesitamos vigilar y controlar la distribución de los alimentos, la propia comercialización para terminar con la intermediación en la comercialización. Al país hay que declararle libre de transgénicos, hay que romper los monopolios y las dependencias, terminar la especulación y empezar a producir para los ecuatorianos, subrayó.
Por último invitó a la ciudadanía en general a seguir impulsando la construcción de esta ley, de manera que recoja las aspiraciones de la gran mayoría de los ecuatorianos.
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Quito, Febrero 25 de 2009
Asambleístas del MPD solicitan Veto Parcial a la Ley Electoral
Se han presentado mas de 40 observaciones al Proyecto de Ley Orgánica de Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, venidas desde los Asambleístas y sobre todo desde las diversas organizaciones de la sociedad civil, que expresaron su incompatibilidad en varios temas, en dos foros públicos realizados en el salón del ex senado y del pleno de la Asamblea Nacional sobre normativa electoral y de organizaciones políticas, respectivamente.
Sin embargo, de las fehacientes opiniones públicas y de viva voz, vertidas por las mujeres, jóvenes, organizaciones políticas, sociales, gremiales, populares y estudiantiles, no han sido tomadas en cuenta y tampoco incorporadas al proyecto de ley; la mayoría representada en la Comisión Reforma del Estado y Gestión Pública, tozudamente ha insistido en escuchar mas bien al equipo de asesores de Ágora Democrática, que es una organización financiada por International IDEA, con recursos de la ONU, que a la sociedad civil, razón de ser de este proceso de cambio.
Nuevamente las influencias externas al país, las fundaciones a través de asesores ecuatorianos introducen normativas poco democráticas, poco progresistas, ajenas a la realidad, inconsultas y anticonstitucionales, que no profundizan la democracia como señala la Constitución de la República.
Inicialmente el Consejo Nacional Electoral recogió los ocho borradores presentados por Ágora Democrática y procedió a limar en buena medida dichos ensayos y haciendo suya la iniciativa presentó ante esta Asamblea el proyecto de ley electoral; este proyecto una vez presentado ante la Comisión Legislativa y de Fiscalización, luego remitido a la Comisión Especializada fue inmediatamente reformando fuera del seno de la comisión especializada a la medida de la mencionada fundación extranjera.
La Asamblea, al aprobar la Ley Electoral, está dejando de lado el interés popular, la representación de las minorías, las opiniones de las organizaciones sociales y políticas y la realidad ecuatoriana, neutraliza así la Constitución de Montecristi, e impide rescatar lo positivo del proyecto de ley electoral y de organizaciones políticas. De a poco los intereses externos nos dejan en la misma posición de ese pasado retrogrado e ignominioso que queremos sepultar y herimos de muerte a la democracia que apenas empieza a renacer.
En tal razón y escuchando la voz de las mujeres, jóvenes, organizaciones sociales, populares y estudiantiles de izquierda, progresistas, nacionalistas y democráticas, formulamos a usted señor Presidente de la República las siguientes OBSERVACIONES:
LAS CIRCUNSCRIPCIONES INCONSULTAS PROMUEVEN EL CAUDILLISMO
-
El articulo Art. 150 numeral 2, segundo inciso del proyecto de Ley, viola lo dispuesto en los artículos 118 numeral 2 y 3, 242, 245 y 247 de la Constitución.
Toda circunscripción electoral debe estar sujeta a la territorial, porque la primera depende no solo del territorio sino también del número de votantes. La división de hasta tres circunscripciones que promueve el proyecto de ley no ha sido aprobado por ninguna ley de regionalización o distritalización conforme señala la constitución, tampoco tiene un análisis técnico, por ello nos preguntamos ¿Bajo qué criterio se proponen estas circunscripciones? Las circunscripciones propuestas son distritalizaciones que restan proporcionalidad a los votos y representatividad de los votantes, promoviendo el caudillismo y el casiquismo, restringen el derecho de los votantes a elegir a la totalidad de los Asambleísta en una jurisdicción provincial y adicionalmente fomenta un concepto localista de las facultades legislativas y fiscalizadoras del Asambleísta; mientras más pequeñas son las circunscripciones menos proporcionales se tornan, incluso independientemente de la formula electoral que se aplique. Hay que recordar que lo que se elige son Legisladores y no Concejales, estos últimos tienen norma legal que les permite representar a la población urbana y rural, la realización de obras justifica las circunscripciones, al Legislador no.
Por lo que proponemos a Usted señor Presidente que se:
Elimine el segundo inciso del numeral 2, del artículo 150 del proyecto de Ley.
LA ELECCIÓN DE LISTA, ANULA LA REPRESENTACIÓN, PROMUEVE EL BIPARTIDISMO Y ANULA A LAS MINORÍAS
- El artículo 160 del proyecto de Ley contradice lo dispuesto en el artículo 109 de la Constitución de la República.
Ágora Democrática en su proyecto de Ley principaliza el interés de los individuos por sobre las organizaciones políticas, la venta de la imagen personal por sobre los principios, los estatutos, los programas de gobierno e ideología de los partidos y movimientos políticos. Para que un partido tenga el carácter nacional y los movimientos crezcan en número, política e ideológicamente, es necesario que el elector indique su preferencia en la papeleta, por los y las candidaturas de una sola lista.
La elección de candidaturas entre listas hasta completar el número permitido, no solo que dispersa el voto y aumenta el desperdicio del mismo; sino que la Asamblea Nacional se verá avocada nuevamente al igual que en el viejo Congreso, a tener una representación de conductores de televisión, cantantes, galanes de la pantalla y mas, que sin desmerecer desde luego sus ocupaciones, permitirán como antaño, el desprestigio y la degradación de la bien ganada imagen de la nueva Asamblea Nacional.
Por lo que proponemos a Usted señor Presidente que se:
Elimine en el artículo 160 la frase “o de varias listas”.
LA FORMULA DE ADJUDICACION DE ESCAÑOS ES UN ATENTADO CONTRA LA DEMOCRACIA Y LA REPRESENTACIÓN BURLÁNDOSE DE LA DECISIÓN DE LOS ELECTORES.
- El numeral 2 del artículo 164 del proyecto de Ley, se contrapone a lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 11 de la Carta Magna.
En Régimen de Transición, numeral 4, del artículo 6, ya establece como método de asignación de escaños la división de los resultados para la serie de números 1, 3, 5, 7, 9, 11, … hasta obtener tantos cocientes como puestos por asignarse, esta fórmula se derivada del método WEBSTER, y permite una equitativa representación tanto de mayorías como de minorías. La aplicación de los derechos bajo el principio de progresividad debe ser incorporado en las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas y el Legislativo siendo una función del Estado está en la obligación de generar y garantizar las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio de los derechos constitucionales. La acción u omisión de carácter regresivo, disminuye, menoscaba y anula injustificadamente el ejercicio del derecho de representación por tanto, es inconstitucional.
La aplicación de la fórmula de divisores continuos que divide la totalidad de la votación obtenida por cada lista para 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente, hasta obtener el número de cocientes igual al de los candidatos, se deriva del método D’HONDT, que permite una representación inequitativa, otorgando representación solamente a la mayoría; y por lo tanto es contraria a los derechos adquiridos en el Régimen de Transición. El método D’HONDT se asimila al método IMPERIALI aprobada por los SOCIALCRISTIANOS, entonces, si las normas deben demostrar el principio de progresividad debemos mejorar la equidad de representación y eso si solo se consigue con métodos más participativos o democráticos como HARE, DEAN y en el peor de los casos manteniendo el mismo WEBSTER. Si como ejercicio, hacemos un símil asignando escaños con el método D’HONDT en base a la votación de las elecciones de Asambleístas Constituyentes en el año 2006, Movimiento País obtendría los siguientes escaños parlamentarios, con métodos democráticos como HARE y DEAN 73 y 75 Asambleístas, con WEBSTER obtendrían 86; ¿no por demás justo?, con D’HONDT obtendrían 98 escaños. Marginando a las minorías, afectándolas y empujando al electorado al bipartidismo.
Por lo que proponemos a Usted señor Presidente que se:
Sustituya el numeral 2, del artículo 164, por el siguiente: “Al total de la votación obtenida por cada lista se dividirá para 1, 3, 5, 7… y así sucesivamente, hasta obtener tantos cocientes como puestos por asignarse como principales”; o,
Sustituya el numeral 2, del artículo 164, por el siguiente: “El número total de los escaños multiplicado por los votos obtenidos por la organización política, dividido para el número total de los votos obtenidos por todos los partidos en pugna. Del resultado obtenido de la operación, la cifra antes de la coma determina el número de los escaños de un partido; los escaños libres se determinan mediante el número tras la coma, los partidos con los números más altos obtienen un escaño.”.
Incorpórese los siguientes numerales luego del numeral 4 del artículo 164:
- Si fuese el caso que cumplido el procedimiento anterior, todos los cocientes corresponden a una sola lista, el último puesto se lo asignará a la lista que siga en votación.
- En caso de empate, se procederá al sorteo para definir la lista ganadora del puesto.
EL SESENTA POR CIENTO DE AFILIACIONES QUE DEBEN TENER LOS PARTIDOS POLITICOS DE LAS PROVINCIAS MÁS GRANDES, NO TIENE NINGUN SUSTENTO TÉCNICO, NI POLÍTICO DE INTERÉS NACIONAL, NI CONSTITUCIONAL.
-
El inciso tercero del artículo 321 del proyecto de ley no tiene sustento técnico, ni político de interés nacional, peor aún Constitucional.
El texto propuesto señala: “del total de afiliados y afiliadas, únicamente el sesenta por ciento deberá provenir de las provincias más grandes y el cuarenta por ciento, obligatoriamente, provendrá de las provincias restantes.” Este porcentaje es arbitrario e inaplicable. Hay que preguntarse con que criterio se determina estos porcentajes. Un partido con el carácter de nacional, debe tener afiliaciones de todo el país; ¿quien va a determinar cuales son las provincias mas grandes?, ¿A cuantas se les va a tomar en cuenta como las provincias mas grandes?, ¿Como calcular entonces la proporción matemática señalada?. Si no se puede explicar jurídica, técnicamente o constitucionalmente esta arbitrariedad, es que existen intereses personales, particulares o de cierto grupo que esta legislando para sí y no para la sociedad civil, esta propuesta ni siquiera le beneficia al partido de gobierno, ya que su influencia es de carácter nacional y en Guayas que es la provincia mas grande no tendría el porcentaje planteado.
Por lo que proponemos a Usted señor Presidente que se:
Sustituya el inciso tercero del artículo 321 por el siguiente: “El registro de afiliados y afiliadas presentado por el partido político para su inscripción deberá incorporar, de manera obligatoria, a afiliados de todas las provincias del país.”
LA CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR PORCENTAJE DE VOTOS VÁLIDOS ES INCONSTITUCIONAL
5. El artículo 327 numerales 3 y 4 del proyecto de Ley viola los artículos 109 y 110 de la Constitución de la República.
Resulta por demás evidente que, la cancelación de la inscripción de los partidos y movimientos políticos de los registros del Consejo Nacional Electoral, si no alcanzaren el 4% y el 3% respectivamente de los votos validos en dos procesos electorales, tiene una clara intención de ir eliminando la participación política de las minorías, evitar el crecimiento de las organizaciones y su representación en el legislativo, afectar el ascenso de las minorías a las diferentes instancias de participación pública e impulsar el bipartidismo, dejando de lado los anhelos de representatividad del elector cuando ejerce el voto.
En la Constitución no se señala bajo ningún concepto la cancelación del registro de las organizaciones políticas bajo acumulación de porcentajes de votos validos, porque significa una gradual extinción de la democracia, por el contrario esta norma imperativa brinda ventajas para el desarrollo de la participación política, entregándoles asignaciones económicas para su subsistencia. La constitución en su artículo 109 ya blindó la existencia de los partidos a través de mantener una estructura de al menos en el cincuenta por ciento de las provincias del país, dos de las cuales deberán corresponder a las tres de mayor población, un registro de afiliados que no podrá ser menor al uno punto cinco por ciento del registro electoral utilizado en el último proceso electoral. Sin embargo de ello, tergiversando la norma e interpretando la Constitución la mayoría expresada en la Comisión Especializada y Ágora Democrática en vez de promover la participación política pone énfasis, en la extinción de la participación política.
En el proyecto de ley simplemente no debe imponerse condiciones para la permanencia de las organizaciones políticas, de las que ya existe en la Constitución de la Republica.
Por lo que proponemos a Usted señor Presidente que se:
Elimine los “numerales 3 y 4 del artículo 327” del Proyecto de Ley.
NO A LA ELIMINACION DEL DERECHO CONSTITUCIONAL A LA RESISTENCIA MEDIANTE LEY ORGÁNICA.-
- El numeral 3 del artículo 331 y el inciso final del mismo artículo, viola los artículos 96, 98, 66 numeral 6 y 13, y 11 numeral 4 de la Constitución de la República.
Mientras este gobierno sea patriótico, progresista y democrático, ninguna norma legal o fuerza contraria será capaz de detener al pueblo ecuatoriano en la defensa del derecho adquirido al bienestar que genera la patria nueva; el derecho a la resistencia pese a ser una norma imperativa, no le ha sido otorgado al pueblo mediante Constitución de la República, sin requisito alguno la sociedad civil ha ejercido el derecho a la resistencia y oposición a través de la movilización y la protesta, porque sus necesidades se han visto expresadas en el crugir de sus entrañas por el hambre, cuando les ha inundado la desesperanza por la injusticia social, entre otras motivaciones. En ese mismo sentido, los partidos políticos son la más alta expresión de la representación de clase, y por tanto el interponer limitaciones y sanciones a esta elevada manifestación, contrapone a la soberanía popular y la autodeterminación de los pueblos. Una norma legal tiene posteridad cuando es legislada incluso para los momentos adversos.
La normativa del proyecto de Ley antes mencionada, viola el Art. 96 de la Constitución Política que señala “Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos.”; el Art. 98, establece que “los individuos y colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos. El numeral 6 del Art. 66 garantiza el derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones; el numeral 13 ibidem, garantiza el derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria. Adicionalmente, el numeral 4 del Art. 11 dispone que ninguna norma podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales. Sin las acciones de resistencia iniciadas por nuestro pueblo años atrás, hoy no tendríamos el gobierno que tenemos.
Por lo que proponemos a Usted señor Presidente que se:
Elimine el numeral 3 del artículo 331 y el inciso final del proyecto de Ley.
UN MAYOR NUMERO DE REQUISITOSY CONDICIONES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLITICOS IMPIDE EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA
7. Los numerales 1, 2, 3, 4 del artículo 355 del Proyecto de Ley se contraponen a lo dispuesto en los artículos 108 y 109 de la Carta Magna.
El artículo 108 de la Constitución deja claro que los partidos políticos son organizaciones públicas no estatales; constituyen expresiones de la pluralidad política del pueblo. En el Artículo 109 se precisan las características y requisitos que deben cumplir los partidos políticos para ser reconocidos como tales, entre otros, contar con un registro de afiliados equivalente al 1.5 por ciento del Registro Nacional Electoral, en virtud de esto es obligación del Estado contribuir a su financiamiento, sin discrimen alguno y sin establecer barrera, en otros términos, no se deben fijar otros requisitos y condiciones para cumplir dicha obligación. Bajo este criterio deberíamos incluso incrementar en el mismo artículo 356, del “cero coma tres por mil de los egresos fiscales…” al menos al “cero punto cinco por mil ……”
Por lo que proponemos a Usted señor Presidente que se:
Elimínese los numerales 1, 2, 3, 4 del artículo 355 del proyecto de Ley; y sustitúyase la frase “cero coma tres por mil de los egresos fiscales” por “cero punto cinco por mil”
LOS PARTIDOS POLITICOS NO SON EMPRESAS PRIVADAS
1. La parte final del primer inciso del artículo 364 va contra del artículo 108 de la Carta Magna.
La parte final del artículo 364 señala: “Los bienes y las acciones que constituyen inversiones estarán sujetos al régimen tributario interno vigente”, los partidos políticos no están concebidos como una empresa privada, por consiguiente no está dentro de sus facultades y objetivos realizar inversiones. A partir de esta premisa tampoco debe pagar impuesto a la renta, ya que como señala el artículo 108 de la Constitución los partidos y movimientos políticos son organizaciones públicas no estatales, que constituyen expresiones de la pluralidad política del pueblo.
Por lo que proponemos a Usted señor Presidente que se:
Elimínese el siguiente texto del primer inciso del artículo 364 del proyecto de Ley, que señala: “Los bienes y las acciones que constituyen inversiones estarán sujetos al régimen tributario interno vigente”; y,
Elimínese el inciso segundo del artículo 364 del proyecto de Ley.
Señor Presidente a sus manos trasladamos las observaciones de la población ecuatoriana que no han sido tomadas en cuenta por el Legislativo y solicitamos de Usted se pronuncie con el respectivo VETO PARCIAL
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Quito, Febrero 27 de 2009
Jorge Escala comparece en Fiscalía General sobre la demanda penal en contra de ex Magistrados de ex Corte Suprema de Justicia
Tras la demanda penal presentada en contra de los ex Magistrados de la ex Corte Suprema de Justicia, por el Movimiento Popular Democrático, el pasado 17 de noviembre de 2008, hoy se realizó la comparecencia de Jorge Escala, quien aseguró que la actuación de los ex magistrados de la ex Corte Suprema de Justicia, constituyó una violación a sus deberes como funcionarios públicos y la dimisión fraudulenta del Cargo, los mismos que se encuentran contemplados en los artículos 251 y 253 del Código Penal, que señalan:
Art. 251.- Cuando, coligándose dos o más funcionarios públicos o cuerpos depositarios de alguna parte de la autoridad pública, sea en una reunión, o por diputación, o correspondencia entre ellas, concierten alguna medida para impedir, suspender o embarazar la ejecución de una ley, reglamento u orden superior, serán reprimidos con prisión de seis meses a cinco años.”
Art. 253.- “Serán reprimidos con prisión de un mes a dos años y multa de ocho a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América los funcionarios que, a consecuencia del convenio, hubieren dimitido con el fin de impedir o suspender, sea la administración de justicia, o el cumplimiento de un servicio legítimo.
Jorge Escala candidato a Asambleísta Nacional por el MPD, señaló, que los denunciados desconocen las responsabilidades del Art. 83 de la Carta Magna, que señala que los ecuatorianos y ecuatorianas tenemos la obligación de: “Acatar y cumplir la constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad competente”, “Colaborar en el mantenimiento de la paz y la seguridad”, y “asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad y rendir cuentas a la sociedad y a la autoridad, de acuerdo con la ley”.
Vulnerando de esta manera los principios contemplados en los artículos 75 y 76 de la Constitución toda persona tiene el derecho de protección, de acceso a la justicia y a la tutela efectiva e imparcial y expedita de sus derechos e intereses, y que, en ningún caso “quedará en la indefensión” entre otros principios no menos importantes.
Por tanto, los Ex Magistrados de la Ex Corte Suprema de Justicia, a más de violar las normas constitucionales, enfatizó Escala, adecuan su conducta en el delito flagrante de dimisión fraudulenta del cargo, conspiración para desconocer la Constitución, como grave delito contra la seguridad interior del Estado, por los motivos anteriormente expuestos y por existir elementos suficientes para el cometimiento del delito, el Movimiento Popular Democrático, solicitó la realización de todas las diligencias necesarias con el objeto de descubrir el delito, a sus responsables y sancionarlos.
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Quito, Marzo 03 de 2009
MPD pide a Comisión Legislativa emita pronunciamiento de respaldo a Presidente de la República.
En decisión de investigar la sustracción de información a unidades de policía
Los asambleistas del Movimiento popular Democrático (MPD), Giovanni Atarihuana y Abel Ávila, presentaron un proyecto de resolución por el cual piden que la Comisión Legislativa y de Fiscalización se pronuncie en respaldo al presidente de la república, Rafael Correa, en su decisión de investigar la sustracción de la información, los acuerdos y apoyos económicos a unidades policiales por parte de la embajada norteamericana.
Además de denunciar una posible conspiración de fuerzas internas y externas, contra el gobierno legalmente constituido por el Jefe de Estado. Además de rechazar y condenar las declaraciones del Ministro de Defensa colombiano, Juan Manuel Santos, por los cuales intenta involucrar al ecuador en el conflicto colombiano, además de desacreditar al gobierno actual.
También piden que se hagan un pronunciamiento de respaldo a la expulsión de los miembros del cuerpo diplomático de la embajada de los Estados Unidos, que se encuentran inmersos en este tipo de hechos dolosos y dejar sin efecto los acuerdos y apoyos económicos por parte del estado ecuatoriano que afecten a la soberanía del País.
Los asambleistas condenan la injerencia de funcionarios norteamericanos y otros, en asuntos internos del País y la violación a la autodeterminación de los pueblos como principio del derecho internacional.
Finalmente piden que se demande la eliminación de la Unidad de Investigaciones Especiales (UIES), que a criterio de los asambleistas ha servido a intereses extranjeros, permitiendo el ultraje de la soberanía y la dignidad del pueblo ecuatoriano.
El proyecto de resolución fue entregado en la secretaria de la Comisión Legislativa, a fin de que se ponga en conocimiento del Consejo de Administración legislativa (CAL), para que el tea sea puesto de manera inmediata en conocimiento del pleno.
VER RESOLUCIÓN
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Quito, Marzo 10 de 2009
Los Asambleistas del MPD votaron en contra de las reformas a la ley del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
Los asambleístas del Movimiento Popular Democrático, Abel Ávila y Geovanni Atarihuana, señalaron que en vista de que el bloque de gobierno insistió en aprobar el proyecto de Reformas a la Ley del IESS, sin los cambios de fondo, votaron en contra de esta iniciativa.
Tanto Avila como Atarihuana, dejaron en claro su apoyo a varias reformas que dentro del proyecto se plantea como por ejemplo: El que el IESS pueda asumir las obligaciones crediticias de tipo hipotecario que sus afiliados mantienen con otra entidad financiera, que los afiliados que han pasado a la desocupación puedan contar con sus fondos de reserva lo más pronto posible y finalmente el pago mensual de los fondos de reserva lo que garantizará que al final del año el patrono ya haya cumplido con esta obligación, evitando así la mora patronal.
Sin embargo a estos aspectos positivos, los asambleístas del MPD, señalaron que el proyecto afecta por un lado a su derecho al trabajo y violenta un el derecho adquirido de los jubilados al pretender reducir el 40% de aporte obligatorio del Estado que financian las pensiones jubilares del IESS en general y el 40% ( propuesta de la Comisión) que financian a las pensiones de las FFAA y Policía Nacional cuando el beneficiario retorne al mercado laboral, exceptuándose de esta disposición a quienes perciban mensualmente como pensión un monto de 512 dólares valor de la canasta básica “El aporte del 40% y 60% no es un subsidio del Estado, se trata de una obligación constitucional de contribuir y aportar para financiar las prestaciones de la Seguridad Social, ésto lo establece el artículo 371 de la Carta Política como un derecho y el Art. 166 de la Ley de Seguridad Social en la que se establece claramente que el aporte del Estado es obligatorio” sostienen.
Señalaron que no pueden estar de acuerdo con la flexibilización a las disposiciones que garantizan el pago de las obligaciones que patronos morosos mantienen con el IESS, mismas que afectan a los afiliados, para ello se pretenden ampliar los plazos para el cobro de los convenios de purga de mora, se deja la puerta abierta para subrevalorar los bienes inmuebles y disminuir el valor de las multas por el no pago de estas obligaciones
Según Informes del IESS, la mora patronal alcanzaría 1.200 millones de dólares; de los cuales, aproximadamente, 1.650 empresas adeudan más de 10 mil dólares y 40 mil empresas adeudan menos de 10 mil dólares.
No contentos con ello se plantea además un beneficio en la reducción de los intereses u multas que estos empresarios morosos deben pagar.
Finalmente sostienen que la pensión básica que se establece para los jubilados es decir 218, no se justifica con la realidad económica ya que la canasta básica supera los 512 dólares; por estas y otras consideraciones, el Bloque del MPD, decidió que el proyecto en los aspectos antes mencionados , va en contra de los intereses de los asegurados y jubilados por lo que votaron en contra de las Reformas a la Ley del IESS.
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Quito, Marzo 16 de 2009
Los Trabajadores, legítimos dueños del IESS deben ser mayoría en la Dirección del Banco del Afiliado
Reconocemos que uno de los objetivos principales del proyeco de creación del Banco del Afiliado es generar un mejor aprovechamiento de los recursos del IESS que actualmente están desperdiciados en el Banco Central ganando un ínfimo interés. Pero consideramos que se debe mejorar en los siguientes aspectos:
La propiedad del banco es de los dueños de los fondos del IESS, es decir, los afiliados y jubilados, que representan más de 1`600.000 ecuatorianos, lo correcto y democrático es que en la dirección del banco se consagre el principio de que los afiliados y jubilados, no sólo sean participes, sino que sean mayoría. Por supuesto que por mandato constitucional debe estar incluido la representación estatal, pero de ninguna manera compartimos que los todos los miembros del directorio del Banco los ponga el gobierno de turno. Por último los empleadores deben tener representación pero de carácter minoritaria.
El gobierno del Banco debe responder a los principios constitucionales de participación por ello proponemos la creación de la Junta General de Propietarios, no de accionistas, ya que el capital del banco está constituido en forma solidaria por el conjunto de sus afiliados y jubilados, no por una división accionaría.
Esta Junta vendría a ser una Asamblea de Representantes de los Afiliados y Jubilados, de ese millón seis cientos mil, elegidos democráticamente en forma universal directa y secreta,
El Directorio del banco estaría conformado por ternas envíadas de las siguientes organizaciones: Centrales Sindicales, Confederación Nacional de Servidores Públicos, Unión Nacional de Educadores, Confederación Nacional de Jubilados, Federación Única de Afiliados al Seguro Social Campesino. Un representante de los empleadores y dos del gobierno.
Así mismo consideramos que el Banco de los afiliados, además de las planteadas, debe realizar todas las operaciones que le faculta el Art. 51 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, es decir debe ingresar a competir como banca comercial, de fomento, de desarrollo y de inversión sin ninguna prohibición, lo que se conoce como banca de primer y segundo piso; con esto sus afiliados, jubilados, el pueblo, el propio Banco y hasta el país tendrían grandes ventajas como la reducción de tasas de interés, apertura de cuentas en la institución financiera más solvente, mayores captaciones de depósitos para el Banco de la Seguridad Social y un freno a los banqueros usureros que han manejado a su antojo el mercado financiero nacional.
Finalmente nos oponemos a la venta de las empresas rentables del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, como se plantea en la Disposición Transitoria Tercera del proyecto de Ley presentado por el Ejecutivo, no se puede desmantelar al IESS de sus empresas con la única excusa de que ésta no es parte de su actividad principal como lo plantea el Ejecutivo. Solo “Cementos Guapán” le genera al IESS una renta promedio de 6 millones anuales, y su Valor Actual Neto es muy apreciable por las últimas inveriones realizadas por el Instituto en la planta ¿que inversion financiera genera una renta tan alta?, entonces, porqué venderla. Lo que sí consideramos necesario es deshacerse de aquellas empresas poco rentables a través de subastas públicas.
Al conocer este contexto hacemos un llamado a la unidad de todos los sectores de maestros, trabajadores y demás afiliados y jubilados, así como a otros sectores democráticos de la tendencia, a defender el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y sus recursos como uno de los patrimonios más importantes del pueblo.
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Quito, Marzo 19 de 2009
Comisión de Transparencia investigará contratos de concesiones adjudicados en Puerto Esmeraldas
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Comisión de Contratación Pública y Transparencia |
Ante las denuncias de incumplimientos por parte de la empresa Puerto Nuevo Milenium S.A. que se encarga de la administración del Puerto Internacional de Esmeraldas, una delegación del Comité de Recuperación del mismo, acudió a la Comisión de Contratación Pública y Transparencia, para solicitar que investigue los contratos de concesión adjudicados a este consorcio.
A decir del asambleísta Abel Ávila (MPD), representante de la provincia de Esmeraldas, la empresa ha provocado un perjuicio al Estado de alrededor de 10 millones de dólares por año.
Patricio Pazmiño, presidente encargado de la Comisión 10, indicó que respetando lo que establece la Carta Política, en lo que tiene que ver con el debido proceso, el organismo legislativo realizará la investigación, toda vez que no se puede pasar por alto un presunto perjuicio para el Puerto de Esmeraldas y, por tanto, para el Estado.
Pedro Guevara representante del sector de estibadores del Puerto señaló que esta empresa, que viene laborando desde hace seis años, no ha cumplido los objetivos propuestos, entre ellos, el mejoramiento y mantenimiento del Puerto, ni ha dado las facilidades laborales para los trabajadores, quienes inclusive, se ven obligados a alimentarse a la intemperie porque la empresa no ha construido un sitio para este efecto.
Entre los incumplimientos de esta empresa se encuentra la violación a la cláusula 20 del contrato, que determina que los titulares de las acciones correspondientes a la serie del “grupo de control” podrán transferirlas a terceros, siempre que se cumplan acumulativamente, determinados requisitos, como por ejemplo, un mínimo de cinco años desde el comienzo de la concesión, lo cual no ha ocurrido, porque la transferencia de acciones se efectuó antes de los tres años, aseguró Abel Ávila
Añadió que también se han inobservado los programas de reparación y mantenimiento. Hay retraso permanente en la ejecución de dragado, en la ejecución del proyecto técnico básico, es decir, obras de infraestructura, compra de una grúa pórtico, inversión en equipos informáticos, reajuste del seguro, tampoco ha entregado el 2% de los ingresos anuales como contribución prevista en el contrato, agregó.
Advirtió que el Consorcio Nuevo Milenium ha defraudado al fisco al no proceder con la aplicación del 12% del IVA en la facturación en sujeción al numeral 4 del artículo 114 del reglamento de aplicación a la Ley de Régimen Tributario Interno; violaciones a los derechos laborales de los estibadores, que aún se los sigue contratando bajo la modalidad de tercerización.
Abel Ávila estos indicios de incumplimiento fueron denunciados ante la Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión, al tiempo que aseguró que el mencionado consorcio desarrolla prácticas monopólicas para la exportación de aceite crudo de palma que necesariamente tiene que pasar por este puerto, a través de la empresa comercializadora BIOPALM S.A cuyo principal accionista es la empresa HIDALGO & HIDALGO, que también es accionista del Consorcio luego del traspaso ilegal de acciones en el 2007.
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Abel Ávila: 097041898
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Quito, Marzo 24 de 2009
MPD plantea que el Banco del Afiliado debe ser dirigido por sus verdaderos dueños: LOS AFILIADOS
Para los Asambleístas del MPD Geovanni Atarihuana y Abel Avila la creación del Banco del IESS recoge una demanda histórica de los afiliados sus organizaciones, una medida correcta que permitiría que el ahorro de los trabajadores, más de 5600 millones de dólares, sean utilizados en inversiones productivas que garanticen las prestaciones de la seguridad social. El nuevo banco sería el más solvente del país, permitiría democratizar el crédito y dinamizar el aparato productivo. Por ello quienes se oponen al banco del afiliado y a que éste sea un banco comercial, en realidad representa los intereses de la banca privada que le teme a la competencia.
Al reiterar su apoyo a la creación del banco del afiliado, el MPD sin embargo, criticó la conformación del directorio propuesta en el proyecto de ley. Si los fondos de la seguridad social son de los afiliados, son ellos, sus legítimos propietarios, quienes deben estar representados mayoritariamente en la dirección de la nueva institución financiera. Atarihuana propone que en el directorio se integren representantes elegidos universalmente por los trabajadores del sector público y privado, de los maestros, de los campesinos y jubilados, reduciendo la representación del Estado y los patronos, sería ilógico que los mayores deudores del IESS pretendan dirigir en exclusiva el banco del IESS.
Finalmente los asambleístas del MPD señalaron su posición favorable a que el IESS mantenga sus inversiones rentables como la empresa GUAPAN que en la última década reportó utilidades sobre los 6 millones de dólares anuales, un rendimiento cercano al 10% muy superior al 5% de los depósitos en la banca privada o el 1% en el Banco Central.
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Geovanii Atarihuana: 096804193 / 098119546
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Quito, Abril 08 de 2009
Jorge Escala llama a Ministro de Educación a Comisión de Reforma del Estado
El asambleísta nacional Jorge Escala, solicitó la comparecencia del Ministro de Educación, Raúl Vallejo, ante la Comisión de Reforma del Estado y Gestión Pública, por violar el artículo 348 de la Constitución que dispone: “La educación pública será gratuita y el Estado le financiará de manera oportuna, regular y suficiente...” “La falta de transferencia de recursos en las condiciones señaladas será sancionada con la destitución de las autoridades y de las servidoras y servidores públicos remisos de su obligación”.
A criterio de Escala, el Ministro Vallejo, debido a sus constantes incumplimientos en su cartera de estado, ha provocado malestar en el sistema educativo afectando las garantías constitucionales a docentes, estudiantes y padres de familia.
Durante la comparecencia el funcionario, deberá certificar documentadamente la aseveración hecha por la Dra. Mónica Franco Pombo, Subsecretaria de Educación, sobre la disponibilidad en la Unidad Ejecutora de los recursos económicos para el inicio de clases en el Litoral, el número y nombre de escuelas reparadas y las fechas establecidas para la refacción de los centros educativos restantes, el monto establecido por alumno para la entrega por parte del Gobierno de recursos económicos a las Instituciones Educativas, las medidas administrativas y legales adoptadas por su Cartera de Estado para dar cumplimiento con la obligación del pago de aportes al IESS de los Educadores Comunitarios.
Se consulta también, las medidas tomadas desde el Ministerio de Educación, para solucionar la problemática en la infraestructura educativa que enfrenta Manabí ya que de las 3.800 escuelas fiscales que existen en la Provincia, sólo el 10% esta en condiciones de iniciar el año lectivo y finalmente las razones por las cuales no se ha cancelado el ascenso de categoría del 2006 al 2008 a los maestros a pesar de existir el compromiso de pago.
Todas estas interrogantes deberán ser despejadas por Raúl Vallejo, durante su comparecencia caso contrario se iniciará acciones fiscalizadoras para sancionar a un funcionario que no cumple con el sistema educativo y viola constantemente la ley y la Constitución, argumentó Escala
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Jorge Escala: 099566446 / 098739263
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Quito, Abril 13 de 2009
MPD insistirá en reformas al Código de Procedimiento Penal
El asambleísta y candidato Jorge Escala, manifestó que las reformas al Código de Procedimiento Penal se aprobaron con el voto en contra del MPD, debido a que no fueron acogidas las observaciones planteadas por este bloque legislativo.
Escala señaló que es necesaria una efectiva aplicación de la justicia encaminada al respeto integral de los derechos humanos, del debido proceso, del derecho a la defensa, en donde el juez penal se constituya en el garantista de la norma constitucional y el fiscal sea quien dirija la investigación penal.
El asambleísta anunció que el MPD insistirá en las reformas al Código de Procedimiento Penal, al artículo 217, inciso segundo referido a que “se contará con el defensor de oficio” y así también en el último inciso. Proponemos que esta excepción se la realice en los casos de delitos imprescriptibles, de corrupción, de lesa humanidad, delitos sexuales, de violencia intrafamiliar, para no incurrir en la violación del derecho a la defensa contemplado en el artículo 76 literal a) de la Constitución.
A continuación del artículo 156 del Código de Procedimiento Penal se plantea un artículo innumerado en relación a la apropiación del espacio público por parte de entes públicos, es decir la privatización de lo íntimo, práctica que pretende poner al escándalo público la intimidad, el comportamiento y privacidad de la vida cotidiana de las personas, para ser vigiladas, controladas y censuradas por una moral neoconsevadora y de derecha, por ello rechazamos que grabaciones y videos en espacios públicos, se conviertan en elementos de convicción y de prueba, ya que puede dar lugar a que se realicen montajes y alteraciones y que viole los derechos a la libertad, libre movilidad, intimidad personal y familiar, buena reputación, honra, diversidad.
Por otro lado, ni aún a pretexto del delito flagrante, se puede omitir el principio de inocencia, establecido en la Constitución Art. 76 numeral 2, planteamos la presunción de inocencia .de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada. No siempre en los casos de delito flagrante se demuestra la verdad de los hechos, pueden presentarse fraudes, montajes, adulteraciones, que incriminen a inocentes, manifestó Escala.
Respecto a la clasificación de la acción privada y pública de los delitos, y la clasificación de delitos y contravenciones en el hurto, el profesor Jorge Escala manifestó que los medios de comunicación vienen tergiversando al señalar que no existe sanción para el robo, sin tomar en cuenta que los agentes fiscales del 100% de denuncias por robos, el 80% las desestimaban, por considearlas menores o porque los afectados no continuaban en las investigaciones, por ello el MPD propondrá más adelante una reforma para disminuir el monto que determinar el hurto como delito.
Finalmente Jorge Escala señaló que la solución no esta precisamente en crear un Estado que criminaliza todo, coercitivo, restrictivo, pues eso es un doble discurso, no hay que olvidarnos que la inseguridad es el resultado de la crisis de capitalismo y que las medidas policíacas y punitivas permiten la violación de los derechos humanos.
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ASAMBLEISTAS MPD
Jorge Escala: 099566446 / 098739263
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Boletín de Prensa.
Quito, Abril 14 de 2009
MPD exige que utilidades de grandes empresas se reinviertan en Ecuador
El candidato a Asambleísta Nacional por el MPD, Jorge Escala, manifestó que las consecuencias de la crisis no pueden ser echadas sobre las espaldas de los trabajadores y sus familias, no pueden ser trasladadas a los pobres, a los pueblos, la crisis la deben pagar los ricos.
Dentro de un plan anticrisis planteado por el MPD y socializado con el pueblo, constan algunos propuestas, entre ellas, la reinversión de las utilidades de las grandes empresas y de la banca en proyectos de desarrollo nacional, no es admisible que del 85% de utilidades que poseen las grandes empresas se vayan al exterior, en vez de ser utilizadas en el desarrollo nacional, señaló el Asambleísta Escala.
Es necesario el retorno de los capitales que tienen los bancos privados en el exterior; según el profesor Escala, hay que exigir que se proporcione la información necesaria respecto de los bancos extranjeros en los que se han colocado los dineros de los depositantes, no es posible que estén fuera más de US$1,400 millones. La lista la encabeza el Banco Pichincha, que al primer mes del año en curso tiene depositado fuera más de US$440 millones, el Banco de Guayaquil, tiene US$395 millones en el exterior; entre otros.
Jorge Escala además plantea la eliminación del costo de los servicios bancarios, el control estatal de las tasas de interés y la reducción de los intereses de los microcréditos, agregó que no puede ser posible que los ecuatorianos y ecuatorianas paguen altos costos en los servicios bancarios, que incluso son deficientes.
Finalmente expresó que el principal objetivo de la reducción de las tasas de interés es permitir que los ingresos de los artesanos, microempresarios y productores comunitarios se les invierta en ellos mismos, reemplazando al modelo tradicional que se maneja en los grandes bancos, el cual consiste en concentrar los capitales de las zonas rurales en las urbes y luego se los lleva al exterior, mientras que el paradigma alternativo institucionalizará la economía interna popular con alianzas estratégicas entre la Corporación Financiera Nacional, el Banco Nacional de Fomento y los microempresarios.
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Jorge Escala: 099566446 / 098739263
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Quito, Mayo 06 de 2009
MPD solicita comparecencia de Ministro de Trabajo a la comisión de lo Laboral y Social para que explique ola de Despidos
Los asambleístas del Movimiento Popular Democrático Jorge Escala y Abel Ávila, solicitaron a través de la presidenta de la Comisión de lo Laboral y Social, la comparecencia del Abogado Antonio Gagliardo, Ministro de Trabajo, para que informe documentadamente sobre el número alarmante de trabajadores que fueron despedidos en las últimas semanas por diferentes motivos.
Escala y Ávila, explicaron que los trabajadores en el caso de la empresa FETSA S.A., Movistar y Solca S.A, fueron despedidos por iniciar los procesos para la conformación en unos casos y en otros para optener la legalización de sus sindicatos.
En el despido de los trabajadores de la Refinereria de Esmeraldas enfatizaron los asambleístas, se viola el Mandato N° 8, aduciendo que debían firmar un contrato de seis meses a prueba, incumpliendo con la estabilidad laboral de aquellos obreros que vienen laborando entre 18 y 20 años, caso similar se registra con los 8 trabajadores del sindicato de Bomberos Aeronáuticos de ADC.HAS. MANAGEMENT. ECUADOR S.A., quienes fueron despedidos intempestivamente del aeropuerto internacional Mariscal Sucre de la ciudad de Quito donde prestaban sus servicios, por solicitar al Subsecretario del Ministerio de Trabajo, la aplicación del Mandato No. 8 y, finalmente respecto de la empresa Ecovia e Interagua aduciendo un proceso de reestructuración de personal.
Bajo estos argumentos, el Ministro deberá explicar respecto de las medidas legales y administrativas adoptadas para que se de cumplimiento con lo establecido en la Constitución Política en sus artículos 326, 327 y 328; Mandato 08 y el Código del Trabajo, en los casos de los trabajadores de las empresas FETSA S.A., TELEFONICA MOVISTAR, SOLCA, ECOVIA, INTERAGUA, Petroindustrial – Refinería de Esmeraldas-, Sindicato de Bomberos Aeronáuticos, si se procederá a sancionar a los empleadores que han violado los derechos constitucionales de los trabajadores, las medidas adoptadas desde el Ministerio de Trabajo, para proceder a la restitución de sus cargos a los afectados y finalmente la manera mediante la cual la cartera de Trabajo contribuye al establecimiento de políticas y control para el ejercicio pleno de los derechos laborales como la estabilidad, contrato colectivo, organización sindical, entre otros.
Ningún empresario público insistieron puede interpretar la Constitución, el Mandato N°8, ni el Código del Trabajo, por lo que es obligación del Abogado Antonio Gagliardo , garantizar los derechos laborarles como lo establece el Art. 5 del Código de Trabajo.
Cientos de familia no pueden quedarse sin sus fuentes de trabajo señalaron los asambleístas, de ahí la urgencia de hacer cumplir la ley y sancionar a todos aquellos que mediante este mecanismo de despidos buscan crear incertidumbre y caos entre la población.
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Quito, Junio 22 de 2009
Se inicia debate Proyecto de Ley de Defensa del Comerciante Minorista y Trabajador Autónomo por Iniciativa del MPD
El Pleno de la Comisión Legislativa tratará mañana en primer debate el Proyecto de Ley de Defensa del Comerciante Minorista y Trabajador autónomo de iniciativa del Movimiento Popular Democrático, este cuerpo jurídico se encuentra fundamentado en el artículo 329 de la Constitución vigente, que reconoce y protege el trabajo autónomo, por cuenta propia realizado en espacios públicos permitidos por la Ley y prohíbe toda forma de confiscación de sus productos, materiales o herramientas.
Jorge Escala Asambleísta por el MPD manifestó que el proyecto tiene como objetivo regular y proteger las actividades del comerciante minorista y trabajador autónomo; entendiéndose como tales a toda persona ocupada por cuenta propia en actividades de comercio o servicios, proponiendo además una serie de beneficios sociales para el mejoramiento de las condiciones de vida de los mismos, tales como: La prohibición de toda forma de decomiso, confiscación o privación de las herramientas de trabajo, llámese retención, incautación, apropiación, expropiación, requisa, embargo, desposeimiento, etc. de los productos, materiales, herramientas y/o capital de trabajo de los trabajadores autónomos, por cuenta propia, comerciantes minoristas, vendedores ambulantes, trabajadores minoristas y microempresarios disponiendo que las ordenanzas municipales, decretos ejecutivos, reglamentos o leyes que establezcan estas medidas, quedan sin efecto jurídico “ipso jure” por ser contradictorias con el Art.329 inciso tercero de la Constitución Política vigente, derecho a la seguridad social, a programas de vivienda, y a guarderías para los hijos de los trabajadores autónomos y comerciantes minoristas, así como microcréditos especiales para este sector, que deberán ser entregados por el Banco del Fomento.
El Comisionado por el MPD dijo que en las sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados, en que se traten asuntos como: regulación del uso y la ocupación del suelo urbano destinado al comercio, plazas de mercados, espacios públicos de comercio informal y en los que les afecte de manera directa o indirecta a los trabajadores autónomos o por cuenta propia, comerciantes minoristas y/o microempresarios, éstos ocuparán la silla vacía de representación ciudadana para participar en el debate y toma de decisiones. (Art. 101 Constitución).
Jorge Escala expresó que se insistirá en la creación del Comité Nacional de Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos como organismo encargado de regular, planificar, desarrollar y proteger estas actividades; el mismo estaría conformado por tres delegados de las organizaciones legalmente constituidas, un delegado de la Asociación de Municipalidades del Ecuador y un delegado del Ministerio de Inclusión Económica y Social, se plantearan que “Las Municipalidades del país, dentro de sus planes de desarrollo y mejoramiento urbano, incluirá la creación o ampliación de centros de acopio, de centros de distribución, comercialización y de recintos feriales, como también espacios para el funcionamiento de centros de formación de los Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos”.
Finalmente, Escala puntualizó que el directo beneficio de este proyecto de ley será para aproximadamente 2 millones 600 mil hombre y mujeres del Ecuador que sobreviven y mantienen a sus familias a través del trabajo informal o actividades que no se encuentran bajo relación de dependencia.
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Quito, Junio 29 de 2009
MPD condena Golpe de Estado en contra del Presidente Legalmente Constituido Manuel Zelaya
Tras rechazar la actitud de las Fuerzas Armadas de Honduras quienes detuvieron y expulsaron al presidente Manuel Zelaya, constituyéndose en un golpe de estado, el bloque de asambleístas del Movimiento Popular Democrático, presentó un proyecto de resolución condenando la violación a la soberanía hondureña y a la libre auto determinación de los pueblos.
En el texto se solicita que la Asamblea Nacional exprese su solidaridad con el pueblo hondureño y con sus organizaciones sociales y sindicales que el día 29 de junio inician una huelga general en rechazo al golpe militar, condenar y rechazar el golpe militar contra el Presidente legalmente constituido Manuel Zelaya, exigir el respecto a los derechos humanos del pueblo hondureño, así como la liberación de la canciller de la república hondureña Patricia Rodas y finalmente respaldar la acción del gobierno ecuatoriano y los países miembros del ALBA como un instrumento de verdadera integración que busque la inmediata restitución del presidente Manuel Zelaya.
Jorge Escala y Abel Ávila, formularon un llamado a los organismos internacionales que luchan por al paz, el respeto a los derechos humanos, a los pueblos y gobiernos del mundo para que rechacen este hecho y se nieguen a reconocer al gobierno de facto de Honduras
Recordaron que hechos como el golpe militar en Chile, Argentina y otros países de América Latina en los años 60 y 70 generaron miles de desaparecidos, torturados y asesinados, por lo que no deben volver a repetirse
Es indispensable insistieron que los Estados promuevan la paz y velen porque a nivel internacional se priorice el dialogo para la resolución pacifica de las controversias y los conflictos.
El proyecto debe ser analizado de manera urgente argumentaron los comisionados para que a nivel mundial quede clara la postura de rechazo y condena que tiene el Ecuador a dichos actos dictatoriales.
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Quito, Julio 01 de 2009
Asamblea acoge propuesta del MPD y aprueba resolución que condena golpe de estado en Honduras
El Pleno de la Comisión Legislativa y de Fiscalización condenó enérgicamente el golpe de Estado y la desestabilización de la democracia en Honduras, instrumentado por un grupo de militares golpistas, los sectores oligárquicos, la alta jerarquía de la iglesia católica y algunos medios de comunicación de ese país.
La resolución fue aprobada con 54 votos, se advierte que la República de Honduras sufrió un gravísimo golpe a la democracia y a la libertad, atentándose contra el ejercicio legítimo de la Presidencia Constitucional de la República del mandatario José Manuel Zelaya Rosales.
En el documento también se exige la restitución inmediata y sin condiciones, del orden constitucional en la República de Honduras y del presidente José Manuel Zelaya Rosales, en el ejercicio constitucional de su cargo.
Además se repudió ante la comunidad internacional el resurgimiento de golpes de Estado militares, que privan a los pueblos de su soberanía y autodeterminación democrática y pacífica y se constituyen en actos de plena fuerza que siembran el odio, el retroceso de los pueblos, y en consecuencia, exhortó a todas las organizaciones políticas y sociales a pronunciarse en contra de esta nueva medida de fuerza de quienes se oponen a toda expresión de soberanía y protagonismo de los pueblos.
Esto al tiempo de expresar al pueblo hondureño solidaridad y apoyo en estos momentos y exigiendo que los derechos humanos y políticos de sus ciudadanos sean respetados en forma irrestricta, así como el derecho de resistencia del pueblo al oponerse al gobierno de facto y se adhiere a las expresiones de rechazo enérgico, emitidas por el Gobierno del Ecuador, a través de los organismos políticos y diplomáticos correspondientes.
La resolución fue aprobada considerando que la Constitución de la República, en su Art. 416 determina que el Ecuador, en sus relaciones internacionales, proclama la independencia e igualdad jurídica de los Estados, la convivencia pacífica y la autodeterminación de los pueblos, así como la cooperación, la integración y la solidaridad, valores que hoy son afectados en la hermana República de Honduras, al atentarse contra un gobierno democrático producto de la autodeterminación y soberanía de su pueblo.
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Entrevista tomada por Ecuadorinmediato.
Quito, Julio 07 de 2009
MPD califica de “Inmoral” actitud del Concejo de Participación Ciudadana de pretender prorrogarse en funciones
Denuncian la aspiración de sus miembros de querer dejar conformado el nuevo Concejo Nacional Electoral (CNE) y demás comisiones.
Tras ratificar la forma “ilegal, inmoral e inconstitucional” a través de la cual se conformó el Concejo de Participación Ciudadana, el bloque de asambleistas del Movimiento Popular Democrático (MPD), denunció la aspiración de sus miembros de prorrogarse en funciones hasta dejar conformado el nuevo Concejo Nacional Electoral (CNE) y demás comisiones.
Según Abel Ávila, la constitución de la República, en su disposición segunda establece con total claridad que el Concejo de Participación Ciudadana, permanecerá en funciones hasta que se promulgue la ley que regule su organización y funcionamiento, y en ciento veinte días preparará el proyecto de ley correspondiente para consideración del órgano legislativo, luego de lo cual todos sus miembros automáticamente concluyen sus funciones.
Dijo que los nuevos miembros del Concejo de Participación Ciudadana, deben ser los encargados de reglamentar la conformación de las Comisiones Ciudadanas de Selección, dictar las normas de cada concurso para la designación de las autoridades y delegados de la ciudadanía que corresponde de acuerdo a la Constitución y la ley asi como designar a los representantes de la Función de Transparencia y Control Social a las Comisiones Ciudadanas de selección.
“Es improcedente, anti ético e injurídico, que mediante disposiciones transitorias el Concejo pretenda atribuirse funciones que la Constitución no le otorga, su trabajo para el cual fueron nominados esta por concluir, una ves que la Comisión de Legislación y Fiscalización, apruebe el proyecto de Ley” sostiene el asambleísta.
Añadió que además que dentro del proyecto de ley se esta violentando el derecho que tienen los sujetos políticos de elegir y ser elegidos al establecer entre los requisitos para ser parte del Concejo y de las comisiones seleccionadoras, no haber ejercido función política alguna ni representación popular dos años antes de la convocatoria para conformar el organismo, actitud que recae en el discrimen y en la negativa para aceptar la voluntad del pueblo depositado en sus representantes.
Ávila exigió al Régimen y al Movimiento País respetar la Ley y no violar la Constitución como lo ha echo la “partidocracia”.
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Abel Ávila: 097041898
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Entrevista tomada por Ecuadorinmediato.
Quito, Julio 30 de 2009
El Bloque Parlamentario del MPD a la Opinión Pública
El Bloque Parlamentario del MPD en cumplimiento del mandato popular ratifica su disposición para que el proyecto de cambio avance y se radicalice.
Elaboramos conjuntamente con Pachakutik y el Partido Socialista una AGENDA PARLAMENTARIA, la misma que plantea la necesidad de que se concreten en leyes los principios que plantea la actual Constitución de la República.
Hemos propuesto a los sectores de la Tendencia democrática y de izquierda que cualquier Acuerdo pasa por que se cumplan con esta AGENDA PARLAMENTARIA y los siguientes planteamientos para defender los intereses de los sectores sociales y populares que están siendo afectados por la política del gobierno:
1.- Que el gobierno cese la persecución y represión a los maestros/as, trabajadores y estudiantes universitarios, que se movilizan en defensa de sus derechos.
2.- Que se deje insubsistentes los sumarios administrativos a los docentes que se acogieron al derecho a la resistencia ante la inconstitucional y mal llamada “evaluación docente” y se inicie el Diálogo Social para elaborar una propuesta para el mejoramiento de la calidad de la educación pública.
3.- Que se deroguen: el Decreto 1701 con el cual se afecta la estabilidad laboral, la contratación colectiva, la libre organización y demás derechos de los trabajadores; del Decreto 1780 a través del cual se entrega recursos económicos y frecuencias de comunicación para promover la evangelización de las comunidades indígenas de la región amazónica, esto afecta al principio del laicismo.
4.- Que se impulse un verdadero debate nacional para la elaboración de la Ley Orgánica de Educación Superior, con la participación de docentes, estudiantes, trabajadores y autoridades universitarios y politécnicos; así mismo para la elaboración de la Ley del Servicio Público.
5.- Que se establezca un proceso de discusión y debate sobre el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial.
El MPD ratifica que seguirá junto a los trabajadores, la juventud y los pueblos del Ecuador en la lucha por avanzar a la Patria Nueva y el Socialismo y consecuentemente su participación en la Asamblea Nacional tendrá como meta el cumplimiento de esta propuesta y la agenda Parlamentaria de la ALIANZA PROGRESISTA, DEMOCRÁTICA, DE IZQUIERDA, PLURINACIONAL E INTERCULTURAL DE DERECHOS.
Ab. Luís Villacís M. |
Prof. Jorge Escala Z. |
Arq. Francisco Ulloa |
DIRECTOR NACIONAL |
ASAMBLEÍSTA NACIONAL |
ASAMBLEÍSTA COTOPAXI |
Dr. Linder Altafuya L. |
Dr. Ramiro Terán A. |
ASAMBLEÍSTA ESMERALDAS |
ASAMBLEÍSTA IMBABURA |
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ZL 098119513
Abel Ávila: 097041898
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Movimiento Popular Democratico
