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Boletin de Prensa.
Quito, Septiembre 03 de 2008

MPD pide explicación al Ministro de Minas y Petróleos por el incremento en el precio de la Gasolina Súper

Mediante carta dirigida al Ministro de Minas y Petróleos, el Bloque de asambleístas del Movimiento Popular Democrático, a través de Jorge Escala, solicito se explique los argumentos constitucionales y legales por los cuales se procedió al incremento del precio de gasolina super en todas las comercializadoras
Según Escala, se esta reeditando viejas prácticas neoliberales aplicadas por gobiernos de la partidocracia, que ven en el incremento de los combustibles la mejor vía para obtener recursos económicos “esta medida encarece el costo de la vida, afecta a los trabajadores y pueblos del Ecuador quienes mantienen congelados los sueldos y salarios, por lo que ahora resulta urgente e impostergable una elevación de la remuneración en el sector laboral acorde al costo de la canasta básica familiar” sentenció el asambleísta.
No existe justificación alguna para que el ejecutivo haya tomado esta decisión, señaló el asambleísta al tiempo de hacer un llamado a las organizaciones sociales, indígenas y campesinas a estar atentos frente a otras medidas que vayan en contra de la salud, educación y obra pública.

 

                           

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Boletin de Prensa.
Quito, Septiembre 10 de 2008

Veto a Ley de Seguridad Pública faculta al ejecutivo reprimir a los Sectores Sociales con las Fuerzas Armadas.

El Asambleísta del Movimiento Popular Democrático Ramiro Terán representante del bloque de izquierda, denunció al país que el veto Presidencial al artículo 43 de la Ley de Seguridad Pública, facultará al gobierno a recurrir a las fuerzas armadas con el objetivo de reprimir a los sectores sociales que se movilicen, violando además el artículo 158 de la Constitución que establece como misión de Fuerzas Armadas la defensa de la Soberanía y la integridad territorial, la protección de los derechos y libertades de los ecuatorianos más no la represión a los sectores populares.
 Esta decisión aseguró Terán deja al descubierto una faceta autoritaria del régimen pretendiendo imponer un estado de represión militar en lugar de ser sensible a la protesta social, por ello responsabilizó a la mayoría de la Asamblea que si llega a pasar este veto presidencial se prolongará la esencia represiva de la Doctrina de Seguridad Nacional en la nueva ley.
Finalmente MPD y Pachacutik reiteraron su apoyo y participación a todas las movilizaciones que en los próximos días se desarrollarán; el 11, 12, 13 de septiembre junto a la CONAIE para defender el derecho al agua, el 16 la movilización del Seguro Social Campesino y el 17 apoyando la jornada de resistencia de los maestros, y en todas las acciones implementadas por estudiantes universitarios en defensa de la autonomía y trabajadores por un salario digno y en contra de la política antiobrera del régimen.

 

                           

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Boletin de Prensa.
Quito, Septiembre 11 de 2008

Fracasa Plan de Correa para reprimir con Militares las Protestas

La denuncia pública del asambleísta del MPD Ramiro Terán contra el plan del Presidente Correa de utilizar a las fuerzas armadas para reprimir la ola de protestas sociales que vive el país tuvo su eco en la Asamblea Nacional. Este jueves la mayoría de asambleístas rechazó el veto presidencial al artículo 43  de la ley de Seguridad Pública que pretendía, violando la constitución, que los ministros de gobierno y del ambiente puedan utilizar a las fuerzas armadas para enfrentar a las movilizaciones populares e intervenir en las comunidades.
Ramiro Terán  calificó esta decisión de la Asamblea Nacional como una derrota de los sectores más atrasados y derechistas del régimen, que como Fernando Bustamante  plantearon que el legislativo se allane al veto presidencial. Lamentablemente hay sectores en el gobierno que quisieran reeditar episodios de represión y persecución contra las comunidades y sectores populares como los ocurridos en Dayuma y el austro puntualizó el asambleísta del MPD.
Para el MPD la nueva Ley de Seguridad Pública no abandona la doctrina de la Seguridad Nacional impuesta por los Estados Unidos el siglo pasado. Esta ley además de consagrar la existencia de fondos reservados, viabiliza acuerdos atentatorios a la soberanía, como los firmados por el canciller Fander Falconí  con los Estados Unidos sometiéndonos a la política “antidroga y antiterrorista” de la Casa Blanca y se legaliza la presencia de la DEA en el país.

 

                           

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Boletin de Prensa.
Quito, Septiembre 11 de 2008.

Asambleísta Ulloa exige información de convenios internacionales a Ministros de Relaciones Exteriores y Gobierno

Amparado en el artículo 120 numeral 9 de la Constitución, artículo 75 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y el artículo 9 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el asambleísta Francisco Ulloa, solicito a los ministros de Relaciones Exteriores Fander Falconí, y al ministro de Policía Gustavo Jalkh, remitan de manera documentada las razones legales y constitucionales para la la celebración de varios acuerdos entre Ecuador y los EEUU.
Ulloa, por ejemplo pide explicación sobre los argumentos para la firma del Convenio de Cooperación entre la República del Ecuador y los Estados Unidos de América relacionado con el fortalecimiento de la capacidad institucional de la República del Ecuador para controlar la producción y tráfico de drogas ilícitas, la Carta de entendimiento entre Ecuador y los Estados Unidos referente al funcionamiento del programa de unidades de investigaciones sensitivas antidrogas en el Ecuador, así como también el acuerdo entre los dos gobiernos para el funcionamiento del programa de unidades de investigaciones anti-contrabando y tráfico ilícito en el Ecuador.
Según el asambleísta previo a la firma de los tratados bilaterales anteriormente detallados, debió existir la participación directa de la ciudadanía ecuatoriana, de los legisladores y otros actores sociales, por ello en virtud de los artículos 61 numeral 2 y 95 de la Constitución de la República el comisionado solicita se detalle los días, horas, lugares, temáticas propuestas y resoluciones tomadas sobre el particular.
El sometimiento a la prueba del polígrafo y la presencia de personal policial extranjero para realizar operaciones conjuntas en el país, violando la soberanía del Ecuador y los derechos humanos garantizados en la Constitución e instrumentos internacionales, es otra de las inquietudes planteadas por el asambleísta del Movimiento Popular Democrático.
Finalmente y de acuerdo al artículo 416 de la Constitución que establece los principios bases para las relaciones del Ecuador con la Comunidad Internacional y la responsabilidad de rendir cuentas por parte de sus ejecutores y responsables, Francisco Ulloa, solicita a los ministros, indiquen los grados de responsabilidad penales y civiles que conllevan las firmas y ratificaciones de los instrumentos detallados inicialmente.
Esta información aclaro Ulloa, es urgente y necesaria para iniciar cualquier acción como Movimiento Popular Democrático desde la Asamblea Nacional.

 

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Quito, Septiembre 16 de 2008.

Altafuya califica de atentado a la Unidad Nacional reavivar el tema de la Concordia por del Ministro Ricardo Patiño

El asambleísta Linder Altafuya califico de inoportunas las declaraciones de Ricardo Patiño, quien en rueda de prensa, anuncio la realización de una consulta popular a los habitantes de la Concordia para que ellos definan si quieren pertenecer a Esmeraldas o a la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas
“Este anuncio es un atentado no solo a la integridad jurisdiccional de Esmeraldas sino, también, a la Constitución vigente y a la Ley” señaló Altafuya al tiempo de resaltar que el Congreso Nacional en noviembre del 2007, resolvió por Ley elevarlo a Cantón como parte de la jurisdicción de la provincia verde.
En que se basa el Ministro de la Política para agitar un enfrentamiento fratricida entre dos provincias hermanas se preguntó el asambleísta esmeraldeño, tras enfatizar que esta actitud es un despropósito del que tiene que responder el Gobierno.
Agregó que la transitoria décimo sexta señala claramente que “ Para resolver los conflictos de límites territoriales y de pertenencia se remitirán los informes correspondientes a la Presidencia de la República que, en el plazo de dos años desde la entrada en vigencia de esta Constitución, remitirá el proyecto de ley de fijación de límites territoriales al órgano legislativo y, de ser el caso, instará la convocatoria de consulta popular para resolver conflictos de pertenencia” en este caso según Linder Altafuya la Concordia no tiene problemas de pertenencia porque ya fue resuelto en el 2007 por el Congreso
Insistió que las autoridades de turno y el Comité Cívico en defensa de Esmeraldas, no dudarán en movilizarse para evitar que Correa pretenda cercenar a esta provincia “el presidente debe responder por los actos de corrupción que en su gobierno son denunciados y dejar en paz a un pueblo que lucha por lograr días mejores” concluyó

 

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Quito, Septiembre 22 de 2008.

Asambleístas del MPD rechazan actitud del Gobierno y la Policía en los colegios Simón Bolívar y Aguirre Abad

Los asambleístas del Movimiento Popular Democrático, rechazaron la violenta represión que fueron objeto maestros y estudiantes de los colegios Técnico Simón Bolívar y Aguirre Abad, por parte de la policía nacional, quienes incluso ingresaron a las instalaciones de las entidades educativas para detener a docente y jóvenes que exigen una evaluación integral y una educación de calidad.

Jorge Escala señaló que en el caso del colegio Técnico Simón Bolívar resulta extraño que luego de haber reprimido y detenido a maestros y estudiantes, sospechosamente el presidente de la República minutos mas tarde haya ingresado al plantel para mantener una reunión. “ rechazamos estas actitudes que lo único que provocan es generar mas violencia y malestar entre los maestros por la política que impulsa Correa en el sector educativo”

El asambleísta exigió la inmediata libertad de los docentes Leonor Yépez y Jacinto Lavalle, quienes a más de ser reprimidos de manera brutal fueron detenidos ilegal e legítimamente.

Escala enfatizó que el presidente Correa se muestra siego, sordo y mudo a los planteamientos que hace la Unión Nacional de Educadores para superar la problemática educativa, enfatizando que los responsables de la crisis que arrastra el sector, no son los maestros sino los gobiernos de turno que no entregan los recursos económicos como manda la Constitución, no capacitan a los maestros, no dotan de la infraestructura básica a los centros educativos entre otros requerimientos.

Insistió que el artículo 98 de la Constitución claramente señala que “ Los individuos o los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos”.

Los maestros están acogiéndose a un derecho constitucional y exigiendo una educación de calidad como ha planteado Rafael Correa pero para ello se necesita un dialogo entre los verdaderos actores del sistema educativo recalcó Jorge Escala

 

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Quito, Septiembre 22 de 2008.

MPD reconoció firma en denuncia presentada en el Ministerio Público sobre contratos de Fabricio Correa

El Asambleísta y dirigente del MPD, Jorge Escala , acudió este martes hasta el Ministerio Público en donde reconoció firma y rúbrica para que se lleve adelante su denuncia sobre los contratos realizados por Fabricio Correa, hermano del Primer Mandatario, con el Ecuador.
El legislador manifestó que, en este caso, el fiscal Washington Pesántez debe llamar a comparecer al ex ministro de Transporte y Obras Público, Jorge Marún.
“El MPD, habiendo presentado el 7 de julio de este año esta denuncia, inicia el proceso para que se castigue con el peso de la Ley a aquellas autoridades que permitieron estos ilícitos contratos”, expresó.
Escala consideró que en torno al tema ya debería establecer nombres de sancionados, lo cual hasta la fecha no ha ocurrido, “Son contratos que cada día van saliendo a la luz públicas y tienen que ser investigados”
Obviamente, si ya hay una determinación de que son ilegales, los responsables que hay en este momento deben  de tener instrucción fiscal, unos deben tener prohibición de salir y otros estar tras las rejas,  pero hasta el momento no hay nadie detenido, acotó en declaraciones recogidas por CRE

 

 

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Quito, Septiembre 23 de 2008.

Alianza de Izquierda apoya movilización Indígena Campesina de Maestros y Estudiantes en defensa de sus derechos.

A través de un acuerdo la Alianza Progresista Democrática de Izquierda MPD- Pachacutik, tras rechazar la actitud emprendida por el Presidente Rafael Corea en contra de la UNE, exigen al gobierno central se preserven los derechos de los pueblos y nacionalidades en la aprobación de la Ley de Recursos Hídricos, el Código Orgánico Territorial, así como una reforma urgente a la Ley de Minería.

En el documento, se ratifica el compromiso por la defensa del derecho a la educación, por ser “indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano y, que constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional”, expresando la solidaridad con la lucha de la UNE y el apoyo al PARO NACIONAL decretado por los maestros y maestras ecuatorianos;

Se respaldo la MOVILIZACIÓN INDÍGENA decretado por la CONAIE y el Movimiento Indígena, a su plataforma de lucha que contiene las aspiraciones de todos los ecuatorianos y ecuatorianas de construir un Ecuador como un “Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico”;

Se demanda del Presidente de la República, economista Rafael Correa la respuesta a las exigencias de los distintos sectores populares, el cese a la represión y, la promoción del diálogo social con las distintas organizaciones sindicales y sociales, con los pueblos y nacionalidades, que constituyen los pilares fundamentales para el ejercicio de los derechos del BUEN VIVIR – SUMAK KAWSAY y la construcción de una Patria Nueva.

Finalmente se propone trabajar por FORTALECER LA UNIDAD de los distintos sectores populares, pueblos y nacionalidades y promover su participación democrática en la elaboración de leyes que materialicen los mandatos y cumplimiento de las politicas públicas establecidas en la Constitución, así como en el impulso de la acción fiscalizadora para erradicar la corrupción y las políticas lesivas a los intereses de los pueblos, nacionalidades y la nación ecuatoriana.

Jorge Escala y Cléver Jiménez, Coordinador y Sub-coordinador de la Bancada respectivamenete, señalaron que es imperativo para los trabajadores, juventud, campesinos, comerciantes, mujeres, pueblos y nacionalidades del Ecuador, trabajar por fortalecer la unidad y organización popular como requisito indispensable para profundizar el proyecto de transformación económica, social, cultural y política del país y para lograr la realización del SUMAK KAWSAY de todos y todas los ecuatorianos y ecuatorianas.
Coincidieron en que todos los sectores (universitarios, comerciantes minoristas, campesinos, estudiantes, mujeres, pobladores de los barrios populares, servidores públicos) demandan de la Asamblea Nacional la aprobación de leyes que garanticen sus derechos.

 

 

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Quito, Septiembre 24 de 2008.

MPD denuncia incumplimiento del Gobierno con las Universidades del Ecuador

El asambleísta Francisco Ulloa, solicitó a la Ministra de Economía María Elsa Viteri, explique las razones legales y constitucionales por las que hasta el momento no se ha pagado la deuda que mantiene el Estado con la universidad ecuatoriana.
Según datos lo adeudado corresponde a la reliquidación del Impuesto al Valor Agregado IVA del año 2008, la reliquidación del Impuesto a la Renta del año 2008,la compensación por el monto que dejan de percibir las Universidades y Escuelas Politécnicas por la aplicación de la gratuidad de la educación superior durante meses de abril, mayo junio, julio, agosto y septiembre del año 2009, el ingresos recibidos por concepto de la donación del Impuesto a la Renta; así como los valores pendientes de acreditar por concepto de IVA e Impuesto a la Renta del mes de septiembre todo esto da un total de $125'609.272,70 que el gobierno a través del Ministerio de Finanzas no a transferido a las universidades, “ Esta actitud demuestra el irrespeto a la Constitución en su Art. 355 último inciso que señala “La Función Ejecutiva no podrá privar de sus rentas o asignaciones presupuestarias, o retardar las transferencias a ninguna institución del sistema, ni clausurarlas o reorganizarlas de forma total o parcial”, recalcó Ulloa.
La política de asfixia financiera que condujo a la crisis de la educación superior durante la época del neoliberalismo al parecer se esta repitiendo en el actual régimen más aún cuando en su nuevo proyecto de Ley Orgánica de Educación Superior, pretende eliminar el fondo permanente de las universidades y escuelas politécnicas (FOPEDEUPO), lo que seguramente obligará a retornar a la época de marchas y jornadas de protesta hacia el Ministerio de Finanzas para que este cumpla con las transferencias y no priorice el pago de la deuda con negociaciones que perjudican las finanzas públicas como acabó de suceder hace algunos meses señaló el asambleísta.

El gobierno por otro lodo indicó Ulloa, trata de imponer un proyecto lesivo contra los intereses de la educación superior a través de una orden que se ha enviado desde Carondelet a los miembros de la bancada oficialista de la Comisión de Educación de la Asamblea, que a pesar de haber perdido ampliamente en los debates con los representantes de las instituciones de educación superior, insisten en atropellar la autonomía universitaria para tomar el control de las universidades imponiendo un Consejo de Educación Superior, compuesto por diez vocales, cinco de los cuales son puestos a dedo por el gobierno de turno, dándole el voto dirimente al representante del Presidente de la República, quien a su vez dirige la Secretaría Técnica creada al margen de lo que determina la Constitución.

“Este organismo inquisidor que tiene atribuciones que van más allá de las que posee el consejo superior, elaborará los reglamentos, dirigen el proceso de intervención de las universidades, aprueba los estatutos de los gremios, determina las carreras que son prioritarias para el país, controla la gratuidad, elaborará el reglamento de evaluación estudiantil, etc, en definitiva esta Secretaría, dirigida directamente por el representante del Presidente es la que, violentando la Autonomía, pretende tomar el control de la Educación Superior” recalcó Francisco Ulloa
Finalmente, formuló un llamado a los asambleístas conscientes, y a todos los sectores populares a movilizarse para detener las pretensiones del régimen encaminadas crear un marco jurídico que conllevaría a retroceder años de conquistas históricas para nuestro pueblo, un claro ejemplo es Ley de Educación Superior que busca silenciar la voz de los docentes, estudiantes, trabajadores y empleados universitarios.

 

 

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Quito, Septiembre 25 de 2008.

MPD denuncia a penalmente a Ministro de Educación- Dinse, responsabilizándolo por caída de techo en Escuela de Pifo

La Directiva Nacional del Movimiento Popular Democrático a través del Asambleísta Ramiro Terán, inicio acción penal en contra del Ministro de Educación Raúl Vallejo y directivos de la DINSE,  por el accidente  ocurrido el pasado  jueves 24 de septiembre con el desprendimiento de uno de los techos principales de la Escuela Ricardo Rodríguez de la Localidad de Pifo, el cual dejó a varios niños heridos de gravedad, entre ellos Christofer Jaramillo que fue trasladado al hospital de niños Vaca Ortiz de la ciudad de Quito, quien actualmente tiene pronóstico reservado.

 

En la demanda se solicita  se investigue la responsabilidad del Ministro de Educación, Raúl Vallejo, del Director Nacional de la DINSE, Edison Fernando Vallejo, así como  a  los autores cómplices y encubridores de atentar contra la vida de los niños, niñas y maestros, por la negligencia en la construcción de una cubierta en dicha entidad educativa, la cual fue hecha sin los debidos parámetros técnicos porque ni siquiera contaba con bases de concreto, aseguró el asambleísta del MPD.

Asimismo, Terán denunció que ésta, es solo una muestra más de la desatención que esa cartera de Estado, refiriéndose al Ministerio de Educación, tiene con la niñez y la juventud ecuatoriana, casos como este se repiten a lo largo del país, donde se firman contratos millonarios para la construcción de infraestructuras escolares, pero que, sin embargo no garantizan la seguridad en el desenvolvimiento de las labores educativas, convirtiéndose en un riesgo para las actividades de maestros y estudiantes.

“Para evitar estas tragedias previo a la entrega de las obras se debe realizar una fiscalización de los trabajos y así comprobar si cumplen o no con los parámetros técnicos  y no poner  en riesgo vidas humanas” aclaro el asambleísta

Indico que seguirá este caso hasta las últimas consecuencias hasta que exista sanciones para los responsables por este gravísimo hecho.

 

 

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Quito, Octubre 01de 2008.

MPD pide orden de prisión para integrantes de red  de corrupción en dirección nacional de Servicios Educativos (DINSE)

A diferencia de la actitud asumida por el presidente de la República Rafael Correa, quien califica a los maestros de mafiosos y no da nombres, el Movimiento Popular Democrático, firme en su lucha de combatir la corrupción, denuncia documentadamente la mafia existente en contratos realizados por la Dirección Nacional de Servicios Educativos ( DINSE ).

En la denuncia presentada en la Fiscalía, Jorge Escala, sostiene que los funcionarios Edisón Vallejo, Director Nacional de la DINSE, Julie Ordóñez, Directora de Asesoría Jurídica, Carmen Rocío Abarca Roa, Secretaria del Comité de Contratación y Manuel Humberto Buenaño, Director de Recursos Humanos, constituyeron una mafia y al margen de la Ley de Contratación Pública, contribuyeron para que la entidad adjudique contrato a sus familiares, así por ejemplo:

Luis Rafael Monreal, esposo de JULIE ORDÓÑEZ, Directora de Asesoría Jurídica de la DINSE, firmó 5 contratos con la Institución para el mejoramiento de infraestructura educativa en las escuelas “José María Vargas”,“U.E. a distancia Tungurahua”, “José Rubén Tamayo”, Escuela “Benjamín Carrión, Esc. Jijón Caamaño y Flores”y el “Instituto Nacional Mejía” por un monto de $ 847.33,17
Marco Germán Abarca padre de CARMEN ROCÍO ABARCA ROA, Asesora Jurídica de la Dirección Nacional de Servicios Educativos, firmó 6 contratos con la DINSE por un monto de $ 637.416,67, sin tomar en cuentala Ley y las sanciones que se establecen para este delito
Javier Buenaño Cabrera hermano del Director de Recursos Humanos MANUEL HUMBERTO BUENAÑO, firmó contrato con la Dirección, para realizar trabajos de infraestructura en la escuela Pedro Vicente Maldonado por un monto de 171.050.

En la firma de estos contratos se violaron el Art. 63.4 de la Ley Orgánica de Contratación Pública y Art.26 de la LOSSCA en los que se prohíbe a los funcionarios, servidores o empleados intervenir en etapa precontractual y contractual, emitir informes o dictaminar en la tramitación o suscripción de convenios y contratos con el Estado y que con su acción u omisión pudieren resultar favorecidos, su cónyuge o sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

Por existir indicios suficientes que permiten presumir la existencia del cometimiento del delito de Peculado, los aludidos públicos que fueron parte del proceso de adjudicación de los contratos y que favorecieron a sus parientes deben ser sancionados según lo establece el Código Penal en sus artículos 257.2 con la pena de uno a cinco años de prisión y multa de ciento noventa y novecientos cincuenta y dos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica”.

Por lo expuesto y en razón de garantizar la inmediación y la indemnización de daños y perjuicios, conforme el Art. 159 del Código de Procedimiento Penal, Jorge Escala, solicitó al Fiscal la aplicación de las medidas cautelares de Prisión Preventiva, prohibición de salir del país y la prohibición de enajenar los bienes, del Arq. Edison Vallejo, Ing. Manuel Humberto Buenaño Cabrera y del Ing. José Javier Buenaño Cabrera, así como se extienda la investigación a Raúl Vallejo Ministro de Educación que por su acción u omisión permitió estas fechorías y al parecer sería el principal responsable de esta red de corrupción señaló el Asambleísta Nacional del MPD.   

 

 

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Quito, Octubre 01 de 2008.

La Bancada progresista, de Izquierda, Plurinacional de Pachakutik y Movimiento Popular Democrático

CONSIDERANDO

Que en el país se ha generalizado la REPRESIÓN BRUTAL a los indígenas, maestros, estudiantes, trabajadores y pueblos del Ecuador quienes en uso su legítimo derecho a la resistencia de conformidad a lo establecido en el Art. 98 de la Carta Magna se han movilizado en las calles, plazas y en tomas de carreteras como expresión de su inconformidad ante políticas del Gobierno que son contrarias al proyecto de cambio, democrático y patriótico, por el cual, y en contra de la Ley del Aguas, de la Ley de Seguridad Pública, del Código de Ordenamiento Territorial, de Servicio Público por estar en contradicción a los principios constitucionales y por restituir políticas neoliberales de privatización y entrega de nuestros recursos a las transnacionales.

Que el día de ayer, 30 de septiembre en Sevilla Don Bosco, Provincia de Morona Santiago centenares de policías reprimieron a manifestantes de la Comunidad Shuar dejando como saldo decenas de heridos y un indígena muerto, Bosco Wisuma, profesor intercultural bilingüe, y que esta represión se ha generalizado contra los maestros, indígenas, estudiantes, trabajadores y luchadores populares

 

Que los derechos y garantías constitucionales deben ser respetados por la Policía Nacional y debe cumplir las funciones dispuestas en el artículo 158 de la Constitución que señala claramente que su misión es la defensa de la soberanía y la integridad territorial, la protección de los derechos y libertades de los ecuatorianos, sin embargo se ha dispuesto la movilización de más de 20 mil miembros de la Policía para la represión a los sectores populares e indígenas.

Que en estos momentos de gran agitación política es imperativo que el gobierno retome el camino de avanzar en el proceso de cambio y de transformació n por el que seguimos luchando la inmensa mayoría de ecuatorianos,
Que en uso de sus facultades constitucionales y legales:

 

RESUELVE
1.      Apoyar la lucha de los pueblos amazónicos y solidarse con las comunidades y familiares del maestro Bosco Wisuma asesinado el día de ayer, así como con los dirigentes y luchadores heridos, detenidos y perseguidos, a la vez que llamamos a FORTALECER LA UNIDAD DE LOS PUEBLOS, para garantizar que nuestro proyecto de cambio avance en función de los objetivos de construcción de una patria nueva, de justicia e igualdad.

 

2.      RESPONSABILIZAR AL PRESIDENTE al Presidente de la República del Ecuador, economista Rafael Correa que en lugar de propiciar el DIÁLOGO SOCIAL, mantiene una actitud beligerante, de oídos sordos al clamor de los pueblos, de los maestros, de los estudiantes y trabajadores, actitud que promueve de manera peligrosa el enfrentamiento de pueblo contra pueblo, por lo que lo EXHORTAMOS A CAMBIAR DE ACTITUD, a convocar de manera inmediata a las organizaciones populares a un DIÁLOGO ABIERTO Y SIN CONDICIONES para buscar en conjunto la salida a los problemas.

 

3.      Demandar ante la Fiscalía General del Estado se inicie los juicios penales en contra del Ministro de Gobierno, Gustavo Jalhk y contra el Comandante General de Policía Fredy Martínez, por la muerte del maestro shuar y por la represión desatada contra con luchadores populares.

 

4.      RATIFICAR nuestro compromiso con los pueblos, maestros, trabajadores, estudiantes y pueblos del Ecuador de trabajar en Unidad de acción y lucha por los grandes objetivos de la nación.

Atentamente,

 

Jorge Escala	Cleber Jímenez
Línder Altafuya	Lourdes Tibán
Francisco Ulloa	Diana Atamaint
Ramiro Terán	Magaly Orellana
María Molina.	Gerónimo Yantalema

 

 

 

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Quito, Octubre 02 de 2008.

Asambleísta  Ramiro Terán pide  se  investigue gestión de los hermanos Vinicio y Fernando Alvarado

El asambleísta Ramiro Terán solicitó al Contralor General del Estado Carlos Polit, que se disponga un examen especial de la gestión de los hermanos Vinicio y Fernando Alvarado,  al frente de la Secretaria General de la Administración Pública y  Secretaria General de Comunicación respectivamente.

Esta solicitud la formula Terán en vista del  incremento inusitado de la campaña publicitaria del gobierno nacional en los medios de comunicación, publicidad que como se puede notar se ha incrementado en forma desmedida, lo que conlleva  a utilizar mayores recursos económicos para cubrir  estos pautajes  de la publicidad del gobierno.

“Queremos conocer señor contralor el monto que desde el  gobierno se invierte a pretexto de difundir su gestión” señaló el asambleísta al tiempo de recalcar que ese dinero bien puede ser utilizado en fines educativos, médicos, obra pública por mencionar algunos ejemplos.

El asambleísta por Imbabura, solicitó además a Carlos Polit, que de conformidad a las atribuciones establecidas en el artículo 31, numeral 6 de la Ley Orgánica de la Controlaría, se ejerza un control riguroso a través de operativos  para que en las movilizaciones planteadas en apoyo al gobierno se utilice los vehículos de las instituciones públicas peor aún se utilice recursos  de las instituciones públicas para cubrir gastos que impliquen movilización y presencia de personas en los actos de respaldo al Presidente de la República Rafael Correa.

Ramiro Terán recalcó que de acuerdo al artículo 233 de la Constitución ningún servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por omisión, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo, administración de fondos, bienes y recursos públicos.

Aclaró que no esta en desacuerdo con las marchas de apoyo al régimen pero  si dichas movilizaciones  son financiadas con recursos públicos, la Controlaría y la Fiscalía deben tomar los correctivos pertinentes y sancionar a los responsables.

 

 

 

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Quito, Octubre 06 de 2008.

Ministro de Gobierno admite que la policía porta armas en la represión a los Sectores Sociales.

Para el asambleísta Linder Altafuya, tras la comparecencia realizada por el Ministro de Gobierno Gustavo Jalkh a la Comisión Especializada de Derechos Colectivos, quedó demostrada la política represiva que ha tomado el actual gobierno, ya que el Ministro admitió que la policía nacional porta armas de dotación durante las manifestaciones de indígenas, maestros y estudiantes.

Como se recordará dijo Altafuya, el gobierno constantemente sostuvo que la policía nacional durante el control de las manifestación única y exclusivamente porta armas antimotines y no armas que atentan contra la vida, pero las declaraciones de Jalkh, desvirtúan dichas aseveraciones, a pesar de que el Ministro de Gobierno, sostuvo que las armas únicamente son utilizadas en caso de existir órdenes superiores.

“Las funciones de la policía deben estar encaminadas a combatir el crimen organizado y no a reprimir brutalmente a maestros, indígenas, campesinos, quienes luchan por hacer respetar sus derechos” señaló el asambleísta.

Al momento recalcó Altafuya, el régimen pretende repetir el capitulo vivido en Dayuma es decir victimizar a los represores que atentan contra el pueblo, ante lo cual exigió a Correa
deponga esta actitud represora ya que el artículo 98 de la Constitución faculta a los individuos y los colectivos ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público.

El gobierno insistió Altafuya, no puede tratar de invisibilizar la lucha popular, lucha que en el caso de los maestros esta encaminada a mejorar la educación pero de una manera integral y en el caso de los indígenas, precautelar su territorio, el agua y su vida.

Los colegios enfatizó, no deben seguir convirtiéndose en cuarteles en donde la policía nacional, entra como en su casa y a órdenes de las autoridades del Ministerio de Educación, ultrajan y agreden a maestras, maestros y estudiantes.

Linder Altafuya, finalizó formulando un llamado al gobierno para iniciar un diálogo nacional y evitar más derramamiento de sangre como ocurrió en Morona Santiago “esperamos sentarnos a la mesa del diálogo y que el presidente deponga su actitud prepotente, sin presiones, insultos y con el ánimo solucionar la problemática que vive no solo la educación sino varios sectores del país.”

 

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Las disculpas no son suficientes, sino se dan rectificaciones urgentes y concretas en la marcha de la Asamblea Nacional

Quito, 14 de octubre del 2009

Oficio No. 042 – AN-MPD-LAL


Arquitecto

Fernando Cordero Acosta
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL
Presente



De nuestras consideraciones

Los Asambleístas del Movimiento Popular Democrático hacemos un llamado a usted, a fin de que la Asamblea Nacional recupere su papel protagónico de legislar y fiscalizar para los tiempos de una Patria Nueva.

Señor Presidente, la mayoría de la Asamblea Nacional prácticamente ha abandonado el proyecto de cambio progresista y patriótico marcado desde la Constituyente de Montecristi al aprobar varias leyes de carácter regresivo en cuanto al cumplimiento de los derechos individuales y colectivos de nuestros pueblos como el caso de la Ley de Minería, Ley de Empresas Públicas y otras. Los actuales proyectos legislativos no han cumplido con las expectativas de los sectores populares del Ecuador, esta es la única razón, por la que la credibilidad de la Función Legislativa haya sufrido una baja impresionante en las últimas semanas.

El hecho de no cumplir con los plazos previstos para la aprobación de las Leyes dispuestas por la Transitoria Primera de la Constitución, es responsabilidad de la mayoría PAIS-PRE que hoy domina la Función Legislativa, por haber convertido a la Asamblea practicante en una dependencia sometida al poder ejecutivo, recordemos que los sectores populares en una muestra de responsabilidad con la Patria presentaron a tiempo varios proyectos de Ley en materia de Recursos Hídricos, Educación Superior, Comunicación, que a pesar de haberse entregado con el tiempo suficiente, fueron relegados a un segundo plano, mientras se esperaba la llegada de los proyectos del Ejecutivo con la venia del Señor Presidente de la República.

La mayoría oficialista ha mutilado la función fiscalizadora de la Asamblea Nacional, con una Ley de la Función Legislativa que en lugar de agilitar estos procedimientos los retarda y congestiona en demasía. Es así, que ante los hechos de corrupción que son denunciados diariamente en los diferentes medios de comunicación y constantemente al interior de la Asamblea, no se ha emprendido acciones de fiscalización serias y con resultados concretos; nada se ha dicho por ejemplo de los casos de Corrupción en la Dirección de Servicios Educativos DINSE, en la adjudicación de los contratos de los campos petroleros de SACHA, los sobreprecios en las compras de materiales para el Consejo Nacional de Tránsito, o los denunciados por el propio hermano del Presidente de la República.

Asimismo, la Asamblea Nacional no se pronunció y menos condenó los actos de represión cometidos por la Fuerza Pública en contra de indígenas, maestros, campesinos y estudiantes en las últimas semanas, tampoco se pronunció respecto a los hechos suscitados el 30 de septiembre en Sevilla Don Bosco, Provincia de Morona Santiago en donde centenares de policías reprimieron a manifestantes de la Comunidad Shuar dejando como resultado decenas de heridos y a un maestro indígena muerto, el Profesor Bosco Wisuma; los Asambleístas del MPD propusimos al Pleno de la Asamblea se traten estos temas y nuestra petición fue negada.

Señor Presidente, la Asamblea Nacional no puede permanecer callada frente a estos acontecimientos, es nuestra obligación demandar el esclarecimiento de estos hechos y asumir la función de fiscalización que el país nos exige, no hacerlo conllevaría a que la Asamblea sea cómplice de estos hechos que avergüenzan a la Patria a la que juramos defenderla.

Nuestra intención, señor Presidente es que la Asamblea Nacional no siga el mismo camino tan desprestigiado que en su momento tuvo el viejo Congreso Nacional por aquellas acciones inmorales, ilegales e inconstitucionales que los pueblos del Ecuador lo sepultaron en su memoria histórica.

Señor Presidente, las disculpas no son suficientes, sino se dan rectificaciones urgentes y concretas en la marcha de la Asamblea Nacional.

Por lo expuesto señor Presidente nos permitimos proponer a usted públicamente lo siguiente:

Abrir un debate real para la aprobación de los proyectos de Ley que es obligatorio aprobar por parte de la Asamblea Nacional, según lo dispone la Transitoria Primera de la Constitución; esto significa que se acoja las propuestas de los sectores populares que con la debida suficiencia de tiempo fueron presentadas.

Reformar la Ley Orgánica de la Función Legislativa para que se facilite la función fiscalizadora de la Asamblea Nacional.

Que la Asamblea Nacional lleve adelante verdaderos procesos de Fiscalización en temas como: los contratos del hermano del Presidente de la República con instituciones del Estado; los contratos petroleros; las presuntas irregularidades cometidas en la Dirección de Nacional de Servicios Educativos DINSE; entre otros; y, que se informe al país acerca de los avances y conclusiones de los mismos.

Que las sesiones del Pleno de la Asamblea sean transmitidas por señal abierta de televisión y/o radio difusoras del Estado.


Atentamente,

ASAMBLEISTAS DEL MPD

 

Prof. Jorge Escala Zambrano		Dr. Ramiro Terán Acosta		Dr. Linder Altafuya Loor
	Arq. Francisco Ulloa		Dra. María Molina

 

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Quito, Octubre 15 de 2008.

Gobierno pretende eliminar fondo de Universidades al tiempo que adeuda 125 millones a la Educación Superior

 

Jorge Escala, asambleísta del MPD y miembro de la Comisión de Educación, denunció que el gobierno nacional a través de la mayoría PAIS-PRE, pretende eliminar en la Nueva Ley de Educación Superior el Fondo Permanente de Universidades y Escuelas Politécnicas (FOPEDEUPO), lo cual constituye un atentado a la autonomía financiera de las universidades.
La intención gubernamental según Escala, es disminuir en el corto tiempo las rentas universitarias, pues actualmente el FOPEDEUPO garantiza el 11% del Impuesto a la Renta y un 10% del IVA para la universidades, impuestos cuya recaudación crece progresivamente cada año, incrementándose automáticamente las rentas universitarias. “Con las proyecciones más conservadoras del SRI sobre la recaudación de impuestos en el 2010 el FOPEDEUPO generaría 628 millones de dólares para el desarrollo universitario mientras la propuesta del gobierno del 5% de los ingresos permanentes del Presupuesto General del Estado apenas llegaría a 500 millones perjudicando así el desarrollo de las instituciones universitarias en más de 100 millones de dólares ” enfatizó el asambleísta.

Para Escala, lo aprobado hasta ahora por la mayoría de la Comisión de Educación, va en la línea de someter a las universidades públicas, eliminar en los hechos su autonomía financiera, reducir sus rentas, restarle la capacidad de aprobar sus presupuestos, (art 18, lit. g), abren de forma inconstitucional la posibilidad que el gobierno retenga las rentas universitarias (art. 22 del informe)entre otras ilegalidades.

Escala recordó que mientras el Presidente de la República, Rafael Correa, dice que va invertir en la educación superior, en los hechos adeuda hasta septiembre de este año 125 millones de dólares a las universidades.

La actitud de la mayoría oficialista en los hechos puntualizó el asambleísta del MPD, es desechar las propuestas realizadas por los sectores universitarios y cumplir a cabalidad los caprichos de Carondelet, imponiendo una versión maquillada del proyecto de ley redactada por SENPLADES, ante lo cual dijo Escala, la movilización anunciada por la FEUE para el 21 de Octubre esta plenamente justificada. “Con lo ocurrido con los maestros e indígenas, lo deseable sería que el gobierno abandone sus poses de prepotencia y terquedad, y abra un diálogo real con los actores universitarios.” finalizó Jorge Escala.

 

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Quito, Octubre 16 de 2008.

Bloque Oficialista insiste en perjudicar a los Docentes en el Proyecto de Ley de Servicio Público

El Pacto de la “regalada gana” conformado por Alianza País y el Partido Roldosista, insisten en su afán de perjudicar a los docentes a través de la eliminación de los artículos 93 y 106 de la Ley de Servicio Público, que se refiere al escalafón del magisterio, denunció Linder Altafuya, miembro de la Comisión de Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social.
Altafuya señaló que tanto María Augusta Calle, Abdalá Bucaram, Dora Aguirre, Carlos Samaniego y Armando Aguilar, hipócritamente luego de haber apoyado el informe de mayoría en el cual se mantiene dichos artículos, presentan un informe a parte en el cual sugieren eliminar el artículo 93 así como el segundo inciso del artículo 106 del proyecto, demostrando de esta manera su intensión malévola y premeditada de afectar a miles de maestros a nivel nacional.

Al eliminar estos artículos del Proyecto de Ley Orgánica del Servicio Público, recalcó Altafuya, el Ministro de Relaciones Laborales, decidirá a su antojo cuanto van a ganar los maestros y lo que es peor se dejará sin efecto conquistas laborales alcanzadas por los docentes a través de los años como por ejemplo: el sueldo profesional básico del magisterio, el 10% del incremento sobre al sueldo básico en los ascensos de categoría, las asignaciones complementarias a que tienen derecho los docentes tales como: subsidio familiar, subsidio de antigüedad, compensación pedagógica mensual, gastos de representación y subsidio de transporte, subsidio a favor de docentes en las zonas rurales comprendidas hasta los 20 km de la línea de frontera y los de la Provincia de Galápagos, subsidio de Educación (28% del salario mínimo vital) por cada carga familiar que  estudie en los uno de los tres primeros niveles, beneficios económicos provenientes del tiempo de servicio o cambio de títulos o mejoramiento docente.

Insistió que los maestros no pueden estar regulados por la Ley de Servicio Público porque el trabajo que realizan es intelectual de enseñanza y por esas consideraciones la Constitución prevé que la LEY REGULARÁ la carrera docente, el escalafón y la política salarial en todos sus niveles, es decir todo esto en un solo cuerpo legal.
Argumentó que el gobierno esta implementando una política antiobrera, prueba de ello es el incremento en gran medida del desempleo es decir del 7,1% que se registró en el 2008 a septiembre del 2009 llega a 9,1%.
Es lamentable que a pesar de estas cifras alarmantes el régimen insista en su decisión de afectar aún más a los trabajadores, maestros, estudiantes, campesinos y universidades, concluyó Altafuya.

 

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Quito, Octubre 16 de 2008.

MPD exige a la Contraloría vigilar que los fondos Públicos no sean utilizados en marchas de Apoyo al Gobierno

El Asambleísta Ramiro Terán miembro de la Comisión de Fiscalización y Control Político, solicitó al Contralor General del Estado Carlos Polít, que ejerza un control riguroso a través de operativos en las Alcaldías, Prefecturas, Gobernaciones, Tenencias Políticas y otras instituciones del Estado a nivel nacional, ya que de acuerdo a varias denuncias en la movilización planteada por el gobierno para este sábado 17 de octubre en la ciudad de Quito, se pretende utilizar los vehículos, recursos económicos y viáticos de las Instituciones públicas, para cubrir los gastos que representa la movilización en respaldo del Presidente de la República.
Ramiro Terán recalcó que de acuerdo al artículo 233 de la Constitución ningún servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por omisión, y serán responsables administrativa,civil y penalmente por el manejo, administración de fondos, bienes y recursos públicos.
Aclaró no estar en desacuerdo con las marchas de apoyo al régimen pero si en que dichas movilizaciones sean financiadas con recursos públicos, por lo que llamó a las autoridades de la Contraloria y la Fiscalia, a tomar los correctivos pertinentes y sancionar a los responsables de darse el caso.

 

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Quito, Octubre 22 de 2008.

MPD solicita orden de prisión y arraigo para funcionarios del Gobierno involucrados en casos de corrupción con mafia de casinos

El Asambleísta Jorge Escala y el Director Nacional del MPD Abogado Luis Villacís Maldonado, solicitarán al Fiscal General de la Nación Washington Pesantez la investigación de los casos de corrupción entre funcionarios del gobierno involucrados en acuerdos económicos con la empresa INVERMUN, que es dueña de alrededor de 70 casas de juego en el país, dichos acuerdos consistían en la entrega mensual de cuantiosas sumas de dinero, las mismas que tenían el propósito de permitir que INVERMUN continuara funcionando, a pesar de haber expresas violaciones legales y de que el propio Presidente de la República anunciara cerrar definitivamente este tipo de negocios. Esta petición será presentada al medio día de hoy jueves 20 de octubre, indicó el Asambleísta Escala.
Solicitaremos formalmente la prohibición de ausentarse del país y la prisión preventiva para los funcionarios: Vinicio Alvarado, Secretario General de la Administración; Fernando Alvarado, Secretario de Comunicación; Julio Cesar Quiñonez, Intendente de Policía del Guayas; Juan Carlos Cassinelli, Asambleísta de País; Douglas Arguello; Luis Monge, Jefe Político de Guayaquil; Víctor Lescano, Gerente de Invermun, Félix Rosenberg, propietario de Invermun y Pierina Correa ex candidata a Prefecta del Guayas, así como a otros funcionarios y demás autores, cómplices y encubridores que llegaren a determinarse dentro de la investigación, aseveró el Asambleísta del MPD.
No se puede seguir tolerando más actos de corrupción que día a día se denuncian en el país, es hora de tomar medidas contundentes y urgentes, si es que lamentablemente no se lo puede realizar desde la Asamblea, por la intransigencia de la mayoría gobiernista PAIS-PRE, seguiremos insistiendo con todas las medidas legales y judiciales que nos permite la Ley, para lo cual expresamos nuestro total respaldo al Fiscal General de la Nación en su tarea de investigar y sancionar a los funcionarios y empresarios corruptos que a espaldas del pueblo ecuatoriano maquinan sorprendentes casos de corrupción, desperdiciando la oportunidad histórica de cristalizar los cambios patrióticos y progresistas por los que desde hace tiempo viene luchando el pueblo ecuatoriano, enfatizó Escala.
Finalmente, señaló que solicitará se lleve a cabo la Audiencia de Formulación de Cargos para los funcionarios involucrados; que se investigue al SRI y la CAE, a fin de determinar las supuestas evasiones de impuestos y violaciones legales de la compañía Invermun.

 

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Quito, Octubre 23 de 2008.

Jorge Escala  “Gobierno no aprende la lección, insiste con represión, imponer sus Leyes”

Para el Asambleísta del MPD y miembro de la Comisión de Educación, Jorge Escala , la actitud del gobierno nacional frente a las multitudinarias marchas universitarias revela que el Presidente Correa no aprendió la lección que recibió del levantamiento indígena y el paro de la UNE, respecto a la necesidad de dialogar con los sectores sociales y escuchar sus propuestas, al contrario el ejecutivo insiste en imponer sus proyectos en un alarde de prepotencia y autoritarismo.
Para el asambleísta del MPD , el operativo montado desde el Ministerio de Seguridad para detener decenas de buses con universitarios en Guayaquil, Santa Elena, Ibarra, Latacunga, Riobamba, Guaranda, viola principios constitucionales como el libre tránsito en el territorio nacional y el derecho a la resistencia, además que revela una actitud discriminatoria contra los universitarios al recordar que para la marcha pro gobierno del sábado pasado no existió un operativo policial similar. por lo cual el Ministro Jalkh deberá responder ante la Asamblea Nacional.
El bloque de izquierda MPD-Pachacutik esta comprometido con la transformación de la Educación Superior, por ello respaldamos con nuestra firma el proyecto de ley que surgió de la comunidad universitaria, afirmó Escala. La nueva ley de Educación superior debe ratificar la autonomía universitaria, la gratuidad, la vigencia del FOPEDEUPO, la carrera del docente universitario, aspectos que el proyecto de SENPLADES vulnera claramente.
Jorge Escala se pronunció por que el dialogo para aprobar la ley de Educación superior se concrete de manera seria y responsable, con todos los actores del sistema. “ No puede ser un dialogo de sordos , dónde el Presidente dice que la ley va por que va” afirmó. “tampoco puede ser un sainete “entre familia”, con tres representantes del SENPLADES autores del proyecto anti universitario, tres asambleístas de PAIS obligados a levantar la mano” puntualizó Escala.
Si el dialogo es sincero, debe incluir a los interlocutores válidos del sistema de educación, a los estudiantes y docentes universitarios, a los públicos y particulares señaló Escala. En el caso de la Comisión de Educación, el procedimiento del Presidente Raúl Abad de nombrar a sus compañeros de PAIS para la comisión tripartita es ilegal pues la ley de la Función Legislativa no le faculta para ello, además revela una actitud excluyente , que no permite avanzar el dialogo. Para Escala lo correcto es que una delegación multipartidaria que realmente viabilice acuerdos, en todo caso la bancada de izquierda MPD-Pachacutik no renunciará a usar su voz y voto para defender la Universidad Ecuatoriana.

 

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Quito, Octubre 27 de 2008.

Asambleísta Francisco Ulloa solicita sanciones para oficiales que atentaron contra estudiantes de la Universidad Técnica de Cotopaxi

Amparado en el artículo 120, numeral 9 de la Constitución, el asambleísta Francisco Ulloa, solicitó se convoque al Ministro de de Gobierno y Policía Gustavo Jalkh, a la Comisión de Participación Ciudadana, para que responda por las múltiples agresiones que fueron víctimas estudiantes de la Universidad Técnica de Cotopaxi, por parte de la policía nacional.
Según Francisco Ulloa, en esta comparecencia el Ministro deberá informar las medidas adoptadas a fin de sancionar a los oficiales de la Fuerza Pública que atentando elementales principios de respeto a los derechos humanos de los estudiantes de la Universidad Técnica de Cotopaxi, los reprimió de forma brutal. “ Existen imágenes difundidas por los medios de comunicación en las cuales se observa la agresión a un estudiante hasta hacerle desangrar” señaló el asambleísta al tiempo de insistir que éstas medidas violentan de manera flagrante el artículo 66 numeral 3 de la Constitución, que garantiza el derecho a la integridad personal.
Exige se entregue toda la documentación de respaldo del operativo realizado la noche del martes 20 y la madrugada del miércoles 21 de octubre por la Fuerza Pública con el propósito de impedir el paso de los buses de universitarios a la ciudad de Quito.
El ministro Jalkh, a decir del representante por la provincia de Cotopaxi, violentó el artículo 66 numeral 14 de la Constitución el mismo que garantiza el derecho a transitar libremente por el territorio nacional. “Necesito y el país necesita conocer bajo que argumentos se ordenó a la Fuerza Pública que se impida el paso de buses ocupados por los estudiantes y docentes universitarios quienes se disponían a partir desde varias ciudades del país como: Guayaquil, Riobamba, Guaranda, Ibarra, Latacunga,etc, con destino a Quito hacia una concentración pacífica de universitarios que públicamente anunciaron esta medida en rechazo a las reformas antidemocráticas que se pretenden introducir en el proyecto de Ley Orgánica de Educación Superior”. Recalco Ulloa.
La Comisión de Participación Ciudadana y Control Social y particularmente la Asamblea Nacional no puede insistió Francisco Ulloa, permanecer en silencio ante estas claras violaciones no solo a la Constitución sino a los derechos humanos de jóvenes que defienden y exigen una educación de calidad.

 

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Quito, Noviembre 06de 2008.

MPD rechaza la firma del acuerdo complementario para la Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad entre Colombia y EEUU

Por pedido del asambleísta Francisco Ulloa, la Asamblea Nacional incluyó dentro del orden del día de la sesión de este viernes, un proyecto de resolución presentado por el Movimiento Popular Democrático, mediante el cual se rechaza el Acuerdo complementario para la Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad entre los Gobiernos de la República de Colombia y de los Estados Unidos de Norteamérica que permite la presencia de bases militares extranjeras en territorio Colombiano que desestabilizan la Región y que obligan a reforzar la presencia de tropas en la frontera norte y a incrementar los presupuestos para la Defensa Nacional.
Se condena la actitud anti soberana asumida por el Presidente de la República de Colombia Álvaro Uribe Vélez, que en base a la doctrina de la guerra preventiva contra el terrorismo y la defensa de la seguridad nacional, ha firmado el acuerdo que amenaza la soberanía de los países vecinos, atentando contra el derecho internacional y la convivencia pacífica de los pueblos.
En el proyecto según el asambleísta se exhortar a la ONU para que se revea el Acuerdo complementario para la Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad entre los Gobiernos de la República de Colombia y de los Estados Unidos de América, en vista de que es lesivo para los intereses de la América Latina y la seguridad, paz y estabilidad de los Estados de la Región.
Se solicita al Parlamento Latinoamericano y a la Unión de Naciones del Sur a reunirse para que se emita un pronunciamiento contundente respecto a la instalación de bases militares norteamericanas en Colombia.
Así mismo se insiste en la necesidad de consolidar a Suramérica como una Región de paz, base para la estabilidad democrática, el desarrollo integral de nuestros países, y como contribución a la paz mundial, reafirmando los principios de convivencia pacífica de los pueblos y la vigencia de los sistemas democráticos de gobierno.
Según Francisco Ulloa, se exige a la Asamblea Nacional rechace todo intento por apoyar iniciativas de cooperación regionales y globales para el cumplimiento de los fines del Acuerdo complementario para la Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad entre los Gobiernos de la República de Colombia y de los Estados Unidos de América, tanto a nivel interno como externo debido a que lesiona los intereses de nuestra Patria.
La Constitución de la República del Ecuador insistió Ulloa en su artículo 416 referida a los principios que deben regir las relaciones internacionales en sus numerales 3 y 4 determina: Condenar la injerencia de los Estados en los asuntos internos de otros Estados, y cualquier forma de intervención, sea incursión armada, agresión, ocupación o bloqueo económico o militar y, promover la paz, el desarme universal; condena el desarrollo y uso de armas de destrucción masiva y la imposición de bases o instalaciones con propósitos militares de unos Estados en el territorio de otros.

 

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Quito, Noviembre 13 de 2008.

Alianza País y sus allegados atentan mortalmente la vida de la Universidad Ecuatoriana

Tras cuestionar la actitud de los representantes de Alianza País miembros de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, quienes en una forma autoritaria procedieron únicamente a debatir la nueva Ley Orgánica de Educación Superior en base al proyecto enviado por la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES, el asambleísta del Movimiento Popular Democrático Jorge Escala, presentó informe de minoría, sobre el proyecto de Ley de Educación, en el cual se recoge las aspiraciones de los sectores involucrados con la educación Superior.
En el informe presentado por el MPD, al titular de la Asamblea Nacional, se garantiza el derecho de todas las personas a la educación superior, el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna. La educación superior se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, fundamentada en la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra y autonomía
Se regula el funcionamiento del Sistema Nacional de Educación Superior, sus principios, las instituciones públicas y particulares que lo integran, los organismos que lo rigen y sus respectivas políticas generales.
Se deja en claro el rechazo total al control del Sistema de Educación Superior por parte del Ejecutivo, la violación a la autonomía universitaria, la dependencia financiera de las universidades, el atropello a los derechos de los docentes, estudiantes y servidores universitarios y la forma de gratuidad de la Educación Superior que plantea la SENPLADES.
En el informe de mayoría que presentó la comisión, indicó el asambleísta Jorge Escala, se somete a las universidades al cumplimiento y ejecución del plan nacional de desarrollo que significa políticas de los gobiernos de turno y no de Estado es decir partido político que esté en el poder impondrá y someterá al sistema universitario a las políticas que crea conveniente, cuando lo correcto lo democrático y constitucional, seria que la universidad actúe en armonía al régimen de desarrollo que esta establecido en el artículo 357 de la Constitución
“La gratuidad de la educación debe ser total, no debe entenderse como una simple subvención de la matrícula, la gratuidad no es una beca, es un derecho; por lo tanto la gratuidad debe extenderse a todo lo que corresponde a la escolaridad del estudiante, todo lo que implica la carrera universitaria debe ser cubierta por el Estado, tal como lo plantea la disposición transitoria N°- 18 de la Constitución” enfatizó Escala
En el informe de minoría recalcó el asambleísta, se evita que el gobierno controle las universidades, ya que esto significaría silenciarle la voz, sacarlas del debate nacional y por lo tanto desmovilizarlas y desvincularlas de los procesos de lucha social, la visión eficiente que tiene el gobierno, en el fondo esconde protervos intereses de sojuzgar el pensamiento crítico y la incapacidad de revelarse ante las tiranías.
Insistió que los asambleístas de País y sus aliados, al apoyar el in forme de mayoría han firmado la sentencia de muerte, desaparición o extinción de las facultades de filosofía al crear la universidad pedagógica convirtiendo a los institutos pedagógico en extensiones de dicha universidad lo cual es inconstitucional porque el art. 352 y 354 de la Carta Magna determina que son institutos pedagógicos y no extensiones.
La educación superior agregó, tiene como finalidad la formación académica profesional con visión científica y humanista, la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. La educación superior es responsabilidad del Estado, responderá al interés público y no estará al servicio de intereses extraños a los de sus principios, fines y objetivos

 

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Quito, Noviembre 25 de 2008.

Comisión ocasional de Educación recogió propuestas democráticas planteadas por la UNE y el MPD en defensa y mejoramiento de la calidad Educativa

La medida de hecho realizada por la Unión Nacional de Educadores y que culminó con el acuerdo entre maestros y gobierno el pasado 7 de octubre en Carondelet, se ve reflejada en el informe del proyecto de Ley de Educación Básica que la mayorías de los integrantes de la Comisión Ocasional de Educación, presentó al titular de la Asamblea.
Jorge Escala, miembro del organismo sostiene que estas conquistas son fruto de la lucha del magisterio organizado y acompañada del respaldo y la firme decisión del MPD al interior de la comisión Ocasional de defender sus derechos para alcanzar una mejor calidad educativa.
Se logró incorporar en el informe de mayoría según el asambleísta del MPD, la revalorización del salario de los docentes, el establecimiento de las 10 categorías escalafonarias, el bono de frontera y de situación geográfica para la Amazonía Galápagos y sectores alejados, el establecimiento del Consejo Nacional de Educación, como organismo permanente de orientación y consulta de las políticas nacionales del sector educativo, la incorporación del sistema intercultural bilingue, la creación del Instituto Nacional de Evaluación, sin la injerencia del poder ejecutivo, la exoneración del pago de los servicios básicos en los planteles públicos, que las sanciones a los docentes y autoridades educativas incluyendo su remoción, sean a través de un sumario administrativo, respetando el debido proceso y los derechos de los maestros
En el informe a decir de Escala, se establece como lo propuso años atrás el MPD, la garantía de la tarifa estudiantil de transporte público durante el período lectivo con sanciones para quienes lo incumplan, el reconocimiento al bachillerato técnico, que el ingreso al magisterio se la haga en zonas rurales, un mejor estímulo para la jubilación docente, que el Estado garantice para el sector público los textos escolares, cuadernos y material didáctico, se logró eliminar la pretensión de crear el Instituto Superior de Pedagogía y finalmente se incorporó una transitoria para garantizar la remuneración de los docentes que perciben un ingreso superior a lo que determinará las escalas salariales que se crean para el magisterio.
Escala, insistió que durante el primer debate hará observaciones encaminadas a mejorar el proyecto de Educación Básica, ya que al momento existen artículos que deben ser reformados y en otros casos mejorar la redacción para que no exista interpretaciones de acuerdo a intereses.
Finalmente Jorge Escala, tras reconocer que existen importantes avances para el fortalecimiento del derecho a una educación de calidad, que se expresa fundamentalmente en la revalorización de la sacrificada labor docente a través de una nueva propuesta remunerativa, bandera de lucha de la UNE, señaló que apoya el informe de mayoría, dejando en claro el compromiso inclaudicable de velar por una educación de excelente calidad para los pueblos del Ecuador.

 

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Quito, Diciembre 01 de 2008.

MPD: Presupuesto  no puede aprobarse, al negar 557 millones a Educación y Salud se incumple la Constitución

El bloque del Movimiento Popular Democrático MPD, a través del Asambleísta Nacional Jorge Escala Zambrano, hizo público su posición de no aprobar las propuestas presupuestarias presentadas por el Ejecutivo, porque según afirmó “las proformas 2009 y 2010, y la planificación cuatrianual no se ajustan plenamente a los intereses de los sectores populares, incumplen los mandatos constitucionales y las leyes vigentes. No se garantiza el desarrollo nacional, la atención de las necesidades más urgentes de los ecuatorianos”

Escala expresó que las observaciones del MPD  en el tema presupuestario tienen que ver con la necesidad de cumplir la Constitución de Montecristi, de establecer adecuadamente las prioridades nacionales, de profundizar los cambios y no tienen nada que ver con las críticas de la derecha que anhela volver al pasado neoliberal. El asambleísta puntualizó las principales observaciones a la política presupuestaria del gobierno de Correa:

 

SOBRE LOS INGRESOS Y EL FINANCIAMIENTO.

 

SOBRE LA INVERSION SOCIAL
Las proformas incluyen en Educación a las universidades y a la cultura por lo que aparece con el  5.6% del Producto Interno Bruto estimado para este año., pero hay que recordar que el mandato constitucional habla del 6% del PIB para educación inicial, básica y bachillerato, que llegaría apenas para el 2010 a 3,7% del PIB.

 

Según el bloque del MPD en estas condiciones la Asamblea Nacional no puede aprobar la propuesta de Carondelet, por lo que si hay coherencia política con  los intereses de las mayorías,  las proformas deben ser observadas para que el gobierno las rectifique y cumple cabalmente  con la constitución y las leyes vigentes.

 

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Quito, Diciembre 09 de 2008.

MPD rechaza  allanamiento de los predios Universitarios por la Fuerza
Pública y exige  libertad de detenidos

Mediante oficio dirigido al presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, el asambleísta Jorge Escala, dio a conocer su profundo rechazo a la represión que la fuerza pública ejerció en contra de estudiantes,  docentes y  trabajadores  de la Universidad Central del Ecuador y de los colegios Odilo Aguilar y Manuel María Sánchez, quienes se encontraban junto al rectorado de la Universidad
Central, rechazando la actitud prepotente del Consejo Universitario al tratar de desconocer a las autoridades de la Facultad de Agronomía, Filosofía y los colegios antes indicados.

En medio de estas manifestaciones y con el afán de desprestigiar la acción democrática de emitir opiniones, de exigir el respeto a la voluntad de las mayorías,  indicó Escala,  un grupo de infiltrados,
desbordaron en actos violentos produciéndose el allanamiento de los predios universitarios por parte de la Fuerza Pública que degeneró en un enfrentamiento con agresiones y detenciones que afectaron a
estudiantes, docentes y trabajadores por parte de la policía nacional.

Esta violación a la autonomía aclaró el asambleísta, fue acompañada de insultos, golpes, bombas lacrimógenas, disparos,  y detenciones ilegales de los estudiantes Fernando Arguto, Erick Quishpe, Bayron Lema, Freddy Chango, Luis Centeno, Deysi Terán y Marcelo Rivera Presidentes de la FEUE Provincial de Pichincha y Nacional respectivamente,  llevándolos ilegalmente con rumbo desconocido sin que hasta el momento se conozca de sus paraderos.

Frente a estos actos ilegales y violación a la autonomía universitaria que transgrede a lo establecida en la Carta Magna en su artículo 355, donde se dispone la inviolabilidad de los recintos universitarios,
Jorge Escala  solicitó de Cordero, rechazar las violaciones constitucionales, como la autonomía universitaria, al debido proceso, al derecho a emitir opiniones y manifestaciones, así como de las
violaciones a los derechos humanos, por parte de agentes de la policía nacional, exigir el respeto al debido proceso, a las garantías básicas de los estudiantes privados ilegalmente de su libertad y finalmente, demandar de la autoridad competente que por ser  ilegales e inconstitucionales las detenciones, se ordene la inmediata libertad de los estudiantes indicados anteriormente, así como el respeto a su integridad física y psicológica.

Escala insistió que la autoridad de la Universidad Central, no puede actuar de manera dictatorial en la toma de decisiones tras indicar que la medida de rechazo de los estudiantes más no las agresiones como se pretende hacer ver ante la opinión pública, se debió también al cobro excesivo de aranceles y créditos universitarios lo que contraviene el principio constitucional de la gratuidad de la enseñanza

 

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Quito, Diciembre10 de 2008.

Criterios de la Bancada Plurinacional, Progresista de Izquierda respecto de la Ley Orgánica de Comunicación

 

Introducción.

Mucho se habla de la libertad de expresión, derecho irrestricto de todos los ciudadanos y ciudadanas. Pero la libertad de expresión incluye no solamente el derecho a recibir información verificada y plural, sino igualmente el derecho a informar y opinar a través de medios propios. Este derecho hasta ahora ha sido privilegio de los grandes empresarios. Es el momento de democratizar el derecho a la comunicación.

Necesidad de una Ley para ejercer el derecho a la Comunicación
El derecho humano y universal a la comunicación exige una ley auténticamente democrática, que garantice la libertad de expresión, de informar e informarse libre y transparentemente.
Esta ley debe garantizar el acceso y uso de las tecnologías de la información y comunicación actuales y futuras, que incluyen frecuencias digitales.

Esta ley debe garantizar la inclusión social, la participación directa, amplia y democrática, el pluralismo, la diversidad cultural, ideológica y política de la sociedad ecuatoriana.

Lo que debe contener la Ley de Comunicación

En concordancia a lo que establece el numeral 3 del artículo 16, que se refiere de manera expresa al derecho que tenemos las y los ecuatorianos a: “la creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas”, la ley debería, en los hechos, prohibir los monopolios de los medios de comunicación, y permitir un acceso en igualdad de condiciones para los tres tipos de medios que el mencionado artículo establece, es decir: medios públicos, privados y comunitarios.
Por ello proponemos que la ley establezca la democratización del espectro radioeléctrico con la siguiente distribución porcentual:
33.3% para medios privados
33.3% para medios públicos
33.3% para medios comunitarios

¿Y a quiénes deben ir las frecuencias?
POPONEMOS Que en un plazo no mayor a 180 días a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, las frecuencias actualmente concesionadas se reviertan al Estado para su posterior redistribución, de acuerdo a lo establecido en el artículo 17, numeral 1 de la Constitución, y en la presente propuesta.
Debe prevalecer el interés colectivo, de acuerdo a criterios de territorialidad, proporcionalidad y priorizando a las organizaciones sociales y populares más representativas del país, así como a colectivos ciudadanos que trabajan por el desarrollo de los pueblos y nacionalidades.
Medios públicos. “Son personas jurídicas de derecho público, cuya titularidad es estatal y por lo tanto pertenecen a la sociedad ecuatoriana, en sus diversas expresiones culturales, ideológicas y políticas.
Dentro del 33,3% que correspondería a los medios públicos, la redistribución se debe realizar de manera equitativa, de la siguiente manera:

Los pueblos y nacionalidades deben recibir una cuota de frecuencias significativa para hacer efectiva la plurinacionalidad y la interculturalidad. El acceso a este tipo de medios debe ser equitativo y plural.
Medios comunitarios. Los medios comunitarios deben ser la expresión de la democratización de la comunicación, es decir, deben estar en manos de los pueblos y nacionalidades; y de las organizaciones sociales y populares. Deben ser los canales amplificadores de las demandas, propuestas y luchas de los pueblos, así como expresión de sus culturas e identidades diversas.
2. Prohibición de monopolios y oligopolios.

Actualmente, el espectro radioeléctrico está “privatizado”. Más del 90% de las frecuencias está en manos de empresas privadas con fines de lucro.         

Para lograr una desconcentración de frecuencias, la Ley solamente autorizará a los concesionarios una frecuencia matriz de radio en AM, una en FM, una en OC y una de televisión abierta o por suscripción por concesionario, sea persona natural o jurídica.

En concordancia con el artículo 17, numeral tercero, se prohíbe toda forma de monopolio y oligopolio directo e indirecto. Se sancionará drásticamente toda forma de testaferrismo en la concesión de frecuencias.

Las concesiones para repetidoras se realizarán una vez atendidas las solicitudes locales para la concesión de frecuencias matrices.

Los grupos financieros no podrán ser concesionarios.

Los extranjeros residentes en el Ecuador podrán tener solo hasta el 25% del capital accionario de un solo medio de comunicación.

Las frecuencias son intransferibles y su uso no puede ser alquilado.

La actual Ley de Radio y Televisión deberá ser derogada una vez aprobada la Ley de Comunicación.

3- Acceso universal a las nuevas tecnologías.

La Ley debe garantizar el acceso universal y de bajo costo a las tecnologías de información y comunicación, tanto análogas como digitales; telefonía fija, inalámbrica, móvil, internet y otras que se crearen, con conectividad de banda ancha, entre otras formas, mediante la instalación de telecentros a nivel nacional.

El Estado promoverá la creación de espacios públicos para el acceso gratuito a la web en todo el territorio nacional ecuatoriano, para lo cual garantizará y proveerá de la infraestructura necesaria. Las universidades, escuelas politécnicas, escuelas y colegios públicos, tendrán acceso gratuito.

Las empresas concesionarias (Porta, Movistar y las que se pudieran constituir) asumirán los costos de instalación en proporción al número total de sus abonados. Deberán ampliar su cobertura, de manera integral a todo el territorio nacional, y cumplir su función social y ambiental.

Las tarifas de este servicio serán establecidas por el Estado con criterio de servicio social.

4- Regulación y distribución equitativa de la publicidad estatal.

Tanto la producción estatal de contenidos publicitarios como el pautaje de los mismos deben transparentarse en el Sistema Nacional de Contratación y Compras Públicas, y debe repartirse equitativamente entre los medios públicos, privados y comunitarios en todo el territorio nacional.

La publicidad Estatal no debe hacer alusión ni a símbolos ni a personas que promocionen directa o indirectamente al movimiento o partido político del gobierno de turno. Y de ninguna manera se utilizará para injuriar y atacar la honra de las personas.

 

5- Producción plurinacional y local.

La Ley debe asegurar la diversidad ideológica, cultural, lingüística, política, así como criterios de pluralidad de información, opinión y de identidades en los contenidos de los medios de comunicación. Se cuidará que estos contenidos promuevan el conocimiento científico y valores como la solidaridad, el respeto hacia la integridad personal, el patriotismo y una práctica genuina de interculturalidad.

Para ello, deben establecerse cuotas de producción nacional y local. Éstas deben ser de, al menos, un 50% de producción propia en radio, televisión abierta, medios impresos y toda otra forma de medios de comunicación.

Deben preverse espacios para la producción nacional independiente, tomando en cuenta los diferentes idiomas y culturas del Ecuador.

El 50% de la música emitida en los medios de comunicación deberá ser de autores e intérpretes nacionales.

6. Derechos, deberes y responsabilidades de los comunicadores sociales
Estamos de acuerdo con que exista un control sobre los contenidos de los medios, siempre en función de la protección de los derechos de los pueblos a informarse sin distorsiones ni manipulaciones. No pueden permitirse entonces contenidos, tanto periodísticos como publicitarios o de entretenimiento que vayan en contra de la dignidad de las personas, en contra de su salud psíquica, contra sus identidades y culturas.
Sin embargo, es fundamental que se diferencie la actividad comunicacional que desarrollan los tres tipos de medios. Cada uno tiene un origen y propósito diferente. No se puede valorar los contenidos de los medios comunitarios con los mismos parámetros con los que se valora a los medios privados.
Los medios privados funcionan como un negocio, bajo las lógicas del mercado de la información, es decir, de la venta de información y la competencia en ese plano. Por ello presentan sus noticias como si fueran imparciales, veraces y plurales, conceptos que no se cumplen, pero que les permite vender sus mensajes y persuadir con sus ideas.
En este sentido, sí conviene que a ellos se les establezca parámetros como el de la verificación de la información, la contrastación de fuentes, la diversidad o pluralidad de esas fuentes, entre otras, y que precisamente con esas valoraciones se establezcan sanciones. Pero estos parámetros no pueden funcionar para medios que son de organizaciones populares, o colectivos ciudadanos que tienen intereses específicos y expresos a la hora de crear un medio, y que no van por el lado comercial o empresarial, sino de reivindicación social.

7- El Consejo democrático y participativo de la Comunicación.

Debe existir un Consejo de Comunicación que no sea adscrito al Ejecutivo y que, de acuerdo a los artículos 10, 57 numeral 16, 85 inciso final, 95, 96, 100, 242 de la Constitución, sea esencialmente participativo, plural, democrático y con poder de decisión.

Entre sus funciones estará, principalmente, la definición de las políticas públicas de comunicación, su ejecución, evaluación y control, así como el establecimiento de sanciones por las infracciones que se cometieran, conforme lo determina la presente ley y su reglamento. Así mismo, este organismo tendrá a su cargo la asignación y/o reversión de las frecuencias radioeléctricas.

8. Integración del Consejo Democrático y Participativo de la comunicación

Estará integrado por:

 

7- No precarización de los trabajadores y trabajadoras de los medios.

En cumplimiento del artículo 325 de la Constitución, se garantiza el derecho al trabajo a quienes laboran en los medios públicos y privados; y a la libertad de organización, en pos de la defensa de sus derechos colectivos de conformidad con el artículo 326, numeral 7 de la Constitución.

Actualmente, los trabajadores y trabajadoras de los medios tienen precarios salarios y condiciones laborales. A través de la Ley y los sindicatos, se protegerán sus derechos.

8. Profesionalización de los comunicadores.

El Estado y las empresas de comunicación favorecerán la capacitación y profesionalización de comunicadores y periodistas. Pero el título profesional nunca será una condición para el ejercicio de la comunicación a través de cualquier medio y en cualquier ámbito del ejercicio comunicacional.
  
Finalmente, la Asamblea debe promover un gran debate nacional entre los diversos actores sociales de la comunicación para lograr consensos sobre un asunto de tanta relevancia para la ciudadanía.
Exigimos el establecimiento de responsabilidades civiles y penales y sus respectivas sanciones, fundamentadas en el Informe de Auditoria de las Frecuencias, elaborado por la Comisión nombrada para el efecto.
Sugerimos incorporar la siguiente transitoria:
DISPOSICIÓN TRANSITORIA. Los medios de comunicación que fueron incautados deben pasar a la administración de las ocho universidades públicas más grandes que tengan Facultades de Comunicación Social y al movimiento indígena organizado.

Por la Bancada Plurinacional, Progresista de Izquierda.

 

JORGE ESCALA	KLEVER JIMENEZ
LOURDES TIBÁN	RAMIRO TERÁN
DIANA ATAMAINT	GERÓNIMO YANTALEMA
LÍNDER ALTAFUYA	MAGALY ORELLANA
FRANCISCO ULLOA	MARÍA MOLINA

 

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Quito, Diciembre10 de 2008.

Bancada plurinacional progresista de Izquierda define posición frente a Ley Orgánica de Comunicación

 

“La libertad de expresión incluye no solamente el derecho a recibir información verificada y plural, sino igualmente el derecho a informar y opinar a través de medios propios”, es el criterio de los asambleístas de la Bancada Plurinacional Progresista de Izquierda, Jorge Escala, Cléver Jiménez, Lourdes Tibán, Ramiro Terán, Diana Atamaint, Gerónimo Yantalema, Linder Altafuya, Magali Orellana, Francisco Ulloa, y María Molina; además que “este derecho hasta ahora ha sido privilegio de los grandes empresarios”, y que, “es el momento de democratizar el derecho a la comunicación”. La Bancada PlurinacionaL, Progresista de Izquierda definió los puntos que debe contener la Ley de Comunicación:

Democratizació n de la comunicación, ajustada a la Constitución de la República y los instrumentos internacionales, considerando el acceso en igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. Por lo que plantean que la ley determine la distribución del espectro radioeléctrico en tres partes con igual distribución porcentual del 33,3 por ciento, para medios privados, públicos y comunitarios.

Que en un plazo no mayor a 180 días a partir de la vigencia de la presente ley, las frecuencias actualmente concesionadas se revertirán al Estado para su posterior redistribució n. Los medios públicos deberán redistribuir las frecuencias para: las cinco funciones del Estado, los gobiernos autónomos descentralizados, y, las universidades y escuelas politécnicas públicas.

Prohibición de monopolios y oligopolios, considerando que actualmente, el espacio radioeléctrico está “privatizado”, más del 90% de las frecuencias está en manos de empresas privadas con fines de lucro. Para lograr una desconcentració n de frecuencias, la ley solamente autorizará a los concesionarios una frecuencia matriz de radio AM, una en FM, una en OC y una de televisión abierta o suscripción por concesionario, sea persona natural o jurídica.

Acceso universal a las nuevas tecnologías, la ley debe garantizar el acceso universal y de bajo costo a las tecnologías de información y comunicación, tanto análogas como digitales; telefonía fija, inalámbrica, móvil, internet y otras que se crearen, con conectividad de banda ancha entre otras formas, mediante la instalación de telecentros a nivel nacional.

Regulación y distribución equitativa de la publicidad estatal, tanto la producción estatal de contenidos publicitarios como el pautaje de los mismos deben transparentarse en el Sistema Nacional de Contratación y Compras Públicas, y debe repartirse equitativamente entre los medios públicos, privados y comunitarios en todo el territorio nacional.

Otros puntos de importancia son: la producción plurinacional y local. Derechos, deberes y responsabilidades de los comunicadores sociales. El Consejo Democrático Participativo de la Comunicación. No precarización de los trabajadores de los medios. Profesionalizació n de los comunicadores.

Finalmente plantea la integración del Consejo Democrático Participativo de la Comunicación con representantes de: Ejecutivo, gobiernos autónomos, universidades y escuelas politécnicas, del sector empresarial, de la ciudadanía, de las nacionalidades e indígenas, centrales sindicales, maestros y estudiantes.

 

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Quito, Diciembre 16 de 2009.

Bloque del MPD ratifica en la Asamblea Nacional equiparación salarial digna para el Magisterio

 

Los Asambleístas del MPD, a través de Mery Zamora, reivindicaron los avances de la nueva Ley Orgánica de Educación General, que contempla la propuesta de educación emancipadora, la educación bilingüe como sistema, la integración de la Institución Pública de Evaluación del Sistema Educativo, la exoneración del pago de servicios básicos en las instituciones educativas y el reconocimiento  de los educadores populares,  madres comunitarias en la 1era. categoría, cumplimiento de la transitoria XXI de un incentivo  digno de la jubilación.

La Ley contempla 10 categorías distintas a las 4 y 6 categorías  propuestas por el Gobierno Nacional y Ministerio de Educación antes del Paro. Sin embargo, ratificamos nuestra oposición a la eliminación de la Ley de Carrera Docente y Escalafón  del Magisterio Nacional.

El 16 de diciembre a partir de  las 7 horas, los maestros del país estarán presentes en  la Asamblea Nacional en el  1er Debate  de la Ley Orgánica de Educación General.

La Asambleísta Mery Zamora expuso ejemplos de la manera como se perjudica a los docentes con la ubicación en la nueva escala salarial y adicionalmente informó la propuesta de la Unión Nacional de Educadores.

 

CATEGORÍA	AÑOS DE SERVICIO	SUELDO ACTUAL	EQUIPARACIÓN  SEGÚN COMISIÓN DE EDUCACIÓN	INCREMENTO SALARIAL  SEGÚN COMISIÓN DE EDUCACIÓN	APORTE AL IESS 11.35 DEL 100% DEL SUELDO	SUELDO A PERCIBIR
10ma +2 adicional	29 años	$ 235,79 Básico $   94,32 Funcio $    66,02 Adic $ 294,87 Antig $   98,76  Bonos $ 789,76 TOTAL 64,77  IESS $ 724,99  EFEC	$ 819,00	$ 29,24	$ 133,9	$ 819,00 133,9 $  685,1 EFEC Se reduce en $39,8

 

 

ESCALA SALARIAL COMPARATIVA COMISIÓN DE EDUCACIÓN / UNIÓN NACIONAL DE EDUCADORES
CRITERIOS	UBICACIÓN NUEVO ESCALAFON		EQUIPARACION	SUELDO MENSUAL A PERCIBIR	COMISION DE EDUCACION UNE
Docentes sin titulo	CATEGORIA 1		SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	$ 478	COMISION DE EDUCACION
Madres comunitarias, educadores populares.	CATEGORIA 1		SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1	$ 478	UNE
Docentes fiscales con título de profesor	CATEGORIA 2		SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3	$ 612	COMISION DE EDUCACION
Profesores ISPED y Profesores de Educación Media	CATEGORIA 2		SERVIDOR PÚBLICO 1	$ 741	UNE
Docentes  con sueldo mensual unificado de $612 a $667	CATEGORIA 3		SERVIDOR PÚBLICO  DE APOYO 4	$667	COMISION DE EDUCACION
De ascenso de la segunda	CATEGORIA 3		SERVIDOR PÚBLICO 2	$ 819	UNE
Docentes con título de licenciado  sueldo unificado menor a $741 dólares.	CATEGORIA 4		SERVIDOR PÚBLICO 1	$741	COMISION DE EDUCACION
Licenciado/ Ciencias de la Educación, otros profesionales  con postgrado en docencia	CATEGORIA 4		SERVIDOR PÚBLICO 3	$ 897	UNE
Docentes con sueldo mensual unificado entre $742 y $819 USD.		CATEGORIA 5	SERVIDOR PÚBLICO 2	$ 819	COMISION DE EDUCACION
Ascenso de la 4ta		CATEGORIA 5	SERVIDOR PÚBLICO 4	$ 987	UNE
Docentes con sueldos mensual unificados entre $820 y $897 USD		CATEGORIA 6	SERVIDOR PÚBLICO 3	$ 897	COMISION DE EDUCACION
Ascenso de la 5ta		CATEGORIA 6	SERVIDOR PÚBLICO 5	$ 1.102	UNE
Docentes con sueldo mensual unificado entre $898 y $987 USD		CATEGORIA 7	SERVIDOR PÚBLICO 4	$ 987	COMISION DE EDUCACION
Ascenso de la 6ta-		CATEGORIA 7	SERVIDOR PÚBLICO 6	$ 1.286	UNE
Docentes con sueldo mensual unificado entre $988 y $ 1102 USD		CATEGORIA 8	SERVIDOR PÚBLICO 5	$ 1.102	COMISION DE EDUCACION
Ascenso de la 7ma		CATEGORIA 8	SERVIDOR PÚBLICO 7	$ 1.523	UNE
Docentes con sueldo mensual unificado entre  $1103 y $1286 USD		CATEGORIA 9	SERVIDOR PÚBLICO 6	$ 1286	COMISION DE EDUCACION
Ascenso de la 8va, Maestría en Educación-adicional publicación		CATEGORIA 9	SERVIDOR PÚBLICO 8	$ 1.600	UNE
Docentes con un sueldo mensual unificado entre $1287n y $1523 USD		CATEGORIA 10	SERVIDOR PÚBLICO  7	$ 1523	COMISION DE EDUCACION
Ascenso de la 9na.		CATEGORIA 10	SERVIDOR PÚBLICO 9	$ 1.850	UNE

 

ESCALA SALARIAL UNION NACIONAL DE EDUCADORES

SUELDO MENSUAL UNFIICADO + EL 2% DE ANTIGUEDAD  + BONO DE FRONTERA, AMAZONICO, INSULAR Y DE DIFICIL ACCESO.
ANTIGUEDAD * 2% de $741 (Servidor público 1) X  ANOS DE SERVICIO BONO DE FRONTERA, AMAZONICO, INSULAR Y DE DIFICIL ACCESO  EQUIVALENTE AL 60% DEL SALARIO BASICO UNIFICADO

 

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Quito, Diciembre 17 de 2009.

Bancada de Izquierda logra introducir en el Proyecto de ley de Comunicación la reversión de frecuencias

 

Durante la reunión que mantuvieron este jueves los jefes de bloque con la Comisión de Comunicación, la bancada de Izquierda que la integra el Movimiento Popular Democrático y Pachacutik lograron que se tome en cuenta la reversión de frecuencias.
Precisamente según Jorge Escala coordinador de bancada y Lourdes Tibán miembro de la comisión, en el punto sexto del documento firmado por los jefes de bloque de las diferentes bancada se expresa claramente que: " se debe desarrollar la normativa en cuanto a la prohibición de la concentración de medios, monopolios y oligopolios, y la democratización de la comunicación, así como regular la redistribución de las concesiones del espectro radioeléctrico en igualdad de condiciones entre los medios públicos, privados y comunitarios y el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación."
"El Estado revertirá y distribuirá todas las frecuencias otorgadas mediante concesiones ilegales e ilegítimas, previo informe de las autoridades competentes"
La bancada de Izquierda como se recuerda planteó la distribución del espectro radioeléctrico en tres partes con igual distribución porcentual del 33.3 por ciento, para medios privados, públicos y comunitarios, también se propuso la prohibición de monopolios y oligopólicos, considerando que actualmente, el espectro radioeléctrico está privatizado "Más del 90% de las frecuencias está en manos de empresas privadas con fines de lucro y para lograr una desconcentración de frecuencias, la Ley solamente deberá autorizar a los concesionarios una frecuencia matriz de radio en AM, una en FM, una en OC y una de televisión abierta o por suscripción por concesionario, sea persona natural o jurídica"  insistió.
Argumentó que existen algunos aspectos que durante el debate deberán ser incorporados como la revalorización de la actividad periodística sin que ello implique la profesionalización como exigencia para realizar este trabajo así como también la regularización de los contenidos y contratación de la publicidad Estatal y las cadenas de gobierno, sin embargo adelantó que es un avance que el bloque de país acceda a la reversión de frecuencias que fueron entregadas ilegal e ilegitimamente; pero enfatizó que para una verdadera democratización de los medios, la reversión deberá ser sobre la totalidad de frecuencias, para redistribuirlas a través de parámetros que garanticen la participación de organizaciones sociales, populares y colectivos ciudadanos históricamente excluidos.

 

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Quito, Diciembre 21 de 2009.

MPD presentó proyecto “salario de la dignidad”

 

Línder Altafuya, asambleísta del MPD,  presentó al Consejo de Administración Legislativa un proyecto de Ley denominado “salario de la dignidad”, que establece que desde el 1 de enero del 2010 se elevará el salario básico a 320 dólares.
"Debe reconocérsele al trabajador, tal como dice la Constitución hasta el monto de la canasta básica que en estos momentos como todos conocemos está por los 522 dólares”, señaló Altafuya.
El proyecto mencionado tiene el respaldo de las distintas centrales de trabajadores como la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Libres Sindicales (CEOLS), según lo dio a conocer el dirigente Eduardo Cumbe.
Por su parte, el presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE), Nelson Erazo, señaló que el proyecto permitirá mejorar las condiciones de vida del sector laboral en el futuro.
“En este proyecto también recoge el hecho de que se prohíbe a los empresarios, tanto públicos como privados a despedir de los puestos de trabajo a los obreros”, destacó.
Una de las transitorias del denominado proyecto salario de la dignidad establece que la normativa tendrá carácter retroactiva, así lo detalló CRE Satelital.

 

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Quito, Diciembre 28 de 2009.

MPD y Pachacutik presentan proyecto de resolución condenando actitud de la Superintendencia de Telecomunicaciones en contra de Medios de Comunicación

La bancada de izquierda, a través de su coordinador Jorge Escala, solicitará  al Pleno de la Asamblea durante la sesión de este martes, se proceda al cambio del orden del día con el propósito de tratar un proyecto de resolución a través del cual se rechaza la decisión adoptada por la Superintendencia de Telecomunicaciones que provocó la suspensión de 3 días del canal Teleamazonas y la terminación del contrato de concesión de frecuencia de Radio Arutam.
La resolución 440-16-CONATEL-2009 en la que se decreta la terminación de contrato de concesión de la frecuencia a la Radio “La Voz de Arutam” demuestra la represión de que son victimas los Pueblos del  Ecuador y en particular el pueblo Shuar, es una clara violación al  Art. 57 numerales 15 y 21 de la Constitución establece que es deber del Estado garantizar los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas relacionados a todas su formas de expresión y organización, a su dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones se reflejen en la creación de sus propios medios de comunicación social en sus idiomas y el acceso a los demás sin discriminación alguna. 
La espuria resolución busca sancionar la protesta indígena y de la UNE realizada en octubre pasado; donde fue asesinado el profesor bilingüe Bosco Wisuma por defender los recursos naturales y luchar por los derechos del magisterio y la educación, por lo que la iniciativa de la bancada de izquierda busca demandar del Consejo Nacional de Telecomunicaciones dejar sin efecto dicha resolución por ser una medida que atenta a los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades y a la libertad de expresión garantizados en la Carta Magna, aseveró el Asambleísta Nacional.
Escala enfatizó  que el art 76 literal l) señala que Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se consideraran nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados.
Argumentó  que es necesario que se democraticen los medios de comunicación para garantizar un acceso equitativo y un ejercicio pleno de la libertad de expresión, que incluye no solamente el derecho a recibir información verificada y plural, sino igualmente el derecho a informar y opinar a través de medios propios.
Finalmente sostuvo que es deber del Estado garantizar la inclusión social, la participación directa, amplia y democrática, el pluralismo, la diversidad cultural, ideológica y política de la sociedad ecuatoriana permitiendo el acceso en igualdad de condiciones para los medios públicos, privados y comunitarios.

 

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Quito, Enero 14 de 2010.

Correa atenta a la Biodiversidad y a la vida al boicotear acuerdo sobre iniciativa Yasuní ITT denuncia Bancada de Izquierda

La bancada de izquierda conformada por MPD y Pachacutik a través de la asambleísta Maria Molina, rechazó la actitud del gobierno de Rafael Correa de boicotear el preacuerdo de fidecomiso con el PNUD sobre la iniciativa Yasuní ITT.
Molina señaló que inmediatamente solicitará a través de la Comisión de Biodiversidad la comparecencia de Fander Falconí y Roque Sevilla, para que expliquen si los motivos por los cuales renunciaron a sus cargos tienen que ver con este tema.
“’Estas negociaciones se constituían en un mecanismo de vital importancia no solo para el país sino para el planeta; no podemos claudicar en la lucha contra el calentamiento climático, la criminal emisión de CO2, la deforestación, la contaminación del suelo y prohibirnos el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de nuestra región” insistió Molina al tiempo de señalar que las transnacionales petroleras buscan saquear el petróleo para afectar a la biodiversidad y la vida.
Un sector del gobierno recalcó, se muestra conservacionista y otro está desesperado por los dineros de las transnacionales, un claro ejemplo de aquello dijo se evidencio en la reciente gira que efectúo el régimen, mientras en Inglaterra hablaron de conservar el crudo del ITT, en Rusia negociaron el bloque 31 que se encuentra dentro del Parque Nacional Yasuní.
Añadió que el pasado 8 de diciembre, la Asamblea Nacional aprobó una resolución a través de la cual a parte de apoyar todos los esfuerzos que realice el gobierno para impulsar la iniciativa ITT se exhortó a la comunidad internacional, a las organizaciones de la sociedad civil, a las empresas con responsabilidad social y ambiental y en general a todas las ciudades del mundo a contribuir con el Fondo Fiduciario Internacional que se cree para el mantenimiento bajo tierra de las reservas del campo ITT. “ Este proyecto de Resolución debe ser respetado y la Asamblea debe insistir en su decisión de apoyar las negociaciones que en esta materia se venían realizando” dijo Molina.
Finalmente agregó que a partir de hoy se convocará a maestros, campesinos, trabajadores, organizaciones sociales, indígenas y más a realizar foros y debates que conlleven a movilizaciones para defender la naturaleza, la biodiversidad y la vida.

 

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Quito, Enero 15 de 2010.

Pleno de la Asamblea aprueba Proyecto de resolución del MPD en el cual se exhorta al Gobierno a retomar las negociaciones en el caso ITT

El Pleno de la Asamblea Nacional, con 74 votos a favor, uno blanco y cuatro abstenciones, aprobó el proyecto de Resolución presentado por el Movimiento Popular Democrático a través del cual se exhorta al presidente de la República retome el pre acuerdo de fidecomiso con el PNUD sobre la iniciativa Yasuní ITT.
La iniciativa presentada por el MPD y aprobada por el Pleno de la Asamblea va en la línea del proyecto de Resolución aprobado el pasado 8 de diciembre por la Función Legislativa en el cual el Pleno exhortó a la comunidad internacional, a las organizaciones de la sociedad civil, a las empresas con responsabilidad social y ambiental y en general a todos los ciudadanos del mundo a contribuir con el Fondo Fiduciario Internacional que se cree para el mantenimiento bajo tierra de las reservas del campo ITT.
Durante el debate, el asambleísta Jorge Escala, aseguró que la decisión de suspender las negociaciones, en los hechos, significa un atentado al equilibrio ambiental y a la vida, agregando que el Yasuní, según científicos de todo el mundo, es la zona de mayor biodiversidad del planeta, mientras la UNESCO, la cataloga como la reserva mundial de la biosfera, pues solo en una hectárea del parque ecológico se han encontrado 644 especies de árboles.
Agregó que los impactos que se preveen con la explotación petrolera son la contaminación, deforestación, destrucción del tejido social, extinción de culturas, por tanto, es necesario precautelar la vida de las comunidades ancestrales en aislamiento voluntario Tagaeri y Taromenane, así como de toda la megabiodiversidad que allí se encuentra,
Escala insistió que ante el cambio climático es fundamental impulsar iniciativas ambientales a fin de reducir los impactos ambientales que traen consigo consecuencias desastrosas para los ecosistemas y los pueblos
Finalmente Jorge Escala recordó que es deber del Estado asegurar la intangibilidad de las aéreas naturales protegidas, garantizando la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas de los ecosistemas.

 

Ver Proyecto de Resolución

 

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Quito, Enero 19 de 2010.

Bloque del MPD rechaza resolución de Conjueces en caso Filanbanco

El Bloque Parlamentario del MPD, a través del asambleísta Ramiro Terán, rechazó el fallo de los Conjueces de la Primera Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, quienes cambiaron la figura del delito de peculado bancario, imputado a los hermanos Isaías, por el de falsificación de documentos, dejando en la impunidad este caso que afectó a miles de ecuatorianos
 El asambleísta imbabureño, señaló que el 5 de Marzo de 1999 el Presiente de la República de ese entonces Jamil Mahuad decretó un feriado bancario que derivó en el congelamiento de los ahorros de todos los ecuatorianos y posteriormente en la desaparición de nuestra moneda nacional “el sucre”, hecho funesto que trajo como consencuencia el robo de los dineros de los depositantes, la muerte de muchos de ellos y la migración de nuestros compatriotas víctmas de las pérdida de todos sus ahorros.
 Ante el dictámen del 19 de enero del 2009, emitida por los Conjueces de la Primera Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, señores: Walter Mazzini, Mario Rojas y Edwin Salazar, en el que cambian la figura de peculado por falsificación de documentos, dejando en la impunidad uno de los atracos más grandes de la historia, poniendo en riesgo incluso el proceso de extradición que se encuentra en marcha en contra de los Hermanos Isaías. Terán señaló que se presentará un proyecto de resolución para ademas de rechazar dicho fallo, exhortar al Consejo Nacional de la Judicatura a investigar la actuación de los Magistrados y exhortar al Ministerio Fiscal de la Nación ha presentar una Acción Extraordinaria de Protección ante la Corte Constitucional a fin de salvaguardar los intereses de los perjudicados en este caso.
 El Bloque del MPD, manifestó que estos hechos no pueden quedar en la impunidad y que se hace necesario un pronunciamiento de la Asamblea Nacional para que se inste a los organismos correspondientes a investigar y sancionar a quienes pretenden afectar no solo a miles de depositantes sino al Estado ecuatoriano.

 

 

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Quito, Enero 20 de 2010.

Gobierno de la Revolución Ciudadana incumple con la Educación Superior señala Francisco Ulloa

El asambleísta Francisco Ulloa, cuestionó en duros términos  los incumplimientos  que el régimen mantiene con el sistema de educación superior correspondiente al 2008.

Señaló por ejemplo que, de las informaciones proporcionadas por el CONESUP, según oficio 1143 CONESUP.PR del 16 de noviembre de 2009, firmado por el Dr. Gustavo Vega,  la deuda que mantiene el Gobierno de la Revolución Ciudadana a través del Ministerio de Finanzas, hasta el 10 de noviembre de 2009 ascendía a 121`417.718,25 USD, por concepto de reliquidación de IVA  e Impuesto a la Renta del 2008 incluido gratuidad educativa que ascienden a  19`460.573,29 USD, donaciones del Impuesto a la Renta por 8`407.311,13 USD y gasto corriente por 5´434.070,44 USD.

Resulta extraño señaló Ulloa, que hasta noviembre de 2009 se mantenga una deuda con el sistema universitario cuando la Constitución de la República en su Art. 348 tercer inciso señala textualmente, “La falta de transferencia de recursos en las condiciones señaladas será sancionada con la destitución de la autoridad y de las servidoras y servidores públicos remisos de su obligación”.  Las condiciones señaladas básicamente se refieren a que “la educación pública será gratuita y el Estado la financiará de manera oportuna, regular y suficiente”, manifestó Ulloa. 

"Hoy el gobierno tiene pendiente una nueva deuda correspondiente al 2009 por concepto del IVA  e impuesto a la renta que según datos del CONESUP que sobrepasan los 106 millones de dólares". Además, resaltó que no se puede hablar de excelencia educativa e investigación cuando desde el régimen no existe la voluntad política para entregar los recursos que son de las universidades.

 

 

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Quito, Enero 20 de 2010.

Movimiento Popular Democrático Pide Prisión para conjueces en el caso Filanbanco

 

En representación del Movimiento Popular Democrático, el asambleísta Ramiro Terán concurrió a la Fiscalia General del Estado, para  presentar ante el Fiscal, una denuncia penal  por prevaricato según lo determina el artículo 277 numerales 1 y 3 del Código Penal  en contra de los conjueces Walter Mazzini, Mario Rojas y Edwin Salazar, quienes cambiaron el delito de peculado por el de falsificación de documentos en el caso Filanbanco. En la denuncia se solicita prisión preventiva, prohibición de salir del país y prohibición de enajenar los bienes de los conjueces.

Terán indicó que actitudes como estas causa rechazo de la sociedad ante el poder judicial quienes,  refiriéndose a  los conjueces de la Primera Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, tratan de   encubrir un atraco  bancario que soportó miles de familias ecuatorianas y provocó que recursos del Estado financien negocios de la familia Isaias

Terán,advirtió que se esta fraguando un nuevo atraco bancario contra los dineros del pueblo ecuatoriano al reducir la deuda del grupo Isaías  de 1100 millones a 777 millones de dólares, por lom cual  exigirá explicaciones a la Junta Bancaria a los responsables de la extinta AGD sobre  la deuda real de Filanbanco, como se fijo el monto, intereses que se cobran y se aclare el papel jugado por el señor  Pedro Miguel Delgado, primo del presidente de la República, quien viene negociando en  Miami,  con los hermanos Isaías a nombre del estado ecuatoriano.

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Quito, Enero 21 de 2010.

Escala denuncia que informe del CONEA fue manipulado políticamente en contra de las Universidades del País

 

EL Asambleísta del MPD, Jorge Escala, sostuvo que luego de la presencia de los delegados de las 26 Universidades mencionadas como de categoría E, en la Comisión de Educación ,Cultura , Ciencia y Tecnología, el miércoles 20 de enero, quedó demostrado que el informe presentado por el Presidente del CONEA, para cumplir con el Mandato 14, no fue concebido técnicamente, si no que se lo utilizó políticamente para desprestigiar a las Universidades en su lucha contra del Proyecto de Ley de Educación Superior gobiernista, que atenta en contra de la Autonomía Universitaria.
Escala sostuvo que el informe del CONEA, presenta serias deficiencias técnicas, administrativas y legales y que este fue presentado a título personal por su Presidente, Dr. Arturo Villavicencio, sin que el Consejo apruebe: la metodología, los estándares e indicadores, el nombre de los evaluadores, ni el mismo informe.
El Asambleísta agregó que es partidario de la evaluación con la finalidad que las Universidades mejoren su nivel académico y rindan cuentas a la sociedad, pero que no puede aceptar que el Presidente de un organismo técnico como el CONEA, se haya prestado irresponsablemente al juego del Gobierno para desacreditar a la Universidad Ecuatoriana, perjudicando a los jóvenes que estudian en esos Centros de Educación Superior. Escala señaló que por esta razón ha propuesto en la Comisión que se archive el informe y se aplique la Transitoria Vigésima de la Constitución, que plantea que las Universidades y Escuelas Politécnicas tienen un plazo de 5 años para acreditarse.

 

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Quito, Enero 26 de 2010.

MPD acusa a Alexis Mera de rebajar la deuda de los Isaías con el estado

 

La bancada de izquierda MPD-PK, a través del Asambleísta Linder Altafuya, denunció al país que se pretende rebajar el monto de la deuda del grupo Isaías por el caso Filanbanco, perjudicando al Estado en al menos 323 millones de dólares, lo cual sería un nuevo atraco bancario con la complicidad de altas autoridades.
Para Linder Altafuya resulta decidor que al final de sus días la ex AGD, haya fijado en apenas 777 millones la deuda de Filanbanco cuando según Carlos Bravo ex gerente de la AGD y Jorge Rodríguez ex presidente de la Comisión Anticorrupción sostienen que la deuda con intereses incluidos sería de 1100 millones.
El asambleísta del MPD responsabilizó a Alexis Mera de incidir al más alto nivel del gobierno, la junta bancaria y la AGD para consumar este hecho. Altafuya recordó que Xavier Castro, abogado de los Isaias y el asesor jurídico de la Presidencia, Alexis Mera son viejos amigos, juntos fueron asesores del presidente de la Corte Suprema de Justicia, juntos en el año 2001 estuvieron al frente de la empresa de consultoría LATINACCESS, representante en Ecuador de la norteamericana DSFX. Pese a lo cual el Presidente nombró a Alexis Mera y a su primo Pedro Delgado para que negocien la deuda de los hermanos Isaías. Los resultados están a la vista.
Finalmente la bancada MPD- PK anunció que pedirán a la Superintendencia de Bancos, Junta Bancaria y responsables de la extinta AGD expliquen como establecieron el monto de la deuda de los ex accionistas de Filanbanco, como se calcularon los intereses.

 

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Quito, Enero 27 de 2010.

Asamblea Nacional aprueba Proyecto de Resolución presentado por el MPD rechazando actitud de conjueces en el caso Filanbanco

 

El Pleno de la Asamblea con 74 votos afirmativos, tres blancos y 23 abstenciones, aprobó el proyecto de resolución presentado por los asambleístas del Movimiento Popular Democrático a través de Linder Altafuya mediante el cual se rechaza el fallo de los conjueces de la Primera Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia,  quienes cambiaron la figura del delito de peculado  imputado a los hermanos Isaías por el de falsificación de documentos,  dejando en la impunidad este caso que perjudicó a millones de ecuatorianos.
En el proyecto además se exhorta al Consejo de la Judicatura que investigue la actuación de los conjueces que emitieron el fallo antes señalado, así como determine las sanciones que correspondan; y, en general,  realizar un seguimiento al proceso para evitar que sigan realizándose maniobras que impidan su normal tratamiento y resolución.
Altafuya fue enfatico en señalar que la Asamblea Nacional debe permanecer vigilante ante las acciones que sobre este caso implementen la Procuraduría, la Fiscalía General y el Consejo de la Judicatura, así como demandar de ellos su actuación con apego a la Constitución y a la Ley para evitar la impunidad.
El asambleísta, recordó que el feriado bancario (5 de marzo de 1999) fue un episodio funesto en la historia de nuestro país, que trajo como consecuencia el robo de dineros de los depositantes, la muerte de muchos de ellos y la migración de nuestros compatriotas, víctimas de la pérdida de todos sus ahorros.
Subrayó que una de las instituciones financieras favorecidas con esta fraudulenta medida fue Filanbanco, de propiedad de los hermanos William y Roberto Isaías, institución que se encontraba insolvente, pues los fondos de los depositantes fueron invertidos en créditos otorgados a los accionistas de Filanbanco y su grupo financiero: empresas vinculadas y de papel a las cuales no se les exigieron garantías y se les dio plazos inaceptables que ocasionaron pérdidas a la entidad bancaria, pero multimillonarias ganancias a los hermanos Isaías, configurándose el delito de peculado bancario.
Sin embargo, los conjueces de la Primera Sala de lo penal de la Corte Nacional de Justicia: Walter Manzzini, Mario Rojas y Edwin Salazar emitieron un dictamen en el que cambian la figura de peculado bancario por el de falsificación de documentos, dejando en la impunidad uno de los delitos más grandes de la historia nacional, lo que pondría en riesgo incluso el proceso de extradición de los hermanos Isaías, que se encuentra en marcha.
Este es el nuevo descalabro económico que pretende hacerse al país, enfatizo Altafuya, insistiendo que de acuerdo con las versiones dadas por el ex gerente de la AGD, Carlos Bravo y el ex presidente de la Comisión Anticorrupción, Jorge Rodríguez, la deuda de Filanbanco de los hermanos Isaías con el Estado supera los 1.100 millones de dólares, mientras el Presidente de la República señala que es de apenas 777 millones de dólares, es decir, que “estamos hablando de un perjuicio al Estado de 323 millones de dólares”

 

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Quito, Febrero 08 de 2010.

Asambleísta Ramiro Terán rechaza resolución de conjuez Quiroz de no dictar medidas cautelares en contra de conjueces del caso Filanbanco

 

El Asambleísta Ramiro Terán Acosta asistió en su calidad de denunciante a la Audiencia de formulación de cargos en contra de los Conjueces del caso Filanbanco, realizada el día de hoy lunes 8 de febrero del presente año, en la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia.
Ramiro Terán rechazó la decisión del Conjuez Luis Quiroz quien no dictó medidas cautelares que hubieran significado la orden de prisión preventiva, prohibición de salida del país y prohibición de enajenar bienes en contra de los Conjueces Mazzini, Rojas y Salazar a los que el Asambleísta Terán los ha denunciado ante la Fiscalía por por el delito de prevaricato, tipificado por el Código Penal en su artículo 277. De la misma forma señalo que la audiencia el conjuez Quiroz actuó en una forma parcializada y ha favor de los Conjueces imputados.
Finalmente Ramiro Terán señaló que en el momento procesal que corresponda presentara la Acusación Particular y no desmayará en su afán de que estos funcionarios paguen por el delito cometido, el mismo que afecta a mas de 61 mil familias que fueron perjudicadas por el manejo fraudulento de los hermanos William y Roberto Isaías al frente de Filanbanco.

 

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Quito, Febrero 09 de 2010.

MPD y Pachacutik rechazan presencia de Uribe y García en el Ecuador

 

En declaraciones conjuntas el coordinador nacional del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacutik Jorge Guamán y el director nacional del Movimiento Popular Democrático Luis Villacís, reiteraron su solidaridad con el pueblo de Haití y su preocupación por la invasión de tropas norteamericanas a ese país bajo el pretexto de “ayuda humanitaria”. Al mismo tiempo los líderes de izquierda expresaron su rechazo a la presencia en la cumbre de UNASUR en Quito en solidaridad con Haití de los presidentes de Colombia Álvaro Uribe Vélez y del Perú Alan García, a quienes calificaron de genocidas y por tanto personas no gratas para los pueblos de América Latina y el Ecuador,
Para el director del MPD Luis Villacís la presencia de Uribe Vélez, es una afrenta contra los pueblos del Ecuador “ no podemos olvidar el bombardeo y la masacre de Angostura, la violación flagrante de nuestra soberanía nacional y la colaboración evidente de los Estados Unidos en esta acción desde la Base de Manta” señaló, al tiempo de insistir que Uribe representa al paramilitarismo que aterroriza al pueblo colombiano y responde a la política intervencionista del Imperialismo Norteamericano a través de la instalación de las siete bases yanquis en Colombia, sentenció el dirigente del MPD.
Por su parte Jorge Guamán recalcó que los indígenas y demás pueblos de Latinoamérica tampoco pueden olvidar que Alan García es el principal responsable de la masacre de una veintena de indígenas awajún-wampis en Bagua. “Los pueblos indígenas de la Amazonía se levantaron contra aprobación de un paquete de leyes favorables a las transnacionales para permitir la explotación minera y petrolera de su región, en respuesta fueron asesinados por orden de García” dijó, recalcando que estos hechos criminales no pueden volver a ocurrir en ninguna parte de nuestros países, los indígenas y los pueblos continuaremos defendiendo la vida amenazada por la voracidad de la petroleras y mineras, precisó el dirigente indígena.
Finalmente los líderes de izquierda Luis Villacís y Jorge Guamán, reclamaron del Presidente Correa, mayor coherencia con la Constitución de Montecristi en su política exterior, esto frente al paulatino abandono de una política de soberanía frente a la presión de los Estados Unidos, el plan Colombia, y la eventual firma de un TLC con la Unión Europea.

 

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Quito, Febrero 26 de 2010.

MPD participa en Asamblea de la CONAIE

 

Asambleísta Jorge Escala rinde cuentas a la Asamblea de la CONAIE

 

En una acción unitaria importante, los asambleístas del bloque del MPD y los dirigentes nacionales participaron en la Asamblea Extraordinaria de la CONAIE, los días 24 al 26 de febrero, en la ciudad de Ambato, respaldando todas las acciones que efectuarán en adelante la organización indígena, determinando así, en la práctica, la unidad de los pueblos del Ecuador, que ansiamos una Patria Nueva y un socialismo verdadero.
En la Asamblea de la CONAIE participaron centenares de dirigentes indígenas de todas las organizaciones de base, analizando la situación nacional, como es el caso de los gobiernos alternativos, los gobiernos comunitarios autónomos, así como debatieron sobre las Leyes de Aguas, COOTAD, Minera, de Cultura, de Comunicación, de Educación,  Reforma Agraria, entre otras.
En dichos debates participaron los Asambleístas del MPD, dando a conocer el trabajo tesonero de la bancada, en beneficio de la juventud, los trabajadores y los pueblos indios del Ecuador.

 

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Quito, Marzo 01de 2010.

PK Y MPD apoyarán medidas de la CONAIE

 

Luego de que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) decidió impulsar un levantamiento en rechazo al Gobierno, su brazo político, Pachakutik, y su aliado en la Asamblea, el MPD, resolvieron apoyar las medidas de hecho.

Éstas, a decir de Marlon Santi, presidente de la Conaie, no se reducirán al cierre de carreteras sino que incluirán “diálogos permanentes” con diversas organizaciones sociales como el Frente Popular, el cual ya se unió a la vos de protesta de los indígenas.

El dirigente recalcó que la resolución adoptada se debe a que el presidente Rafael Correa “no está cumpliendo con el Plan de Gobierno que ofreció. Y las puertas de Carondelet están más abiertas a la Derecha que a los sectores sociales a los que reprimen y desprestigian”.

En este sentido, el asambleísta Jorge Escala (MPD) hizo énfasis en que Alianza PAIS llegó al Gobierno gracias al respaldo de las organizaciones sociales, al tiempo que rechazó las descalificaciones de Correa hacia los representantes indígenas.

Las leyes
En adelante, PK y el MPD trabajarán a fondo en las leyes que tramita la Asamblea y para las cuales, dicen, no se han recogido las observaciones de los indígenas. Una de ellas es la futura norma que regulará los recursos hídricos.
Diana Atamaint (PK) señaló que si bien ha habido reuniones entre el Gobierno y los indígenas para conversar sobre este cuerpo legal, sólo se ha logrado superar los temas que no tienen controversia pero, en los de fondo, “quieren imponer sus decisiones”.

Además de éste, existen otros proyectos que llaman la atención de estos sectores. Uno es el Código Territorial que entrará a segundo debate el próximo martes, y otro es el de las reformas que plantarán para la Ley Minera, aprobada por la Comisión Legislativa.

Respuesta a Correa
"El movimiento indígena jamás busca el separatismo, como lo dice el Gobierno de Rafael Correa", dijo ayer Marlon Santi presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie).
El dirigente rechazó el calificativo de separatistas que les atribuyó Correa y aseguró que la lucha es para que haya más participación social.
Esto lo dijo respecto a las declaraciones que el Primer Mandatario hizo en su enlace radial del sábado en el que también llamó a un levantamiento de todo el pueblo ecuatoriano para contrarrestar las decisiones adoptadas por los dirigentes de la Conaie.

Queremos una “sociedad democrática, participativa, donde todos vivamos en paz, respetando el derecho de la madre tierra y de la naturaleza", enfatizó Santi, quien recordó que el llamado a la movilización que se hizo el 26 de febrero en Ambato no busca sacar al Presidente de la República.

 

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Quito, Marzo11de 2010.

Código de Ordenamiento Territorial le mete la mano al bolsillo de los sectores Populares afirmo Jorge Escala del MPD

 

El Bloque del MPD, a travéz del Asamblelísta Jorge Escala, denunció que el Codigo de Ordenamiento Territorial le mete la mano al bolsillo a los sectores populares, ya que le da la potestad a los los Gobiernos Autónomos Descentralizados y Gobiernos Regionales crear, impuestos, tasas, financiamiento de la obra pública a cargo de la población, entre otros aspectos inconstitucionales, que rescatan las politicas neoliberales de gobiernos anteriores.

El Asambleísta Escala señaló que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (Municipios, Consejos Provinciales y los nuevos Consejos Regionales), podrán cobrar tasas, sobretasas y contribuciones por todos los servicios que entregan a la población, adicionalmente los municipios podrán también crear tarifas (Art. 191) a los servicios públicos que recibe la población. Lo que significa que desaparece la visión de servicio a la comunidad ya que por todos los servicios que recibimos tenemos que pagar.
Escala denunció que los nuevos Gobiernos Regionales podrán fijar un monto adicional a los impuestos, a los consumos especiales y al precio de los combustibles (Art. 179), esta atribución también la tendrán los Distritos Metropolitanos lo que le convierte en inconstitucional porque solo el Presidente de la República tiene la faculdad de crear, modificar o suprimir los impuestos, de conformidad con el Art. 135 de la Constitución.
Se instituye la creación de tasas, impuestos, contribuciones especiales de mejoras, el pueblo financiará vía impuestos y tasas la obra pública, los neoliberales aprobaron la famosa autogestión (50- 50) y con la revolución ciudadana se incrementa al 100%. (Art. 599 y siguientes)
Para la construcción, rectificación, ensanche o pavimentación de carreteras o caminos, o la construcción de puentes por parte del Consejo Provincial,  los propietarios beneficiados dentro de la zona de influencia primaria, secundaria y terciaria cubrirán el 60% y el Consejo Provincial el 40%.

En el caso de obras  en los Municipios y Distritos Metropolitanos las contribuciones especiales de mejoras, se determina el costo de repavimentación de vías públicas, aceras, cercas, alcantarillado, construcción y ampliación de obras, sistemas de agua potable, plazas y parques lo costeará en el 100% los propietarios beneficiados con las obras sin excepción. El Asambleísta agregó que los municipios tendrán la obligación de actualizar los catastros y la valoración de la propiedad urbana y rural cada dos años, con lo cual se elevará el impuesto predial (Art. 527).

 

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Quito, Marzo 15 de 2010.

Asambleístas del MPD anuncian juicio político al Ministro de Educación

 

El Movimiento Popular Democrático, anunció que tiene lista la solicitud de Juicio Político al Ministro de Educación Raúl Vallejo, para ello al momento se cuenta con la firma de 43 asambleístas y otras adhesiones que se concretarán esta semana. La censura según los Asambleístas, se da debido a varios cuestionamientos hechos por distintos sectores vinculados a la educación.

Los cuatro asambleístas que conforman el bloque del Movimiento Popular Democrático (MPD), Jorge Escala, Ramiro Terán, Linder Altafuya y Francisco Ulloa, anunciaron que el próximo miércoles oficializaran el pedido de juicio político en contra del ministro de Educación, Raúl Vallejo, a quien acusan de mentir, atentar contra la fe pública y de peculado. Señalan que al momento tienen 43 firmas de respaldo para el pedido de interpelación.
En una rueda de prensa, los legisladores dijeron que la acusación se basa en las declaraciones que hiciera el Secretario de Estado el 8 de septiembre del 2009, en un acto público en el estadio Jockay de la ciudad de Manta, al declarar “Patria Alfabetizada”, al Ecuador. Aseveración que fue desmentida por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), que estableció que el analfabetismo en el año 2009 era de 7.76 por ciento, esto es, un incremento con relación al 2008 que fue del 7.62 por ciento.

Ramiro Terán y Jorge Escala, quienes serán los interpelantes, manifestaron que el Ministro Vallejo basó su “mentira”, en los estudios  de los académicos de la  FLACSO, Juan Ponce y Mercedes Onofa, a pesar que en los informes, en reiteradas ocasiones,  recomiendan que no sea utilizado como una estadística real; sin embargo, indican que el funcionario realizó el anuncio señalando que se han alfabetizado a 420.888 ciudadanos y ciudadanas del país, cifra que fue contrastada por el INEC que determinó que solo existen 95000 alfabetizados.

Dijeron que el Ministro de Educación al hacer este acto manejó cerca de 300 mil dólares, puesto que en el encuentro estuvieron presentes cerca de 15000 representantes de delegaciones del área educativa, razón por la cual incluso consideran que el funcionario ha incurrido en el delito de peculado, ya que se habrían mal utilizado los recursos públicos para “mentir al pueblo ecuatoriano”.

Bajo estos criterios, los asambleístas sostienen que el Ministro de Educación violentó los artículos 83, numeral 2 y 66 de la Constitución; así como el artículo 257 del Código Penal, que hace referencia al peculado y que sanciona este delito con una pena de 8 a 12 años de reclusión.

Señalaron que en estos días irán presentando más pruebas de las irregularidades que habría comoeti8do el Ministro al frente de la  Cartera de Estado, tales como el no pago al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), de los aportes a los educadores populares, razón por la cual ha sido glosado por la Contraloría. Dijeron que el objetivo es que los asambleístas vayan conociendo las irregularidades y sigan sumando a la voluntad de enjuiciar políticamente al Ministro Raúl Vallejo.

 

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Quito, Marzo 18 de 2010.

Código Territorial viola la Constitución al Municipalizar la Educación y Salud

 

El Asambleísta por el Movimiento Popular Democrático, Jorge Escala, denunció que el Código de Ordenamiento Territorial va a entregar a los Municipios, Consejos provinciales o Gobiernos Regionales autonómicos dos áreas sensibles como es la educación y la salud, a pesar que la Constitución establece específicamente las competencias de los gobiernos regionales, provinciales, municipales y parroquiales en las que NO consta educación y salud. (Art. 262, 263, 264 y 267. C.P.)
Escala afirmó que en el Artículo 138 del Código Territorial, referido al ejercicio de las competencias de salud, educación se dice muy claramente que es facultad exclusiva del gobierno central SOLAMENTE la rectoría y definición de las políticas nacionales de salud y educación, mientras que los los Municipios, Consejos provinciales o Gobiernos Regionales autonómicos tendrán la gestión concurrente para la planificación, construcción y mantenimiento de la infraestructura física, y la prestación de la salud y educación.
Las experiencias negativas de la descentralización y por ende la municipalización en América Latina, la tenemos como ejemplo en Perú y Chile que han privatizado o elitizado la educación, agregó Escala. Estudios determinan que los servicios de salud han incrementado la inequidad, disminuyendo la eficiencia y calidad, y aumentado inclusive los costos.
Inclusive, denunció Escala, se elimina la gratuidad de la educación en el Artículo 598 del Código Territorial, en el literal d), donde consta el cobro de matriculas y pensiones escolares.
El asambleísta del MPD señaló que llama la atención la gravedad que representa lo propuesto en el Artículo 149, del Código Terrritorial, denominado “Competencias Adicionales” en la que se establece, que son aquellas que sin estar asignadas expresamente por la Constitución o este Código, a los gobiernos autónomos descentralizados les serán transferidas por el Consejo Nacional de Competencias en el plazo máximo de ocho años, especialmente los sectores de salud, educación. Es decir, se viola lo establecido en el Art. 261 de la Carta Magna que señala que son competencias exclusivas del Estado.
Finalmente Jorge Escala indicó que la educación y la salud, son un derecho y no un servicio público, por tanto el Estado es el responsable y garante del cumplimiento. El traslado de la responsabilidad del Estado a las comunidades locales a nombre de descentralización es un error grave que traerá como consecuencia su privatización.

 

Más información Jorge Escala  098739263

 

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Quito, Marzo 22 de 2010.

Juicio Político y Popular contra Ministro Vallejo por moroso con el IESS y por Desacato

 

Jorge Escala Asambleísta del MPD solicitó el enjuiciamiento político al  Ministro de Educación, Lic. Raúl Vallejo Corral por violar expresas disposiciones de la Constitución, Ley de Seguridad Social, e incurrir en el delito de desacato, al  no reconocer los derechos laborales y a la seguridad social de los 13 mil Educadores Populares que según el Art. 229 de la Constitución son reconocidos como servidores públicos que laboran en la educación no escolarizada y compensatoria en los sectores más recónditos del país, mientras el Ministro de Educación  incumple con su función de garantizar sin discriminación alguna, el goce de los derechos consagrados en la Carta Magna como es el derecho al trabajo, a una remuneración justa y a la seguridad social. 
 El Ministro de Educación, se encuentra en flagrante violación de la Constitución de la República Art. 33, (El Estado garantizará remuneraciones y retribuciones justas), Art. 34 (El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas y un deber y responsabilidad primordial del Estado) Art. 326 numeral 3 y 4 (los derechos laborales son irrenunciables e intangibles y a trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración) y Art. 328 (la remuneración será justa con salario digno que cubra las necesidades básicas de las personas), Art. 369 (el seguro general obligatorio se extenderá a toda la población, con independencia de su situación laboral), y Art. 2 de la Ley de Seguridad Social (son sujetos obligados a solicitar la protección del IESS en calidad de afiliados todas las personas que perciben ingresos por la prestación de un servicio físico o intelectual).
 Igualmente aseveró que la Corte Nacional de Justicia y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo No. 4, Distrito de Portoviejo mediante sentencias ordenaron la inmediata afiliación al IESS y el reconocimiento de sus derechos laborales, mismas que hasta la presente fecha no se han cumplido, por parte del Ministro de Educación.
 Escala afirmó que inclusive el IESS ha determinado glosas por 30 millones trescientos ochenta y seis mil cuatrocientos veinte y siete dólares con noventa y cuatro centavos en contra del Ministro de Educación, muchas de ellas ya se han transformado en títulos de crédito y  no han concluido precisamente porque el Ministro de Educación se niega a realizar el pago. Por estas flagrantes violaciones se encuentra incurso en el delito de desacato tipificado y sancionado en el Art. 234 del Código Penal.
 Finalmente el Asambleísta del MPD señaló que el Ministro debe ser enjuiciado y sancionado civil y penalmente por la violación a los derechos de los Educadores populares y a la Carta Magna que prohíbe todo tipo de precariedad en el trabajo, el derecho a la seguridad social y a un salario digno. Además de conminarle a reparar dichas violaciones que por su negligencia e indolencia están afectando a los Educadores Populares.

 

Más información Jorge Escala  098739263

 

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Quito, Marzo 24 de 2010.

El MPD presenta Proyecto de Ley para Incremento de Pensiones a los Jubilados

 

 

El Movimiento Popular Democrático, a través de los Asambleístas Jorge Escala, Linder Altafuya, Francisco Ulloa, Ramiro Terán y María Molina, presentaron este miércoles, un proyecto de ley de reformas a la seguridad social que cuenta con el apoyo de un importante sector de jubilados y jubiladas del país, este proyecto busca que el incremento que debe realizarse de forma anual a las pensiones jubilares sea digno, tal como lo establece la Constitución de la República.

El 30 de marzo del 2009 la Comisión Legislativa y de Fiscalización reformó la Ley de Seguridad Social, el artículo 11 de esta reforma estableció a la inflación como único factor a tomar en cuenta para determinar el aumento de las pensiones jubilares cada año, lo que ha significado que el incremento de estas pensiones en el pasado mes de enero de este año, haya sido de apenas diez dólares, en contraste con el incremento realizado el año 2009, el mismo que alcanzó los cuarenta dólares, contraviniendo de esta forma lo establecido en la Carta Magna que manifiesta que el contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva, a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas.

Por todo esto, se hace indispensable señalaron los asambleístas del MPD, una reforma URGENTE a la Ley de Seguridad Social que verdaderamente garantice una jubilación digna y dicha reforma debe contemplar como fuente de financiamiento para el incremento, el 50% del rendimiento alcanzado por las inversiones del fondo del sistema de pensiones del IESS. (Que el año pasado bordeó los 140 millones de dólares)

Por otro lado, los Asambleístas Jorge Escala y Linder Altafuya exigen al Gobierno Nacional cancele los 773 millones de dólares, que adeuda al IESS, pues su incumplimiento ha provocado que los fondos capitalizados de los estados financieros del IESS, principalmente del Seguro de Pensiones reflejen al momento saldos negativos y advierten del peligro  de que en un futuro cercano las pensiones jubilares no puedan ser financiadas, además el Gobierno Nacional, señalaron, debe asumir el compromiso suscrito con el Instituto, de “solucionar, pagar y financiar” el déficit actuarial del Régimen de Pensiones, calculado en 3.701 millones de dólares, hasta el año 2003, “no sabemos a cuanto asciende a la fecha, algunos expertos en el tema hablan de 10 mil millones de dólares” acotaron.

Finalmente, los asambleístas del Movimiento Popular Democrático, manifestaron que la Ministra de Finanzas, María Elsa Viteri, deberá responder a los afiliados y al país sobre el pago de esta deuda, caso contrario su incumplimiento será causal de enjuiciamiento político por parte de los Asambleístas del MPD.

 

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Mayor información Jorge Escala  098739263 - Linder Altafuya 094161528

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Boletin de Prensa
Quito, Marzo 25 de 2010.

Asambleísta del MPD Jorge Escala rechaza brutal represión contra población de Chimbo y Estudiantes de la Universidad de Guayaquil

 

El Asambleísta por el MPD, Jorge Escala, denunció la brutal represión efectuada por la Policía Nacional, con orden del Gobierno, contra la población del Cantón Chimbo, Provincia de Bolívar este 24 de marzo; además de la violación a la autonomía en la Universidad de Guayaquil y la agresión a los estudiantes; hechos que violentan los derechos humanos y lo establecido en Constitución de la República, por lo que el MPD presentará el pedido de comparecencia para el Ministro de Gobierno y el Comandante de la Policía Nacional con el fin de que respondan por estas agresiones.

Escala señaló que en este cantón la economía se desarrolla. a más de la agricultura,  alrededor de la  confección de volatería, juegos pirotécnicos  y la elaboración artesanal de armas; actividades que permiten a sus pobladores llevar el pan a sus hogares.   Agregó que respecto a estas dos últimas actividades, el gobierno, de manera particular el Ministerio de Gobierno, ha intervenido para prohibirlas por ser “ilegales”  y por que según ellos la delincuencia es la que compra estas armas.

Es necesario dar alternativas de trabajo a los habitantes del Cantón Chimbo; las promesas de otros medios de subsistencia han quedado en eso, en ofrecimientos señaló Jorge Escala.  A mas de no cumplir completamente, esta no es una verdadera solución ya que no tienen mercado, la rentabilidad es mucho menor y la economía de los habitantes del sector se ha afectado.

El Asambleísta por el MPD, manifestó que se está violentando el art. 33 y 325 de la Constitución que garantiza el derecho al trabajo, así como el art. 98 que establece el derecho a la resistencia, ejercido por la población del cantón Chimbo.  Finalmente expresó que los asambleístas del MPD, estarán vigilantes para coordinar acciones en defensa del pueblo del cantón Chimbo y los estudiantes universitarios en la ciudad de Guayaquil.

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Bloque del MPD solicita comparecencia del ministro de gobierno para que explique los hechos acontecidos en el cantón Chimbo y la Universidad de Guayaquil.

Quito, 25 de marzo de 2010
Oficio N° 00517 AN-MPD-JEZ

 

Asambleísta
Luis Morales
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL
Presente.

De mi consideración:

Los diversos sectores organizados haciendo uso del derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público establecido en el Art. 98 de la Constitución, han adoptado una serie de medidas con la finalidad de ser escuchados sus derechos en aplicación al art. 11 numeral 8 de la Carta Magna, una vez que se han agotado las distintas instancias y se han encontrado con la política de oídos sordos.

El despliegue de fuerzas policiales no es utilizado para combatir la inseguridad, sino contra el pueblo por la crisis económica, la falta de trabajo, se ven obligados a buscar formas de subsistencia y lo que reciben del gobierno no son soluciones a su problema, sino represion.

Como es de conocimiento público, este 24 de marzo de 2010, sorprendió a la ciudadanía la brutal represión impulsada por la Policia Nacional, por orden del Ministerio de Gobierno, contra la población del Cantón Chimbo, Provincia de Bolívar, con el argumento de “controlar que en el país no existan fábricas ilegales de armamento”.

En Chimbo la confección de armas es una actividad tradicional y sustento para cientos de familias; considerando esto, la actuacioń policial y militar provocó zozobra e indignación, ya que es el gobierno el encargado de generar y brindar alternativas de trabajo que brinden una verdadera solución. Estas acciones represivas son condenadas desde todo punto de vista, violentan lo establecido en el art. 33 y 325 de la Constitución que garantiza el derecho al trabajo, así como el Art. 98 que establece el derecho a la resistencia, ejercido por la población del Cantón Chimbo que se desató en justas protestas al ver afectado su sustento. Inclusive el art. 163 de la Constitución establece que la Policia Nacional utilizará medios de disuación y conciliación como alternativas al uso de la fuerza.

Ninguna de estas normas se tomó en cuenta ya que se usó la fuerza indiscriminadamente contra niños y mujeres, se provocó heridos de perdigones entre la población indefensa, tal fue la actuación que pareciera que los miembros policiales y militares se enfrentaron contra delincuentes o traficantes de armas.

Así mismo la Federación de Estudiantes Unviersitarios de la ciudad de Guayaquil, realizó el pasado 24 de marzo, una movilizacioń de protesta contra la Ley de Educacioń Superior y en favor de la liberación del dirigente Marcelo Rivera, preso politico del actual gobierno. Como está siendo caracteristica, la represión policial se hizo presente, agrediendo a los estudiantes, docentes y trabajadores de la Universidad Estatal. El Rector de esta institución, Carlos Cedeño afirmó que la Policía cometió un acto de terrorismo al inavadir los predios universitarios. Varios son los estudiantes que han sido detenidos y en estas condiciones han denunciado la agresión fisica y psicológica por parte de miembros de la Policia, trasgrediendo los derechos humanos y la Constitución de la República.

Rechazamos la forma de resolver las demandas legítimas de la comunidad universitaria, que sea el uso de la fuerza pública y no mediante el diálogo y la negociación, por tal motivo, es necesario que estos hechos no queden en la impunidad y se sancione a quienes piensan que están por sobre la Constitición.

Por lo expuesto y al ser un tema sensible, considero necesario que se de una respuesta por lo actuado y que de ser necesario se sancione a los responsables de estos hechos, por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 76 y 150 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa me permito remitir a usted el siguiente cuestionario con el fin de que se invite al Ministro de Gobierno y Policía, Gustavo Jalkh, al seno de la Comisión, a fin de que absuelva las siguientes inquietudes:

CASO CANTÓN CHIMBO

1.- Explique las razones por las cuales se procedió a realizar este opertivo policial y militar en el cantón Chimbo, Provincia de Bolívar, con el que violentaron e irrumpieron en talleres donde se fabrican armas, como actividad tradicional de este sector.

 

2.- Si el operativo supuestamente fue de allanamiento, por qué se usó la fuerza indiscriminada contra niños y mujeres que fueron tratados como delincuentes?

 

3.- Señale detalladamente los nombres y rangos de los oficiales de la Fuerza Pública que participaron en el operativo realizado el miércoles 24 de marzo de 2010, en el cantón Chimbo, donde agredieron brutalmente a sus pobladores, siendo la ciudadanía testigo a través de los medios de comunicación.

 

4.- Sírvase explicar los argumentos constitucionales y legales en los que se fundamentaron para que se utilicen en el operativo caballos, perros amaestrados, helicopteros, carros antimotines y gases lacrimógenos contra la población de este cantón.

 

5.- Explique las razones para realizar una accion conjunta entre policias y militares, de tal embergadura, que generó heridos de perdigones en la población del cantón Chimbo.

 

6.- Siendo el Gobierno nacional el encargado de crear fuentes de trabajo, capacitar y brindar nuevas alternativas laborales, por qué se procede primero a la represión en vez del dialogo.

 

CASO UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

7.- Señale detalladamente los nombres y rangos de los oficiales de la Fuerza Pública que participaron en el operativo realizado el miércoles 24 de marzo de 2010, en la Universidad de Guayaquil, donde violentaron la autonomia unviersitaria y agredieron brutalmente a estudiantes, docentes y trabajadores.

 

8.- Indique quien va a responder por los daños y destrucción en las aulas provocados por la incursión policial a los predios de la Universidad de Guayaquil.

 

9.- Sirvase manifestar qué medidas se ha tomado contra los miembros de la fuerza publica que detuvieron a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil, y qué segun señalaron en los medios de comunicacion fueron agredidos y torturados estando bajo la responsabilidad de la Policia Nacional.

 

10.- Señor Ministro, durante su gestión al frente del Ministerio de Gobierno la Fuerza Pública ha ejecutado graves actos de represión entre ellos: la muerte del maestro BOSCO WISUMA, que hasta el momento no ha sido esclarecida, el maltrato a los maestros que haciendo uso de su legítimo derecho a la resistencia se encontraban en medida de hecho y fueron agredidos, insultados e injustamente detenidos, la agresión al estudiante Oscar Mauricio Gutiérrez en la provincia de Cotopaxi, ahora la represión brutal contra los pobladores en el cantón Chimbo y la violación a la aunotomía y represión a los estudiantes en la Universidad de Guayaquil. Con estos antecedentes; explique señor ministro cuál es la razón que justifica la aplicación de esta política represiva hacia los sectores populares y población en general, propia de gobiernos neoliberales y totalitarios.

 

Atentamente,

 

 

Prof. Jorge Escala Zambrano
ASAMBLEÍSTA POR EL MPD

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Boletin de Prensa
Quito, Marzo 30 de 2010.

MPD presenta Proyecto de resolución que demanda del Gobierno el pago de la deuda que mantiene con el IESS

El Asambleísta Linder Altafuya, miembro de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, presentará el día de hoy martes 30 de marzo, ante el Pleno de la Asamblea Nacional un Proyecto de Resolución que tiene por finalidad hacer un llamado al Presidente de la República, Rafael Correa a que cancele la deuda que el Gobierno mantiene con el IESS, que al momento asciende a 773 millones de dólares.
Esta deuda ha provocado que los fondos capitalizados de los estados financieros del IESS, principalmente del Seguro de Pensiones reflejen al momento saldos negativos, además de que, la falta de pago afecta los intereses que está dejando de percibir el Seguro Social.
Altafuya manifestó su total rechazo a las declaraciones vertidas tanto por el Presidente de la República como por la Ministra de Finanzas, las mismas que evidencian la no intención de cancelar esta deuda, una muestra más de la política neoliberal que está llevando adelante el actual régimen.
El Bloque del MPD ha solicitado a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social la comparecencia de la Ministra de Finanzas y del Presidente del Consejo Directivo del IESS, Econ. Ramiro González, quien deberá responder por la falta de acciones para el cobro de esta deuda.
En el caso de la Ministra de Finanzas, el incumplimiento en el pago de la deuda que el Gobierno mantiene con el IESS, está siendo analizado por los asambleístas que integran el Bloque del MPD, en la perspectiva de plantear un Juicio Político en su contra por incumplir lo señalado en la Constitución de la República en su artículo 371 que expresa “Los recursos del Estado destinados para el seguro universal obligatorio constarán cada año en el Presupuesto General del Estado y serán transferidos de forma oportuna (...)” de igual forma por incumplir lo establecido en el artículo 271 de la Ley de Seguridad Social que establece la obligatoriedad del Estado de financiar y aportar con el 40% las pensiones jubilares, concluyó Altafuya.

 

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Quito, Marzo 31 de 2010.

 

Para sancionar la corrupción del Ministro Raúl Vallejo y por violar la Constitución, MPD formalizó solicitud de Juicio Político

Los Asambleístas del MPD Jorge Escala y Ramiro Terán, presentaron la solicitud de juicio político con 43 firmas de respaldo para el enjuiciamiento al Ministro de Educación, Lic. Raúl Vallejo, por violar expresas disposiciones constitucionales y legales como el mentir y atentar contra la fe pública malgastando recursos del Estado al difundir información falsa declarando al ecuador Patria libre de Analfabetismo; por ineficiencia en la asignación de presupuesto para restaurar la infraestructura escolar; complicidad en actos de corrupción cometidos por funcionarios del Ministerio de Educación en la DINSE al suscribir contratos de infraestructura con familiares; por incumplimiento en la entrega de los nombramientos y partidas docentes creadas en el 2007, y la no reposición y desdoble de las jubilaciones desde el año 2006.
Los Asambleístas indicaron que otra de las causales para el juicio político es el incumplimiento en el pago a cuarenta mil maestros del remanente del bono fronterizo para las provincias Amazónicas y Galápagos por violar derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas en la educación intercultural bilingüe; por mantener en condiciones de precariedad, es decir, sin garantizarles estabilidad laboral a más de 40 mil maestros contratados; por tener más de 5 mil escuelas unidocentes; aplicación de un proceso de Evaluación Docente punitivo cuyos resultados no han sido entregados hasta la presente fecha, y, por incumplimiento de la obligación legal de afiliar al IEES a los educadores populares, quienes ganaron una demanda, a pesar de lo cual continúan sin afiliación a la Seguridad Social.
Simultáneamente al juicio político, se desarrollaran juicios populares en parques, plazas, barrios e instituciones educativas, acciones que permitirán a los actores del sistema educativo, sectores sociales y populares censurar los actos de corrupción del Ministro Raúl Vallejo.
De igual forma hicieron un llamado a los miembros del Consejo de Administración Legislativa y Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para que, en cumplimiento con lo señalado en el Art. 80 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa admitan y califiquen la solicitud de juicio político al Ministro de Educación por cumplir los requisitos constitucionales y legales respaldados ampliamente por un sinnúmero de pruebas contundentes.

 

 

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Quito, Marzo 31 de 2010.

 

Asambleísta del MPD, Jorge Escala denuncia el incumplimiento del Gobierno con las universidades en relación al fomento de Ciencia y Tecnología.

Jorge Escala Asambleísta del Movimiento Popular Democrático, manifestó que con la comparecencia de la Ministra de Finanzas María Viteri a la Comisión Especial de Educación Superior Ciencia y Tecnología quedó demostrado que la funcionaria de gobierno ha violentado el artículo 81 de la Ley de Educación Superior, que dispone que el Estado contribuirá con fondos equivalentes al 1% del ingreso corriente neto del Presupuesto del Gobierno Central.

Escala agregó que mientras el Presidente Rafael Correa, crítica a la universidad ecuatoriana por no realizar investigación por otro lado no entrega los recursos que por ley le corresponde. En el año 2009 el Estado debió entregar 102 millones de dólares para la investigación y no otorgó ni un solo centavo de dólar, repitiendo la práctica incorrecta de los dos años anteriores y de los gobiernos neoliberales.

El Asambleísta del MPD, manifestó también que gracias a la movilizaciones de los universitarios en los meses de octubre, noviembre y diciembre, así como la contante presión ejercida por el Asambleísta del MPD, por la provincia de Cotopaxi, Francisco Ulloa, desde el mes de septiembre del año anterior para que la ministra comparezca a informar del incumplimiento económico con las universidades, a la  Asamblea, la funcionaria gubernamental  se vio obligada a transferir los rubros relacionados con la reliquidación del IVA y del impuesto a la renta.

 

Finalmente Escala puntualizó que el gobierno también ha perjudicado a las universidades en los rubros relacionados con la gratuidad de la enseñanza, puesto que este se mantiene congelado desde el 2008 en 92 millones de dólares sin tomar en cuenta el crecimiento de la matrícula de los estudiantes, puso el ejemplo de la Universidad Central del Ecuador que en el año de 2008 recibió 12. 300 millones de dólares cuando tenía matriculados a 36 mil estudiantes y que en el presente año recibirá la misma cifra con 52 mil estudiantes matriculados.        

 

 

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Quito, Marzo 31 de 2010.

 

Asambleístas de Alianza País se niegan a exigir al Gobierno a que pague la deuda que mantiene con el IESS

En la sesión de la Asamblea Nacional del día de martes 30 de marzo del 2010, el asambleísta por el Movimiento Popular Democrático, Linder Altafuya presentó un proyecto de resolución que exhorta al Gobierno Nacional a cancelar la deuda que mantiene con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por concepto del aporte del 40% que le corresponde de las pensiones jubilares, esta deuda al momento asciende a 773 millones de dólares. La falta de pago del Gobierno al IESS está generando que al momento lo saldos en los balances de los fondos de pensiones reflejen resultados negativos.

La mayoría legislativa de alianza país impidió que se incluya este proyecto de resolución dentro del orden del día, pues 50 de sus miembros se abstuvieron al momento de la votación, cuyos resultados fueron los siguientes: 51 votos afirmativos, 4 en blanco y 50 abstenciones, lo que impidió tratar esta importante resolución y de esta forma hacer un llamado enérgico al Presidente de la República a que cancele los 773 millones de dólares que adeuda al Instituto y además que responda por los intereses generados de la misma.

La mayoría legislativa de alianza país deberá responder a los jubilados y afiliados al IESS y al país por su actitud antipatriótica al no exigir al Gobierno Nacional el pago de una deuda que de forma obligatoria e inmediata debe cancelar, manifestó el Asambleísta Altafuya.

Altafuya señaló finalmente, que el Gobierno Nacional debe cumplir con el compromiso que asumió en mayo del 2008 de “cancelar, pagar y solucionar” el déficit actuarial del Instituto y reiteró la posición del bloque del MPD de exigir la comparecencia en el seno de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social de la Ministra de Finanzas y del Presidente del Consejo Directivo del IESS para que respondan al país por la falta de acciones frente a estos hechos que ponen en riesgo la seguridad social que garantiza la Constitución para todos los ecuatorianos.

 

 

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Ministra de Finanzas obligada por la acción de los Asambleístas del MPD, a transferir los recursos Económicos de IVA e impuesto a la renta a las Universidades.

El día martes 30 de marzo la Ministra de Finanzas, María Viteri compareció por pedido del Arquitecto Francisco Ulloa Asambleísta del MPD a la Comisión Permanente de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, para que absuelva los cuestionamientos sobre los atrasos en la transferencia de los recursos económicos a las universidades.

La presencia de la Ministra en la Asamblea, es el producto de la presión permanente que han realizado nuestros asambleístas y particularmente el Arquitecto. Francisco Ulloa con la finalidad de precautelar los intereses económicos de Centros de Educación Superior del País, a continuación se presenta un informe cronológico de los oficios enviados por el Asambleísta del MPD, para cumplir con este objetivo.

Detalle de Oficios Enviados y recibidos:

El 24 de septiembre del 2009, el Arquitecto Ulloa solicita información a la Ministra de Finanzas con oficio AN-FU-00445-2009, la misma que da contestación con oficio MF-SGJ-2009-1075 el 8 de octubre del 2009.

 

El 19 de octubre del 2009, el Arquitecto Ulloa con oficio AN-FU-0063-2009 remite la documentación proporcionada por la Ministra al Dr. Gustavo Vega, con la finalidad de que le informe sobre los niveles de cumplimiento económico, quién con oficio 1143-CONESUP.PR el 16 de noviembre del 2009, comunica sobre el incumplimiento.

 

Como la Ministra entregó la información solicitada incompleta, con oficio AN-FU-0091-2009 del 18 de noviembre del 2009, se informa sobre el particular al Presidente de la Asamblea.

 

Con Memorando No. SAN-2009-676 del 8 de diciembre del 2009, nos informan la resolución del CAL.

 

Con oficio AN-FU-0107-2009 del 25 de noviembre del 2009, el Asambleísta Ulloa solicita información relacionada con las Proformas Presupuestarias de los años 2009 y 2010, a la Ministra de Finanzas, quién nos remite lo solicitado con oficio MF-SP-CACP-GH-2009 del 11 de diciembre del 2009.

 

Con oficio AN-FU-0123-2009 del 14 de diciembre del 2009, el Asambleísta Ulloa remite al Presidente de la Comisión de Educación, las preguntas que deben ser absueltas por la Ministra de Finanzas, quién con oficio MF-SP-CACP-GH-2010 del 19de enero del 2010, da contestación.

 

Con oficio AN-FUE-041-2010 el 9 de febrero del 2010, el Asambleísta Ulloa solicita que se acepte el pedido del Asambleísta Escala, de recibir en el seno de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología al Director Financiero del CONESUP.

 

También es importante mencionar que la acción realizada por los asambleístas fue apuntalada con las movilizaciones de las universidades y las Federaciones de estudiantes y docentes, así tenemos:
21 de octubre del 2009. Marcha Nacional de Estudiantes Universitarios, en la movilización sufre una brutal agresión el estudiante Mauricio Gutiérrez de la Universidad Técnica de Cotopaxi.
28 de octubre del 2009, protesta de las universidades públicas y particulares en contra de la Ley de Educación Superior que promueve el gobierno.
8 de Diciembre 2009, FEUE de Guayas, realiza caravana motorizada en la ciudad de Guayaquil.
8 de Diciembre 2009, FEUE de Quito, relama por cobro inconstitucional de servicios estudiantiles y académicos, es detenido el Presidente Nacional de la FEUE Marcelo Rivera.
25 de febrero 2010, los estudiantes de la Universidad Técnica de Cotopaxi, cierran la vía Salcedo-Ambato, reclamando presupuesto.

Como producto de esta acción parlamentaria de los asambleístas del MPD y la movilización social de las universidades, la Ministra de Finanzas el 19 de febrero, poco antes de su comparecencia se ve obligada a firmar el acta con el CONESUP y transferir 80 millones de dólares correspondientes a IVA e impuesto a la renta, pero incumpliendo todavía con la entrega de los fondos destinados a Investigación, como lo plantea el artículo 81 de la Ley de Educación Superior que dispone que el Estado contribuirá con fondos equivalentes al 1% del ingreso corriente neto del Presupuesto del Gobierno Central.
En el año 2009 el Estado debió entregar 102 millones de dólares para la investigación y no otorgó ni un solo centavo de dólar, en al año 2008, 83 millones de dólares y en el año 2007, 77millones de dólares. Es decir en los tres años de gobierno del Rafael Correa, la deuda con las universidades por concepto de investigación sería de 262 millones. Es un claro ejemplo del doble discurso del Presidente, que por un lado insulta permanentemente a la Educación Superior, por no realizar investigación y por el otro lado no se le proporciona los recursos económicos que necesita el sistema para la generación de ciencia y tecnología.

El gobierno también ha perjudicado a las universidades en los rubros relacionados con la gratuidad de la enseñanza, puesto que este se mantiene congelado desde el 2008 en 92 millones de dólares sin tomar en cuenta el crecimiento de la matrícula de los estudiantes, como ejemplo podemos citar el caso de la Universidad Central del Ecuador que en el año de 2008 recibió 12millones 300 mil dólares cuando tenía matriculados a 36 mil estudiantes y que en el presente año recibirá la misma cifra con 52 mil estudiantes matriculados.

Con relación a esta problemática los asambleístas del MPD, presentaremos un artículo dentro de la Nueva Ley de Educación Superior, para que sea el Consejo de la Educación Superior, el que defina los parámetros con los que se efectivizará la gratuidad de la enseñanza, y no la SENPLADES, como sucede en la actualidad.

 

 

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Quito, Marzo 31 de 2010.

 

MPD presenta denuncia en Fiscalía contra el ex Ministro de Educación Raúl Vallejo, por peculado y solicita la prohibición de salida del País

Los Asambleístas del MPD Jorge Escala y Ramiro Terán presentaron al Ministro Fiscal la denuncia por peculado y coalición en el desempeño de sus funciones y, solicitaron la prohibición de salida del país, enajenación de bienes y prisión preventiva, del ex Ministro de Educación, Raúl Vallejo y el ex Director de la DINSE, Edison Vallejo.
“Es un triunfo para la educación que una persona inepta e incapaz haya sido removido del cargo de Ministro de Educación, más aún cuando sobre el pesan responsabilidades penales, utilización de fondos públicos para promocionar su imagen falseando la verdad y el delito de coalición al no sancionar una red de corrupción en la DINSE”, recalcó Escala, al tiempo de denunciar que aparentemente Vallejo ocuparía un cargo diplomático en una Embajada, como reconocimiento a su ineficiencia, lo cual resultaría inmoral para la imagen del país.
Insistió que el ex ministro debe responder ante la justicia por violar expresas disposiciones constitucionales y legales como el mentir y atentar contra la fe pública malgastando recursos del Estado al difundir información falsa declarando al Ecuador Patria Libre de Analfabetismo; por ineficiencia en la asignación de presupuesto para restaurar la infraestructura escolar; complicidad en actos de corrupción cometidos por funcionarios del Ministerio de Educación en la DINSE al suscribir contratos de infraestructura con familiares; por incumplimiento en la entrega de los nombramientos y partidas docentes creadas en el 2007, y la no reposición y desdoble de las jubilaciones desde el año 2006.
Por el incumplimiento en el pago a cuarenta mil maestros del remanente del bono fronterizo para las provincias Amazónicas y Galápagos, por violar derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas en la educación intercultural bilingüe; por mantener en condiciones de precariedad, es decir, sin garantizarles estabilidad laboral a más de 40 mil maestros contratados; por tener más de 5 mil escuelas unidocentes; aplicación de un proceso de Evaluación Docente punitivo cuyos resultados no han sido entregados hasta la presente fecha, y, por incumplimiento de la obligación legal de afiliar al IESS a los educadores populares, quienes ganaron una demanda, a pesar de lo cual continúan sin afiliación a la Seguridad Social.
Jorge Escala agregó que en las próximas horas acudirán a la Controlaría para solicitar se realice un exámen especial a la gestión de Vallejo, con lo cual se dejará al descubierto los actos de corrupción y el mal uso de los recursos del Estado que durante su función realizó Raúl Vallejo

 

 

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Quito, Abri l13 de 2010.

 

MPD denuncia paquetazo en la aprobación de la Ley de Educación Superior

Jorge Escala, Asambleísta Nacional del MPD e integrante de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, que tiene a cargo la elaboración y aprobación de la nueva Ley Orgánica de Educación Superior, denunció que después de cinco meses, desde el primer debate del informe del Proyecto de dicha Ley; esta se reunirá mañana en la que  se pretende presentar un documento elaborado por los asesores de la presidencia de la referida Comisión, el cual se compone de 21 considerandos, 222 artículos, una disposición general, 37 transitorias, una disposición reformatoria y 5 disposiciones derogatorias, lo que suman 287 preceptos a tratar, que pretenden ser aprobados en solo cuatro días, es decir, a razón de 70 artículos diarios, puesto que el plazo para la aprobación del segundo informe de este proyecto de Ley vence el 16 de abril, lo que una vez más se demuestra las intenciones antidemocráticas de imponer a través de la dictadura del voto un nuevo paquetazo que no ha sido analizado con los legítimos actores del sistema de educación superior, ni debatido con los asambleístas de esta comisión.

La preocupación no solo radica en la aprobación antidemocrática de esta ley por parte de la bancada gobiernista, sino que en este paquetazo se insiste en convertir al  Consejo de Educación Superior en Agencia o Sucursal del gobierno de turno  atentando a la autonomía universitaria y generar una dependencia financiera de las universidades a manera de chantaje, no se asigna presupuesto para la investigación científica, resta derechos a la comunidad universitaria, como las restricciones a la gratuidad de la enseñanza, la actualización y desarrollo profesional de los docentes serán financiadas con fondos propios de las universidades sin recursos del Estado, eliminan los fondos de jubilación  complementaria y la no inclusión de derechos para los servidores universitarios, violentando de esta forma la Constitución de Montecristi.

Además, se niega el derecho de las provincias Amazónicas, de Cañar, Santo Domingo de los Tsáchilas y Galápagos a tener universidad pública, aseveró el Asambleísta Escala, a la vez que hizo un llamado  los sectores estudiantiles agrupados en la FEUE, a los docentes y trabajadores de las diferentes universidades y escuelas politécnicas a mantenerse vigilantes de las decisiones que tome la Comisión permanente de Educación, para defender a la universidad ecuatoriana, su autonomía e integridad.

 

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Quito, Abri l 14 de 2010.

 

MPD afirma: “Correa pretende erigirse en Juez Supremo”

El Asambleísta del Movimiento Popular Democrático y Miembro de la Comisión de Fiscalización Ramiro Terán  calificó las declaraciones del Presidente Correa acerca del  juicio al Fiscal General como una interferencia inaceptable en las funciones de fiscalización de la Asamblea Nacional, actitud que el MPD rechaza frontalmente.

Para Terán: “El presidente Correa pretende erigirse  como Juez Supremo de la República, se está acostumbrando a él decidir a quién se enjuicia, a determinar por su sola voluntad  quién inocente y quién culpable, él ordena  quién va preso y quién debe ser liberado. Esas poses autoritarias no pueden ser toleradas y deben ser enfrentadas.” El Asambleísta del MPD puntualizó: “ en  las últimas declaraciones el Presidente ratifica su visión de considerar a la Asamblea Nacional como una dependencia de Carondelet  y los asambleístas como borregos que deben cumplir sus órdenes”

Finalmente Ramiro Terán señaló que el MPD en el juicio político del Fiscal General actuará, como siempre,   en base a principios, evaluando las pruebas de cargo y descargo, defendiendo la capacidad fiscalizadora de la Asamblea Nacional, hoy por hoy cuestionada.

 

 

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Quito, Abri l 14 de 2010.

 

Asamblea saluda a los maestros del país, en su día clásico ante resolución presentada por el Bloque del MPD

Al conmemorarse este 13 de abril el día del maestro, el Pleno de la Asamblea Nacional, por unanimidad (84 votos), reconoció la labor impulsada por hombres y mujeres docentes, quienes han sacado de la ignorancia a nuestro pueblo, mediante una educación de calidad, a la vez que rindió homenaje de respeto y gratitud a quienes han seguido una vocación de enseñanza y aprendizaje de la niñez y juventud.

El asambleísta Jorge Escala, proponente de la resolución, señaló que la educación ha sido considerada en todas las sociedades como una luz que se enciende contra la ignorancia y como un motor de progreso para la sociedad. Por tanto, el maestro con su dedicación y esfuerzo diario forja el presente y el futuro de la patria, por lo que la Asamblea Nacional está en el deber moral de reconocer el rol cumplido por quienes contribuyen a la formación de los seres humanos.

La resolución, que será publicada en los medios impresos del país, hace extensivo a los maestros y maestras, el compromiso de la Asamblea Nacional de impulsar leyes que garanticen el respeto a los derechos constitucionales del magisterio ecuatoriano como el de estabilidad, mejoramiento de las condiciones de trabajo y vida, así como revalorizar su rol con salario y jubilación dignos.

 

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Quito, Abri l 15 de 2010.

 

MPD – PACHAKUTIK anuncian que votarán porque el Juicio Político a Pesántez vaya al Pleno

Ramiro Terán, Asambleísta de la Bancada Progresista Plurinacional y de Izquierda y, miembro de la Comisión de Fiscalización y Control Político, manifestó que la Acción Fiscalizadora de la Asamblea Nacional, establecida en el Art.120, numeral 9) de la Constitución debe tener plena vigencia, siendo consecuentes con esto, apoyarán el juicio político al ministro Fiscal General Washington Pesántez.

“Nuestos votos de apoyo al proceso están encaminados para que el juicio pase al Pleno de la Asamblea y sean los 124 asambleístas quienes determinen la inocencia o la censura del funcionario” señaló Terán, tras insistir que la Comisión de Fiscalización se está convirtiendo simplemente en Comisión de Archivo.

Terán denunció que Correa al tiempo que ordena archivar este juicio político, también ordena a los asambleístas del oficialismo aprobar vía paquetazo leyes lesivas para los intereses del pueblo ecuatoriano como la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, Ley de Educación Superior, Ley de Educación General, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, Ley de Comunicación, entre otras y esto no lo vamos a permitir. 

Para finalizar enfatizó, que su posición es clara y de principios, y frente a Correa venimos aplicando nuestra plena y nítida política de independencia, y por ello nuestra actuación no responde ni responderá a las órdenes que vienen de Carondelet, tampoco haremos juego a intereses particulares y vendettas personales que hoy son parte de la coyuntura.” Respondemos a los intereses de los ecuatorianos y ecuatorianas que quieren un  combate efectivo a la corrupción y que tienen el derecho a conocer la verdad”, concluyó Terán.

 

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Quito, Abri l 15 de 2010.

 

Comisión resolvió avocar y calificar solicitud de juicio político contra ex ministro Vallejo

La Comisión de Fiscalización, presidida por Silvia Salgado, avocó conocimiento y calificó la solicitud de juicio político presentada por el bloque del MPD con el respaldo de 43 asambleístas en contra del ex ministro de Educación, Raúl Vallejo.
Al ex secretario de Estado le acusan de haber incurrido en presuntos delitos contra la fe y la administración pública, peculado y flagrantes violaciones a la Constitución, en cuestionamientos vinculados con la educación y, en especial, por la declaración como “Ecuador Patria Libre del Analfabetismo”.
La resolución se aprobó en virtud del artículo 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa que determina que la Comisión de Fiscalización avocará conocimiento de la solicitud  y verificará que cumpla lo dispuesto en el artículo 131 de la Constitución, lo puntualizá el portal web de la Asamblea.
En base a este mismo artículo, se decidió, también, notificar al ex funcionario sobre el inicio del trámite acompañando la solicitud de enjuiciamiento y la documentación de sustento, a fin de que en el plazo de 15 días ejerza su derecho a la defensa, en forma oral o escrita y presente las pruebas de descargo que considere pertinentes.
De igual forma se notificará a los asambleístas solicitantes, para que en similar plazo presenten las pruebas que sustenten sus afirmaciones.
Adicionalmente, se autorizó a la presidenta de la Comisión, Silvia Salgado, para que evacue todas las pruebas y declaraciones testimoniales que sean requeridas por las partes.
Finalmente, se requirió de los actores que presenten mañana los nombres de las personas que rendirán su declaración testimonial.
Las notificaciones se realizarán mañana y a partir de allí empezará a correr el plazo de 15 días para que presenten las pruebas de cargo y de descargo.
Según la acusación, el ex ministro Raúl Vallejo violó la Constitución en los artículos 83, numerales 2 y 17; el 66, numeral 25; así como el Código Penal, en los artículos 338 y 257, que establecen el engaño a la fe pública y peculado con prisión de ocho a 12 años, como consecuencia de utilizar 297 505 dólares del Estado en la difusión de una mentira, respectivamente.

 

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Boletin de Prensa
Quito, Abri l 16 de 2010.

 

Jorge Escala exige al Presidente de la Asamblea dar paso al enjuiciamiento político en contra del Fiscal de la Nación.

Jorge Escala, Coordinador de la Bancada de Izquierda Progresista MPD-Pachakutik, exigió al Presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, continúe con el trámite para el Enjuiciamiento Político al Fiscal General de la Nación Washington Pesántez, previsto en el Art. 83 de la ley Orgánica de la Función legislativa, esto la difusión del informe con la recomendación de Juicio Político a todos los miembros de la Asamblea y posteriormente en el plazo establecido por la Ley se lo incorpore en el orden del día para conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional a fin de proceder al Juicio Político.

Escala señaló que la Comisión de Fiscalización el día de ayer jueves 15 de abril, aprobó un informe con la recomendación de Juicio Político, el mismo que contó con cinco votos de los miembros de la Comisión, entre ellos el voto dirimente de su Presidenta la Asambleísta Silvia Salgado, de conformidad con lo que prescrito en el Art. 15 de Reglamento de las Comisiones Especiales Permanentes y Ocasionales que en su parte pertinente expresa: “para la aprobación de sus decisiones, en caso de empate se adoptará aquella por la cual haya votado quien esté presidiendo la comisión”

Escala concluyó, señalando que la Asamblea Nacional debe brindar al pueblo ecuatoriano un proceso de fiscalización serio y transparente y debe proceder con el enjuiciamiento político al Fiscal General de la Nación, así como al ex- Ministro de Educación, Raúl Vallejo Corral quien ha sido llamado a juicio político por el MPD.

 

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Tomado por Ecuadorinemdiato
Quito, Abri l 20 de 2010.

 

Frente de izquierda denuncia pacto en AP y PSC para aprobar ley del agua

Según los asambleistas de la tendencia solo eso permitió aprobación de tal cuerpo legal

Los asambleistas Gerónimo Yantalema (PK) y Ramiro Terán (MPD) denunciaron este día la existencia de un presunto "pacto" entre los partidos Alianza País y Socialcristiano, que le habría permitido a una mayoría dentro de la comisión de Soberanía Alimentaria, lograr la aprobación para segundo y definitivo debate de la Ley de Aguas, sin considerar los cuestionantes que tiene el Frente de Izquierda a la misma.

Según el comunicado de esta agrupación política legislativa, "Siendo las 23:00 horas de la noche del Lunes 19 de abril quedó sellado este pacto privatizador y acaparador del agua, denunciaron Yantalema y Terán de la Bancada Plurinacional de Izquierda, y han señalado que, con argumentos y fundamentos constitucionales demostrando contundentemente que los derechos fundamentales de los ecuatorianos y ecuatorianas quedan vulnerados y violentados"

El debate no fue llevado de acuerdo con la exigencia parlamentaria, dicen Yantalema y Terán, ya que el Presidente de la Comisión, Jaime Abril no pudo responder a cuestionamientos técnicos y jurídicos realizados, por lo que se evidencia una imposición de la ley y los articulados desde el Senagua. "Se impuso nuevamente la dictadura del voto oficialista aliados con los social cristianos" señalaron los asambleistas.

 "Es importante que el País conozca que la Comisión de Soberanía Alimentaria, Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero de la Asamblea Nacional, violó permanentemente la ética parlamentaria, ya que se hizo una práctica cotidiana la de convocar para una hora e instalar cuando a ellos les parecía. Caso concreto de ayer, convocaron para las 16:00 horas, pospusieron para las 19:00 e instalaron a las 20:00 horas" denunciaron.

Según Yantalema y Terán, "Con el voto de Alianza País, Municipalismo y Madera de Guerrero-Social Cristianos, dejaron en manos de la Empresa Privada la Gestión del Agua de Consumo Humano, legalizando a Interagua de Guayaquil, por tanto eliminaron la transitoria décimo quinta del primer informe. Asi también borraron la transitoria octava que refiere a la creación del Fondo del Agua para la Vida, dejando sin recursos del Estado para la protección de las vertientes, zonas de recarga hídrica y la infraestructura comunitaria del agua".

"Esta ley elaborada y concluida solo por las noches, es decir a escondidas, legitima los Acuerdos entre el Oficialismo con los Privatizadores y Acaparadores del Agua, dejando intocados a las empresas que han lucrado y usufructuado con el Agua de todos los ecuatorianos y ecuatorianas, tal es el caso de las envasadoras, las termales, cerrando con broche de oro al dejar la gestión del Agua de consumo humano en manos de la Multinacional IInteragua" han finalizado los denunciantes.

"No existe ninguna revolución ciudadana. ¿Donde están los “defensores” de la Constitución de Alianza País? ¿En que se concretiza el Estado Plurinacional, el Sumak Kawsay? Con esta Ley demuestran que su interés no es lo que cotidianamente discursean, eso es puro discurso. En la práctica y donde debe demostrarse su interés por los más pobres y necesitados, allí en los artículos de la Ley de aguas se terminan de violentar los derechos a la vida de forma abierta y en alianza con los Social Cristianos" finalizron los asambleistas del bloque de izquierda de la Asamblea Nacional.

 

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Quito, Abri l 21 de 2010.

 

RAMIRO TERÁN “EN EL JUICIO AL FISCAL, EL GRAN TITIRITERO SE LLAMA RAFAEL CORREA”

Para el Asambleísta del MPD y miembro de la Comisión de Fiscalización, Ramiro Terán Acosta el bloqueo que afronta el juicio político al Fiscal General tiene varios responsables: la mayoría oficialista que aprobó la Ley Orgánica de la Función Legislativa orientada a evitar la fiscalización, aquellos siendo acusadores votaron por el archivo o cambiaron su voto a último momento, quienes no asumieron el voto dirimente para que el juicio vaya al pleno, todos  ellos son responsables de evitar que el pueblo ecuatoriano conozca la verdad.

 

Ramiro Terán precisó “Pero no podemos olvidar quién dijo que el juicio era inoportuno, quién desafió a los asambleístas a quitarse la inmunidad, quién sentenció que las pruebas contra el fiscal estaban desvanecidas, quién llamó por celular para cambiar votos y conseguir el  “pamelazo”, quién en cadena nacional les jaló las orejas a la Presidenta de la Comisión de Fiscalización y al propio Presidente de la Asamblea para evitar que apliquen el reglamento y se aplique el voto dirimente, ese personaje que ha manejado los hilos de esta tramoya como gran titiritero se llama Rafael Correa Delgado”

 

Para el Asambleísta del MPD, es indispensable recuperar la capacidad fiscalizadora de la Asamblea Nacional, por ello presentó un Proyecto de Reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, tendiente a impedir que este tipo de hechos se vuelvan a repetir. El MPD propone eliminar el artículo 82 y reformar el artículo 83 para establecer que sea el Pleno de la Asamblea el único órgano competente para conocer y resolver sobre las pruebas de cargo y descargo en un juicio político, “se trata de recuperar para los 124 asambleístas la capacidad fiscalizadora y que no sean sólo seis votos en la comisión de archivo, los que consagren la impunidad” sentenció Ramiro Terán.

 

Adicionalmente, se trata de darle plenas facultades a la Comisión de Fiscalización para que pueda actuar de oficio para investigar las denuncias que lleguen a su seno, en esa misma línea se busca recuperar para todos los asambleístas la capacidad de solicitar la comparencia de funcionarios públicos con el apoyo de una bancada legislativa o al menos el cinco por ciento de los miembros de la Asamblea.

 

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Tomado por Ecuadorinemdiato
Quito, Abri l 22 de 2010.

 

MPD presenta proyecto de resolución para que pedido de juicio al Fiscal pase al Pleno de Asamblea

El pedido es apoyado por legisladores de otras bancadas

El bloque del Movimiento Popular Democrático (MPD), apoyado por otros legisladores, entregó este viernes a la Presidencia de la Asamblea Nacional un pedido para que se cambie el orden del día en la sesión del próximo martes para que, a través de un proyecto de resolución, el Peno debate y resuelva el juicio político al fiscal General, Washington Pesántez.

Con el respaldo de siete asambleístas el asambleísta Jorge Escala (MPD) presentó el proyecto de resolución para que el pleno de la Asamblea Nacional resuelva el tema del juicio político al  fiscal general del Estado, Washington  Pesántez.

Esta ponencia se la hizo a pesar de que el presidente de la Función Legislativa, Fernando Cordero, dijo que no era procedente y que no iba a dar paso a un proyecto de resolución.

El proyecto de resolución pide al pleno de la Asamblea validar el informe motivado que recomienda se proceda al enjuiciamiento político del Fiscal General del Estado encargado, aprobado por la Comisión de Fiscalización con el voto dirimente de su presidenta, Silvia Salgado,  en la sesión del 15 de abril del 2010.

Además, disponer al Presidente de la Asamblea Nacional proceda de conformidad al artículo 83 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y dentro de los plazos legales incorpore en el orden del día del pleno el conocimiento de la interpelación que absolverá o censurará y destituirá al Fiscal Pesántez.

Escala sostuvo que estarán vigilantes de la actuación del Titular de la Legislatura, que de no dar paso a este pedido estaría violentando la Ley.

El proyecto de resolución está firmado por los asambleístas, Jorge Escala, Linder Altafuya, Ramiro Terán y Francisco Ulloa (MPS, César Montúfar (MCND), Gerónimo Yantalema (Pk) y Tomas Zevallos (PSE).

 

Ver Resolución

 

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Tomado por Ecuadorinemdiato
Quito, Abri l 27 de 2010.

 

Jorge Escala sostiene que la votación del juicio político a Washington Pesántez, de esta mañana, estuvo atado a acuerdos con la derecha

“Ahí hay porquería con la derecha, esto estuvo atado a la Ley de Aguas, a los negocios petroleros y atado al no cobro de impuestos a Álvaro Noboa”, sostuvo el asambleísta del Movimiento Popular Democrático (MPD), Jorge Escala, luego de los resultados que obtuvo la moción de cambio de orden del día para que el pleno de la Asamblea se pronuncie sobre el tema de juicio político al fiscal general del Estado, Washington Pesántez. El legislador no descartó seguir insistiendo en el tema con otro proyecto de resolución.

Aseveró que todos los que dijeron que es necesario que la Legislatura recupere la capacidad  de fiscalización, se echaron para atrás, “lo que significa  que el titiritero de Carondelet, sigue moviendo sus hilos aquí, a favor de los actos de corrupción y para que la Asamblea siga postrada, castrada, anulada en su capacidad fiscalizadora”.

Dijo que es sospechoso la actitud del PRIAN, ya que de los pocos que estuvieron presentes, éstos se abstuvieron. Se preguntó si a caso la gente se olvida de que el Presidente  Rafael Correa dijo que les iba a cobrar los impuestos a los mayores evasores y que tienen juicio por no pagar  al Estado, uno de ellos es Álvaro Noboa, será que por allí se perfila un acuerdo con una parte de la derecha, preguntó el legislador.

Además, manifestó que el hecho de que los asambleístas de Madera de Guerrero llegaran tarde, "es porque hay un acuerdo con los socialcristianos para mantener la empresa INTERAGUA en manos de Madera de Guerrero y socialcristianos y de los grupos económicos que siguen matando la población de Guayaquil con el agua”.

Aseguró que estos votos eran claves para lograr los 63 votos, esto es, siete de Madera de Guerrero y siete del PRIAN. Dijo que Cynthia Viteri había comprometido siete votos de Madera de Guerrero y un socialcristiano, eso lo dijo públicamente, “y ahora solo enviaron a votar a dos, para darse un maquillaje de que estaban de acuerdo”, señaló.

“Para nosotros no hay ni limbo ni archivo, y no descartamos presentar un nuevo proyecto de resolución, pero en esta ocasión a quedado demostrado como actúa cada sector político”, concluyó.

 De su parte, el asambleísta y miembro de la Comisión de Fiscalización y Control Político, Galo Lara  manifestó que los asambleístas de Alianza PAIS, cumplieron la orden del presidente Correa, “a este no me lo tocan”, y hoy archivaron el juicio político al Fiscal General, por lo tanto, vale la pena recordar que el Presidente Correa archivo el juicio político al Fiscal Pesántez, en donde se aplica la frase del Primer Mandatario “prohibido olvidar”, sentenció el legislador.

 

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Tomado por Ecuadorinemdiato
Quito, Abri l 27 de 2010.

 

Legislador del MPD responsabiliza al Mandatario de impedir fiscalización en Asamblea

Advierte de “maniobras” en caso Fiscal General
El legislador Jorge Escala, del Movimiento Popular Democrático (MPD), culpó este martes al presidente de la República, Rafael Correa, de “impedir” la fiscalización en la Asamblea Nacional y consideró como necesario “combatir los actos de corrupción vengan de donde vengan”. Escala dijo que sería una maniobra del Mandatario si el caso del fiscal General, Washington Pesántez, vuelve a la Comisión Legislativa de Fiscalización.

“Eso es una maniobra que se estaría jugando y de manera desesperada (de) Rafael Correa, quien es el verdadero titiritero, el que está atrás de esta presión para impedir la fiscalización y hay que ver qué cosa le mueve a Correa para impedir la fiscalización en la Asamblea”, señaló el legislador.

Escala cuestionó el reiterado respaldo del Jefe de Estado al Fiscal General y lanzó sus sospechas. “¿No será que le mueve el hecho de que estén algunos asambleístas de PAIS y algunos también como los hermanos Alvarado denunciados en el caso de las tragamonedas Invermun en la Fiscalía? ¿No será el hecho de que ahí también está denunciada la ex ministra de Salud Caroline Chang, que tiene demandas pendientes; Galo Chiriboga que hoy es embajador en España por el atraco petrolero?”, mencionó.

El legislador confía en que al interior de la Asamblea Nacional se encuentren los votos necesarios para la interpelación del Fiscal y se recupere “la capacidad perdida” que tiene la Función Legislativa, como lo es la fiscalización. “No vamos a caer en la trampa del chantaje, de la amenaza, del miedo”, remarcó.

“Hoy es el día decisivo en que los pueblos del Ecuador tienen puesta su mirada a los 124 asambleístas con el propósito de determinar quiénes quieren un serio e independiente proceso de fiscalización o quienes quieren seguir el mismo camino tan desprestigiado que en su momento tuvo el viejo Congreso Nacional”, puntualizó en radio City.

 

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Quito, Abri l 30 de 2010.

 

Asambleísta Francisco Ulloa critica actuación de legisladores del Movimiento PAIS

Denuncia que oficialismo no dio paso al proyecto de resolución que rechazaba fallo emitido por el Tribunal de Arbitraje de la Haya a favor de Chevron.

El asambleísta Movimiento Popular Democrático (MPD), Francisco Ulloa, criticó la actitud asumida por los asambleístas del Movimiento PAIS, quienes no permitieron que se discuta el Proyecto de Resolución que rechazaba el fallo emitido por el Tribunal de Arbitraje de la Haya, por ser atentatorio a la soberanía del país y por afectar los intereses del pueblo ecuatoriano. Posición que incluso se contradice con la posición que asumió el Gobierno Nacional al criticar dicho fallo.

Manifestó que con la decisión tomada por el Pleno, se demuestra la falta de compromiso de la mayoría de asambleístas en la Función Legislativa para tratar temas relacionados con las causas ambientales y sociales del país que repercuten a nivel internacional.

En el Proyecto de Resolución se exhortaba a la Procuraduría General del Estado para que adopte las acciones legales que corresponda, a fin de exigir la nulidad de este inaceptable laudo arbitral. Además, se exigía al Ministerio de Relaciones Exteriores el desarrollo de una campaña internacional en defensa de los intereses nacionales. Así como, se instaba al Presidente de la República para que de conformidad con lo establecido en el artículo 420 de la Constitución de la República inicie el proceso de denuncia del “Tratado entre la República del Ecuador y los Estados Unidos de América sobre promoción y la protección de inversiones”, por ser lesivo a los intereses de nuestro país.

Francisco Ulloa recordó que a lo largo de este proceso judicial se ha demostrado hasta la saciedad que la TEXACO es responsable de los daños ambientales causados en la selva húmeda tropical de nuestro país, fundamentalmente al no utilizar tecnología para re-inyectar las aguas de formación de los pozos petroleros, dejando más de 1000 piscinas de estas aguas a campo abierto, lo que ha causado la contaminación de ríos, estuarios y los cursos de aguas a niveles freáticos en vastas zonas de nuestra amazonia.

“El impacto ambiental causado por la TEXACO ha generado los llamados pasivos ambientales y que ha sido el Estado ecuatoriano el que ha debido asumir su reparación a lo largo de más de 20 años, con altos costos para el erario nacional”, señaló el asambleísta por Cotopaxi.

Insistió en que cientos de ecuatorianos fueron afectados en su salud, presentando enfermedades de la piel, intestinales, respiratorias, trastornos genéticos y, varios tipos de cáncer, como consecuencia de la contaminación causada por las mal llamadas piscinas de aguas de formación, que dejó la TEXACO.

Dijo que el laudo arbitral de la Corte Permanente de Arbitraje es perjudicial para el país, puesto que se pretende que el Ecuador pague 700 millones de dólares por compensación a las compañías Chevron Corporation y Texaco Petroleum Company, causantes de una de las mayores tragedias en contra de la biodiversidad del Ecuador, lo cual desde todo punto de vista es inmoral e ilegal.

“Es inaudito que los representantes del pueblo en la Asamblea Nacional conociendo de los daños causados por la TEXACO, tanto a la biodiversidad de la Amazonía como a la sociedad ecuatoriana, estimados en 20 mil millones de dólares, no quieran discutir en el Pleno este tema que involucra la vida de miles de ecuatorianos en la Amazonía”, concluyó.

 

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Tomado por Ecuadorinemdiato
Quito, Abri l 30 de 2010.

 

Intervención del Asambleísta Ramiro Terán en el 2do debate de la ley de Agua

El Dr. Ramiro Terán, Miembro de la Comisión de Soberanía Alimentaria, en la sesión del Pleno de hoy 4 de mayo de la Asamblea Nacional donde se está debatiendo la Ley de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, señaló que los nuevos ricos de alianza país, los que se autonombran de la revolución ciudadana, los que en discurso dicen una cosa y en la práctica hacen otra, nos les dio ningún empacho, ni les causo ningún remordimiento el unirse a los viejos ricos, a los socialcristianos o madera de guerrero, a la derecha responsable del hambre, del atraso, de la desocupación, de la desesperanza,  de la miseria de este pueblo, que le aposto a un cambio que les permita tener una vida digna en su patria,  pues con esta ley, juntos, dan cabida a las empresas privadas, ligadas al capital extranjero y multinacional como INERAGUA que se vienen apropiando del oro azul, recurso vital como es el agua en todo el mundo y en nuestro país.

 

Terán Hizo un llamado al pueblo ecuatoriano, a los hombres y mujeres de la ciudad y el campo a defender el agua como un derecho gratuito para todos, porque defender el agua es defender la vida de las presentes y futuras generaciones.

 

Del mismo modo, el Asambleísta manifestó que en la Constitución y en esta Ley se define con claridad el derecho humano al agua como fundamental e irrenunciable, donde ninguna persona puede ser despojada o excluida de este derecho y su gestión será exclusivamente pública o comunitaria, se prohíbe expresamente toda forma de privatización, es decir se acaba con la gestión individual o privada.

 

Esta Ley debe dar una estocada al corazón a los acaparadores y privatizadores.

 

Por poner solo un ejemplo de las inequidades y de la privatización actual del agua. El 80% del agua está concentrada en las grandes empresas agroexportadoras como las bananeras de Noboa, las florícolas… que representan el 1% de la población y que pagan hasta $4 por hectárea regada al año, mientras que la mayoría de campesinos que dan de comer a los ecuatorianos no tienen agua o reciben agua a gotas y racionada pagan hasta $120 por hectárea regada al año.

 

No de locos, decimos que esta Ley es inmensamente privatizadora, porque a pesar de que en su articulado y en la Constitución se señala la no privatización del agua:

Se entregara concesiones a las empresas privadas embotelladoras, que es un negocio millonario de pocos, donde 1 litro de agua cuesta más que 1 litro de leche. Desde 1998 tomar agua embotellada está de moda en el Ecuador, las principales empresas transnacionales que se benefician en el país son Coca-Cola, Tesalia, Industrias Toni y embotelladora de agua Bebref, que representan a más de 45 marcas y que según la consultora Canadean, las ventas de gua en el país ascienden a 400 millones de litros, que representan 350 millones de dólares al año, un negocio redondo.

 

Se concesionará a los grandes empresarios turísticos entregándoles las aguas termales.

 

Se concesiona a los proveedores privados de agua potable y alcantarillado como INETERAGUA en Guayaquil, quien, según la auditoría practicada por el MIDUVI, se comprometió a invertir 500 millones de dólares por un periodo de concesión de 30 años, realizar la conexión de 55.000 nuevos usuarios y aumentar la cobertura del servicio de agua al 90% de la población. No obstante, existe un servicio extremadamente ineficiente, falta de mantenimiento, inversión y expansión del servicio, en consecuencia el 21% de las familias están sin suministro de agua potable y más del 51% aun no tienen servicio de alcantarillado en Guayaquil.

 

Esta Ley se empata fraudulentamente con la Ley Minera, permitiendo que las transnacionales mineras y petroleras que tanto daño ambiental y a la salud han hecho, que han usurpado durante años nuestros recursos naturales, hoy se les entregue nuestro liquido vital para explotaciones a cielo abierto y a gran escala. No nos olvidemos de que el 100% del agua superficial y subterránea de Sucumbíos está contaminada con metales pesados y nuestros hermanos están padeciendo de cáncer y solo les queda esperar la muerte, acaso queremos que por la necesidad despiadada de dinero del gobierno, nos suceda esto a todos los ecuatorianos?

 

Se incumple con las transitorias 26 y 27 de la constitución que obliga, mediante auditorias, a la revisión y reversión inmediata de todas las concesiones otorgadas y demandamos su gestión pública o comunitaria y la redistribución equitativa, priorizando a los pequeños y medianos productores agropecuarios.

 

Para terminar, Terán hizo el planteamiento que este proyecto de Ley debe ser devuelto a la Comisión de Soberanía Alimentaria, para que se recojan los planteamientos de la mayoría del pueblo ecuatoriano que son los verdaderos mandantes en este país.

 

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Quito,Mayo 05 de 2010.

 

Asambleístas del MPD presentaron pruebas de cargo en contra del ex Ministro Raúl Vallejo

Será recibido a las 16h00 para presentar las pruebas de descargo dentro del planteamiento de juicio político

Los asambleístas del Movimiento Popular Democrático (MPD), Jorge Escala (foto) y Ramiro Terán argumentaron ante los miembros de la Comisión de Fiscalización las acusaciones en contra del ex ministro de Educación, Raúl Vallejo, a quien acusan de mentir, atentar contra la fe pública y de peculado. El ex funcionario será recibido, a partir de las 16h00, para que presente las pruebas de descargo, luego de lo cual los comisionados tendrán cinco días para dar un pronunciamiento.
Los legisladores reiteraron sus acusaciones en contra del ex ministro Vallejo al sostener que el ex Secretario de Estado,  el 8 de septiembre del 2009, en un acto público en el estadio Jockay de la ciudad de Manta, al declarar “Patria Alfabetizada al Ecuador”, mintió, ya que  el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), estableció que el analfabetismo en el año 2009 era de 7.76 por ciento, esto es, un incremento con relación al 2008 que fue del 7.62 por ciento.

Manifestaron que el ex funcionario Vallejo basó su “mentira”, en los estudios  de los académicos de la  FLACSO, realizados por Juan Ponce y Mercedes Onofa, a pesar de que en los informes, en reiteradas ocasiones,  recomiendan que no sea utilizado como una estadística real; sin embargo, indican que el funcionario realizó el anuncio señalando que se han alfabetizado a 420.888 ciudadanos y ciudadanas del país, cifra que fue contrastada por el INEC que determinó que solo existen 95.000 alfabetizados.
 
Dijeron que Vallejo al hacer este acto manejó cerca de 300 mil dólares, puesto que en el encuentro estuvieron presentes cerca de 15.000 representantes de delegaciones del área educativa, razón por la cual incluso consideran que el funcionario ha incurrido en el delito de peculado, ya que se habrían mal utilizado los recursos públicos para “mentir al pueblo ecuatoriano”.

Sostuvieron que el Ministro de Educación violentó los artículos 83, numeral 2 y 66  de la Constitución; así como el artículo 257 del Código Penal, que hace referencia al peculado y que sanciona este delito con una pena de 8 a 12 años de reclusión.

Además, argumentaron que el ex Ministro de Educación violó expresas disposiciones de la Constitución, Ley de Seguridad Social, e incurrir en el delito de desacato, al  no reconocer los derechos laborales y a la seguridad social de los 13 mil Educadores Populares que según el artículo 229 de la Constitución son reconocidos como servidores públicos que laboran en la educación no escolarizada y compensatoria en los sectores más recónditos del país.

Sostuvieron que violentó los artículos 33, 34, 326 numerales tres y cuatro, 328, 369 de la Carta Política, al igual que el artículo 2 de la Ley de Seguridad Social. Además, que ha caído en el delito de desacato al no dar cumplimiento a las resoluciones emitidas por la Corte Nacional de Justicia  (CNJ) y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito de Portoviejo, que mediante sentencias ordenaron la inmediata afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y el reconocimiento de sus derechos laborales.

Escala afirmó que inclusive el IESS ha determinado glosas por 30¨386.427,994 dólares en contra del Ministro de Educación, muchas de las cuales ya se han transformado en títulos de crédito y  no han concluido, precisamente, porque el Ministro Vallejo se niega a realizar el pago.  “Por estas flagrantes violaciones se encuentra incurso en el delito de desacato tipificado y sancionado en el artículo 234 del Código Penal”, aseguró el asambleísta.

El  legislador señaló que el funcionario debe ser enjuiciado y sancionado civil y penalmente por la violación a los derechos de los Educadores Populares y de la Carta Magna que prohíbe todo tipo de precariedad en el trabajo, el derecho a la seguridad social y a un salario digno.
 
También denunciaron el no pago del bono fronterizo a 40 mil maestros amazónicos y de Galápagos de algunos meses del 2007; irregularidades en la DINSE; y, afectación a la educación intercultural bilingüe. Además que el ex Ministro Vallejo, incumplió con las disposiciones constitucionales y legales de la gratuidad de la educación; incumplimiento en la transferencia oportuna de recursos para la educación; y,  la no entrega de nombramientos ni devolución de partidas de los docentes jubilados.

 

 

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Quito,Mayo 06 de 2010.

 

Acciones que está realizando el Bloque del MPD frente a la agresión a Estudiantes del Colegio Mejía de Quito

LA ASAMBLEA NACIONAL

CONSIDERANDO

Que, estudiantes del Instituto Nacional Mejía se han movilizado en las calles y plazas de la ciudad de Quito, como expresión de su inconformidad ante las acciones y omisiones del Gobierno frente al alza del precio de la leche y la especulación del azúcar.

Que, sectores del movimiento indígena en todo el país han salido a las calles a protestar contra la aprobación de la Ley de Recursos Hídricos, por estar en contradicción con la Constitución y por restituir políticas neoliberales de privatización.

Que, tanto los estudiantes como el movimiento indígena están ejerciendo su legítimo derecho a la resistencia, garantizado por la Constitución de la República que en su artículo 98 señala: “Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos”

Que, fruto de la brutal represión que está ejerciendo la fuerza pública en contra de estos luchadores populares, el viernes 30 de abril del presente año, el estudiante del Instituto Nacional Mejía, Xavier Gallardo, perdió su ojo izquierdo, víctima del impacto de una bomba lacrimógena.
Que, la Fuerza Pública Nacional ha violado expresas disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 66 y 163 que señalan:

Art. 66.- numeral 3:
“3. El derecho a la integridad personal, que incluye:
a) la integridad física, psíquica, moral y sexual.
b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual.”

 

”Art. 163.- La Policía Nacional es una institución estatal de carácter civil, armada, técnica, jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente especializada, cuya misión es atender la seguridad ciudadana y el orden público, y proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional.

Los miembros de la Policía Nacional tendrán una formación basada en derechos humanos, investigación especializada, prevención, control y prevención del delito y utilización de medios de disuasión y conciliación como alternativas al uso de la fuerza.

Para el desarrollo de sus tareas la Policía Nacional coordinará sus funciones con los diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados.
En sus de sus atribuciones Constitucionales y Legales:

 

RESUELVE:

1.- Rechazar la brutal represión y el uso injustificado de la violencia ejercido por la fuerza pública nacional en contra de estudiantes y del movimiento indígena

2.- Demandar del Ministro de Gobierno y Policía, Gustavo Jalkh la inmediata libertad de los estudiantes detenidos de forma ilegal y arbitraria, así como el cese de la represión y el uso injustificado de la violencia por parte de la fuerza pública.
3.- Requerir al Ministro de Gobierno y Policía, Dr. Gustavo Jalkh, que los gastos para la atención médica del estudiante Xavier Gallardo sean cubiertos por el Gobierno Nacional.

4.- Demandar a la Fiscalía General del Estado el inicio de las investigaciones correspondientes, sobre los hechos acontecidos el 30 de abril del 2010, que tuvieron como consecuencia la pérdida del ojo izquierdo, del estudiante Xavier Gallardo, por el impacto de una bomba lacrimógena.

 

 

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Boletin de Prensa
Quito,Mayo 06 de 2010.

 

El Ministro de Educación, Raúl Vallejo no pudo descargar ninguna de las acusaciones realizadas  dentro del Juicio Político por el MPD

 

El ex Ministro de Educación, Raúl Vallejo Corral, no pudo descargar ninguna de las acusaciones que le hicieran los asambleístas Ramiro Terán y Jorge Escala del MPD, más bien se dedicó a calumniar ante las pruebas contundentes realizadas dentro del proceso de sustanciación del juicio político.

 

El Asambleísta Jorge Escala aseveró que Raúl Vallejo Corral a mentido a todo el país  al declararse a Ecuador  Patria  Alfabetizada contraviniendo el art. 83 numerales 2 y 17 de la Constitución.

 

Escala afirmó que los educadores populares, mal llamados bonificados, que tienen relación de dependencia con el Ministerio de Educación,  deben ser considerados como servidores públicos y percibir todos los beneficios de ley  como es la seguridad social de conformidad a lo establecido en el art. 2 y 17 de la Ley Orgánica de Seguridad Social.

 

La  mísera remuneración de 150 dólares mensuales que perciben con jornadas de trabajo que superan las 36 horas semanales, por lo que debe aplicar lo señalado en el Art. 33 y 34 de la Constitución que dispone que el estado garantizará a las personas trabajadoras una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas, así como el derecho a la seguridad social.
El Ministerio de Educación no ha cumplido con el Decreto Ejecutivo y el Acuerdo Ministerial sobre la creación de 12 mil partidas docentes a favor de los sectores urbano – rural. Con 56 millones de dólares invertidos, a duras penas se ha entregado, hasta la fecha, 4 269 partidas, de acuerdo al propio informe de la cartera de Estado, puntualizó.

 

Por el contrario, agregó, esos recursos han servido para la precarización de los maestros mediante la contratación de 46 421 profesores, quienes no gozan de todos sus derechos, contraviniendo la Constitución  en sus art. 327 y 349 que prohíbe toda forma de precarización y la obligación del Estado de garantizar al personal docente estabilidad.

 

Responsabilizó al ex funcionario por el retraso en el pago del incremento del bono fronterizo, entre septiembre y diciembre del 2007, violentando el Art. 328 de la Carta Magna que dispone que la remuneración será inembargable; así como por el escaso impulso al Sistema de Educación Intercultural Bilingüe.

 

El  ex Ministro Raúl Vallejo en coalición con el Director de la DINSE, Edison Vallejo, obstaculizó  el cumplimiento de la ley y no emprendió las acciones administrativas por los actos de corrupción, que se produjeron en la DINSE.

 

Finalmente señaló que se ha demostrado hasta la saciedad las violaciones constitucionales y legales en la que ha incurrido Raúl Vallejo Corral pero también afirmó que la función fiscalizadora de la Asamblea Nacional es nula, por lo que exigimos de los miembros de la Comisión y en especial  a los Asambleístas de Alianza País para que voten a favor del juicio político, caso contrario, este juicio político al igual que el del Fiscal de la Nación serán archivados por orden de Rafael Correa.

 

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Boletin de Prensa
Quito,Mayo 07 de 2010.

 

Mayoría Gobiernista acepta planteamiento del MPD, de creación de Universidades en el PAÍS

 

El Asambleísta por el MPD, Jorge Escala informó que la Comisión de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología, en la reunión realizada el día martes 5 de mayo, aprobó la décima octava y trigésima transitoria, disposiciones que determinan la creación de universidades en las provincias de: Cañar, Napo, y Santo Domingo de los Tsáchilas.

Escala manifestó que la presión ejercida por la juventud y las poblaciones de las provincias mencionadas, así como su insistencia en los debates de la comisión, determinó que los integrantes de la mayoría gobiernista reconsideren la decisión adoptada en la sesión del 22 de abril de negar la creación de las mencionadas universidades.

Por otro lado el Asambleísta del MPD, manifestó que cuando se conozca el proyecto de ley en el pleno de la Asamblea, insistirá en la creación de la Universidad en la Provincia de Galápagos, puesto que una región tan importante desde el punto de vista biológico y turístico, requiere para su desarrollo y progreso de una Institución de Educación Superior.

Escala, finalmente señaló que espera que el Plenario de la Asamblea ratifique lo actuado por la Comisión y que posteriormente la Función Ejecutiva en un plazo no mayor a un año contados a partir de la vigencia de la ley, realice los trámites legales correspondientes.

 

Más información Jorge Escala  098739263

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Quito,Mayo 07 de 2010.

 

Asambleísta Linder Altafuya rechaza pretensión del Gobierno de eliminar el 40% de aportaciones para las pensiones

Jubilares del IESS

 

El Asambleísta Linder Altafuya Loor, miembro de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social expresó su total rechazo a las declaraciones vertidas en la Comisión de Régimen Económico, por el delegado del Ministro de Finanzas, Fernando Soria, quien manifestó la intención de eliminar el aporte del 40% a las pensiones jubilares que el Estado debe entregar al IESS.

Altafuya señaló que el aporte del 40% del Estado a las pensiones jubilares no es un subsidio, esto es una obligación, así lo determina el artículo 237 de la Ley de Seguridad Social en concordancia con lo señalado por la constitución de la República en su artículo 371 que dice: “Los recursos del Estado destinados para el seguro universal obligatorio constarán cada año en el Presupuesto General del Estado y serán transferidos de forma oportuna.”

Las organizaciones de afilados y jubilados del IESS se reunirán este día miércoles 12 de mayo, en el Salón del Ex Senado, con el fin de conformar un gran frente de defensa del IESS que demandará al Gobierno Nacional el pago inmediato de la deuda que el Estado mantiene con el Instituto y rechazará enérgicamente la política neoliberal del régimen de Rafael Correa, que pretende eliminar el aporte del 40% para las pensiones jubilares.

Finalmente el Asambleísta Altafuya señaló que solicitará la comparecencia del Ministro de Finanzas a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, con la finalidad de que informe sobre la pretensión del gobierno de eliminar el aporte del 40% para las pensiones jubilares, medida que será rechazada por el pueblo ecuatoriano.

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Tomado de Ecuadorenvivo
Quito,Mayo 10 de 2010.

 

Escala denuncia pacto para respaldar el proyecto de Ley de Aguas

 

El asambleísta por el Movimiento Popular Democrático, MPD, Jorge Escala denunció que buscar la concesión en la ciudad de Guayaquil sería el pacto de fondo para respaldar el proyecto de Ley de Recursos Hídricos.

Según Sonorama, el asambleísta señala que ante esta situación, que ya quedó al descubierto, los movimientos sociales se sumarán a las manifestaciones anunciadas por los indígenas en todo el país.

“No puede mantenerse en la ciudad de Guayaquil la privatización del agua. El artículo 318 de la Constitución prohíbe toda forma de privatización del agua y la concesión es expresión de negociado en el Ecuador”, expresó el comisionado.

Las manifestaciones se tienen previstas en la ciudad de Guayaquil para este día martes, fecha en que se prevé se entregue el informe final, previo a lo que será el sometimiento de votación de este proyecto de ley.

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Tomado de Ecuadorenvivo
Quito,Mayo 11 de 2010.

 

Asambleísta Jorge Escala denuncia que el Gobierno quiere apoderarse del control del Sistema de Educación Superior.

El Asambleísta del MPD, Jorge Escala denunció que el informe del Proyecto de Ley de  Educación Superior aprobado por los legisladores del oficialismo PAIS, ADE y Socialistas de la Comisión de Educación Superior, Cultura, Ciencia y Tecnología, que fue presentado para segundo debate en el Pleno de la Asamblea, es atentatorio a la autonomía universitaria, estableciendo que el Gobierno se apodere del control de las universidades, apetencia que es negada por la Constitución en su Art. 147 numeral 3 que determina que al Presidente de la República solo le está facultado definir y dirigir las políticas públicas de la Función Ejecutiva; el Sistema Universitario no es parte de esta función del Estado para que pretenda apoderarse del mismo.

 Escala agregó que son claros ejemplos del atentado contra la autonomía y de la injerencia directa del Presidente de la República en el control del sistema, los artículos 154 y 163 del proyecto de ley, que determinan que el Primer Mandatario sea el que designe a los presidentes del Consejo de Educación Superior y del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Educación Superior, instituciones que son los pilares en los que se sustenta el sistema.

 El asambleísta puntualizó que el proyecto de ley crea la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, dependencia de la Función Ejecutiva,  otorgándole la atribución de ejercer la rectoría del sistema de educación superior, incurriendo en la flagrante violación a la Constitución de la República en su Art. 353, que en ninguna parte de su texto dispone la creación de esta instancia.

 Por estas razones Escala  manifestó que ha presentado su informe como vocal de la referida comisión, que reivindica las propuestas del sistema de Educación Superior y demás actores sociales, que defiende la autonomía como condición indispensable para que el sistema de educación alcance su desarrollo académico y científico sin las ataduras del dogma, del control del gobierno y de los círculos del poder, así como el derecho al voto de los estudiantes en el Consejo de Educación Superior, la libertad de cátedra, gratuidad de la enseñanza sin restricciones, estabilidad laboral de docentes y empleados, la entrega de recursos de por los menos el 1% del Presupuesto General del Estado para garantizar la generación de Ciencias y Tecnología, la investigación e innovación.

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Acuerdos y resoluciones
Quito,Mayo 12 de 2010.

 

“Encuentro de Afiliados y Jubilados en defensa del IESS”

Las organizaciones presentes acuerdan:

 

1.- Conformar con las organizaciones que representan a los jubilados, afiliados, trabajadores, maestros, campesinos y demás asegurados el Comité Nacional en defensa del IESS, con un espíritu amplio inclusivo e incluyente.

 

2.- Exigir al Gobierno Nacional el pago inmediato de la deuda que mantiene con el IESS por concepto del 40% de aporte a las pensiones jubilares, así como los demás compromisos acordados en el convenio de pago firmado en mayo del 2008, como son el pago del déficit actuarial y los valores que adeuda el Estado por atenciones médicas prestadas a los jubilados.

 

Exigir también, el pago de la deuda que mantienen con el IESS la banca privada y los empleadores morosos.

 

3.- Que el Consejo Directivo del IESS, de manera inmediata haga público el Estudio Actuarial realizado por la OIT.

 

4.- Exigir al Consejo Directivo del IESS que no haga nuevas inversiones en el sector público hasta que no se concrete el pago de la deuda.

 

5.- Demandar del Gobierno Nacional que las inversiones del IESS, en bonos del Estado, se enmarquen dentro de lo que establece la Constitución Política de la República.

 

6.- Rechazar la actuación del Ministerio de Finanzas del actual Gobierno por incumplir lo que ordena la Constitución de la República en sus artículos 369, 371 y 372, así como lo señalado por la Ley de Seguridad Social en el artículo 237, al no cancelar de forma oportuna los aportes y contribuciones del Estado al IESS, así como no haber cumplido con el compromiso asumido en el Convenio de Pago de mayo del 2008, en donde se establece que el Estado asumirá el déficit actuarial.

 

7.- Rechazar enérgicamente la pretensión del Gobierno Nacional de eliminar los aportes del 40% para las pensiones jubilares y el pago de la atención médica de los jubilados.

 

8.- Solicitar la  destitución del Eco. Ramiro González, como Presidente del Directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y de los demás Miembros del Consejo Directivo, por no hacer respetar los mandatos que estable la Constitución en sus artículos 369, 370, 371 y 372, así como lo que señala la Ley de Seguridad Social en el artículo 237.

 

9.- Exigir al gobierno el respeto a la Autonomía del IESS; y, defenderla con todos nuestras fuerzas.

10.- Que la Comisión de los Derechos de los Trabajadores impulse las Reformas a la Ley de Seguridad Social, derogando el Artículo 11 y aprobando el proyecto de revalorización de las pensiones jubilares, considerando las propuestas de los actores sociales presentes en este foro, que conformarán una comisión para participar activamente en las sesiones en donde se traten las reformas mencionadas.

 

11.- Exigir el funcionamiento y puesta en marcha de forma inmediata del Banco del Afiliado, considerando los criterios y propuestas de los afiliados y jubilados.

 

12.- Exigir la sanción de los responsables y el pago justo a los perjudicados por las pérdidas económicas suscitadas por el robo al Monte de Piedad en la ciudad de Cuenca.

 

13.- Apoyar a los Asambleístas que mantienen una defensa incondicional de la autonomía y demás principios de la Seguridad Social y de los derechos de los asegurados.

 

14.- Realizar una Gran Marcha de afiliados, jubilados y demás asegurados, hacia la Asamblea Nacional Legislativa el día de la comparecencia del Presidente del Consejo Directivo y demás funcionarios del IESS.

 

Dado en la ciudad de Quito, en el Salón del Ex Senado de la Asamblea Nacional, a los doce días del mes de mayo del 2010.

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Acuerdos y resoluciones
Quito,Mayo 13 de 2010.

 

Aplanadora Alianza PAIS-PSC-PRE-PSE archivan juicio a Ministro de  Educación

 

La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional archivó por séptima vez un Juicio Político, en esta ocasión al Ex Ministro  de Educación Raúl Vallejo, con siete votos a favor y cuatro en contra, manifestaron los Asambleístas Ramiro Terán y Jorge Escala proponentes del  juicio en mención.

Terán expresó que la mayoría PAIS-PSC-PRE-SOCIALISTAS, como es ya costumbre en la Asamblea nuevamente funcionó como una aplanadora para encubrir las acusaciones de Peculado, en el anunció de Ecuador "Patria Alfabetizada"; en la precarización de miles de maestros comunitarios, en las partidas para los docentes que aún no han sido  asignadas, en el negociado de la DINSE; entre otras acusaciones.

El Asambleísta Terán denunció que la orden del Gobierno estuvo presente en la Comisión de Fiscalización para que se archive este Juicio. 

Por otro lado señaló que propondrá a la Asamblea Nacional,  la reestructuración de la Comisión de Fiscalización, para que dicho organismo, esté conformada con todas las fuerzas políticas y así la Asamblea recupere su papel Fiscalizador.

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Acuerdos y resoluciones
Quito,Mayo 13 de 2010.

 

MPD: ataques de Correa son berrinches de mal perdedor

 

El coordinador de la Bancada de Izquierda MPD-PK, Jorge Escala desestimó las declaraciones del Presidente de la República en contra de la CONAIE  y  de los asambleístas del MPD  calificándolas como una rabieta  de  mal perdedor. “Correa esta respirando por la herida,  no puede admitir que  fue derrotado por la movilización popular, que no pudo imponer su proyecto de ley de aguas” puntualizó.

Para Jorge Escala  resulta hasta risible la acusación de arrogantes lanzada por el Presidente contra los asambleístas del MPD, pues: “ todo el país conoce  que la arrogancia es un “atributo” del Presidente Correa, él es  quien se niega a escuchar la voz de los pueblos, es él quien cree tener la última palabra, por eso cuando no puede imponer su voluntad monta en cólera  y hace berrinches”  sentenció.

La campaña contra el MPD que encabeza el presidente Correa obedece a nuestra posición consecuente para desenmascarar las propuestas antipopulares  del gobierno, sus pactos con la derecha para afectar los derechos de los trabajadores.  “Nos ataca por que enjuiciamos la demagogia y la corrupción de Raúl Vallejo, por que denunciamos su pacto con Nebot para mantener el negociado de INTERGUA, porque Linder Altafuya  reclama el pago de la deuda del gobierno con el IESS y la destitución de Ramiro Gonzalez.”  El MPD pese a los ataques mediaticos del Presidente y la represión gubernamental mantendrá firme su posición de independencia para defender los intereses del pueblo  al interior de la Asamblea Nacional y también en las calles y plazas del país.

Según el asambleísta del MPD los ataques verbales del Presidente contra las organizaciones populares y los partidos de izquierda pretenden ocultar el abandono del proyecto de cambio de su gobierno. “ Por ello desde hace rato viene en pactos con la derecha, con el PRE, Madera de Guerrero y los socialcristianos, las mineras y petroleras transnacionales,  esos pactos son los que nos condenan al subdesarrollo, los que mantienen el saqueo de nuestras riquezas naturales, la privatización y el acaparamiento del agua, aumenta el desempleo y mantiene los salarios congelados, mientras cada día aumenta el costo de la vida”

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Boletin de Prensa
Quito,Mayo 26 de 2010.

 

Asambleísta Altafuya califica como una burla el acuerdo suscrito por Ramiro González y el Ministro de Finanzas

 

El asambleísta Linder Altafuya, miembro de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, manifestó que el acta firmada este lunes 17 de mayo, entre el Ministro de Finanzas y el Presidente del Consejo Directivo del IESS, con el fin de que el Gobierno cancele la deuda que el Estado mantiene con el IESS, constituye una burla más para los afiliados y jubilados.

En el mencionado convenio no se establecen fechas de desembolsos, ni cifras consolidadas, los acuerdos fueron generales y el pago que realizará el Gobierno, si es que lo hace, será de 666 millones por concepto del 40% de aporte obligatorio a las pensiones jubilares correspondientes a los periodos de noviembre a diciembre del 2008 y de enero a diciembre del 2009, cifra que contradice con los 773 millones de dólares que el propio González había señalado días antes , además que no se contemplan los intereses generados por esta deuda, señaló Altafuya.

Altafuya expresó que según este acuerdo, el Gobierno pagará además 300 millones de dólares correspondientes al subsidio de salud para los jubilados, sin embargo esta cantidad, no concuerda con datos que establecen que este rubro ascendería a 500 millones de dólares, el problema es que ya no podemos confiar en la palabra de Ramiro González, quien ha ocultado información y que ha demostrado no defender lo intereses de los afiliados y jubilados sino los del gobierno.

Lo más grave, es que estas dos autoridades, Ministro de Finanzas y Presidente del Consejo Directivo del IESS han decidido, violando preceptos constitucionales y legales, que el pago del 40% del aporte para las pensiones jubilares ya no se lo realice mensualmente, sino cada año, asumiendo el IESS el 100% del pago de las pensiones jubilares.

Finalmente Altafuya señaló, su total rechazo a este acuerdo que establece un monto fijado de manera antojadiza e irresponsable por parte de Patricio Rivera y Ramiro González, que sería de 817 millones de dólares, monto que como ya lo habíamos manifestado, no abarcaría los intereses generados por la deuda, el pago del 40% correspondiente al año 2010, los valores reales por concepto de atención a salud de los jubilados y el déficit actuarial.

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Boletin de Prensa
Quito,Mayo 26 de 2010.

 

Linder Altafuya demandará ante la superintendencia de Bancos y Seguros  la remoción de Ramiro González y de Fernando Guijarro

 

El Asambleísta Linder Altafuya, miembro de la Comisión de los Derechos  de los Trabajadores y la Seguridad Social, demandará ante la  Superintendencia de Bancos y Seguros la remoción del Presidente del  Consejo Directivo del IESS, Ramiro González y de su Director General,
Fernando Guijarro, quienes habrían cometido infracciones en contra de  la Ley de Seguridad Social, al haber pactado el 17 de mayo del  presente año, con el Ministro de Finanzas que el pago del 40% del  aporte obligatorio del Estado a las pensiones jubilares se lo realice  anualmente, lo que contraviene lo establecido en el Art. 74 de la Ley  de Seguridad Social que señala que estos pagos se realizarán de forma  mensual y que los funcionarios públicos bajo ningún concepto podrán  afectar estas contribuciones.

Por otro lado, expresó Altafuya, que otra de las causales para que  estos funcionarios sean removidos es su inacción frente al cobro de la  deuda que el Estado mantiene con el IESS y que a pesar de esta deuda  el Instituto le siga comprando bonos a su mayor deudor.

Linder Altafuya manifestó que González y Grijarro debían aplicar el  artículo 74 de la Ley de Seguridad Social, que en su parte pertinente  prescribe que para el caso de que exista deuda por estos conceptos se debe proceder con la retención y transferencia inmediata de estos valores por parte del Banco Central al IESS.

El Asambleísta Altafuya manifestó que la demanda de remoción es el  inicio de varias acciones, pues en los próximos días prevé presentar  una denuncia penal por el presunto delito de peculado en la venta de  bonos del Estado, pues dicho proceso no cumple con preceptos  constitucionales y legales y señaló además, que acude a estas  instancias ante la imposibilidad de llevar adelante dentro de la  Asamblea Nacional procesos de fiscalización serios, ya que la Comisión  de Fiscalización, como es conocido por la opinión pública se ha  convertido en la Comisión de archivo.


Dentro del marco de todas estas actividades en defensa de la seguridad  social en el país, el asambleísta Altafuya participará el día de  mañana jueves 27 de mayo en la ciudad de Guayaquil en el Foro en  Defensa del IESS, organizado por diversas organizaciones de afiliados  y jubilados que conforman el Frente Nacional de Defensa del IESS.

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Quito,Mayo 27 de 2010.

 

MPD denuncia que Gobierno quiere acabar con la autonomía Universitaria para someterlas a la política del chantaje

 

Jorge Escala Asambleísta del MPD, integrante de la Comisión de Educación Superior, Cultura, Ciencia y Tecnología manifestó que la autonomía es una condición indispensable para que la universidad alcance su desarrollo académico y científico sin injerencia ni control del gobierno y de los círculos de poder, razón por la cual cuestiona el informe de la Ley de Educación Superior presentado por la bancada oficialista de PAIS, Partido Socialista y ADE, puesto que este es contradictorio a la Constitución.

El Asambleísta denunció que según el proyecto de ley, el Ejecutivo presidiría las principales instancias de administración como son: El Consejo de Educación Superior y el Consejo de Evaluación y Acreditación cuyos presidentes serían nombrados a dedo por el primer mandatario; además se confirma la intensión del gobierno de secuestrar la educación al crear la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, dependencia de la Función Ejecutiva, otorgándole la atribución de ejercer la rectoría del sistema de educación superior, incurriendo en la flagrante violación a la Constitución en su Art. 353, que en ninguna parte de su texto dispone la creación de esta instancia.

Escala agregó que el gobierno tiene el claro objetivo de controlar ideológica y políticamente a la universidad ecuatoriana y seguramente aplicará las atribuciones que le confiere la ley con aquellas universidades que no se sometan dócilmente a sus designios como en el caso del artículo 153, literales g) y ñ) que aprueba la suspensión de la entrega de fondos a las instituciones de educación superior, en la parte proporcional, cuando una o más carreras o programas no cumplan los estándares establecidos”; es decir, estarán sometidos a la política del chantaje de los gobiernos de turno.

Escala manifestó también que con el actual proyecto de ley aprobado por la mayoría gobiernista queda demostrado que al gobierno no le interesa la calidad del sistema universitario puesto que no contiene un solo artículo que otorgue rentas para la investigación, y el desarrollo de la ciencia y tecnología.

El Asambleísta terminó puntualizando que la lucha que han iniciado los universitarios es justa y que como miembro de la Comisión de Educación Superior ha presentado un proyecto alternativo que recoge las aspiraciones del sistema de educación superior, donde se plantea que el Consejo de Educación Superior este integrado por autoridades, y representantes de los docentes, trabajadores y estudiantes, y cuyo Presidente sea elegido por los universitarios y no por el Presidente de la República, de igual manera el Consejo de Evaluación y Acreditación; así como para garantizar que las universidades puedan generar ciencia y tecnología se destine el 1% de los ingresos corrientes netos del gobierno central, y que las prácticas y pasantías preprofesionales sean remuneradas, garantizando el derecho al primer empleo establecido en la Constitución.

 

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Boletin de Prensa
Quito,Junio 02 de 2010.

 

Bancada MPD-PK presentó Proyecto de resolución que condena ataque Israelí a “Flotilla de la Libertad”

 

La Bancada Progresista, Democrática de Izquierda, Intercultural y Plurinacional de Derechos, MPD – PK, presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto de resolución en el que rechaza y condena las acciones bélicas implementadas por Israel en contra del pueblo Palestino y el asesinato perpetrado contra activistas de las embaraciones que en solidaridad internacional, transportaban ayuda humanitaria a la franja de Gaza, el pasado 31 de mayo de 2010.

El Coordinador de la Bancada, Jorge Escala, señaló que la “flotilla de la libertad” compuesta por nueve embarcaciones y 750 personas de 60 nacionalidades, que llevaba ayuda humanitaria a Gaza fue atacada por el ejército Israelí en aguas internacionales. Resultado de ello doce activistas solidarios fueron asesinados, una treintena heridos y un número no precisado llevado a centros de detención de manera ilegal.

El asambleísta manifestó que es deber Constitucional del Estado Ecuatoriano promover la paz y velar porque a nivel internacional se priorice el diálogo para la resolución pacífica de las controversias y los conflictos. El proyecto de resolución plantea solicitar al Presidente de la República que mediante comunicación oficial del Estado Ecuatoriano remita al Estado de Israel y a la Organización de las Naciones Unidas ONU, su pedido de cese al bloqueo en la franja de Gaza y al genocidio constante contra la población palestina, asi como la investigación y sanción a los responsables de esta masacre.

Esta agresión perpetratada por Israel en contra del pueblo Palestino, que lucha por su autodeterminación, demuestra una vez más la constante violación a los derechos humanos e instrumentos internacionales. Escala agregó que es inhumano el bloqueo que mantiene Israel en la franja de Gaza, señaló que estas acciones están provocando la muerte de cientos de ciudadanos civiles entre los que constan niños y niñas, no solo por los constantes ataques del ejército israelí, sino por el desavastecimiento de alimentos, medicinas, etc.

Jorge Escala aseveró que este es otro de los tantos actos criminales cometidos por Israel en medio oriente y el mundo entero, en complicidad de Estados Unidos, como el caso del bombardeo en Angostura y otros. Finalizó expresando la solidaridad con los activistas integrantes de la “flotilla de la libertad” y reiteró el apoyo a la lucha del pueblo palestino por su liberación nacional.

 

Quito 1 de junio de 2010
Oficio No. 00641 AN-MPD-JEZ

 

Arquitecto
Fernando Cordero
Presidente Asamblea Nacional
Presente

 

 

De nuestra consideración:

 

Adjuntamos el Proyecto de Resolución que rechaza  y condena el ataque israelí perpetrado el 31 de mayo, contra una flotilla de seis barcos que transportaban ayuda alimentaria al pueblo Palestino y solicita remitir comunicación oficial  a los organismos competentes  con el fin de dar a conocer la posición  del Ecuador frente a esta nueva agresión y al conflicto que afecta al pueblo Palestino.  Iniciativa que solicitamos sea incorporada en el orden del día de la sesión plenaria de la Asamblea Nacional.

 

Por la atención al presente le agradecemos.

Atentamente,

Jorge Escala	Cléver Jiménez
ASAMBLEÍSTA	ASAMBLEÍSTA
Ramiro Terán	Gerónimo Yantalema
ASAMBLEÍSTA	ASAMBLEÍSTA
Línder Altafuya	Lourdes Tiban
ASAMBLEÍSTA	ASAMBLEÍSTA
Francisco Ulloa	Diana Atamaint
ASAMBLEÍSTA	ASAMBLEÍSTA
María Molina	Magali Orellana
ASAMBLEÍSTA	ASAMBLEÍSTA

 

 

CONSIDERANDO

Que     el mundo esta horrorizado frente a los brutales ataques que el Estado de Israel perpetró el 31 de mayo, contra una flotilla de seis barcos con 750 personas a bordo, que transportaban ayuda alimentaria a Gaza, dejando hasta el momento 9 muertos.   Que     esta agresión perpetratada por Israel en contra del pueblo Palestino, demuestra una vez más, la constante violación a los derechos humanos e instrumentos internacionales.   Que     ante el bloqueo inhumano que mantiene el  “Estado de Israel” en la franja de Gaza a pretexto de combatir al movimiento islamista Hamás, está  provocando la muerte de cientos de ciudadanos civiles  entre los que constan niños y niñas, constituyéndose en víctimas inocentes de este conflicto.   Que     los pueblos del  mundo entero nos solidarizamos con el pueblo Palestino e instamos al pronunciamiento de los organismos internacionales a que los ataques israelíes cesen inmediatamente y se evite el sufrimiento de la población civil. Que     los y las ecuatorian@s rechazan y condenan las acciones bélicas implementadas por Israel en contra del pueblo Palestino y la solidaridad internacional que trata de enviar ayuda humanitaria.   Que     es deber  Constitucional del Estado Ecuatoriano  promover la paz y velar  porque a nivel internacional  se  priorice el diálogo para la resolución pacífica de las controversias y los conflictos. Que     es deber del Estado condenar la agresión israelí, de acuerdo a los principios establecidos en el art. 416 de la Constitución Política, en sus numerales 2 y 3, entre otros. En uso  de sus facultades constitucionales y  legales,

Resuelve

Rechazar y condenar  las acciones bélicas implementadas por Israel en contra del  pueblo Palestino y el asesinato perpetrado contra activistas de las embaraciones que en solidaridad internacional, transportaban ayuda humanitaria a la franja de Gaza.   Remitir comunicación oficial a los organismos competentes  con el fin de dar a conocer la posición del Ecuador y solicitar la investigación y sanción correspondiente, frente al ataque que se suscitó contra miembros de las embarcaciones que transportaban ayuda humanitaria. Solicitar al Presidente de la Republica que mediante comunicación oficial del Estado Ecuatoriano  remita  al Estado de Israel y a la Organización de las Naciones Unidas, ONU, su pedido de cese al bloqueo en la franja de Gaza y al genocidio constante contra la población palestina; priorizando el diálogo  para buscar solución a este conflicto.   Dado en la ciudad de Quito, a los 1 días del mes de junio de 2010.

 

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Boletin de Prensa
Quito,Junio 03 de 2010.

 

Correa está desconociendo principios universales y Constitucionales de la Seguridad Social

 

Frente al anuncio del Presidente de la República, Rafael Correa de retirar el aporte obligatorio del Estado a las pensiones jubilares y que el Presidente insiste en decir que es un “subsidio”, el asambleísta Linder Altafuya, miembro de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social señaló que Correa está demostrando desconocer normas y principios constitucionales referentes a la seguridad social, como son los estipulados en los artículos 367, 368, 369 y 371 de la Constitución de la República, precisamente el Art. 371 de la Constitución señala: “Las prestaciones de la Seguridad Social se financiarán con el aporte de las personas aseguradas en relación de dependencia y de sus empleadoras o empleadores; con los aportes de las personas independientes aseguradas; con los aportes voluntarios de las ecuatorianas y ecuatorianos domiciliados en el exterior; y con los aportes y contribuciones del Estado. (…)

El Presidente no puede simplemente anunciar la eliminación de este aporte obligatorio, pues esto significaría no respetar la Constitución ni la Ley de Seguridad Social que prescribe en su artículo 237 la obligatoriedad del Estado de financiar el 40% de las pensiones jubilares y según un principio general del derecho “la ignorancia de la Ley no exime de su cumplimiento”.

Linder Altafuya señaló además que Correa le miente al país cuando dice que el IESS tiene un exceso de liquidez, esto no es cierto, las prestaciones de salud siguen siendo deficientes, las medicinas son escasas y que decir de las pensiones de hambre que reciben los jubilados.
Finalmente el asambleísta Altafuya expresó que todos los afiliados del país deben sumarse al trabajo que está llevando adelante el Comité Nacional de Defensa del IESS, para exigir el pago de lo adeudado por el gobierno y que la inversión de los dineros del Instituto se la realice con apegao a la norma constitucional.

 

 

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Boletin de Prensa
Quito,Junio 04 de 2010.

 

Por iniciativa de la Bancada MPD-PK, Asamblea condena acciones criminales del ejército Israel contra pueblo Palestino

 

Por iniciativa de la Bancada MPD-PK, el jueves 3 de junio, con 85 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional condenó y rechazó de forma categórica el acto criminal perpetrado por unidades de asalto del ejército de Israel contra la Flotilla de embarcaciones de Ayuda Humanitaria que se dirigían a la Franja de Gaza.

El proponente de la moción, Línder Altafuya argumentó la constante violación de los derechos humanos por parte del ejército israelí contra la población palestina y condenó el criminal ataque en aguas internacionales a la “flotilla de la libertad” donde muerieron 19 activistas.

El asambleísta manifestó que la resolución recoje los planteamientos realizados por la Bancada MPD-PK, que en su parte pertinente se solidariza con las 19 víctimas mortales y con sus familias, así como con las centenas de activistas de derechos humanos, civiles desarmados, agredidos y detenidos en el brutal ataque perpetrado por el ejército israelí de forma ilícita, injustificada e inhumana.

Resolvió también conminar al Gobierno Nacional a que, mediante comunicación oficial del Estado Ecuatoriano, remita al Estado de Israel y a la Organización de las Naciones Unidas, su demanda de cese al bloqueo en la Franja de Gaza y a la constante violación de los derechos humanos del pueblo palestino; priorizando el diálogo para buscar una solución a este conflicto.

Se advirtió que las diecinueve muertes acontecidas como consecuencia del injustificado y brutal ataque realizado por el ejército de Israel, contra civiles desarmados y el secuestro de alrededor de 700 intelectuales solidarios y activistas de Derechos Humanos, constituye una flagrante violación del Derecho Internacional Humanitario que no puede quedar en la impunidad, por lo tanto se exige la investigación y sanción correspondiente.

Finalmente Linder Altafuya reiteró la solidaridad de los trabajadores y pueblos del Ecuador, con el pueblo palestino y su lucha por la autodeterminación.

 

 

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Boletin de Prensa
Tomado de la página web de la Asamblea

 

Linder Altafuya señala que es  importante darle al proyecto de Ley de Comerciantes Minoristas una salida ágil y oportuna.

 

En un amplio debate, la Comisión de los Derechos de los Trabajadores analiza el informe para segundo debate del proyecto de Ley del Trabajador Autónomo y Comerciante Minorista, la asambleísta María Augusta Calle enfatizó que es necesario hacer esfuerzos por conciliar las dos posiciones: la de los trabajadores autónomos, que es prioritaria, porque se está hablando del derecho a la vida, al trabajo, como derecho superior, con la que se busca tener ciudades bien ordenadas territorialmente, que constituye un grado inferior.

Manifestó que en la ley se deben incluir artículos más fuertes, que apoyen la participación de las organizaciones en el ordenamiento territorial, ya que la silla vacía no es suficiente, tras aclarar que en materia de seguridad social, para que ésta se aplique efectivamente, debe ser tratado desde la Ley de Seguridad Social. Igual con respecto al tema de vivienda, que está dentro del Programa General de Vivienda que lleva adelante el ministerio del ramo.

Advirtió que el tratamiento de la Ley requiere un poco más de tiempo, a fin de entregar propuestas concretas y reales, con el único objetivo de que no sea una normativa vacía, sino que tenga una mayor protección y regulación al trabajador autónomo, al recalcar que “se debe tener una seguridad para que el trabajo informal sea respetado, seguro, fuente de ingreso digna y no una instancia de persecución y abuso permanente como es ahora”.

Entre tanto, la presidenta del organismo legislativo, Nivea Vélez, al subrayar que la ley se debe discutir artículo por artículo, dijo que el tema de la vivienda fue trabajado con la Confederación Unitaria de Comerciantes Minoristas y Trabajador Autónomo, CUCOMITAE, que ha estado día a día aportando en cada uno de los textos.

Propuso que se revise todo el articulado y en aquellos aspectos en los que no hay acuerdos, cada asambleísta haga su reflexión y su propuesta.

De su lado, el asambleísta Línder Altafuya puntualizó que es importante darle al proyecto de Ley una salida ágil y oportuna, ya que al momento no hay solo preocupación, sino desesperación, por parte del sector del comerciante minorista y trabajador autónomo.

Precisó que se han hecho avances muy importantes, como haber excluido a los microempresarios de la ley y haber establecido de mejor forma quién es comerciante minorista y quién trabajador autónomo, pero lo fundamental es terminar con el abuso que se ejerce contra este sector, protegiendo su trabajo, prohibiendo la confiscación de los bienes, respaldando su derecho a la seguridad social y a la vivienda.

El proyecto de Ley, de 17 artículos, tiene por objetivo regular y garantizar las actividades productivas, de comercio y/o servicios de las y los trabajadores autónomos, por cuenta propia y comerciantes minoristas, en el marco de sus derechos y obligaciones constitucionales y legales, para cuyo propósito el Estado, en todos y cada uno de sus niveles de gobierno, promoverá y ejecutará las acciones correspondientes.

 

Participaron en la reunión, en calidad de veedores, la abogada de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME, Rafaela Hurtado y varios representantes de la Confederación Unitaria de Comerciantes Minoristas y Trabajador Autónomo, CUCOMITA

 

 

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Quito,  Junio 10 de 2010

 

MPD y Pachakutik en contra de la actitud xenofóbica de Rafael Correa

 

La Bancada de Izquierda Progresista Plurinacional de Derechos MPD-Pachakutik, solicitó la modificación del orden del día de la Sesión del Pleno Nº 45 , para el Conocimiento y Aprobación del Proyecto de Resolución que demanda la reparación y resarcimiento de los derechos de los pueblos y nacionalidades vulnerados por los ataques racistas, xenófobicos, discriminatorios y autoritarios por parte del Presidente de la República, Rafael Correa.

 

Pues a través de sus enlaces ciudadanos, cadenas radiales y televisivas, utiliza en su lenguaje y vocabulario, términos peyorativos contra las pueblos y nacionalidades indígenas, como: “indios roscas”, “los indígenas no tienen la capacidad para comprender las cosas”, “los indígenas asumen posturas trogloditas que quieren mantener al país en el pasado”, “nunca aprobaré la propuesta de los aborígenes de convertirse en autoridad para regular el agua”, entre otros términos. “Estas reflejan similar actitud de prepotencia, arrogancia, xenofobia y racismo,  que los gamonales, hacendados y autoridades utilizaron en la época colonial”, manifestó Ramiro Terán asambleísta por la Provincia de Imbabura.

 

Terán además dijo que el Primer Mandatario con sus insultos pretende acallar la voz de los indígenas, así como opacar su responsabilidad en la muerte del maestro Bosco Wisuma y justificar el cierre ilegal de la radio Arutam, dando como resultado  este tipo de ataques y actitudes que buscan amedrentar al movimiento indígena y demás organizaciones sociales y populares, deslegitimando los derechos individuales y colectivos reconocidos en la Constitución y los Instrumentos Internacionales.

 

Por ello, la bancada condena y rechaza estos pronunciamientos por parte del Presidente de la República, Rafael Correa, que utiliza fondos públicos, para emitir publicidad que induce a la violencia, discriminación, racismo, xenofobia y violación al derecho a la igualdad que atropellan los derechos de los Pueblos y Nacionalidades consagrados en la Constitución  y los Convenios y Tratados Internacionales y, Terán a su vez exhortó al Primer Mandatario, a desistir de estas posturas y pronunciamientos contra los indígenas del Ecuador, y a resarcir sus derechos individuales y colectivos vulnerados  atentando a la democracia plurinacional e intercultural.

 

Y como medida demandarán al CONATEL el inicio de medidas con el objetivo de prohibir y sancionar, al Presidente Correa por utilizar los recursos del Estado y los medios de comunicación, para propagar el racismo, xenofobia y vulnerar los derechos humanos, individuales y colectivos de los pueblos y nacionalidades.

 

Mayor información: Ramiro Terán 087546025

 

 

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Quito,  Junio 10 de 2010

 

Asambleísta Altafuya reinvindica aspectos positivos de la Ley de Servicio Público

 

En el debate que se desarrolla sobre de La Ley de Servicio Público, el asambleísta Linder Altafuya, miembro de la Comisión de Derechos de los Trabajadores, realizó su intervención señalando la importancia de haber desechado la propuesta que sobre esta Ley remitió el Ejecutivo a la Asamblea Nacional, en julio del 2009, pues dicha propuesta incluía aspectos inconstitucionales como la figura del despido intempestivo para los servidores públicos, la obligación de retirarse del servicio público a los 65 años y la derogatoria expresa de aspectos fundamentales de la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio que ampara a los educadores del país.

Altafuya manifestó, que sido en el debate en el seno de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores en donde firmemente el MPD ha defendido los derechos de las servidoras y servidores públicos del país y se logró la elaboración de un texto alternativo que verdaderamente regule el servicio público, dejando de lado las inconstitucionalidades e ilegalidades planteadas en el Proyecto propuesto por Rafael Correa.

La Ley de Servicio Público garantiza que el magisterio ecuatoriano se regirá por la Ley de Carrera Docente y Escalafón, pues así lo determina la Constitución de la República en su artículo 349, también garantiza el respeto a la autonomía universitaria, al determinar que los docentes e investigadores de la universidades públicas del país serán regulados por la Ley de Educación Superior.
Finalmente el asambleísta Altafuya expresó que hubiese querido que esta Ley sea mucho más de avanzada, sin embargo, esta propuesta protege los derechos de las servidoras y servidores públicos del país y es fruto de las posiciones consecuentes y firmes del MPD dentro de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, por lo que hace un llamado a los miembros de la Asamblea Nacional para lograr su aprobación.

 

 

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Quito,  Junio 15 de 2010

 

Jorge Escala solicita la comparecencia de la Ministra de Educación Gloria Vidal por desacato de orden Judicial 

 

El Asambleísta Jorge Escala, del Movimiento Popular Democrático (MPD), solicitó a Fernando Cordero, Presidente de la Asamblea, la comparecencia de Gloria Vidal I., Ministra de Educación, por actuar en flagrante desacato a la decisión emitida por el Juez Cuarto de Trabajo de Pichincha y ratificada en sentencia por la Corte Nacional de Justicia. 

El 14 de mayo de 2010, el mencionado Juez mediante auto de pago ordenó a la Ministra Vidal que en el término de 24 horas cancele la suma de $ 5.763,86 a la Sra. Laura Enriqueta Vargas en reconocimiento a los derechos laborales como décimos y quintos sueldos, compensaciones salariales, costo de vida, bonificaciones, entre otros; por el trabajo que ha realizado durante 19 años, en calidad de conserje para el Subsistema de Educación Popular Permanente. 

Escala el 28 de mayo de 2010, solicitó que de manera fundamentada y motivada Vidal indique las razones para dicho incumplimiento; al mismo tiempo a través de la parte actora solicitó al Juez Cuarto de Trabajo, la orden de embargo de las cuentas que mantiene el Ministerio de Educación en el Banco Central y Banco del Pacifico, con el objetivo de que  se respete y se pague los valores adeudados a Laura Vargas.    

Una vez que la Ministra de Educación ha violado el plazo establecido en el Art. 75 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y de que continúa en flagrante desacato de la orden judicial de pago, Jorge Escala pidió la comparecencia de la Ministra, a fin de que responda su ilegal actuación. 

“He denunciando por varias ocasiones estas arbitrariedades que dejan en plena vulnerabilidad los derechos de los educadores populares y de los colaboradores por parte de la Ministra de Educación, por ello exigiré desde la Asamblea y las instancias judiciales que se cumpla con los derechos que la Constitución garantiza”, concluyó. 

 

 

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Quito,  Junio 18 de 2010

 

Asambleísta Altafuya investigará presuntas irregularidades en contrato suscrito por el IEES para el servicio de Call Cente

 

El Asambleísta Linder Altafuya, miembro de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, manifestó que iniciará un proceso de investigación y fiscalización del contrato suscrito entre el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y la empresa CRONIX CIA. LTDA., la misma que provee servicio de Call Center para la concesión de citas y atención médica telefónica a los afiliados al IESS.

Altafuya señaló, que en el contrato que fue suscrito entre el Director del IESS, Econ. Patricio Guijarro y la empresa CRONIX CIA. LTDA., el precio es de 8 millones quinientos mil dólares, por un período de 730 días, es decir dos años, sin embargo hasta la presente fecha a la empresa ya se le habrían cancelado alrededor de 7 millones de dólares y el plazo recién concluye en agosto del 2011, por lo cual este contrato excedería del precio pactado, es más, a través de cálculos realizados por los propios analistas de riesgos del Instituto el precio final sería de 17 millones de dólares, cifra que está muy por encima del precio acordado, perjudicando a la institución en un monto aproximado de 9 millones de dólares.

Linder Altafuya manifestó, que esta situación debe ser aclarada por los principales directivos del IESS, señaló además que solicitará a la Contraloría General del Estado se realice un examen especial del mismo, pues otro tema que llama la atención es a cuánto ascendería el valor por cada llamada que realiza el afiliado para obtener una cita, es sabido a nivel nacional de las protestas por la falta de atención médica quienes se quejan de que a través de este servicio lo que se hace es evitar que el afiliado asista a las consultas, intentado a través de un teléfono de determinar si sus síntomas ameritan o no una consulta, con lo que se alienta el accionar de las clínicas privadas ya que la salud y sobre todo los casos de emergencia no pueden esperar citas programadas a semanas, incluso hasta meses.

Finalmente Altafuya manifestó que además del trabajo que viene llevando adelante tanto a lo interno de la Asamblea, como a través de los Comités de Defensa del IESS que se están conformando a nivel de todas las provincias del país, demandando al Gobierno Nacional el pago de la deuda que el Gobierno mantiene con el IESS, estará vigilante de que en la Institución no se cometan actos de corrupción que atenten principalmente contra los intereses de los afiliados al IESS.

 

 

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