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Boletin de Prensa.
Quito, Septiembre 03 de 2008

MPD pide explicación al Ministro de Minas y Petróleos por el incremento en el precio de la Gasolina Súper

Mediante carta dirigida al Ministro de Minas y Petróleos, el Bloque de asambleístas del Movimiento Popular Democrático, a través de Jorge Escala, solicito se explique los argumentos constitucionales y legales por los cuales se procedió al incremento del precio de gasolina super en todas las comercializadoras
Según Escala, se esta reeditando viejas prácticas neoliberales aplicadas por gobiernos de la partidocracia, que ven en el incremento de los combustibles la mejor vía para obtener recursos económicos “esta medida encarece el costo de la vida, afecta a los trabajadores y pueblos del Ecuador quienes mantienen congelados los sueldos y salarios, por lo que ahora resulta urgente e impostergable una elevación de la remuneración en el sector laboral acorde al costo de la canasta básica familiar” sentenció el asambleísta.
No existe justificación alguna para que el ejecutivo haya tomado esta decisión, señaló el asambleísta al tiempo de hacer un llamado a las organizaciones sociales, indígenas y campesinas a estar atentos frente a otras medidas que vayan en contra de la salud, educación y obra pública.

 

                           

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Boletin de Prensa.
Quito, Septiembre 10 de 2008

Veto a Ley de Seguridad Pública faculta al ejecutivo reprimir a los Sectores Sociales con las Fuerzas Armadas.

El Asambleísta del Movimiento Popular Democrático Ramiro Terán representante del bloque de izquierda, denunció al país que el veto Presidencial al artículo 43 de la Ley de Seguridad Pública, facultará al gobierno a recurrir a las fuerzas armadas con el objetivo de reprimir a los sectores sociales que se movilicen, violando además el artículo 158 de la Constitución que establece como misión de Fuerzas Armadas la defensa de la Soberanía y la integridad territorial, la protección de los derechos y libertades de los ecuatorianos más no la represión a los sectores populares.
 Esta decisión aseguró Terán deja al descubierto una faceta autoritaria del régimen pretendiendo imponer un estado de represión militar en lugar de ser sensible a la protesta social, por ello responsabilizó a la mayoría de la Asamblea que si llega a pasar este veto presidencial se prolongará la esencia represiva de la Doctrina de Seguridad Nacional en la nueva ley.
Finalmente MPD y Pachacutik reiteraron su apoyo y participación a todas las movilizaciones que en los próximos días se desarrollarán; el 11, 12, 13 de septiembre junto a la CONAIE para defender el derecho al agua, el 16 la movilización del Seguro Social Campesino y el 17 apoyando la jornada de resistencia de los maestros, y en todas las acciones implementadas por estudiantes universitarios en defensa de la autonomía y trabajadores por un salario digno y en contra de la política antiobrera del régimen.

 

                           

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Boletin de Prensa.
Quito, Septiembre 11 de 2008

Fracasa Plan de Correa para reprimir con Militares las Protestas

La denuncia pública del asambleísta del MPD Ramiro Terán contra el plan del Presidente Correa de utilizar a las fuerzas armadas para reprimir la ola de protestas sociales que vive el país tuvo su eco en la Asamblea Nacional. Este jueves la mayoría de asambleístas rechazó el veto presidencial al artículo 43  de la ley de Seguridad Pública que pretendía, violando la constitución, que los ministros de gobierno y del ambiente puedan utilizar a las fuerzas armadas para enfrentar a las movilizaciones populares e intervenir en las comunidades.
Ramiro Terán  calificó esta decisión de la Asamblea Nacional como una derrota de los sectores más atrasados y derechistas del régimen, que como Fernando Bustamante  plantearon que el legislativo se allane al veto presidencial. Lamentablemente hay sectores en el gobierno que quisieran reeditar episodios de represión y persecución contra las comunidades y sectores populares como los ocurridos en Dayuma y el austro puntualizó el asambleísta del MPD.
Para el MPD la nueva Ley de Seguridad Pública no abandona la doctrina de la Seguridad Nacional impuesta por los Estados Unidos el siglo pasado. Esta ley además de consagrar la existencia de fondos reservados, viabiliza acuerdos atentatorios a la soberanía, como los firmados por el canciller Fander Falconí  con los Estados Unidos sometiéndonos a la política “antidroga y antiterrorista” de la Casa Blanca y se legaliza la presencia de la DEA en el país.

 

                           

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Boletin de Prensa.
Quito, Septiembre 11 de 2008.

Asambleísta Ulloa exige información de convenios internacionales a Ministros de Relaciones Exteriores y Gobierno

Amparado en el artículo 120 numeral 9 de la Constitución, artículo 75 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y el artículo 9 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el asambleísta Francisco Ulloa, solicito a los ministros de Relaciones Exteriores Fander Falconí, y al ministro de Policía Gustavo Jalkh, remitan de manera documentada las razones legales y constitucionales para la la celebración de varios acuerdos entre Ecuador y los EEUU.
Ulloa, por ejemplo pide explicación sobre los argumentos para la firma del Convenio de Cooperación entre la República del Ecuador y los Estados Unidos de América relacionado con el fortalecimiento de la capacidad institucional de la República del Ecuador para controlar la producción y tráfico de drogas ilícitas, la Carta de entendimiento entre Ecuador y los Estados Unidos referente al funcionamiento del programa de unidades de investigaciones sensitivas antidrogas en el Ecuador, así como también el acuerdo entre los dos gobiernos para el funcionamiento del programa de unidades de investigaciones anti-contrabando y tráfico ilícito en el Ecuador.
Según el asambleísta previo a la firma de los tratados bilaterales anteriormente detallados, debió existir la participación directa de la ciudadanía ecuatoriana, de los legisladores y otros actores sociales, por ello en virtud de los artículos 61 numeral 2 y 95 de la Constitución de la República el comisionado solicita se detalle los días, horas, lugares, temáticas propuestas y resoluciones tomadas sobre el particular.
El sometimiento a la prueba del polígrafo y la presencia de personal policial extranjero para realizar operaciones conjuntas en el país, violando la soberanía del Ecuador y los derechos humanos garantizados en la Constitución e instrumentos internacionales, es otra de las inquietudes planteadas por el asambleísta del Movimiento Popular Democrático.
Finalmente y de acuerdo al artículo 416 de la Constitución que establece los principios bases para las relaciones del Ecuador con la Comunidad Internacional y la responsabilidad de rendir cuentas por parte de sus ejecutores y responsables, Francisco Ulloa, solicita a los ministros, indiquen los grados de responsabilidad penales y civiles que conllevan las firmas y ratificaciones de los instrumentos detallados inicialmente.
Esta información aclaro Ulloa, es urgente y necesaria para iniciar cualquier acción como Movimiento Popular Democrático desde la Asamblea Nacional.

 

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Quito, Septiembre 16 de 2008.

Altafuya califica de atentado a la Unidad Nacional reavivar el tema de la Concordia por del Ministro Ricardo Patiño

El asambleísta Linder Altafuya califico de inoportunas las declaraciones de Ricardo Patiño, quien en rueda de prensa, anuncio la realización de una consulta popular a los habitantes de la Concordia para que ellos definan si quieren pertenecer a Esmeraldas o a la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas
“Este anuncio es un atentado no solo a la integridad jurisdiccional de Esmeraldas sino, también, a la Constitución vigente y a la Ley” señaló Altafuya al tiempo de resaltar que el Congreso Nacional en noviembre del 2007, resolvió por Ley elevarlo a Cantón como parte de la jurisdicción de la provincia verde.
En que se basa el Ministro de la Política para agitar un enfrentamiento fratricida entre dos provincias hermanas se preguntó el asambleísta esmeraldeño, tras enfatizar que esta actitud es un despropósito del que tiene que responder el Gobierno.
Agregó que la transitoria décimo sexta señala claramente que “ Para resolver los conflictos de límites territoriales y de pertenencia se remitirán los informes correspondientes a la Presidencia de la República que, en el plazo de dos años desde la entrada en vigencia de esta Constitución, remitirá el proyecto de ley de fijación de límites territoriales al órgano legislativo y, de ser el caso, instará la convocatoria de consulta popular para resolver conflictos de pertenencia” en este caso según Linder Altafuya la Concordia no tiene problemas de pertenencia porque ya fue resuelto en el 2007 por el Congreso
Insistió que las autoridades de turno y el Comité Cívico en defensa de Esmeraldas, no dudarán en movilizarse para evitar que Correa pretenda cercenar a esta provincia “el presidente debe responder por los actos de corrupción que en su gobierno son denunciados y dejar en paz a un pueblo que lucha por lograr días mejores” concluyó

 

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Quito, Septiembre 22 de 2008.

Asambleístas del MPD rechazan actitud del Gobierno y la Policía en los colegios Simón Bolívar y Aguirre Abad

Los asambleístas del Movimiento Popular Democrático, rechazaron la violenta represión que fueron objeto maestros y estudiantes de los colegios Técnico Simón Bolívar y Aguirre Abad, por parte de la policía nacional, quienes incluso ingresaron a las instalaciones de las entidades educativas para detener a docente y jóvenes que exigen una evaluación integral y una educación de calidad.

Jorge Escala señaló que en el caso del colegio Técnico Simón Bolívar resulta extraño que luego de haber reprimido y detenido a maestros y estudiantes, sospechosamente el presidente de la República minutos mas tarde haya ingresado al plantel para mantener una reunión. “ rechazamos estas actitudes que lo único que provocan es generar mas violencia y malestar entre los maestros por la política que impulsa Correa en el sector educativo”

El asambleísta exigió la inmediata libertad de los docentes Leonor Yépez y Jacinto Lavalle, quienes a más de ser reprimidos de manera brutal fueron detenidos ilegal e legítimamente.

Escala enfatizó que el presidente Correa se muestra siego, sordo y mudo a los planteamientos que hace la Unión Nacional de Educadores para superar la problemática educativa, enfatizando que los responsables de la crisis que arrastra el sector, no son los maestros sino los gobiernos de turno que no entregan los recursos económicos como manda la Constitución, no capacitan a los maestros, no dotan de la infraestructura básica a los centros educativos entre otros requerimientos.

Insistió que el artículo 98 de la Constitución claramente señala que “ Los individuos o los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos”.

Los maestros están acogiéndose a un derecho constitucional y exigiendo una educación de calidad como ha planteado Rafael Correa pero para ello se necesita un dialogo entre los verdaderos actores del sistema educativo recalcó Jorge Escala

 

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Quito, Septiembre 22 de 2008.

MPD reconoció firma en denuncia presentada en el Ministerio Público sobre contratos de Fabricio Correa

El Asambleísta y dirigente del MPD, Jorge Escala , acudió este martes hasta el Ministerio Público en donde reconoció firma y rúbrica para que se lleve adelante su denuncia sobre los contratos realizados por Fabricio Correa, hermano del Primer Mandatario, con el Ecuador.
El legislador manifestó que, en este caso, el fiscal Washington Pesántez debe llamar a comparecer al ex ministro de Transporte y Obras Público, Jorge Marún.
“El MPD, habiendo presentado el 7 de julio de este año esta denuncia, inicia el proceso para que se castigue con el peso de la Ley a aquellas autoridades que permitieron estos ilícitos contratos”, expresó.
Escala consideró que en torno al tema ya debería establecer nombres de sancionados, lo cual hasta la fecha no ha ocurrido, “Son contratos que cada día van saliendo a la luz públicas y tienen que ser investigados”
Obviamente, si ya hay una determinación de que son ilegales, los responsables que hay en este momento deben  de tener instrucción fiscal, unos deben tener prohibición de salir y otros estar tras las rejas,  pero hasta el momento no hay nadie detenido, acotó en declaraciones recogidas por CRE

 

 

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Quito, Septiembre 23 de 2008.

Alianza de Izquierda apoya movilización Indígena Campesina de Maestros y Estudiantes en defensa de sus derechos.

A través de un acuerdo la Alianza Progresista Democrática de Izquierda MPD- Pachacutik, tras rechazar la actitud emprendida por el Presidente Rafael Corea en contra de la UNE, exigen al gobierno central se preserven los derechos de los pueblos y nacionalidades en la aprobación de la Ley de Recursos Hídricos, el Código Orgánico Territorial, así como una reforma urgente a la Ley de Minería.

En el documento, se ratifica el compromiso por la defensa del derecho a la educación, por ser “indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano y, que constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional”, expresando la solidaridad con la lucha de la UNE y el apoyo al PARO NACIONAL decretado por los maestros y maestras ecuatorianos;

Se respaldo la MOVILIZACIÓN INDÍGENA decretado por la CONAIE y el Movimiento Indígena, a su plataforma de lucha que contiene las aspiraciones de todos los ecuatorianos y ecuatorianas de construir un Ecuador como un “Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico”;

Se demanda del Presidente de la República, economista Rafael Correa la respuesta a las exigencias de los distintos sectores populares, el cese a la represión y, la promoción del diálogo social con las distintas organizaciones sindicales y sociales, con los pueblos y nacionalidades, que constituyen los pilares fundamentales para el ejercicio de los derechos del BUEN VIVIR – SUMAK KAWSAY y la construcción de una Patria Nueva.

Finalmente se propone trabajar por FORTALECER LA UNIDAD de los distintos sectores populares, pueblos y nacionalidades y promover su participación democrática en la elaboración de leyes que materialicen los mandatos y cumplimiento de las politicas públicas establecidas en la Constitución, así como en el impulso de la acción fiscalizadora para erradicar la corrupción y las políticas lesivas a los intereses de los pueblos, nacionalidades y la nación ecuatoriana.

Jorge Escala y Cléver Jiménez, Coordinador y Sub-coordinador de la Bancada respectivamenete, señalaron que es imperativo para los trabajadores, juventud, campesinos, comerciantes, mujeres, pueblos y nacionalidades del Ecuador, trabajar por fortalecer la unidad y organización popular como requisito indispensable para profundizar el proyecto de transformación económica, social, cultural y política del país y para lograr la realización del SUMAK KAWSAY de todos y todas los ecuatorianos y ecuatorianas.
Coincidieron en que todos los sectores (universitarios, comerciantes minoristas, campesinos, estudiantes, mujeres, pobladores de los barrios populares, servidores públicos) demandan de la Asamblea Nacional la aprobación de leyes que garanticen sus derechos.

 

 

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Quito, Septiembre 24 de 2008.

MPD denuncia incumplimiento del Gobierno con las Universidades del Ecuador

El asambleísta Francisco Ulloa, solicitó a la Ministra de Economía María Elsa Viteri, explique las razones legales y constitucionales por las que hasta el momento no se ha pagado la deuda que mantiene el Estado con la universidad ecuatoriana.
Según datos lo adeudado corresponde a la reliquidación del Impuesto al Valor Agregado IVA del año 2008, la reliquidación del Impuesto a la Renta del año 2008,la compensación por el monto que dejan de percibir las Universidades y Escuelas Politécnicas por la aplicación de la gratuidad de la educación superior durante meses de abril, mayo junio, julio, agosto y septiembre del año 2009, el ingresos recibidos por concepto de la donación del Impuesto a la Renta; así como los valores pendientes de acreditar por concepto de IVA e Impuesto a la Renta del mes de septiembre todo esto da un total de $125'609.272,70 que el gobierno a través del Ministerio de Finanzas no a transferido a las universidades, “ Esta actitud demuestra el irrespeto a la Constitución en su Art. 355 último inciso que señala “La Función Ejecutiva no podrá privar de sus rentas o asignaciones presupuestarias, o retardar las transferencias a ninguna institución del sistema, ni clausurarlas o reorganizarlas de forma total o parcial”, recalcó Ulloa.
La política de asfixia financiera que condujo a la crisis de la educación superior durante la época del neoliberalismo al parecer se esta repitiendo en el actual régimen más aún cuando en su nuevo proyecto de Ley Orgánica de Educación Superior, pretende eliminar el fondo permanente de las universidades y escuelas politécnicas (FOPEDEUPO), lo que seguramente obligará a retornar a la época de marchas y jornadas de protesta hacia el Ministerio de Finanzas para que este cumpla con las transferencias y no priorice el pago de la deuda con negociaciones que perjudican las finanzas públicas como acabó de suceder hace algunos meses señaló el asambleísta.

El gobierno por otro lodo indicó Ulloa, trata de imponer un proyecto lesivo contra los intereses de la educación superior a través de una orden que se ha enviado desde Carondelet a los miembros de la bancada oficialista de la Comisión de Educación de la Asamblea, que a pesar de haber perdido ampliamente en los debates con los representantes de las instituciones de educación superior, insisten en atropellar la autonomía universitaria para tomar el control de las universidades imponiendo un Consejo de Educación Superior, compuesto por diez vocales, cinco de los cuales son puestos a dedo por el gobierno de turno, dándole el voto dirimente al representante del Presidente de la República, quien a su vez dirige la Secretaría Técnica creada al margen de lo que determina la Constitución.

“Este organismo inquisidor que tiene atribuciones que van más allá de las que posee el consejo superior, elaborará los reglamentos, dirigen el proceso de intervención de las universidades, aprueba los estatutos de los gremios, determina las carreras que son prioritarias para el país, controla la gratuidad, elaborará el reglamento de evaluación estudiantil, etc, en definitiva esta Secretaría, dirigida directamente por el representante del Presidente es la que, violentando la Autonomía, pretende tomar el control de la Educación Superior” recalcó Francisco Ulloa
Finalmente, formuló un llamado a los asambleístas conscientes, y a todos los sectores populares a movilizarse para detener las pretensiones del régimen encaminadas crear un marco jurídico que conllevaría a retroceder años de conquistas históricas para nuestro pueblo, un claro ejemplo es Ley de Educación Superior que busca silenciar la voz de los docentes, estudiantes, trabajadores y empleados universitarios.

 

 

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Quito, Septiembre 25 de 2008.

MPD denuncia a penalmente a Ministro de Educación- Dinse, responsabilizándolo por caída de techo en Escuela de Pifo

La Directiva Nacional del Movimiento Popular Democrático a través del Asambleísta Ramiro Terán, inicio acción penal en contra del Ministro de Educación Raúl Vallejo y directivos de la DINSE,  por el accidente  ocurrido el pasado  jueves 24 de septiembre con el desprendimiento de uno de los techos principales de la Escuela Ricardo Rodríguez de la Localidad de Pifo, el cual dejó a varios niños heridos de gravedad, entre ellos Christofer Jaramillo que fue trasladado al hospital de niños Vaca Ortiz de la ciudad de Quito, quien actualmente tiene pronóstico reservado.

 

En la demanda se solicita  se investigue la responsabilidad del Ministro de Educación, Raúl Vallejo, del Director Nacional de la DINSE, Edison Fernando Vallejo, así como  a  los autores cómplices y encubridores de atentar contra la vida de los niños, niñas y maestros, por la negligencia en la construcción de una cubierta en dicha entidad educativa, la cual fue hecha sin los debidos parámetros técnicos porque ni siquiera contaba con bases de concreto, aseguró el asambleísta del MPD.

Asimismo, Terán denunció que ésta, es solo una muestra más de la desatención que esa cartera de Estado, refiriéndose al Ministerio de Educación, tiene con la niñez y la juventud ecuatoriana, casos como este se repiten a lo largo del país, donde se firman contratos millonarios para la construcción de infraestructuras escolares, pero que, sin embargo no garantizan la seguridad en el desenvolvimiento de las labores educativas, convirtiéndose en un riesgo para las actividades de maestros y estudiantes.

“Para evitar estas tragedias previo a la entrega de las obras se debe realizar una fiscalización de los trabajos y así comprobar si cumplen o no con los parámetros técnicos  y no poner  en riesgo vidas humanas” aclaro el asambleísta

Indico que seguirá este caso hasta las últimas consecuencias hasta que exista sanciones para los responsables por este gravísimo hecho.

 

 

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Quito, Octubre 01de 2008.

MPD pide orden de prisión para integrantes de red  de corrupción en dirección nacional de Servicios Educativos (DINSE)

A diferencia de la actitud asumida por el presidente de la República Rafael Correa, quien califica a los maestros de mafiosos y no da nombres, el Movimiento Popular Democrático, firme en su lucha de combatir la corrupción, denuncia documentadamente la mafia existente en contratos realizados por la Dirección Nacional de Servicios Educativos ( DINSE ).

En la denuncia presentada en la Fiscalía, Jorge Escala, sostiene que los funcionarios Edisón Vallejo, Director Nacional de la DINSE, Julie Ordóñez, Directora de Asesoría Jurídica, Carmen Rocío Abarca Roa, Secretaria del Comité de Contratación y Manuel Humberto Buenaño, Director de Recursos Humanos, constituyeron una mafia y al margen de la Ley de Contratación Pública, contribuyeron para que la entidad adjudique contrato a sus familiares, así por ejemplo:

Luis Rafael Monreal, esposo de JULIE ORDÓÑEZ, Directora de Asesoría Jurídica de la DINSE, firmó 5 contratos con la Institución para el mejoramiento de infraestructura educativa en las escuelas “José María Vargas”,“U.E. a distancia Tungurahua”, “José Rubén Tamayo”, Escuela “Benjamín Carrión, Esc. Jijón Caamaño y Flores”y el “Instituto Nacional Mejía” por un monto de $ 847.33,17
Marco Germán Abarca padre de CARMEN ROCÍO ABARCA ROA, Asesora Jurídica de la Dirección Nacional de Servicios Educativos, firmó 6 contratos con la DINSE por un monto de $ 637.416,67, sin tomar en cuentala Ley y las sanciones que se establecen para este delito
Javier Buenaño Cabrera hermano del Director de Recursos Humanos MANUEL HUMBERTO BUENAÑO, firmó contrato con la Dirección, para realizar trabajos de infraestructura en la escuela Pedro Vicente Maldonado por un monto de 171.050.

En la firma de estos contratos se violaron el Art. 63.4 de la Ley Orgánica de Contratación Pública y Art.26 de la LOSSCA en los que se prohíbe a los funcionarios, servidores o empleados intervenir en etapa precontractual y contractual, emitir informes o dictaminar en la tramitación o suscripción de convenios y contratos con el Estado y que con su acción u omisión pudieren resultar favorecidos, su cónyuge o sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

Por existir indicios suficientes que permiten presumir la existencia del cometimiento del delito de Peculado, los aludidos públicos que fueron parte del proceso de adjudicación de los contratos y que favorecieron a sus parientes deben ser sancionados según lo establece el Código Penal en sus artículos 257.2 con la pena de uno a cinco años de prisión y multa de ciento noventa y novecientos cincuenta y dos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica”.

Por lo expuesto y en razón de garantizar la inmediación y la indemnización de daños y perjuicios, conforme el Art. 159 del Código de Procedimiento Penal, Jorge Escala, solicitó al Fiscal la aplicación de las medidas cautelares de Prisión Preventiva, prohibición de salir del país y la prohibición de enajenar los bienes, del Arq. Edison Vallejo, Ing. Manuel Humberto Buenaño Cabrera y del Ing. José Javier Buenaño Cabrera, así como se extienda la investigación a Raúl Vallejo Ministro de Educación que por su acción u omisión permitió estas fechorías y al parecer sería el principal responsable de esta red de corrupción señaló el Asambleísta Nacional del MPD.   

 

 

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Quito, Octubre 01 de 2008.

La Bancada progresista, de Izquierda, Plurinacional de Pachakutik y Movimiento Popular Democrático

CONSIDERANDO

Que en el país se ha generalizado la REPRESIÓN BRUTAL a los indígenas, maestros, estudiantes, trabajadores y pueblos del Ecuador quienes en uso su legítimo derecho a la resistencia de conformidad a lo establecido en el Art. 98 de la Carta Magna se han movilizado en las calles, plazas y en tomas de carreteras como expresión de su inconformidad ante políticas del Gobierno que son contrarias al proyecto de cambio, democrático y patriótico, por el cual, y en contra de la Ley del Aguas, de la Ley de Seguridad Pública, del Código de Ordenamiento Territorial, de Servicio Público por estar en contradicción a los principios constitucionales y por restituir políticas neoliberales de privatización y entrega de nuestros recursos a las transnacionales.

Que el día de ayer, 30 de septiembre en Sevilla Don Bosco, Provincia de Morona Santiago centenares de policías reprimieron a manifestantes de la Comunidad Shuar dejando como saldo decenas de heridos y un indígena muerto, Bosco Wisuma, profesor intercultural bilingüe, y que esta represión se ha generalizado contra los maestros, indígenas, estudiantes, trabajadores y luchadores populares

 

Que los derechos y garantías constitucionales deben ser respetados por la Policía Nacional y debe cumplir las funciones dispuestas en el artículo 158 de la Constitución que señala claramente que su misión es la defensa de la soberanía y la integridad territorial, la protección de los derechos y libertades de los ecuatorianos, sin embargo se ha dispuesto la movilización de más de 20 mil miembros de la Policía para la represión a los sectores populares e indígenas.

Que en estos momentos de gran agitación política es imperativo que el gobierno retome el camino de avanzar en el proceso de cambio y de transformació n por el que seguimos luchando la inmensa mayoría de ecuatorianos,
Que en uso de sus facultades constitucionales y legales:

 

RESUELVE
1.      Apoyar la lucha de los pueblos amazónicos y solidarse con las comunidades y familiares del maestro Bosco Wisuma asesinado el día de ayer, así como con los dirigentes y luchadores heridos, detenidos y perseguidos, a la vez que llamamos a FORTALECER LA UNIDAD DE LOS PUEBLOS, para garantizar que nuestro proyecto de cambio avance en función de los objetivos de construcción de una patria nueva, de justicia e igualdad.

 

2.      RESPONSABILIZAR AL PRESIDENTE al Presidente de la República del Ecuador, economista Rafael Correa que en lugar de propiciar el DIÁLOGO SOCIAL, mantiene una actitud beligerante, de oídos sordos al clamor de los pueblos, de los maestros, de los estudiantes y trabajadores, actitud que promueve de manera peligrosa el enfrentamiento de pueblo contra pueblo, por lo que lo EXHORTAMOS A CAMBIAR DE ACTITUD, a convocar de manera inmediata a las organizaciones populares a un DIÁLOGO ABIERTO Y SIN CONDICIONES para buscar en conjunto la salida a los problemas.

 

3.      Demandar ante la Fiscalía General del Estado se inicie los juicios penales en contra del Ministro de Gobierno, Gustavo Jalhk y contra el Comandante General de Policía Fredy Martínez, por la muerte del maestro shuar y por la represión desatada contra con luchadores populares.

 

4.      RATIFICAR nuestro compromiso con los pueblos, maestros, trabajadores, estudiantes y pueblos del Ecuador de trabajar en Unidad de acción y lucha por los grandes objetivos de la nación.

Atentamente,

 

Jorge Escala	Cleber Jímenez
Línder Altafuya	Lourdes Tibán
Francisco Ulloa	Diana Atamaint
Ramiro Terán	Magaly Orellana
María Molina.	Gerónimo Yantalema

 

 

 

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Quito, Octubre 02 de 2008.

Asambleísta  Ramiro Terán pide  se  investigue gestión de los hermanos Vinicio y Fernando Alvarado

El asambleísta Ramiro Terán solicitó al Contralor General del Estado Carlos Polit, que se disponga un examen especial de la gestión de los hermanos Vinicio y Fernando Alvarado,  al frente de la Secretaria General de la Administración Pública y  Secretaria General de Comunicación respectivamente.

Esta solicitud la formula Terán en vista del  incremento inusitado de la campaña publicitaria del gobierno nacional en los medios de comunicación, publicidad que como se puede notar se ha incrementado en forma desmedida, lo que conlleva  a utilizar mayores recursos económicos para cubrir  estos pautajes  de la publicidad del gobierno.

“Queremos conocer señor contralor el monto que desde el  gobierno se invierte a pretexto de difundir su gestión” señaló el asambleísta al tiempo de recalcar que ese dinero bien puede ser utilizado en fines educativos, médicos, obra pública por mencionar algunos ejemplos.

El asambleísta por Imbabura, solicitó además a Carlos Polit, que de conformidad a las atribuciones establecidas en el artículo 31, numeral 6 de la Ley Orgánica de la Controlaría, se ejerza un control riguroso a través de operativos  para que en las movilizaciones planteadas en apoyo al gobierno se utilice los vehículos de las instituciones públicas peor aún se utilice recursos  de las instituciones públicas para cubrir gastos que impliquen movilización y presencia de personas en los actos de respaldo al Presidente de la República Rafael Correa.

Ramiro Terán recalcó que de acuerdo al artículo 233 de la Constitución ningún servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por omisión, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo, administración de fondos, bienes y recursos públicos.

Aclaró que no esta en desacuerdo con las marchas de apoyo al régimen pero  si dichas movilizaciones  son financiadas con recursos públicos, la Controlaría y la Fiscalía deben tomar los correctivos pertinentes y sancionar a los responsables.

 

 

 

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Quito, Octubre 06 de 2008.

Ministro de Gobierno admite que la policía porta armas en la represión a los Sectores Sociales.

Para el asambleísta Linder Altafuya, tras la comparecencia realizada por el Ministro de Gobierno Gustavo Jalkh a la Comisión Especializada de Derechos Colectivos, quedó demostrada la política represiva que ha tomado el actual gobierno, ya que el Ministro admitió que la policía nacional porta armas de dotación durante las manifestaciones de indígenas, maestros y estudiantes.

Como se recordará dijo Altafuya, el gobierno constantemente sostuvo que la policía nacional durante el control de las manifestación única y exclusivamente porta armas antimotines y no armas que atentan contra la vida, pero las declaraciones de Jalkh, desvirtúan dichas aseveraciones, a pesar de que el Ministro de Gobierno, sostuvo que las armas únicamente son utilizadas en caso de existir órdenes superiores.

“Las funciones de la policía deben estar encaminadas a combatir el crimen organizado y no a reprimir brutalmente a maestros, indígenas, campesinos, quienes luchan por hacer respetar sus derechos” señaló el asambleísta.

Al momento recalcó Altafuya, el régimen pretende repetir el capitulo vivido en Dayuma es decir victimizar a los represores que atentan contra el pueblo, ante lo cual exigió a Correa
deponga esta actitud represora ya que el artículo 98 de la Constitución faculta a los individuos y los colectivos ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público.

El gobierno insistió Altafuya, no puede tratar de invisibilizar la lucha popular, lucha que en el caso de los maestros esta encaminada a mejorar la educación pero de una manera integral y en el caso de los indígenas, precautelar su territorio, el agua y su vida.

Los colegios enfatizó, no deben seguir convirtiéndose en cuarteles en donde la policía nacional, entra como en su casa y a órdenes de las autoridades del Ministerio de Educación, ultrajan y agreden a maestras, maestros y estudiantes.

Linder Altafuya, finalizó formulando un llamado al gobierno para iniciar un diálogo nacional y evitar más derramamiento de sangre como ocurrió en Morona Santiago “esperamos sentarnos a la mesa del diálogo y que el presidente deponga su actitud prepotente, sin presiones, insultos y con el ánimo solucionar la problemática que vive no solo la educación sino varios sectores del país.”

 

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Las disculpas no son suficientes, sino se dan rectificaciones urgentes y concretas en la marcha de la Asamblea Nacional

Quito, 14 de octubre del 2009

Oficio No. 042 – AN-MPD-LAL


Arquitecto

Fernando Cordero Acosta
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL
Presente



De nuestras consideraciones

Los Asambleístas del Movimiento Popular Democrático hacemos un llamado a usted, a fin de que la Asamblea Nacional recupere su papel protagónico de legislar y fiscalizar para los tiempos de una Patria Nueva.

Señor Presidente, la mayoría de la Asamblea Nacional prácticamente ha abandonado el proyecto de cambio progresista y patriótico marcado desde la Constituyente de Montecristi al aprobar varias leyes de carácter regresivo en cuanto al cumplimiento de los derechos individuales y colectivos de nuestros pueblos como el caso de la Ley de Minería, Ley de Empresas Públicas y otras. Los actuales proyectos legislativos no han cumplido con las expectativas de los sectores populares del Ecuador, esta es la única razón, por la que la credibilidad de la Función Legislativa haya sufrido una baja impresionante en las últimas semanas.

El hecho de no cumplir con los plazos previstos para la aprobación de las Leyes dispuestas por la Transitoria Primera de la Constitución, es responsabilidad de la mayoría PAIS-PRE que hoy domina la Función Legislativa, por haber convertido a la Asamblea practicante en una dependencia sometida al poder ejecutivo, recordemos que los sectores populares en una muestra de responsabilidad con la Patria presentaron a tiempo varios proyectos de Ley en materia de Recursos Hídricos, Educación Superior, Comunicación, que a pesar de haberse entregado con el tiempo suficiente, fueron relegados a un segundo plano, mientras se esperaba la llegada de los proyectos del Ejecutivo con la venia del Señor Presidente de la República.

La mayoría oficialista ha mutilado la función fiscalizadora de la Asamblea Nacional, con una Ley de la Función Legislativa que en lugar de agilitar estos procedimientos los retarda y congestiona en demasía. Es así, que ante los hechos de corrupción que son denunciados diariamente en los diferentes medios de comunicación y constantemente al interior de la Asamblea, no se ha emprendido acciones de fiscalización serias y con resultados concretos; nada se ha dicho por ejemplo de los casos de Corrupción en la Dirección de Servicios Educativos DINSE, en la adjudicación de los contratos de los campos petroleros de SACHA, los sobreprecios en las compras de materiales para el Consejo Nacional de Tránsito, o los denunciados por el propio hermano del Presidente de la República.

Asimismo, la Asamblea Nacional no se pronunció y menos condenó los actos de represión cometidos por la Fuerza Pública en contra de indígenas, maestros, campesinos y estudiantes en las últimas semanas, tampoco se pronunció respecto a los hechos suscitados el 30 de septiembre en Sevilla Don Bosco, Provincia de Morona Santiago en donde centenares de policías reprimieron a manifestantes de la Comunidad Shuar dejando como resultado decenas de heridos y a un maestro indígena muerto, el Profesor Bosco Wisuma; los Asambleístas del MPD propusimos al Pleno de la Asamblea se traten estos temas y nuestra petición fue negada.

Señor Presidente, la Asamblea Nacional no puede permanecer callada frente a estos acontecimientos, es nuestra obligación demandar el esclarecimiento de estos hechos y asumir la función de fiscalización que el país nos exige, no hacerlo conllevaría a que la Asamblea sea cómplice de estos hechos que avergüenzan a la Patria a la que juramos defenderla.

Nuestra intención, señor Presidente es que la Asamblea Nacional no siga el mismo camino tan desprestigiado que en su momento tuvo el viejo Congreso Nacional por aquellas acciones inmorales, ilegales e inconstitucionales que los pueblos del Ecuador lo sepultaron en su memoria histórica.

Señor Presidente, las disculpas no son suficientes, sino se dan rectificaciones urgentes y concretas en la marcha de la Asamblea Nacional.

Por lo expuesto señor Presidente nos permitimos proponer a usted públicamente lo siguiente:

Abrir un debate real para la aprobación de los proyectos de Ley que es obligatorio aprobar por parte de la Asamblea Nacional, según lo dispone la Transitoria Primera de la Constitución; esto significa que se acoja las propuestas de los sectores populares que con la debida suficiencia de tiempo fueron presentadas.

Reformar la Ley Orgánica de la Función Legislativa para que se facilite la función fiscalizadora de la Asamblea Nacional.

Que la Asamblea Nacional lleve adelante verdaderos procesos de Fiscalización en temas como: los contratos del hermano del Presidente de la República con instituciones del Estado; los contratos petroleros; las presuntas irregularidades cometidas en la Dirección de Nacional de Servicios Educativos DINSE; entre otros; y, que se informe al país acerca de los avances y conclusiones de los mismos.

Que las sesiones del Pleno de la Asamblea sean transmitidas por señal abierta de televisión y/o radio difusoras del Estado.


Atentamente,

ASAMBLEISTAS DEL MPD

 

Prof. Jorge Escala Zambrano		Dr. Ramiro Terán Acosta		Dr. Linder Altafuya Loor
	Arq. Francisco Ulloa		Dra. María Molina

 

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Quito, Octubre 15 de 2008.

Gobierno pretende eliminar fondo de Universidades al tiempo que adeuda 125 millones a la Educación Superior

 

Jorge Escala, asambleísta del MPD y miembro de la Comisión de Educación, denunció que el gobierno nacional a través de la mayoría PAIS-PRE, pretende eliminar en la Nueva Ley de Educación Superior el Fondo Permanente de Universidades y Escuelas Politécnicas (FOPEDEUPO), lo cual constituye un atentado a la autonomía financiera de las universidades.
La intención gubernamental según Escala, es disminuir en el corto tiempo las rentas universitarias, pues actualmente el FOPEDEUPO garantiza el 11% del Impuesto a la Renta y un 10% del IVA para la universidades, impuestos cuya recaudación crece progresivamente cada año, incrementándose automáticamente las rentas universitarias. “Con las proyecciones más conservadoras del SRI sobre la recaudación de impuestos en el 2010 el FOPEDEUPO generaría 628 millones de dólares para el desarrollo universitario mientras la propuesta del gobierno del 5% de los ingresos permanentes del Presupuesto General del Estado apenas llegaría a 500 millones perjudicando así el desarrollo de las instituciones universitarias en más de 100 millones de dólares ” enfatizó el asambleísta.

Para Escala, lo aprobado hasta ahora por la mayoría de la Comisión de Educación, va en la línea de someter a las universidades públicas, eliminar en los hechos su autonomía financiera, reducir sus rentas, restarle la capacidad de aprobar sus presupuestos, (art 18, lit. g), abren de forma inconstitucional la posibilidad que el gobierno retenga las rentas universitarias (art. 22 del informe)entre otras ilegalidades.

Escala recordó que mientras el Presidente de la República, Rafael Correa, dice que va invertir en la educación superior, en los hechos adeuda hasta septiembre de este año 125 millones de dólares a las universidades.

La actitud de la mayoría oficialista en los hechos puntualizó el asambleísta del MPD, es desechar las propuestas realizadas por los sectores universitarios y cumplir a cabalidad los caprichos de Carondelet, imponiendo una versión maquillada del proyecto de ley redactada por SENPLADES, ante lo cual dijo Escala, la movilización anunciada por la FEUE para el 21 de Octubre esta plenamente justificada. “Con lo ocurrido con los maestros e indígenas, lo deseable sería que el gobierno abandone sus poses de prepotencia y terquedad, y abra un diálogo real con los actores universitarios.” finalizó Jorge Escala.

 

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Quito, Octubre 16 de 2008.

Bloque Oficialista insiste en perjudicar a los Docentes en el Proyecto de Ley de Servicio Público

El Pacto de la “regalada gana” conformado por Alianza País y el Partido Roldosista, insisten en su afán de perjudicar a los docentes a través de la eliminación de los artículos 93 y 106 de la Ley de Servicio Público, que se refiere al escalafón del magisterio, denunció Linder Altafuya, miembro de la Comisión de Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social.
Altafuya señaló que tanto María Augusta Calle, Abdalá Bucaram, Dora Aguirre, Carlos Samaniego y Armando Aguilar, hipócritamente luego de haber apoyado el informe de mayoría en el cual se mantiene dichos artículos, presentan un informe a parte en el cual sugieren eliminar el artículo 93 así como el segundo inciso del artículo 106 del proyecto, demostrando de esta manera su intensión malévola y premeditada de afectar a miles de maestros a nivel nacional.

Al eliminar estos artículos del Proyecto de Ley Orgánica del Servicio Público, recalcó Altafuya, el Ministro de Relaciones Laborales, decidirá a su antojo cuanto van a ganar los maestros y lo que es peor se dejará sin efecto conquistas laborales alcanzadas por los docentes a través de los años como por ejemplo: el sueldo profesional básico del magisterio, el 10% del incremento sobre al sueldo básico en los ascensos de categoría, las asignaciones complementarias a que tienen derecho los docentes tales como: subsidio familiar, subsidio de antigüedad, compensación pedagógica mensual, gastos de representación y subsidio de transporte, subsidio a favor de docentes en las zonas rurales comprendidas hasta los 20 km de la línea de frontera y los de la Provincia de Galápagos, subsidio de Educación (28% del salario mínimo vital) por cada carga familiar que  estudie en los uno de los tres primeros niveles, beneficios económicos provenientes del tiempo de servicio o cambio de títulos o mejoramiento docente.

Insistió que los maestros no pueden estar regulados por la Ley de Servicio Público porque el trabajo que realizan es intelectual de enseñanza y por esas consideraciones la Constitución prevé que la LEY REGULARÁ la carrera docente, el escalafón y la política salarial en todos sus niveles, es decir todo esto en un solo cuerpo legal.
Argumentó que el gobierno esta implementando una política antiobrera, prueba de ello es el incremento en gran medida del desempleo es decir del 7,1% que se registró en el 2008 a septiembre del 2009 llega a 9,1%.
Es lamentable que a pesar de estas cifras alarmantes el régimen insista en su decisión de afectar aún más a los trabajadores, maestros, estudiantes, campesinos y universidades, concluyó Altafuya.

 

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Quito, Octubre 16 de 2008.

MPD exige a la Contraloría vigilar que los fondos Públicos no sean utilizados en marchas de Apoyo al Gobierno

El Asambleísta Ramiro Terán miembro de la Comisión de Fiscalización y Control Político, solicitó al Contralor General del Estado Carlos Polít, que ejerza un control riguroso a través de operativos en las Alcaldías, Prefecturas, Gobernaciones, Tenencias Políticas y otras instituciones del Estado a nivel nacional, ya que de acuerdo a varias denuncias en la movilización planteada por el gobierno para este sábado 17 de octubre en la ciudad de Quito, se pretende utilizar los vehículos, recursos económicos y viáticos de las Instituciones públicas, para cubrir los gastos que representa la movilización en respaldo del Presidente de la República.
Ramiro Terán recalcó que de acuerdo al artículo 233 de la Constitución ningún servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por omisión, y serán responsables administrativa,civil y penalmente por el manejo, administración de fondos, bienes y recursos públicos.
Aclaró no estar en desacuerdo con las marchas de apoyo al régimen pero si en que dichas movilizaciones sean financiadas con recursos públicos, por lo que llamó a las autoridades de la Contraloria y la Fiscalia, a tomar los correctivos pertinentes y sancionar a los responsables de darse el caso.

 

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Quito, Octubre 22 de 2008.

MPD solicita orden de prisión y arraigo para funcionarios del Gobierno involucrados en casos de corrupción con mafia de casinos

El Asambleísta Jorge Escala y el Director Nacional del MPD Abogado Luis Villacís Maldonado, solicitarán al Fiscal General de la Nación Washington Pesantez la investigación de los casos de corrupción entre funcionarios del gobierno involucrados en acuerdos económicos con la empresa INVERMUN, que es dueña de alrededor de 70 casas de juego en el país, dichos acuerdos consistían en la entrega mensual de cuantiosas sumas de dinero, las mismas que tenían el propósito de permitir que INVERMUN continuara funcionando, a pesar de haber expresas violaciones legales y de que el propio Presidente de la República anunciara cerrar definitivamente este tipo de negocios. Esta petición será presentada al medio día de hoy jueves 20 de octubre, indicó el Asambleísta Escala.
Solicitaremos formalmente la prohibición de ausentarse del país y la prisión preventiva para los funcionarios: Vinicio Alvarado, Secretario General de la Administración; Fernando Alvarado, Secretario de Comunicación; Julio Cesar Quiñonez, Intendente de Policía del Guayas; Juan Carlos Cassinelli, Asambleísta de País; Douglas Arguello; Luis Monge, Jefe Político de Guayaquil; Víctor Lescano, Gerente de Invermun, Félix Rosenberg, propietario de Invermun y Pierina Correa ex candidata a Prefecta del Guayas, así como a otros funcionarios y demás autores, cómplices y encubridores que llegaren a determinarse dentro de la investigación, aseveró el Asambleísta del MPD.
No se puede seguir tolerando más actos de corrupción que día a día se denuncian en el país, es hora de tomar medidas contundentes y urgentes, si es que lamentablemente no se lo puede realizar desde la Asamblea, por la intransigencia de la mayoría gobiernista PAIS-PRE, seguiremos insistiendo con todas las medidas legales y judiciales que nos permite la Ley, para lo cual expresamos nuestro total respaldo al Fiscal General de la Nación en su tarea de investigar y sancionar a los funcionarios y empresarios corruptos que a espaldas del pueblo ecuatoriano maquinan sorprendentes casos de corrupción, desperdiciando la oportunidad histórica de cristalizar los cambios patrióticos y progresistas por los que desde hace tiempo viene luchando el pueblo ecuatoriano, enfatizó Escala.
Finalmente, señaló que solicitará se lleve a cabo la Audiencia de Formulación de Cargos para los funcionarios involucrados; que se investigue al SRI y la CAE, a fin de determinar las supuestas evasiones de impuestos y violaciones legales de la compañía Invermun.

 

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Quito, Octubre 23 de 2008.

Jorge Escala  “Gobierno no aprende la lección, insiste con represión, imponer sus Leyes”

Para el Asambleísta del MPD y miembro de la Comisión de Educación, Jorge Escala , la actitud del gobierno nacional frente a las multitudinarias marchas universitarias revela que el Presidente Correa no aprendió la lección que recibió del levantamiento indígena y el paro de la UNE, respecto a la necesidad de dialogar con los sectores sociales y escuchar sus propuestas, al contrario el ejecutivo insiste en imponer sus proyectos en un alarde de prepotencia y autoritarismo.
Para el asambleísta del MPD , el operativo montado desde el Ministerio de Seguridad para detener decenas de buses con universitarios en Guayaquil, Santa Elena, Ibarra, Latacunga, Riobamba, Guaranda, viola principios constitucionales como el libre tránsito en el territorio nacional y el derecho a la resistencia, además que revela una actitud discriminatoria contra los universitarios al recordar que para la marcha pro gobierno del sábado pasado no existió un operativo policial similar. por lo cual el Ministro Jalkh deberá responder ante la Asamblea Nacional.
El bloque de izquierda MPD-Pachacutik esta comprometido con la transformación de la Educación Superior, por ello respaldamos con nuestra firma el proyecto de ley que surgió de la comunidad universitaria, afirmó Escala. La nueva ley de Educación superior debe ratificar la autonomía universitaria, la gratuidad, la vigencia del FOPEDEUPO, la carrera del docente universitario, aspectos que el proyecto de SENPLADES vulnera claramente.
Jorge Escala se pronunció por que el dialogo para aprobar la ley de Educación superior se concrete de manera seria y responsable, con todos los actores del sistema. “ No puede ser un dialogo de sordos , dónde el Presidente dice que la ley va por que va” afirmó. “tampoco puede ser un sainete “entre familia”, con tres representantes del SENPLADES autores del proyecto anti universitario, tres asambleístas de PAIS obligados a levantar la mano” puntualizó Escala.
Si el dialogo es sincero, debe incluir a los interlocutores válidos del sistema de educación, a los estudiantes y docentes universitarios, a los públicos y particulares señaló Escala. En el caso de la Comisión de Educación, el procedimiento del Presidente Raúl Abad de nombrar a sus compañeros de PAIS para la comisión tripartita es ilegal pues la ley de la Función Legislativa no le faculta para ello, además revela una actitud excluyente , que no permite avanzar el dialogo. Para Escala lo correcto es que una delegación multipartidaria que realmente viabilice acuerdos, en todo caso la bancada de izquierda MPD-Pachacutik no renunciará a usar su voz y voto para defender la Universidad Ecuatoriana.

 

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Quito, Octubre 27 de 2008.

Asambleísta Francisco Ulloa solicita sanciones para oficiales que atentaron contra estudiantes de la Universidad Técnica de Cotopaxi

Amparado en el artículo 120, numeral 9 de la Constitución, el asambleísta Francisco Ulloa, solicitó se convoque al Ministro de de Gobierno y Policía Gustavo Jalkh, a la Comisión de Participación Ciudadana, para que responda por las múltiples agresiones que fueron víctimas estudiantes de la Universidad Técnica de Cotopaxi, por parte de la policía nacional.
Según Francisco Ulloa, en esta comparecencia el Ministro deberá informar las medidas adoptadas a fin de sancionar a los oficiales de la Fuerza Pública que atentando elementales principios de respeto a los derechos humanos de los estudiantes de la Universidad Técnica de Cotopaxi, los reprimió de forma brutal. “ Existen imágenes difundidas por los medios de comunicación en las cuales se observa la agresión a un estudiante hasta hacerle desangrar” señaló el asambleísta al tiempo de insistir que éstas medidas violentan de manera flagrante el artículo 66 numeral 3 de la Constitución, que garantiza el derecho a la integridad personal.
Exige se entregue toda la documentación de respaldo del operativo realizado la noche del martes 20 y la madrugada del miércoles 21 de octubre por la Fuerza Pública con el propósito de impedir el paso de los buses de universitarios a la ciudad de Quito.
El ministro Jalkh, a decir del representante por la provincia de Cotopaxi, violentó el artículo 66 numeral 14 de la Constitución el mismo que garantiza el derecho a transitar libremente por el territorio nacional. “Necesito y el país necesita conocer bajo que argumentos se ordenó a la Fuerza Pública que se impida el paso de buses ocupados por los estudiantes y docentes universitarios quienes se disponían a partir desde varias ciudades del país como: Guayaquil, Riobamba, Guaranda, Ibarra, Latacunga,etc, con destino a Quito hacia una concentración pacífica de universitarios que públicamente anunciaron esta medida en rechazo a las reformas antidemocráticas que se pretenden introducir en el proyecto de Ley Orgánica de Educación Superior”. Recalco Ulloa.
La Comisión de Participación Ciudadana y Control Social y particularmente la Asamblea Nacional no puede insistió Francisco Ulloa, permanecer en silencio ante estas claras violaciones no solo a la Constitución sino a los derechos humanos de jóvenes que defienden y exigen una educación de calidad.

 

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Quito, Noviembre 06de 2008.

MPD rechaza la firma del acuerdo complementario para la Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad entre Colombia y EEUU

Por pedido del asambleísta Francisco Ulloa, la Asamblea Nacional incluyó dentro del orden del día de la sesión de este viernes, un proyecto de resolución presentado por el Movimiento Popular Democrático, mediante el cual se rechaza el Acuerdo complementario para la Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad entre los Gobiernos de la República de Colombia y de los Estados Unidos de Norteamérica que permite la presencia de bases militares extranjeras en territorio Colombiano que desestabilizan la Región y que obligan a reforzar la presencia de tropas en la frontera norte y a incrementar los presupuestos para la Defensa Nacional.
Se condena la actitud anti soberana asumida por el Presidente de la República de Colombia Álvaro Uribe Vélez, que en base a la doctrina de la guerra preventiva contra el terrorismo y la defensa de la seguridad nacional, ha firmado el acuerdo que amenaza la soberanía de los países vecinos, atentando contra el derecho internacional y la convivencia pacífica de los pueblos.
En el proyecto según el asambleísta se exhortar a la ONU para que se revea el Acuerdo complementario para la Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad entre los Gobiernos de la República de Colombia y de los Estados Unidos de América, en vista de que es lesivo para los intereses de la América Latina y la seguridad, paz y estabilidad de los Estados de la Región.
Se solicita al Parlamento Latinoamericano y a la Unión de Naciones del Sur a reunirse para que se emita un pronunciamiento contundente respecto a la instalación de bases militares norteamericanas en Colombia.
Así mismo se insiste en la necesidad de consolidar a Suramérica como una Región de paz, base para la estabilidad democrática, el desarrollo integral de nuestros países, y como contribución a la paz mundial, reafirmando los principios de convivencia pacífica de los pueblos y la vigencia de los sistemas democráticos de gobierno.
Según Francisco Ulloa, se exige a la Asamblea Nacional rechace todo intento por apoyar iniciativas de cooperación regionales y globales para el cumplimiento de los fines del Acuerdo complementario para la Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad entre los Gobiernos de la República de Colombia y de los Estados Unidos de América, tanto a nivel interno como externo debido a que lesiona los intereses de nuestra Patria.
La Constitución de la República del Ecuador insistió Ulloa en su artículo 416 referida a los principios que deben regir las relaciones internacionales en sus numerales 3 y 4 determina: Condenar la injerencia de los Estados en los asuntos internos de otros Estados, y cualquier forma de intervención, sea incursión armada, agresión, ocupación o bloqueo económico o militar y, promover la paz, el desarme universal; condena el desarrollo y uso de armas de destrucción masiva y la imposición de bases o instalaciones con propósitos militares de unos Estados en el territorio de otros.

 

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Quito, Noviembre 13 de 2008.

Alianza País y sus allegados atentan mortalmente la vida de la Universidad Ecuatoriana

Tras cuestionar la actitud de los representantes de Alianza País miembros de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, quienes en una forma autoritaria procedieron únicamente a debatir la nueva Ley Orgánica de Educación Superior en base al proyecto enviado por la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES, el asambleísta del Movimiento Popular Democrático Jorge Escala, presentó informe de minoría, sobre el proyecto de Ley de Educación, en el cual se recoge las aspiraciones de los sectores involucrados con la educación Superior.
En el informe presentado por el MPD, al titular de la Asamblea Nacional, se garantiza el derecho de todas las personas a la educación superior, el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna. La educación superior se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, fundamentada en la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra y autonomía
Se regula el funcionamiento del Sistema Nacional de Educación Superior, sus principios, las instituciones públicas y particulares que lo integran, los organismos que lo rigen y sus respectivas políticas generales.
Se deja en claro el rechazo total al control del Sistema de Educación Superior por parte del Ejecutivo, la violación a la autonomía universitaria, la dependencia financiera de las universidades, el atropello a los derechos de los docentes, estudiantes y servidores universitarios y la forma de gratuidad de la Educación Superior que plantea la SENPLADES.
En el informe de mayoría que presentó la comisión, indicó el asambleísta Jorge Escala, se somete a las universidades al cumplimiento y ejecución del plan nacional de desarrollo que significa políticas de los gobiernos de turno y no de Estado es decir partido político que esté en el poder impondrá y someterá al sistema universitario a las políticas que crea conveniente, cuando lo correcto lo democrático y constitucional, seria que la universidad actúe en armonía al régimen de desarrollo que esta establecido en el artículo 357 de la Constitución
“La gratuidad de la educación debe ser total, no debe entenderse como una simple subvención de la matrícula, la gratuidad no es una beca, es un derecho; por lo tanto la gratuidad debe extenderse a todo lo que corresponde a la escolaridad del estudiante, todo lo que implica la carrera universitaria debe ser cubierta por el Estado, tal como lo plantea la disposición transitoria N°- 18 de la Constitución” enfatizó Escala
En el informe de minoría recalcó el asambleísta, se evita que el gobierno controle las universidades, ya que esto significaría silenciarle la voz, sacarlas del debate nacional y por lo tanto desmovilizarlas y desvincularlas de los procesos de lucha social, la visión eficiente que tiene el gobierno, en el fondo esconde protervos intereses de sojuzgar el pensamiento crítico y la incapacidad de revelarse ante las tiranías.
Insistió que los asambleístas de País y sus aliados, al apoyar el in forme de mayoría han firmado la sentencia de muerte, desaparición o extinción de las facultades de filosofía al crear la universidad pedagógica convirtiendo a los institutos pedagógico en extensiones de dicha universidad lo cual es inconstitucional porque el art. 352 y 354 de la Carta Magna determina que son institutos pedagógicos y no extensiones.
La educación superior agregó, tiene como finalidad la formación académica profesional con visión científica y humanista, la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. La educación superior es responsabilidad del Estado, responderá al interés público y no estará al servicio de intereses extraños a los de sus principios, fines y objetivos

 

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Quito, Noviembre 25 de 2008.

Comisión ocasional de Educación recogió propuestas democráticas planteadas por la UNE y el MPD en defensa y mejoramiento de la calidad Educativa

La medida de hecho realizada por la Unión Nacional de Educadores y que culminó con el acuerdo entre maestros y gobierno el pasado 7 de octubre en Carondelet, se ve reflejada en el informe del proyecto de Ley de Educación Básica que la mayorías de los integrantes de la Comisión Ocasional de Educación, presentó al titular de la Asamblea.
Jorge Escala, miembro del organismo sostiene que estas conquistas son fruto de la lucha del magisterio organizado y acompañada del respaldo y la firme decisión del MPD al interior de la comisión Ocasional de defender sus derechos para alcanzar una mejor calidad educativa.
Se logró incorporar en el informe de mayoría según el asambleísta del MPD, la revalorización del salario de los docentes, el establecimiento de las 10 categorías escalafonarias, el bono de frontera y de situación geográfica para la Amazonía Galápagos y sectores alejados, el establecimiento del Consejo Nacional de Educación, como organismo permanente de orientación y consulta de las políticas nacionales del sector educativo, la incorporación del sistema intercultural bilingue, la creación del Instituto Nacional de Evaluación, sin la injerencia del poder ejecutivo, la exoneración del pago de los servicios básicos en los planteles públicos, que las sanciones a los docentes y autoridades educativas incluyendo su remoción, sean a través de un sumario administrativo, respetando el debido proceso y los derechos de los maestros
En el informe a decir de Escala, se establece como lo propuso años atrás el MPD, la garantía de la tarifa estudiantil de transporte público durante el período lectivo con sanciones para quienes lo incumplan, el reconocimiento al bachillerato técnico, que el ingreso al magisterio se la haga en zonas rurales, un mejor estímulo para la jubilación docente, que el Estado garantice para el sector público los textos escolares, cuadernos y material didáctico, se logró eliminar la pretensión de crear el Instituto Superior de Pedagogía y finalmente se incorporó una transitoria para garantizar la remuneración de los docentes que perciben un ingreso superior a lo que determinará las escalas salariales que se crean para el magisterio.
Escala, insistió que durante el primer debate hará observaciones encaminadas a mejorar el proyecto de Educación Básica, ya que al momento existen artículos que deben ser reformados y en otros casos mejorar la redacción para que no exista interpretaciones de acuerdo a intereses.
Finalmente Jorge Escala, tras reconocer que existen importantes avances para el fortalecimiento del derecho a una educación de calidad, que se expresa fundamentalmente en la revalorización de la sacrificada labor docente a través de una nueva propuesta remunerativa, bandera de lucha de la UNE, señaló que apoya el informe de mayoría, dejando en claro el compromiso inclaudicable de velar por una educación de excelente calidad para los pueblos del Ecuador.

 

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Quito, Diciembre 01 de 2008.

MPD: Presupuesto  no puede aprobarse, al negar 557 millones a Educación y Salud se incumple la Constitución

El bloque del Movimiento Popular Democrático MPD, a través del Asambleísta Nacional Jorge Escala Zambrano, hizo público su posición de no aprobar las propuestas presupuestarias presentadas por el Ejecutivo, porque según afirmó “las proformas 2009 y 2010, y la planificación cuatrianual no se ajustan plenamente a los intereses de los sectores populares, incumplen los mandatos constitucionales y las leyes vigentes. No se garantiza el desarrollo nacional, la atención de las necesidades más urgentes de los ecuatorianos”

Escala expresó que las observaciones del MPD  en el tema presupuestario tienen que ver con la necesidad de cumplir la Constitución de Montecristi, de establecer adecuadamente las prioridades nacionales, de profundizar los cambios y no tienen nada que ver con las críticas de la derecha que anhela volver al pasado neoliberal. El asambleísta puntualizó las principales observaciones a la política presupuestaria del gobierno de Correa:

 

SOBRE LOS INGRESOS Y EL FINANCIAMIENTO.

 

SOBRE LA INVERSION SOCIAL
Las proformas incluyen en Educación a las universidades y a la cultura por lo que aparece con el  5.6% del Producto Interno Bruto estimado para este año., pero hay que recordar que el mandato constitucional habla del 6% del PIB para educación inicial, básica y bachillerato, que llegaría apenas para el 2010 a 3,7% del PIB.

 

Según el bloque del MPD en estas condiciones la Asamblea Nacional no puede aprobar la propuesta de Carondelet, por lo que si hay coherencia política con  los intereses de las mayorías,  las proformas deben ser observadas para que el gobierno las rectifique y cumple cabalmente  con la constitución y las leyes vigentes.

 

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Quito, Diciembre 09 de 2008.

MPD rechaza  allanamiento de los predios Universitarios por la Fuerza
Pública y exige  libertad de detenidos

Mediante oficio dirigido al presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, el asambleísta Jorge Escala, dio a conocer su profundo rechazo a la represión que la fuerza pública ejerció en contra de estudiantes,  docentes y  trabajadores  de la Universidad Central del Ecuador y de los colegios Odilo Aguilar y Manuel María Sánchez, quienes se encontraban junto al rectorado de la Universidad
Central, rechazando la actitud prepotente del Consejo Universitario al tratar de desconocer a las autoridades de la Facultad de Agronomía, Filosofía y los colegios antes indicados.

En medio de estas manifestaciones y con el afán de desprestigiar la acción democrática de emitir opiniones, de exigir el respeto a la voluntad de las mayorías,  indicó Escala,  un grupo de infiltrados,
desbordaron en actos violentos produciéndose el allanamiento de los predios universitarios por parte de la Fuerza Pública que degeneró en un enfrentamiento con agresiones y detenciones que afectaron a
estudiantes, docentes y trabajadores por parte de la policía nacional.

Esta violación a la autonomía aclaró el asambleísta, fue acompañada de insultos, golpes, bombas lacrimógenas, disparos,  y detenciones ilegales de los estudiantes Fernando Arguto, Erick Quishpe, Bayron Lema, Freddy Chango, Luis Centeno, Deysi Terán y Marcelo Rivera Presidentes de la FEUE Provincial de Pichincha y Nacional respectivamente,  llevándolos ilegalmente con rumbo desconocido sin que hasta el momento se conozca de sus paraderos.

Frente a estos actos ilegales y violación a la autonomía universitaria que transgrede a lo establecida en la Carta Magna en su artículo 355, donde se dispone la inviolabilidad de los recintos universitarios,
Jorge Escala  solicitó de Cordero, rechazar las violaciones constitucionales, como la autonomía universitaria, al debido proceso, al derecho a emitir opiniones y manifestaciones, así como de las
violaciones a los derechos humanos, por parte de agentes de la policía nacional, exigir el respeto al debido proceso, a las garantías básicas de los estudiantes privados ilegalmente de su libertad y finalmente, demandar de la autoridad competente que por ser  ilegales e inconstitucionales las detenciones, se ordene la inmediata libertad de los estudiantes indicados anteriormente, así como el respeto a su integridad física y psicológica.

Escala insistió que la autoridad de la Universidad Central, no puede actuar de manera dictatorial en la toma de decisiones tras indicar que la medida de rechazo de los estudiantes más no las agresiones como se pretende hacer ver ante la opinión pública, se debió también al cobro excesivo de aranceles y créditos universitarios lo que contraviene el principio constitucional de la gratuidad de la enseñanza

 

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Quito, Diciembre10 de 2008.

Criterios de la Bancada Plurinacional, Progresista de Izquierda respecto de la Ley Orgánica de Comunicación

 

Introducción.

Mucho se habla de la libertad de expresión, derecho irrestricto de todos los ciudadanos y ciudadanas. Pero la libertad de expresión incluye no solamente el derecho a recibir información verificada y plural, sino igualmente el derecho a informar y opinar a través de medios propios. Este derecho hasta ahora ha sido privilegio de los grandes empresarios. Es el momento de democratizar el derecho a la comunicación.

Necesidad de una Ley para ejercer el derecho a la Comunicación
El derecho humano y universal a la comunicación exige una ley auténticamente democrática, que garantice la libertad de expresión, de informar e informarse libre y transparentemente.
Esta ley debe garantizar el acceso y uso de las tecnologías de la información y comunicación actuales y futuras, que incluyen frecuencias digitales.

Esta ley debe garantizar la inclusión social, la participación directa, amplia y democrática, el pluralismo, la diversidad cultural, ideológica y política de la sociedad ecuatoriana.

Lo que debe contener la Ley de Comunicación

En concordancia a lo que establece el numeral 3 del artículo 16, que se refiere de manera expresa al derecho que tenemos las y los ecuatorianos a: “la creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas”, la ley debería, en los hechos, prohibir los monopolios de los medios de comunicación, y permitir un acceso en igualdad de condiciones para los tres tipos de medios que el mencionado artículo establece, es decir: medios públicos, privados y comunitarios.
Por ello proponemos que la ley establezca la democratización del espectro radioeléctrico con la siguiente distribución porcentual:
33.3% para medios privados
33.3% para medios públicos
33.3% para medios comunitarios

¿Y a quiénes deben ir las frecuencias?
POPONEMOS Que en un plazo no mayor a 180 días a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, las frecuencias actualmente concesionadas se reviertan al Estado para su posterior redistribución, de acuerdo a lo establecido en el artículo 17, numeral 1 de la Constitución, y en la presente propuesta.
Debe prevalecer el interés colectivo, de acuerdo a criterios de territorialidad, proporcionalidad y priorizando a las organizaciones sociales y populares más representativas del país, así como a colectivos ciudadanos que trabajan por el desarrollo de los pueblos y nacionalidades.
Medios públicos. “Son personas jurídicas de derecho público, cuya titularidad es estatal y por lo tanto pertenecen a la sociedad ecuatoriana, en sus diversas expresiones culturales, ideológicas y políticas.
Dentro del 33,3% que correspondería a los medios públicos, la redistribución se debe realizar de manera equitativa, de la siguiente manera:

Los pueblos y nacionalidades deben recibir una cuota de frecuencias significativa para hacer efectiva la plurinacionalidad y la interculturalidad. El acceso a este tipo de medios debe ser equitativo y plural.
Medios comunitarios. Los medios comunitarios deben ser la expresión de la democratización de la comunicación, es decir, deben estar en manos de los pueblos y nacionalidades; y de las organizaciones sociales y populares. Deben ser los canales amplificadores de las demandas, propuestas y luchas de los pueblos, así como expresión de sus culturas e identidades diversas.
2. Prohibición de monopolios y oligopolios.

Actualmente, el espectro radioeléctrico está “privatizado”. Más del 90% de las frecuencias está en manos de empresas privadas con fines de lucro.         

Para lograr una desconcentración de frecuencias, la Ley solamente autorizará a los concesionarios una frecuencia matriz de radio en AM, una en FM, una en OC y una de televisión abierta o por suscripción por concesionario, sea persona natural o jurídica.

En concordancia con el artículo 17, numeral tercero, se prohíbe toda forma de monopolio y oligopolio directo e indirecto. Se sancionará drásticamente toda forma de testaferrismo en la concesión de frecuencias.

Las concesiones para repetidoras se realizarán una vez atendidas las solicitudes locales para la concesión de frecuencias matrices.

Los grupos financieros no podrán ser concesionarios.

Los extranjeros residentes en el Ecuador podrán tener solo hasta el 25% del capital accionario de un solo medio de comunicación.

Las frecuencias son intransferibles y su uso no puede ser alquilado.

La actual Ley de Radio y Televisión deberá ser derogada una vez aprobada la Ley de Comunicación.

3- Acceso universal a las nuevas tecnologías.

La Ley debe garantizar el acceso universal y de bajo costo a las tecnologías de información y comunicación, tanto análogas como digitales; telefonía fija, inalámbrica, móvil, internet y otras que se crearen, con conectividad de banda ancha, entre otras formas, mediante la instalación de telecentros a nivel nacional.

El Estado promoverá la creación de espacios públicos para el acceso gratuito a la web en todo el territorio nacional ecuatoriano, para lo cual garantizará y proveerá de la infraestructura necesaria. Las universidades, escuelas politécnicas, escuelas y colegios públicos, tendrán acceso gratuito.

Las empresas concesionarias (Porta, Movistar y las que se pudieran constituir) asumirán los costos de instalación en proporción al número total de sus abonados. Deberán ampliar su cobertura, de manera integral a todo el territorio nacional, y cumplir su función social y ambiental.

Las tarifas de este servicio serán establecidas por el Estado con criterio de servicio social.

4- Regulación y distribución equitativa de la publicidad estatal.

Tanto la producción estatal de contenidos publicitarios como el pautaje de los mismos deben transparentarse en el Sistema Nacional de Contratación y Compras Públicas, y debe repartirse equitativamente entre los medios públicos, privados y comunitarios en todo el territorio nacional.

La publicidad Estatal no debe hacer alusión ni a símbolos ni a personas que promocionen directa o indirectamente al movimiento o partido político del gobierno de turno. Y de ninguna manera se utilizará para injuriar y atacar la honra de las personas.

 

5- Producción plurinacional y local.

La Ley debe asegurar la diversidad ideológica, cultural, lingüística, política, así como criterios de pluralidad de información, opinión y de identidades en los contenidos de los medios de comunicación. Se cuidará que estos contenidos promuevan el conocimiento científico y valores como la solidaridad, el respeto hacia la integridad personal, el patriotismo y una práctica genuina de interculturalidad.

Para ello, deben establecerse cuotas de producción nacional y local. Éstas deben ser de, al menos, un 50% de producción propia en radio, televisión abierta, medios impresos y toda otra forma de medios de comunicación.

Deben preverse espacios para la producción nacional independiente, tomando en cuenta los diferentes idiomas y culturas del Ecuador.

El 50% de la música emitida en los medios de comunicación deberá ser de autores e intérpretes nacionales.

6. Derechos, deberes y responsabilidades de los comunicadores sociales
Estamos de acuerdo con que exista un control sobre los contenidos de los medios, siempre en función de la protección de los derechos de los pueblos a informarse sin distorsiones ni manipulaciones. No pueden permitirse entonces contenidos, tanto periodísticos como publicitarios o de entretenimiento que vayan en contra de la dignidad de las personas, en contra de su salud psíquica, contra sus identidades y culturas.
Sin embargo, es fundamental que se diferencie la actividad comunicacional que desarrollan los tres tipos de medios. Cada uno tiene un origen y propósito diferente. No se puede valorar los contenidos de los medios comunitarios con los mismos parámetros con los que se valora a los medios privados.
Los medios privados funcionan como un negocio, bajo las lógicas del mercado de la información, es decir, de la venta de información y la competencia en ese plano. Por ello presentan sus noticias como si fueran imparciales, veraces y plurales, conceptos que no se cumplen, pero que les permite vender sus mensajes y persuadir con sus ideas.
En este sentido, sí conviene que a ellos se les establezca parámetros como el de la verificación de la información, la contrastación de fuentes, la diversidad o pluralidad de esas fuentes, entre otras, y que precisamente con esas valoraciones se establezcan sanciones. Pero estos parámetros no pueden funcionar para medios que son de organizaciones populares, o colectivos ciudadanos que tienen intereses específicos y expresos a la hora de crear un medio, y que no van por el lado comercial o empresarial, sino de reivindicación social.

7- El Consejo democrático y participativo de la Comunicación.

Debe existir un Consejo de Comunicación que no sea adscrito al Ejecutivo y que, de acuerdo a los artículos 10, 57 numeral 16, 85 inciso final, 95, 96, 100, 242 de la Constitución, sea esencialmente participativo, plural, democrático y con poder de decisión.

Entre sus funciones estará, principalmente, la definición de las políticas públicas de comunicación, su ejecución, evaluación y control, así como el establecimiento de sanciones por las infracciones que se cometieran, conforme lo determina la presente ley y su reglamento. Así mismo, este organismo tendrá a su cargo la asignación y/o reversión de las frecuencias radioeléctricas.

8. Integración del Consejo Democrático y Participativo de la comunicación

Estará integrado por:

 

7- No precarización de los trabajadores y trabajadoras de los medios.

En cumplimiento del artículo 325 de la Constitución, se garantiza el derecho al trabajo a quienes laboran en los medios públicos y privados; y a la libertad de organización, en pos de la defensa de sus derechos colectivos de conformidad con el artículo 326, numeral 7 de la Constitución.

Actualmente, los trabajadores y trabajadoras de los medios tienen precarios salarios y condiciones laborales. A través de la Ley y los sindicatos, se protegerán sus derechos.

8. Profesionalización de los comunicadores.

El Estado y las empresas de comunicación favorecerán la capacitación y profesionalización de comunicadores y periodistas. Pero el título profesional nunca será una condición para el ejercicio de la comunicación a través de cualquier medio y en cualquier ámbito del ejercicio comunicacional.
  
Finalmente, la Asamblea debe promover un gran debate nacional entre los diversos actores sociales de la comunicación para lograr consensos sobre un asunto de tanta relevancia para la ciudadanía.
Exigimos el establecimiento de responsabilidades civiles y penales y sus respectivas sanciones, fundamentadas en el Informe de Auditoria de las Frecuencias, elaborado por la Comisión nombrada para el efecto.
Sugerimos incorporar la siguiente transitoria:
DISPOSICIÓN TRANSITORIA. Los medios de comunicación que fueron incautados deben pasar a la administración de las ocho universidades públicas más grandes que tengan Facultades de Comunicación Social y al movimiento indígena organizado.

Por la Bancada Plurinacional, Progresista de Izquierda.

 

JORGE ESCALA	KLEVER JIMENEZ
LOURDES TIBÁN	RAMIRO TERÁN
DIANA ATAMAINT	GERÓNIMO YANTALEMA
LÍNDER ALTAFUYA	MAGALY ORELLANA
FRANCISCO ULLOA	MARÍA MOLINA

 

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Quito, Diciembre10 de 2008.

Bancada plurinacional progresista de Izquierda define posición frente a Ley Orgánica de Comunicación

 

“La libertad de expresión incluye no solamente el derecho a recibir información verificada y plural, sino igualmente el derecho a informar y opinar a través de medios propios”, es el criterio de los asambleístas de la Bancada Plurinacional Progresista de Izquierda, Jorge Escala, Cléver Jiménez, Lourdes Tibán, Ramiro Terán, Diana Atamaint, Gerónimo Yantalema, Linder Altafuya, Magali Orellana, Francisco Ulloa, y María Molina; además que “este derecho hasta ahora ha sido privilegio de los grandes empresarios”, y que, “es el momento de democratizar el derecho a la comunicación”. La Bancada PlurinacionaL, Progresista de Izquierda definió los puntos que debe contener la Ley de Comunicación:

Democratizació n de la comunicación, ajustada a la Constitución de la República y los instrumentos internacionales, considerando el acceso en igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. Por lo que plantean que la ley determine la distribución del espectro radioeléctrico en tres partes con igual distribución porcentual del 33,3 por ciento, para medios privados, públicos y comunitarios.

Que en un plazo no mayor a 180 días a partir de la vigencia de la presente ley, las frecuencias actualmente concesionadas se revertirán al Estado para su posterior redistribució n. Los medios públicos deberán redistribuir las frecuencias para: las cinco funciones del Estado, los gobiernos autónomos descentralizados, y, las universidades y escuelas politécnicas públicas.

Prohibición de monopolios y oligopolios, considerando que actualmente, el espacio radioeléctrico está “privatizado”, más del 90% de las frecuencias está en manos de empresas privadas con fines de lucro. Para lograr una desconcentració n de frecuencias, la ley solamente autorizará a los concesionarios una frecuencia matriz de radio AM, una en FM, una en OC y una de televisión abierta o suscripción por concesionario, sea persona natural o jurídica.

Acceso universal a las nuevas tecnologías, la ley debe garantizar el acceso universal y de bajo costo a las tecnologías de información y comunicación, tanto análogas como digitales; telefonía fija, inalámbrica, móvil, internet y otras que se crearen, con conectividad de banda ancha entre otras formas, mediante la instalación de telecentros a nivel nacional.

Regulación y distribución equitativa de la publicidad estatal, tanto la producción estatal de contenidos publicitarios como el pautaje de los mismos deben transparentarse en el Sistema Nacional de Contratación y Compras Públicas, y debe repartirse equitativamente entre los medios públicos, privados y comunitarios en todo el territorio nacional.

Otros puntos de importancia son: la producción plurinacional y local. Derechos, deberes y responsabilidades de los comunicadores sociales. El Consejo Democrático Participativo de la Comunicación. No precarización de los trabajadores de los medios. Profesionalizació n de los comunicadores.

Finalmente plantea la integración del Consejo Democrático Participativo de la Comunicación con representantes de: Ejecutivo, gobiernos autónomos, universidades y escuelas politécnicas, del sector empresarial, de la ciudadanía, de las nacionalidades e indígenas, centrales sindicales, maestros y estudiantes.

 

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Quito, Diciembre 16 de 2009.

Bloque del MPD ratifica en la Asamblea Nacional equiparación salarial digna para el Magisterio

 

Los Asambleístas del MPD, a través de Mery Zamora, reivindicaron los avances de la nueva Ley Orgánica de Educación General, que contempla la propuesta de educación emancipadora, la educación bilingüe como sistema, la integración de la Institución Pública de Evaluación del Sistema Educativo, la exoneración del pago de servicios básicos en las instituciones educativas y el reconocimiento  de los educadores populares,  madres comunitarias en la 1era. categoría, cumplimiento de la transitoria XXI de un incentivo  digno de la jubilación.

La Ley contempla 10 categorías distintas a las 4 y 6 categorías  propuestas por el Gobierno Nacional y Ministerio de Educación antes del Paro. Sin embargo, ratificamos nuestra oposición a la eliminación de la Ley de Carrera Docente y Escalafón  del Magisterio Nacional.

El 16 de diciembre a partir de  las 7 horas, los maestros del país estarán presentes en  la Asamblea Nacional en el  1er Debate  de la Ley Orgánica de Educación General.

La Asambleísta Mery Zamora expuso ejemplos de la manera como se perjudica a los docentes con la ubicación en la nueva escala salarial y adicionalmente informó la propuesta de la Unión Nacional de Educadores.

 

CATEGORÍA	AÑOS DE SERVICIO	SUELDO ACTUAL	EQUIPARACIÓN  SEGÚN COMISIÓN DE EDUCACIÓN	INCREMENTO SALARIAL  SEGÚN COMISIÓN DE EDUCACIÓN	APORTE AL IESS 11.35 DEL 100% DEL SUELDO	SUELDO A PERCIBIR
10ma +2 adicional	29 años	$ 235,79 Básico $   94,32 Funcio $    66,02 Adic $ 294,87 Antig $   98,76  Bonos $ 789,76 TOTAL 64,77  IESS $ 724,99  EFEC	$ 819,00	$ 29,24	$ 133,9	$ 819,00 133,9 $  685,1 EFEC Se reduce en $39,8

 

 

ESCALA SALARIAL COMPARATIVA COMISIÓN DE EDUCACIÓN / UNIÓN NACIONAL DE EDUCADORES
CRITERIOS	UBICACIÓN NUEVO ESCALAFON		EQUIPARACION	SUELDO MENSUAL A PERCIBIR	COMISION DE EDUCACION UNE
Docentes sin titulo	CATEGORIA 1		SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	$ 478	COMISION DE EDUCACION
Madres comunitarias, educadores populares.	CATEGORIA 1		SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1	$ 478	UNE
Docentes fiscales con título de profesor	CATEGORIA 2		SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3	$ 612	COMISION DE EDUCACION
Profesores ISPED y Profesores de Educación Media	CATEGORIA 2		SERVIDOR PÚBLICO 1	$ 741	UNE
Docentes  con sueldo mensual unificado de $612 a $667	CATEGORIA 3		SERVIDOR PÚBLICO  DE APOYO 4	$667	COMISION DE EDUCACION
De ascenso de la segunda	CATEGORIA 3		SERVIDOR PÚBLICO 2	$ 819	UNE
Docentes con título de licenciado  sueldo unificado menor a $741 dólares.	CATEGORIA 4		SERVIDOR PÚBLICO 1	$741	COMISION DE EDUCACION
Licenciado/ Ciencias de la Educación, otros profesionales  con postgrado en docencia	CATEGORIA 4		SERVIDOR PÚBLICO 3	$ 897	UNE
Docentes con sueldo mensual unificado entre $742 y $819 USD.		CATEGORIA 5	SERVIDOR PÚBLICO 2	$ 819	COMISION DE EDUCACION
Ascenso de la 4ta		CATEGORIA 5	SERVIDOR PÚBLICO 4	$ 987	UNE
Docentes con sueldos mensual unificados entre $820 y $897 USD		CATEGORIA 6	SERVIDOR PÚBLICO 3	$ 897	COMISION DE EDUCACION
Ascenso de la 5ta		CATEGORIA 6	SERVIDOR PÚBLICO 5	$ 1.102	UNE
Docentes con sueldo mensual unificado entre $898 y $987 USD		CATEGORIA 7	SERVIDOR PÚBLICO 4	$ 987	COMISION DE EDUCACION
Ascenso de la 6ta-		CATEGORIA 7	SERVIDOR PÚBLICO 6	$ 1.286	UNE
Docentes con sueldo mensual unificado entre $988 y $ 1102 USD		CATEGORIA 8	SERVIDOR PÚBLICO 5	$ 1.102	COMISION DE EDUCACION
Ascenso de la 7ma		CATEGORIA 8	SERVIDOR PÚBLICO 7	$ 1.523	UNE
Docentes con sueldo mensual unificado entre  $1103 y $1286 USD		CATEGORIA 9	SERVIDOR PÚBLICO 6	$ 1286	COMISION DE EDUCACION
Ascenso de la 8va, Maestría en Educación-adicional publicación		CATEGORIA 9	SERVIDOR PÚBLICO 8	$ 1.600	UNE
Docentes con un sueldo mensual unificado entre $1287n y $1523 USD		CATEGORIA 10	SERVIDOR PÚBLICO  7	$ 1523	COMISION DE EDUCACION
Ascenso de la 9na.		CATEGORIA 10	SERVIDOR PÚBLICO 9	$ 1.850	UNE

 

ESCALA SALARIAL UNION NACIONAL DE EDUCADORES

SUELDO MENSUAL UNFIICADO + EL 2% DE ANTIGUEDAD  + BONO DE FRONTERA, AMAZONICO, INSULAR Y DE DIFICIL ACCESO.
ANTIGUEDAD * 2% de $741 (Servidor público 1) X  ANOS DE SERVICIO BONO DE FRONTERA, AMAZONICO, INSULAR Y DE DIFICIL ACCESO  EQUIVALENTE AL 60% DEL SALARIO BASICO UNIFICADO

 

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Quito, Diciembre 17 de 2009.

Bancada de Izquierda logra introducir en el Proyecto de ley de Comunicación la reversión de frecuencias

 

Durante la reunión que mantuvieron este jueves los jefes de bloque con la Comisión de Comunicación, la bancada de Izquierda que la integra el Movimiento Popular Democrático y Pachacutik lograron que se tome en cuenta la reversión de frecuencias.
Precisamente según Jorge Escala coordinador de bancada y Lourdes Tibán miembro de la comisión, en el punto sexto del documento firmado por los jefes de bloque de las diferentes bancada se expresa claramente que: " se debe desarrollar la normativa en cuanto a la prohibición de la concentración de medios, monopolios y oligopolios, y la democratización de la comunicación, así como regular la redistribución de las concesiones del espectro radioeléctrico en igualdad de condiciones entre los medios públicos, privados y comunitarios y el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación."
"El Estado revertirá y distribuirá todas las frecuencias otorgadas mediante concesiones ilegales e ilegítimas, previo informe de las autoridades competentes"
La bancada de Izquierda como se recuerda planteó la distribución del espectro radioeléctrico en tres partes con igual distribución porcentual del 33.3 por ciento, para medios privados, públicos y comunitarios, también se propuso la prohibición de monopolios y oligopólicos, considerando que actualmente, el espectro radioeléctrico está privatizado "Más del 90% de las frecuencias está en manos de empresas privadas con fines de lucro y para lograr una desconcentración de frecuencias, la Ley solamente deberá autorizar a los concesionarios una frecuencia matriz de radio en AM, una en FM, una en OC y una de televisión abierta o por suscripción por concesionario, sea persona natural o jurídica"  insistió.
Argumentó que existen algunos aspectos que durante el debate deberán ser incorporados como la revalorización de la actividad periodística sin que ello implique la profesionalización como exigencia para realizar este trabajo así como también la regularización de los contenidos y contratación de la publicidad Estatal y las cadenas de gobierno, sin embargo adelantó que es un avance que el bloque de país acceda a la reversión de frecuencias que fueron entregadas ilegal e ilegitimamente; pero enfatizó que para una verdadera democratización de los medios, la reversión deberá ser sobre la totalidad de frecuencias, para redistribuirlas a través de parámetros que garanticen la participación de organizaciones sociales, populares y colectivos ciudadanos históricamente excluidos.

 

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Quito, Diciembre 21 de 2009.

MPD presentó proyecto “salario de la dignidad”

 

Línder Altafuya, asambleísta del MPD,  presentó al Consejo de Administración Legislativa un proyecto de Ley denominado “salario de la dignidad”, que establece que desde el 1 de enero del 2010 se elevará el salario básico a 320 dólares.
"Debe reconocérsele al trabajador, tal como dice la Constitución hasta el monto de la canasta básica que en estos momentos como todos conocemos está por los 522 dólares”, señaló Altafuya.
El proyecto mencionado tiene el respaldo de las distintas centrales de trabajadores como la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Libres Sindicales (CEOLS), según lo dio a conocer el dirigente Eduardo Cumbe.
Por su parte, el presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE), Nelson Erazo, señaló que el proyecto permitirá mejorar las condiciones de vida del sector laboral en el futuro.
“En este proyecto también recoge el hecho de que se prohíbe a los empresarios, tanto públicos como privados a despedir de los puestos de trabajo a los obreros”, destacó.
Una de las transitorias del denominado proyecto salario de la dignidad establece que la normativa tendrá carácter retroactiva, así lo detalló CRE Satelital.

 

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Quito, Diciembre 28 de 2009.

MPD y Pachacutik presentan proyecto de resolución condenando actitud de la Superintendencia de Telecomunicaciones en contra de Medios de Comunicación

La bancada de izquierda, a través de su coordinador Jorge Escala, solicitará  al Pleno de la Asamblea durante la sesión de este martes, se proceda al cambio del orden del día con el propósito de tratar un proyecto de resolución a través del cual se rechaza la decisión adoptada por la Superintendencia de Telecomunicaciones que provocó la suspensión de 3 días del canal Teleamazonas y la terminación del contrato de concesión de frecuencia de Radio Arutam.
La resolución 440-16-CONATEL-2009 en la que se decreta la terminación de contrato de concesión de la frecuencia a la Radio “La Voz de Arutam” demuestra la represión de que son victimas los Pueblos del  Ecuador y en particular el pueblo Shuar, es una clara violación al  Art. 57 numerales 15 y 21 de la Constitución establece que es deber del Estado garantizar los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas relacionados a todas su formas de expresión y organización, a su dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones se reflejen en la creación de sus propios medios de comunicación social en sus idiomas y el acceso a los demás sin discriminación alguna. 
La espuria resolución busca sancionar la protesta indígena y de la UNE realizada en octubre pasado; donde fue asesinado el profesor bilingüe Bosco Wisuma por defender los recursos naturales y luchar por los derechos del magisterio y la educación, por lo que la iniciativa de la bancada de izquierda busca demandar del Consejo Nacional de Telecomunicaciones dejar sin efecto dicha resolución por ser una medida que atenta a los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades y a la libertad de expresión garantizados en la Carta Magna, aseveró el Asambleísta Nacional.
Escala enfatizó  que el art 76 literal l) señala que Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se consideraran nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados.
Argumentó  que es necesario que se democraticen los medios de comunicación para garantizar un acceso equitativo y un ejercicio pleno de la libertad de expresión, que incluye no solamente el derecho a recibir información verificada y plural, sino igualmente el derecho a informar y opinar a través de medios propios.
Finalmente sostuvo que es deber del Estado garantizar la inclusión social, la participación directa, amplia y democrática, el pluralismo, la diversidad cultural, ideológica y política de la sociedad ecuatoriana permitiendo el acceso en igualdad de condiciones para los medios públicos, privados y comunitarios.

 

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Quito, Enero 14 de 2010.

Correa atenta a la Biodiversidad y a la vida al boicotear acuerdo sobre iniciativa Yasuní ITT denuncia Bancada de Izquierda

La bancada de izquierda conformada por MPD y Pachacutik a través de la asambleísta Maria Molina, rechazó la actitud del gobierno de Rafael Correa de boicotear el preacuerdo de fidecomiso con el PNUD sobre la iniciativa Yasuní ITT.
Molina señaló que inmediatamente solicitará a través de la Comisión de Biodiversidad la comparecencia de Fander Falconí y Roque Sevilla, para que expliquen si los motivos por los cuales renunciaron a sus cargos tienen que ver con este tema.
“’Estas negociaciones se constituían en un mecanismo de vital importancia no solo para el país sino para el planeta; no podemos claudicar en la lucha contra el calentamiento climático, la criminal emisión de CO2, la deforestación, la contaminación del suelo y prohibirnos el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de nuestra región” insistió Molina al tiempo de señalar que las transnacionales petroleras buscan saquear el petróleo para afectar a la biodiversidad y la vida.
Un sector del gobierno recalcó, se muestra conservacionista y otro está desesperado por los dineros de las transnacionales, un claro ejemplo de aquello dijo se evidencio en la reciente gira que efectúo el régimen, mientras en Inglaterra hablaron de conservar el crudo del ITT, en Rusia negociaron el bloque 31 que se encuentra dentro del Parque Nacional Yasuní.
Añadió que el pasado 8 de diciembre, la Asamblea Nacional aprobó una resolución a través de la cual a parte de apoyar todos los esfuerzos que realice el gobierno para impulsar la iniciativa ITT se exhortó a la comunidad internacional, a las organizaciones de la sociedad civil, a las empresas con responsabilidad social y ambiental y en general a todas las ciudades del mundo a contribuir con el Fondo Fiduciario Internacional que se cree para el mantenimiento bajo tierra de las reservas del campo ITT. “ Este proyecto de Resolución debe ser respetado y la Asamblea debe insistir en su decisión de apoyar las negociaciones que en esta materia se venían realizando” dijo Molina.
Finalmente agregó que a partir de hoy se convocará a maestros, campesinos, trabajadores, organizaciones sociales, indígenas y más a realizar foros y debates que conlleven a movilizaciones para defender la naturaleza, la biodiversidad y la vida.

 

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Quito, Enero 15 de 2010.

Pleno de la Asamblea aprueba Proyecto de resolución del MPD en el cual se exhorta al Gobierno a retomar las negociaciones en el caso ITT

El Pleno de la Asamblea Nacional, con 74 votos a favor, uno blanco y cuatro abstenciones, aprobó el proyecto de Resolución presentado por el Movimiento Popular Democrático a través del cual se exhorta al presidente de la República retome el pre acuerdo de fidecomiso con el PNUD sobre la iniciativa Yasuní ITT.
La iniciativa presentada por el MPD y aprobada por el Pleno de la Asamblea va en la línea del proyecto de Resolución aprobado el pasado 8 de diciembre por la Función Legislativa en el cual el Pleno exhortó a la comunidad internacional, a las organizaciones de la sociedad civil, a las empresas con responsabilidad social y ambiental y en general a todos los ciudadanos del mundo a contribuir con el Fondo Fiduciario Internacional que se cree para el mantenimiento bajo tierra de las reservas del campo ITT.
Durante el debate, el asambleísta Jorge Escala, aseguró que la decisión de suspender las negociaciones, en los hechos, significa un atentado al equilibrio ambiental y a la vida, agregando que el Yasuní, según científicos de todo el mundo, es la zona de mayor biodiversidad del planeta, mientras la UNESCO, la cataloga como la reserva mundial de la biosfera, pues solo en una hectárea del parque ecológico se han encontrado 644 especies de árboles.
Agregó que los impactos que se preveen con la explotación petrolera son la contaminación, deforestación, destrucción del tejido social, extinción de culturas, por tanto, es necesario precautelar la vida de las comunidades ancestrales en aislamiento voluntario Tagaeri y Taromenane, así como de toda la megabiodiversidad que allí se encuentra,
Escala insistió que ante el cambio climático es fundamental impulsar iniciativas ambientales a fin de reducir los impactos ambientales que traen consigo consecuencias desastrosas para los ecosistemas y los pueblos
Finalmente Jorge Escala recordó que es deber del Estado asegurar la intangibilidad de las aéreas naturales protegidas, garantizando la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas de los ecosistemas.

 

Ver Proyecto de Resolución

 

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Quito, Enero 19 de 2010.

Bloque del MPD rechaza resolución de Conjueces en caso Filanbanco

El Bloque Parlamentario del MPD, a través del asambleísta Ramiro Terán, rechazó el fallo de los Conjueces de la Primera Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, quienes cambiaron la figura del delito de peculado bancario, imputado a los hermanos Isaías, por el de falsificación de documentos, dejando en la impunidad este caso que afectó a miles de ecuatorianos
 El asambleísta imbabureño, señaló que el 5 de Marzo de 1999 el Presiente de la República de ese entonces Jamil Mahuad decretó un feriado bancario que derivó en el congelamiento de los ahorros de todos los ecuatorianos y posteriormente en la desaparición de nuestra moneda nacional “el sucre”, hecho funesto que trajo como consencuencia el robo de los dineros de los depositantes, la muerte de muchos de ellos y la migración de nuestros compatriotas víctmas de las pérdida de todos sus ahorros.
 Ante el dictámen del 19 de enero del 2009, emitida por los Conjueces de la Primera Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, señores: Walter Mazzini, Mario Rojas y Edwin Salazar, en el que cambian la figura de peculado por falsificación de documentos, dejando en la impunidad uno de los atracos más grandes de la historia, poniendo en riesgo incluso el proceso de extradición que se encuentra en marcha en contra de los Hermanos Isaías. Terán señaló que se presentará un proyecto de resolución para ademas de rechazar dicho fallo, exhortar al Consejo Nacional de la Judicatura a investigar la actuación de los Magistrados y exhortar al Ministerio Fiscal de la Nación ha presentar una Acción Extraordinaria de Protección ante la Corte Constitucional a fin de salvaguardar los intereses de los perjudicados en este caso.
 El Bloque del MPD, manifestó que estos hechos no pueden quedar en la impunidad y que se hace necesario un pronunciamiento de la Asamblea Nacional para que se inste a los organismos correspondientes a investigar y sancionar a quienes pretenden afectar no solo a miles de depositantes sino al Estado ecuatoriano.

 

 

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Quito, Enero 20 de 2010.

Gobierno de la Revolución Ciudadana incumple con la Educación Superior señala Francisco Ulloa

El asambleísta Francisco Ulloa, cuestionó en duros términos  los incumplimientos  que el régimen mantiene con el sistema de educación superior correspondiente al 2008.

Señaló por ejemplo que, de las informaciones proporcionadas por el CONESUP, según oficio 1143 CONESUP.PR del 16 de noviembre de 2009, firmado por el Dr. Gustavo Vega,  la deuda que mantiene el Gobierno de la Revolución Ciudadana a través del Ministerio de Finanzas, hasta el 10 de noviembre de 2009 ascendía a 121`417.718,25 USD, por concepto de reliquidación de IVA  e Impuesto a la Renta del 2008 incluido gratuidad educativa que ascienden a  19`460.573,29 USD, donaciones del Impuesto a la Renta por 8`407.311,13 USD y gasto corriente por 5´434.070,44 USD.

Resulta extraño señaló Ulloa, que hasta noviembre de 2009 se mantenga una deuda con el sistema universitario cuando la Constitución de la República en su Art. 348 tercer inciso señala textualmente, “La falta de transferencia de recursos en las condiciones señaladas será sancionada con la destitución de la autoridad y de las servidoras y servidores públicos remisos de su obligación”.  Las condiciones señaladas básicamente se refieren a que “la educación pública será gratuita y el Estado la financiará de manera oportuna, regular y suficiente”, manifestó Ulloa. 

"Hoy el gobierno tiene pendiente una nueva deuda correspondiente al 2009 por concepto del IVA  e impuesto a la renta que según datos del CONESUP que sobrepasan los 106 millones de dólares". Además, resaltó que no se puede hablar de excelencia educativa e investigación cuando desde el régimen no existe la voluntad política para entregar los recursos que son de las universidades.

 

 

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Quito, Enero 20 de 2010.

Movimiento Popular Democrático Pide Prisión para conjueces en el caso Filanbanco

 

En representación del Movimiento Popular Democrático, el asambleísta Ramiro Terán concurrió a la Fiscalia General del Estado, para  presentar ante el Fiscal, una denuncia penal  por prevaricato según lo determina el artículo 277 numerales 1 y 3 del Código Penal  en contra de los conjueces Walter Mazzini, Mario Rojas y Edwin Salazar, quienes cambiaron el delito de peculado por el de falsificación de documentos en el caso Filanbanco. En la denuncia se solicita prisión preventiva, prohibición de salir del país y prohibición de enajenar los bienes de los conjueces.

Terán indicó que actitudes como estas causa rechazo de la sociedad ante el poder judicial quienes,  refiriéndose a  los conjueces de la Primera Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, tratan de   encubrir un atraco  bancario que soportó miles de familias ecuatorianas y provocó que recursos del Estado financien negocios de la familia Isaias

Terán,advirtió que se esta fraguando un nuevo atraco bancario contra los dineros del pueblo ecuatoriano al reducir la deuda del grupo Isaías  de 1100 millones a 777 millones de dólares, por lom cual  exigirá explicaciones a la Junta Bancaria a los responsables de la extinta AGD sobre  la deuda real de Filanbanco, como se fijo el monto, intereses que se cobran y se aclare el papel jugado por el señor  Pedro Miguel Delgado, primo del presidente de la República, quien viene negociando en  Miami,  con los hermanos Isaías a nombre del estado ecuatoriano.

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Quito, Enero 21 de 2010.

Escala denuncia que informe del CONEA fue manipulado políticamente en contra de las Universidades del País

 

EL Asambleísta del MPD, Jorge Escala, sostuvo que luego de la presencia de los delegados de las 26 Universidades mencionadas como de categoría E, en la Comisión de Educación ,Cultura , Ciencia y Tecnología, el miércoles 20 de enero, quedó demostrado que el informe presentado por el Presidente del CONEA, para cumplir con el Mandato 14, no fue concebido técnicamente, si no que se lo utilizó políticamente para desprestigiar a las Universidades en su lucha contra del Proyecto de Ley de Educación Superior gobiernista, que atenta en contra de la Autonomía Universitaria.
Escala sostuvo que el informe del CONEA, presenta serias deficiencias técnicas, administrativas y legales y que este fue presentado a título personal por su Presidente, Dr. Arturo Villavicencio, sin que el Consejo apruebe: la metodología, los estándares e indicadores, el nombre de los evaluadores, ni el mismo informe.
El Asambleísta agregó que es partidario de la evaluación con la finalidad que las Universidades mejoren su nivel académico y rindan cuentas a la sociedad, pero que no puede aceptar que el Presidente de un organismo técnico como el CONEA, se haya prestado irresponsablemente al juego del Gobierno para desacreditar a la Universidad Ecuatoriana, perjudicando a los jóvenes que estudian en esos Centros de Educación Superior. Escala señaló que por esta razón ha propuesto en la Comisión que se archive el informe y se aplique la Transitoria Vigésima de la Constitución, que plantea que las Universidades y Escuelas Politécnicas tienen un plazo de 5 años para acreditarse.

 

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Quito, Enero 26 de 2010.

MPD acusa a Alexis Mera de rebajar la deuda de los Isaías con el estado

 

La bancada de izquierda MPD-PK, a través del Asambleísta Linder Altafuya, denunció al país que se pretende rebajar el monto de la deuda del grupo Isaías por el caso Filanbanco, perjudicando al Estado en al menos 323 millones de dólares, lo cual sería un nuevo atraco bancario con la complicidad de altas autoridades.
Para Linder Altafuya resulta decidor que al final de sus días la ex AGD, haya fijado en apenas 777 millones la deuda de Filanbanco cuando según Carlos Bravo ex gerente de la AGD y Jorge Rodríguez ex presidente de la Comisión Anticorrupción sostienen que la deuda con intereses incluidos sería de 1100 millones.
El asambleísta del MPD responsabilizó a Alexis Mera de incidir al más alto nivel del gobierno, la junta bancaria y la AGD para consumar este hecho. Altafuya recordó que Xavier Castro, abogado de los Isaias y el asesor jurídico de la Presidencia, Alexis Mera son viejos amigos, juntos fueron asesores del presidente de la Corte Suprema de Justicia, juntos en el año 2001 estuvieron al frente de la empresa de consultoría LATINACCESS, representante en Ecuador de la norteamericana DSFX. Pese a lo cual el Presidente nombró a Alexis Mera y a su primo Pedro Delgado para que negocien la deuda de los hermanos Isaías. Los resultados están a la vista.
Finalmente la bancada MPD- PK anunció que pedirán a la Superintendencia de Bancos, Junta Bancaria y responsables de la extinta AGD expliquen como establecieron el monto de la deuda de los ex accionistas de Filanbanco, como se calcularon los intereses.

 

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Quito, Enero 27 de 2010.

Asamblea Nacional aprueba Proyecto de Resolución presentado por el MPD rechazando actitud de conjueces en el caso Filanbanco

 

El Pleno de la Asamblea con 74 votos afirmativos, tres blancos y 23 abstenciones, aprobó el proyecto de resolución presentado por los asambleístas del Movimiento Popular Democrático a través de Linder Altafuya mediante el cual se rechaza el fallo de los conjueces de la Primera Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia,  quienes cambiaron la figura del delito de peculado  imputado a los hermanos Isaías por el de falsificación de documentos,  dejando en la impunidad este caso que perjudicó a millones de ecuatorianos.
En el proyecto además se exhorta al Consejo de la Judicatura que investigue la actuación de los conjueces que emitieron el fallo antes señalado, así como determine las sanciones que correspondan; y, en general,  realizar un seguimiento al proceso para evitar que sigan realizándose maniobras que impidan su normal tratamiento y resolución.
Altafuya fue enfatico en señalar que la Asamblea Nacional debe permanecer vigilante ante las acciones que sobre este caso implementen la Procuraduría, la Fiscalía General y el Consejo de la Judicatura, así como demandar de ellos su actuación con apego a la Constitución y a la Ley para evitar la impunidad.
El asambleísta, recordó que el feriado bancario (5 de marzo de 1999) fue un episodio funesto en la historia de nuestro país, que trajo como consecuencia el robo de dineros de los depositantes, la muerte de muchos de ellos y la migración de nuestros compatriotas, víctimas de la pérdida de todos sus ahorros.
Subrayó que una de las instituciones financieras favorecidas con esta fraudulenta medida fue Filanbanco, de propiedad de los hermanos William y Roberto Isaías, institución que se encontraba insolvente, pues los fondos de los depositantes fueron invertidos en créditos otorgados a los accionistas de Filanbanco y su grupo financiero: empresas vinculadas y de papel a las cuales no se les exigieron garantías y se les dio plazos inaceptables que ocasionaron pérdidas a la entidad bancaria, pero multimillonarias ganancias a los hermanos Isaías, configurándose el delito de peculado bancario.
Sin embargo, los conjueces de la Primera Sala de lo penal de la Corte Nacional de Justicia: Walter Manzzini, Mario Rojas y Edwin Salazar emitieron un dictamen en el que cambian la figura de peculado bancario por el de falsificación de documentos, dejando en la impunidad uno de los delitos más grandes de la historia nacional, lo que pondría en riesgo incluso el proceso de extradición de los hermanos Isaías, que se encuentra en marcha.
Este es el nuevo descalabro económico que pretende hacerse al país, enfatizo Altafuya, insistiendo que de acuerdo con las versiones dadas por el ex gerente de la AGD, Carlos Bravo y el ex presidente de la Comisión Anticorrupción, Jorge Rodríguez, la deuda de Filanbanco de los hermanos Isaías con el Estado supera los 1.100 millones de dólares, mientras el Presidente de la República señala que es de apenas 777 millones de dólares, es decir, que “estamos hablando de un perjuicio al Estado de 323 millones de dólares”

 

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Quito, Febrero 08 de 2010.

Asambleísta Ramiro Terán rechaza resolución de conjuez Quiroz de no dictar medidas cautelares en contra de conjueces del caso Filanbanco

 

El Asambleísta Ramiro Terán Acosta asistió en su calidad de denunciante a la Audiencia de formulación de cargos en contra de los Conjueces del caso Filanbanco, realizada el día de hoy lunes 8 de febrero del presente año, en la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia.
Ramiro Terán rechazó la decisión del Conjuez Luis Quiroz quien no dictó medidas cautelares que hubieran significado la orden de prisión preventiva, prohibición de salida del país y prohibición de enajenar bienes en contra de los Conjueces Mazzini, Rojas y Salazar a los que el Asambleísta Terán los ha denunciado ante la Fiscalía por por el delito de prevaricato, tipificado por el Código Penal en su artículo 277. De la misma forma señalo que la audiencia el conjuez Quiroz actuó en una forma parcializada y ha favor de los Conjueces imputados.
Finalmente Ramiro Terán señaló que en el momento procesal que corresponda presentara la Acusación Particular y no desmayará en su afán de que estos funcionarios paguen por el delito cometido, el mismo que afecta a mas de 61 mil familias que fueron perjudicadas por el manejo fraudulento de los hermanos William y Roberto Isaías al frente de Filanbanco.

 

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Quito, Febrero 09 de 2010.

MPD y Pachacutik rechazan presencia de Uribe y García en el Ecuador

 

En declaraciones conjuntas el coordinador nacional del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacutik Jorge Guamán y el director nacional del Movimiento Popular Democrático Luis Villacís, reiteraron su solidaridad con el pueblo de Haití y su preocupación por la invasión de tropas norteamericanas a ese país bajo el pretexto de “ayuda humanitaria”. Al mismo tiempo los líderes de izquierda expresaron su rechazo a la presencia en la cumbre de UNASUR en Quito en solidaridad con Haití de los presidentes de Colombia Álvaro Uribe Vélez y del Perú Alan García, a quienes calificaron de genocidas y por tanto personas no gratas para los pueblos de América Latina y el Ecuador,
Para el director del MPD Luis Villacís la presencia de Uribe Vélez, es una afrenta contra los pueblos del Ecuador “ no podemos olvidar el bombardeo y la masacre de Angostura, la violación flagrante de nuestra soberanía nacional y la colaboración evidente de los Estados Unidos en esta acción desde la Base de Manta” señaló, al tiempo de insistir que Uribe representa al paramilitarismo que aterroriza al pueblo colombiano y responde a la política intervencionista del Imperialismo Norteamericano a través de la instalación de las siete bases yanquis en Colombia, sentenció el dirigente del MPD.
Por su parte Jorge Guamán recalcó que los indígenas y demás pueblos de Latinoamérica tampoco pueden olvidar que Alan García es el principal responsable de la masacre de una veintena de indígenas awajún-wampis en Bagua. “Los pueblos indígenas de la Amazonía se levantaron contra aprobación de un paquete de leyes favorables a las transnacionales para permitir la explotación minera y petrolera de su región, en respuesta fueron asesinados por orden de García” dijó, recalcando que estos hechos criminales no pueden volver a ocurrir en ninguna parte de nuestros países, los indígenas y los pueblos continuaremos defendiendo la vida amenazada por la voracidad de la petroleras y mineras, precisó el dirigente indígena.
Finalmente los líderes de izquierda Luis Villacís y Jorge Guamán, reclamaron del Presidente Correa, mayor coherencia con la Constitución de Montecristi en su política exterior, esto frente al paulatino abandono de una política de soberanía frente a la presión de los Estados Unidos, el plan Colombia, y la eventual firma de un TLC con la Unión Europea.

 

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Quito, Febrero 26 de 2010.

MPD participa en Asamblea de la CONAIE

 

Asambleísta Jorge Escala rinde cuentas a la Asamblea de la CONAIE

 

En una acción unitaria importante, los asambleístas del bloque del MPD y los dirigentes nacionales participaron en la Asamblea Extraordinaria de la CONAIE, los días 24 al 26 de febrero, en la ciudad de Ambato, respaldando todas las acciones que efectuarán en adelante la organización indígena, determinando así, en la práctica, la unidad de los pueblos del Ecuador, que ansiamos una Patria Nueva y un socialismo verdadero.
En la Asamblea de la CONAIE participaron centenares de dirigentes indígenas de todas las organizaciones de base, analizando la situación nacional, como es el caso de los gobiernos alternativos, los gobiernos comunitarios autónomos, así como debatieron sobre las Leyes de Aguas, COOTAD, Minera, de Cultura, de Comunicación, de Educación,  Reforma Agraria, entre otras.
En dichos debates participaron los Asambleístas del MPD, dando a conocer el trabajo tesonero de la bancada, en beneficio de la juventud, los trabajadores y los pueblos indios del Ecuador.

 

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Quito, Marzo 01de 2010.

PK Y MPD apoyarán medidas de la CONAIE

 

Luego de que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) decidió impulsar un levantamiento en rechazo al Gobierno, su brazo político, Pachakutik, y su aliado en la Asamblea, el MPD, resolvieron apoyar las medidas de hecho.

Éstas, a decir de Marlon Santi, presidente de la Conaie, no se reducirán al cierre de carreteras sino que incluirán “diálogos permanentes” con diversas organizaciones sociales como el Frente Popular, el cual ya se unió a la vos de protesta de los indígenas.

El dirigente recalcó que la resolución adoptada se debe a que el presidente Rafael Correa “no está cumpliendo con el Plan de Gobierno que ofreció. Y las puertas de Carondelet están más abiertas a la Derecha que a los sectores sociales a los que reprimen y desprestigian”.

En este sentido, el asambleísta Jorge Escala (MPD) hizo énfasis en que Alianza PAIS llegó al Gobierno gracias al respaldo de las organizaciones sociales, al tiempo que rechazó las descalificaciones de Correa hacia los representantes indígenas.

Las leyes
En adelante, PK y el MPD trabajarán a fondo en las leyes que tramita la Asamblea y para las cuales, dicen, no se han recogido las observaciones de los indígenas. Una de ellas es la futura norma que regulará los recursos hídricos.
Diana Atamaint (PK) señaló que si bien ha habido reuniones entre el Gobierno y los indígenas para conversar sobre este cuerpo legal, sólo se ha logrado superar los temas que no tienen controversia pero, en los de fondo, “quieren imponer sus decisiones”.

Además de éste, existen otros proyectos que llaman la atención de estos sectores. Uno es el Código Territorial que entrará a segundo debate el próximo martes, y otro es el de las reformas que plantarán para la Ley Minera, aprobada por la Comisión Legislativa.

Respuesta a Correa
"El movimiento indígena jamás busca el separatismo, como lo dice el Gobierno de Rafael Correa", dijo ayer Marlon Santi presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie).
El dirigente rechazó el calificativo de separatistas que les atribuyó Correa y aseguró que la lucha es para que haya más participación social.
Esto lo dijo respecto a las declaraciones que el Primer Mandatario hizo en su enlace radial del sábado en el que también llamó a un levantamiento de todo el pueblo ecuatoriano para contrarrestar las decisiones adoptadas por los dirigentes de la Conaie.

Queremos una “sociedad democrática, participativa, donde todos vivamos en paz, respetando el derecho de la madre tierra y de la naturaleza", enfatizó Santi, quien recordó que el llamado a la movilización que se hizo el 26 de febrero en Ambato no busca sacar al Presidente de la República.

 

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Quito, Marzo11de 2010.

Código de Ordenamiento Territorial le mete la mano al bolsillo de los sectores Populares afirmo Jorge Escala del MPD

 

El Bloque del MPD, a travéz del Asamblelísta Jorge Escala, denunció que el Codigo de Ordenamiento Territorial le mete la mano al bolsillo a los sectores populares, ya que le da la potestad a los los Gobiernos Autónomos Descentralizados y Gobiernos Regionales crear, impuestos, tasas, financiamiento de la obra pública a cargo de la población, entre otros aspectos inconstitucionales, que rescatan las politicas neoliberales de gobiernos anteriores.

El Asambleísta Escala señaló que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (Municipios, Consejos Provinciales y los nuevos Consejos Regionales), podrán cobrar tasas, sobretasas y contribuciones por todos los servicios que entregan a la población, adicionalmente los municipios podrán también crear tarifas (Art. 191) a los servicios públicos que recibe la población. Lo que significa que desaparece la visión de servicio a la comunidad ya que por todos los servicios que recibimos tenemos que pagar.
Escala denunció que los nuevos Gobiernos Regionales podrán fijar un monto adicional a los impuestos, a los consumos especiales y al precio de los combustibles (Art. 179), esta atribución también la tendrán los Distritos Metropolitanos lo que le convierte en inconstitucional porque solo el Presidente de la República tiene la faculdad de crear, modificar o suprimir los impuestos, de conformidad con el Art. 135 de la Constitución.
Se instituye la creación de tasas, impuestos, contribuciones especiales de mejoras, el pueblo financiará vía impuestos y tasas la obra pública, los neoliberales aprobaron la famosa autogestión (50- 50) y con la revolución ciudadana se incrementa al 100%. (Art. 599 y siguientes)
Para la construcción, rectificación, ensanche o pavimentación de carreteras o caminos, o la construcción de puentes por parte del Consejo Provincial,  los propietarios beneficiados dentro de la zona de influencia primaria, secundaria y terciaria cubrirán el 60% y el Consejo Provincial el 40%.

En el caso de obras  en los Municipios y Distritos Metropolitanos las contribuciones especiales de mejoras, se determina el costo de repavimentación de vías públicas, aceras, cercas, alcantarillado, construcción y ampliación de obras, sistemas de agua potable, plazas y parques lo costeará en el 100% los propietarios beneficiados con las obras sin excepción. El Asambleísta agregó que los municipios tendrán la obligación de actualizar los catastros y la valoración de la propiedad urbana y rural cada dos años, con lo cual se elevará el impuesto predial (Art. 527).

 

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