Desde la Asamblea
Quito, Julio 29 del 2011
Agenda Legislativa de la Bancada Progresista Democrática de Izquierda Intercultural y Plurinacional de Derechos
Los Asambleístas democráticos, progresistas y de izquierda hemos resuelto constituir una bancada, con el objetivo estratégico de defender la vigencia de la Constitución , la soberanía nacional y los derechos de los pueblos y avanzar en la transformación estructural del estado uninacional y neocolonialista a un estado intercultural y plurinacional, de derechos, justo, solidario y equitativo.
En el actual período legislativo nos proponemos impulsar una agenda que permita legislar en beneficio de los altos intereses nacionales y de los sectores que históricamente han sido relegados por el poder económico y político y que nuevamente han sido afectados por la expedición de leyes por parte de una mayoría afín a un gobierno que se desvió del proyecto de transformación.
Consideramos que la Asamblea Nacional debe recuperar su independencia y consolidarse como un espacio de legislación y fiscalización, independiente del ejecutivo y de las otras funciones, como lo consagra la carta fundamental del estado .
Impulsaremos el diálogo y la participación con los diversos sectores sociales y populares, con la finalidad de elaborar y reformar leyes en torno a los temas: Soberanía, medio ambiente, educativos, sociales, que viabilicen de manera efectiva los derechos de los trabajadores, comunas, pueblos y nacionalidades en búsqueda del SUMAK KAWSAY (buen vivir), de acuerdo a la siguiente agenda legislativa:
Temática para Legislar
1.- Ley de Soberanía Alimentaria.- Los cuerpos legales que complementen las disposiciones contenidas en la ley, con la finalidad de estimular la producción especialmente del pequeño agricultor de los alimentos básicos que requiere la sociedad ecuatoriana.
2.- Ley de Recursos Hídricos.- A través de la consulta pre legislativa, que garantice su redistribución, manejo comunitario y propiedad pública.
3.- Ley de Tierras.- Normas legales que posibiliten una equitativa distribución de la tierra, para beneficiar a los productores campesinos, nacionalidades indígenas afroecuatorianos y montubios.
4.- Código Ambiental y de Biodiversidad.- Que permitan el manejo y gestión de los recursos por parte de la comunidad y el Estado.
5.- Normas legales que garanticen los derechos de los trabajadores, que eliminen la explotación y la precarización.
6.- Promover leyes que armonicen la integración y funcionamiento de las instituciones nacionales, regionales y de las circunscripciones de las comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades indígenas, montubios y negros.
7.- Insistir en la aprobación de la Ley de implementación de la jurisdicción y competencia indígena en la administración de la justicia.
8.- Reforma a la Ley de Seguridad Social.- Incremento de pensiones jubilares, jubilación digna de los afiliados al Seguro Social Campesino, cobertura a los trabajadores autónomos.
9.- Reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural.- Revalorizar el rol del docente, dignificar su trabajo y mejorar sus remuneraciones, eliminar la precarización de los docentes contratados. Recuperar el derecho a la educación intercultural bilingüe desde la estimulación temprana hasta el nivel superior.
10.- Reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior. Rescatar la autonomía universitaria en los ámbitos académicos, investigativos, financiero y administrativo, reconquistar el cogobierno, la gratuidad e impulsar una educación de calidad.
11.- Reforma a la Ley Orgánica del Servicio Público, para devolver los derechos a los funcionarios públicos: estabilidad , organización y salario digno.
12.- Reforma a la Ley de Hidrocarburos, con la finalidad de recuperar para el Estado la soberanía y administración técnica de nuestro petróleo y evitar la voracidad de las transnacionales
13.- Ley reformatoria a la Ley de Minería, con el objetivo de propiciar el manejo soberano de nuestros recursos así como la preservación del medio ambiente y la salud de la comunidad.
Temática para Fiscalizar.
Recuperar para la Asamblea Nacional la función de fiscalización definida en la Constitución, con la finalidad de combatir la corrupción y la impunidad. Fiscalizar los actos de las funciones: Ejecutiva,Electoral y de Transparencia y Control Social, y los otros órganos del poder público, poniendo énfasis en áreas como : Salud, educación, obra pública, hidrocarburos, minería, ambiente.
POR UNA BANCADA PROGRESISTA DEMOCRÁTICA DE IZQUIERDA
INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL DE DERECHOS
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Desde la Asamblea
Quito, Agosto 02 del 2011
Tribunal Cuarto de lo Penal ordenó a Ministra de Educación entregue información bajo prevenciones de Ley
El 01 de Agosto de 2011, se llevó a cabo la Audiencia de la Acción de Acceso a la Información Pública, solicitada por el Asambleísta Jorge Escala, frente a los innumerables desacatos de la Ministra de Educación, al no entregar por más de 58 días la información requerida de conformidad con la Ley Orgánica de la Función Legislativa y la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En dicha audiencia los jueces ordenaron bajo prevenciones de Ley a la Ministra a que entregue la información de manera inmediata, caso contrario el desacato podría llegar incluso hasta la destitución de la funcionaria.
El 28 de junio de 2011, mediante oficio No. 290 AN-MPD-JEZ-011, el Legislador del MPD Jorge Escala, solicitó a la Ministra de Educación, información respecto a los procesos de licitación para la elaboración de los textos escolares del primero al séptimo año de Educación General Básica, pero la misma transgrede lo que establece el Art. 75 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, por lo que Escala decidió elevar el caso para que sea la justicia ordinaria quien proceda a resolver este tema.
Es de conocimiento público que la Asamblea Nacional se encuentra en deuda con el pueblo ecuatoriano, al no permitir la fiscalización a los funcionarios públicos, como es el caso de la Ministra de Educación, Gloria Vidal I., en el que a pesar de actuar conforme al procedimiento parlamentario, el Presidente de la Asamblea Nacional y demás integrantes de Alianza PAIS que conforman el CAL, no han dado paso a esta solicitud de información, situación que obligó a recurrir a las instancias legales, y de ser el caso lo seguiré haciendo con aquellos funcionarios que irrespetan la Ley, debido a que, mientras que la Asamblea no recupere su capacidad fiscalizadora habrá que buscar todas las alternativas posibles, para que los actos irregulares de ciertos funcionarios no queden en la impunidad, indicó el Legislador.
Varias son las irregularidades cometidas por la Ministra de Educación Gloria Vidal en el ejercicio de sus funciones, al excluir a miles de niños del Programa de Alimentación Escolar y entregar alimentos en mal estado sin justificar el incremento de la asignación presupuestaria; el permitir cobros ilegales en instituciones educativas públicas, atentando a la gratuidad de la enseñanza; el incumplimiento de las sentencias ejecutoriadas por parte de la Corte Constitucional para entregar el estímulo a la jubilación que legalmente les corresponde a los docentes de El Oro y Santa Elena; el desconocer la Resolución de la Asamblea Nacional que le obliga a otorgar nombramientos a los docentes contratados que se encuentran en la lista de elegibles y el pago de conformidad al nuevo escalafón salarial; el persistir en la no afiliación a la seguridad social a más de 13.000 educadores populares, que según los resultados de la nueva Consulta Popular constituiría un delito penal; todos estos hechos configurarían el escenario propicio para la solicitud de enjuiciamiento político a esta funcionaria, anunció el Legislador del MPD.
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Quito, Agosto 08 el 2011
Jorge Escala emplaza al Presidente de la República, para que diga que Asambleístas le pidieron su apoyo a cambio de un Acuerdo Político
Tras las declaraciones de Rafael Correa de este sábado 06 de agosto, en el último de sus acostumbrados enlaces semanales ciudadanos, mejor conocidos como “sabatinas”, en el que mencionó “hay acuerdos transparentes, perfectamente legítimos, por ejemplo apoyo a una provincia en ciertos proyectos...; tiene todo el derecho un Asambleísta a decir: mire Presidente, por favor, necesitamos esto en tal provincia, en tal municipio, nos podría ayudar con financiamiento del BEDE”. Al parecer el Presidente Correa desconoce que la Constitución de la República en su Artículo 127, numeral 3, prohíbe a los y las Asambleístas: “Ofrecer, tramitar, recibir o administrar recursos del Presupuesto General del Estado, salvo los destinados al funcionamiento administrativo de la Asamblea Nacional”.
Por ello, emplazo públicamente y lo haré también por la vía judicial, a través del recurso de la Confesión Judicial, para que el Presidente de la República le diga al país, con nombres y apellidos, cuáles son los y/o las Asambleístas que le han pedido su apoyo para que se tramite un financiamiento del Banco del Estado para sus provincias o municipios a cambio de llegar a un acuerdo legislativo, señaló el Asambleísta del MPD.
Escala mencionó además que, de comprobarse cuáles Asambleístas han gestionado recursos del Presupuesto General del Estado para sus provincias daría lugar a la pérdida de su calidad de Asambleísta, de conformidad a lo que determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en su Artículo 163, último inciso. No puede ser posible que el Gobierno Nacional difame, mienta, amarre la troncha y para colmo utilice a los medios de comunicación nacional para difundir cadenas gubernamentales con plata de todos/as los/as ecuatorianos/as para tratar a toda costa de defender lo indefendible. Por ello, no solo porque existe el derecho constitucional a la réplica, sino porque en la Asamblea Nacional confluyen diversas corrientes políticas, considero que los espacios de comunicación de la Función Legislativa a nivel de radio y televisión no solo deberían recoger las versiones del oficialismo, sino las del resto de Bancadas; y en el nuevo período legislativo, vamos a exigir este derecho, anunció el legislador.
Finalmente señaló que si el propio Presidente de la República ha reconocido que existen acuerdos de supuesta gobernabilidad al interior de la Asamblea, pero que se dan fuera de la función legislativa, no solo que se reedita, sino que se perfeccionan las viejas prácticas de las componendas al puro estilo de la partidocracia, que ahora está representada en el movimiento PAIS.
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Quito, Agosto 16 el 2011
MPD rechaza incremento exagerado de tarifa Eléctrica
El Asambleísta del MPD, Jorge Escala señaló que la decisión de incrementar la tarifa eléctrica desde el mes de julio forma parte del paquetazo económico que afectará directamente a la denominada clase media ecuatoriana, empobreciéndola e incluso dejándola endeudada, lo que evidencia la política de la derecha del siglo 21 representada en el gobierno de Rafael Correa.
Escala declaró que, el incremento de la tarifa eléctrica se lo viene aplicando de una manera exagerada, así es el caso del Sr. Carlos Fausto Cepeda, quien en el mes de junio de 2011 canceló por el servicio de electricidad $24.45 dólares, pero por el consumo del mes de julio tendrá que cancelar $1,413.98 dólares, una cantidad que no pueden cubrir lo que le obligará a endeudarse e incluso a dejar de recibir este servicio.
Estas medidas afectan a la clase media y la condenan al empobrecimiento, pretendiendo de manera injusta y desproporcionada desfalcar el bolsillo de los ecuatorianos. EL asambleísta agregó que estos hechos generan indignación, por lo que ha solicitado al Ministro de Electricidad y Energía Renovable explique las razones técnicas, administrativas y legales de este exagerado incremento de la tarifa eléctrica.
RELACIONES PÚBLICAS MPD
Celular Asambleísta Jorge Escala: 098739263
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Boletin de Prensa
Quito, Agosto 16 el 2011
Asambleísta Linder Altafuya rinde cuentas al pueblo de Esmeraldas
El día de hoy, miércoles 17 de agosto del 2011, a las 17h00 en el Salón Verde de la Ciudad del Municipio de Esmeraldas, el Asambleísta Linder Altafuya rendirá cuentas de su gestión en la Asamblea Nacional al pueblo que lo eligió.
Linder Altafauya señaló que durante estos dos primeros años en la Asamblea Nacional su trabajo se ha centrado en defender los intereses del pueblo de Esmeradas a través de una labor legislativa fructífera, como es el caso de haber conseguido que se apruebe el incremento de las pensiones a los jubilados, exhortar a la Ministra de Educación el respeto al derecho al trabajo y estabilidad de los maestros contratados, entre otras resoluciones; y, respecto a la fiscalización he denunciado el negociado del CALL CENTER del IESS, el Puerto Pesquero Artesanal, la corrupción en las Aduanas de Esmeraldas.
En el caso de la contaminación de la Refinería de Esmeraldas frente a los continuos derrames de crudo hacia los Ríos Teaone y Esmeradas causados por la falta de verdaderas políticas de control y prevención solicité a la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales realizar una Inspección a la Refinería de Esmeraldas, siendo evidente que ésta problemática no ha sido enfrentada adecuadamente por el Gobierno de Rafael Correa, manifestó Linder Altafuya.
En mi calidad de miembro de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social he solicitado se reciban a varias delegaciones de trabajadores y fruto de ello hemos emprendido acciones tendientes a hacer respetar sus derechos: está el caso de los ex-trabajadores de Andinatel que fueron injustamente despedidos en el 2002, el caso de los 600 trabajadores de PETROECUADOR despedidos por el caso GASPET SA que desde un principio señalamos fue un atropello tal decisión y que ahora incluso cuentan con medidas cautelares y deben ser restituidos, afirmó Altafuya.
Presentamos en conjunto con el Director del MPD la demanda de inconstitucionalidad al Decreto 813 que establece la “renuncia obligatoria” de los servidores públicos, violando todos los instrumentos internacionales en materia de trabajo, suscritos por el Ecuador, irrespetando además la jerarquía normativa establecida en la Constitución de la República. Este Decreto es atentatorio al derecho al trabajo; cientos de servidores públicos podrían perder su derecho a la jubilación, pues serían obligados a vender su renuncia, sostuvo el Asambleísta Esmeraldeño.
El Asambleísta emepedista, acotó que junto a las Autoridades de Esmeraldas ha demandado soluciones a la falta de agua potable, inseguridad que se vive en la provincia y que la vía Quinindé - Esmeraldas sea de 4 carriles razón por la cual se ha iniciado un proceso de investigación a profundidad.
El Gobierno Nacional debe escuchar el clamor del pueblo de Esmeraldas a fin de que se arbitre las medidas pertinentes para resolver esta grave problemática no solo desde el punto de vista de incrementar el número de policías o de años de prisión, sino que fundamentalmente debe resolverse el alto índice de desempleo y subempleo existente en la provincia verde, concluyó Altafuya.
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Asambleísta Linder Altafuya – 094161528
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Quito, Septiembre 06 del 2011
Decreto 872 de estado de excepción a la función judicial es dictatorial y contrario a la constitución
El bloque parlamentario del MPD, calificó al Decreto 872 de Correa, que impone el Estado de Excepción de la Función Judicial, como DICTATORIAL, porque violenta la Constitución de la República y profundizará la criminalización de la protesta social, concretándose así el asalto a la justicia y el atropello a normas constitucionales.
Jorge Escala Asambleísta Nacional del MPD, señaló que este decreto es inconstitucional e inmoral, no cumple con los requisitos que justifique su expedición ya que se incumple con el Art. 164 de la Constitución, que establece que este instrumento solo ser hará efectivo “en caso de agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural”, circunstancias que no se viven en el país ni en la Función Judicial.
El decreto señala en uno de sus considerandos que “ante la situación angustiante de la Función Judicial…podría generar una conmoción interna”. Escala declaró que no es posible que se legisle bajo un supuesto; esto no se contempla en ningún sistema jurídico en el mundo, no se puede tomar una decisión por presunción sino por un hecho cierto.
Adicionalmente el Art. 168.1, de la Constitución establece que “la función judicial gozará de independencia interna y externa. Toda violación a este principio conllevará responsabilidad administrativa, civil y penal de acuerdo con la ley”, señaló el legislador. Agregó que lo que estaría detrás de este decreto sería la transgresión de la autonomía del poder judicial; el despido intempestivo de funcionarios judiciales que no sean obsecuentes al régimen, la aceleración y violación del debido proceso de juicios que están abiertos contra más de 300 luchadores sociales, amenaza a la libertad de expresión debido a que con una justicia en manos del gobierno serían enjuiciados y sentenciados quienes lo critiquen y la total impunidad a los casos de corrupción denunciados; por estas razones la bancada plurinacional de izquierda en la Asamblea Nacional presentará un proyecto de resolución para buscar su revocatoria, así como prepara las condiciones para iniciar el proceso de juicio político contra Paulo Rodríguez presidente del Consejo Transitorio de la Judicatura, indicó Escala.
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Quito, Septiembre 07 del 2011
Maestros Jubilados se reunirán con el Presidente de la Asamblea Nacional
El día de mañana viernes 09 de septiembre una gran delegación de maestros y maestras jubilados/as de las Provincias de El Oro, Santa Elena, Guayas, Pichincha y otras, serán recibidos en el salón del Ex Senado de la Asamblea Nacional a partir de las 9h30 de la mañana con el Presidente de la función legislativa, Fernando Cordero y el Asambleísta Jorge Escala del MPD.
El objetivo de esta reunión será el de conocer su problemática y llegar al compromiso de solicitar la intervención del Poder Legislativo, a fin de que se conmine a la Ministra de Educación a cumplir las sentencias ejecutoriadas resueltas por el Juzgado Primero de la Niñez y Adolescencia de la provincia de El Oro y la Corte Constitucional, en las que se le obliga al pago del estímulo a la jubilación de hasta 150 salarios básicos unificados del trabajador privado, puesto que los maestros que se jubilaron a partir de octubre del 2008 y durante el año 2009, solo recibieron $16.000, monto que según las sentencias judiciales antes señaladas debía tomarse tan solo como un anticipo del monto que debían recibir hasta que se publique la nueva Ley Orgánica de Educación Intercultural, informó el legislador Jorge Escala.
Relaciones Públicas MPD
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Quito, Septiembre 09 del 2011
Fiscal Chiriboga comete delito de prevaricato al señalar que no existe inconstitucionalidades en el decreto de excepción en la función judicial
El Asambleísta por la Provincia de Esmeraldas Linder Altafuya, quien en día recientes presentó una denuncia penal en contra del Presidente de la República Rafael Correa Delgado con el fin de que responda por las irregularidades e inconstitucionalidades contenidas en el Decreto Ejecutivo 872 que declara el Estado de Excepción en la Función Judicial, manifestó que las declaraciones de Galo Chiriboga, Fiscal de la Nación, quien senaló el pasado jueves en la Asamblea Nacional “que no ve ningún problema constitucional”, podrían constiuir prevaricato.
Altafuya considera sumamente grave las aseveraciones de Galo Chiriboga, pues no puede el Fiscal de la Nación anticipar su criterio respecto a una denuncia sobre la cual en lo posterior deberá pronunciarse y emitir un dictámen, esta actuación está tipificada y sancionada por el Código Penal en el Art. 277, por lo que Chiriboga deberá responder por sus declaraciones, las mismas que riñen con sus funciones, por lo que Altafuya solicitó al Presidente de la Asamblea confiera los audios de la reunión realizada en la Asamblea Nacional en donde Chiriboga virtió estas expresiones.
El Asambleísta empedista, expresó que a traves del inconstitucional e ilegal Estado de Excepción de la Función Judicial, lo que se busca es manejar los 600 millones de dólares sin someterse a los procedimientos que exige la Ley de Contratación Pública, tal como lo han hecho en el área de salud, en donde se han suscitado graves casos de corrupción, mientras los hospitales siguen si prestar un adecuado servicio a la ciudadanía.
Finalmente Linder Altafuya, advierte que estará vigilante del proceso que debe seguir el Fiscal frente a la denuncia por él presentada, pues vivimos es un Estado de Derecho, en donde nadie tiene corona y las declaraciones de Galo Chiriboga ponen de manifiesto una actitud parcializada hacia el Presidente de la República, aseveró.
Relaciones Públicas MPD
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Quito, Septiembre 16 del 2011
Asambleista Jorge Escala presenta denuncia penal en contra de Ministro del Interior por el caso del estudiante Cocíos
El Asambleísta Nacional Jorge Escala, presentó el día de hoy una denuncia penal en contra del Ministro del Interior, José Serrano Salgado, esto debido a los graves acontecimientos suscitados el jueves 15 de septiembre del 2011, cuando elementos de la Policía Nacional allanaron los predios del Instituto Nacional “Mejía” y dispararon una bomba lacrimógena en contra del estudiante Edison Fernando Cocíos Pineda impactándole a la altura de la cabeza, el mencionado estudiante se encuentra al momento en terapia intensiva en el Hospital Eugenio Espejo y médicos de esta casa de salud manifiestan que las próximas cuarenta y ocho horas son determinantes, pues por la gravedad del golpe, el estudiante podría fallecer.
Jorge Escala manifestó que la Policía Nacional bajo las órdenes del Ministro del Interior Dr. José Serrano Salgado, ha violado expresas disposiciones constitucionales y ha incurrido en el delito de uso injustificado de la violencia, tipificado en el Código Penal en su artículo 273 que señala:
“Cuando un funcionario público, de cualquier naturaleza que sea, un agente de Gobierno o de la policía, un ejecutor de órdenes o sentencias judiciales, un comandante de la fuerza pública hubieren, sin motivo legítimo, usado o hecho usar violencias para con alguna persona, en el ejercicio o con ocasión del ejercicio de sus funciones, el mínimo de la pena señalada para estos actos se aumentará conforme al artículo 275.”
De igual manera presentó una QUEJA ante la Defensoría del Pueblo que busca condenar la violación de los Derechos Humanos en el Ecuador que se expresa nuevamente en este Gobierno ahora con el atentado a la vida en contra de este joven estudiante.
El Asambleísta emepedista hizo un llamado a las organizaciones de Derechos Humanos del país para que estén atentas ante estos hechos, pues los estudiantes del país se encuentran haciendo uso de su legítimo derecho a la resistencia, de conformidad con lo que establecido el Art. 98 de la Constitución de la República, protestando en contra del bachillerato unificado y la extensión de la carga horaria para los docentes y la Policía Nacional no está actuando conforme lo señala la Constitución esto es utilizando medidas alternativa al uso de la fuerza, manifestó Jorge Escala.
Adjunto se servirá encontrar denuncia penal al Ministro del Interior presentada en la Fiscalía General del Estado y Queja presentada ante la Defensoría del Pueblo.
Prof. Jorge Escala Zambrano
Asambleísta Nacional por el MPD – Mayor Información al Cel. 098739263
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Quito, Septiembre 20 del 2011
Asambleístas inician Fiscalización a Concesiones Mineras
Los Asambleístas Magali Orellana y Cléver Jiménez de Pachakutik, y Jorge Escala de MPD, conjuntamente con los señores Salvador Quishpe y Alonso Cueva, Prefecto y Viceprefecto, respectivamente, de la provincia de Zamora Chinchipe, junto a más pobladores, el día sábado 17 de septiembre del año en curso, visitaron las instalaciones del campamento de la compañía minera Kinross Aurelian, donde se desarrollará el proyecto minero Fruta Del Norte, ubicado en la comunidad el Zarza de la parroquia los Encuentros del cantón Yanzatza de la provincia de Zamora Chinchipe, para conocer de primera mano la situación crítica que vienen denunciando pobladores del sector, en el lugar se pudo determinar que, gran porcentaje del territorio de la parroquia los Encuentros ha sido concesionado a la empresa Aurelian Kinross, violando la constitución y la propia ley de minas, e incluso, el derecho de propiedad y de libre movilidad de los habitantes, al exigir que los pobladores que viven en el sector pidan autorización en su propio territorio para cruzar los controles impuestos por la compañía canadiense y poder llegar hasta sus fincas, no solo que viven en la incertidumbre por el constante peligro que corren por la desmedida contaminación, sino que, además son desplazados con continuas amenazas para obligarlos a vender sus tierras, los habitantes miran con impotencia como se llevan la riqueza de su suelo, sin siquiera tener derecho al trabajo, porque estos saqueadores se sienten protegidos por este gobierno; y, es penoso conocer que la riqueza de oro, plata y cobre, entre otros minerales, saldrá directo a otros países para ser refinados, porque aducen que en Ecuador no existe tecnología para ello.
Así mismo, se constató la perforación de un túnel de 1.600 metros de profundidad a pretexto de exploración, por lo que los Asambleístas en su facultad fiscalizadora, exigen al Gobierno Nacional, a través del Ministerio correspondiente se investigue, y de constatarse que esta compañía se encuentra extrayendo recursos minerales y no únicamente explorando como ellos manifiestan, se revierta de inmediato la concesión minera a favor del Estado.
Prensa: Bancada Progresista de Izquierda Plurinacional de Derechos.
Prof. Jorge Escala Zambrano
Asambleísta Nacional por el MPD – Mayor Información al Cel. 098739263
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Quito, Septiembre 26 del 2011
Asambleísta Escala exige a Ministerio de Finanzas que cancele valores adeudados a la Provincia de Zamora Chinchipe
El Asambleísta Jorge Escala del Movimiento Popular Democrático, exigió al Ministerio de Finanzas a través de un oficio dirigido a Patricio Rivera ministro del ramo, la transferencia inmediata de los recursos económicos adeudados a la Provincia amazónica de Zamora Chinchipe que por concepto de la ley 010 tiene derecho en un monto aproximado de 755 mil dólares mensuales, pero que desde los meses de julio, agosto y septiembre solo ha llegado aproximadamente 320 mil dólares en cada mes, según información detallada por las autoridades de esa provincia, con lo cual la deuda superaría el millón doscientos mil dólares, anunció el legislador.
El retardo en la entrega de recursos económicos que por ley le corresponde a Zamora Chinchipe obedece a una política de discriminación a los pueblos de esta provincia, especialmente a las comunidades indígenas, que se han levantado en una justa lucha por la defensa de la naturaleza y en contra de las concesiones mineras indiscriminadas que solo favorecen a los intereses de las grandes transnacionales, mientras que a otras prefecturas, pertenecientes a aquellos grupos políticos de los legisladores que se vendieron para lograr el establecimiento de una mayoría oficialista en la Asamblea Nacional se los premia con la pronta entrega de transferencias a través del Banco del Estado, señaló.
Indicó además que respaldarán las acciones anunciadas por las fuerzas vivas de esta provincia que anunciaron una marcha nacional por la defensa de la naturaleza exigiendo la salida de las empresas mineras Tongling de la China (ECSA), así como la Kinross de origen canadiense que operan en la Cordillera del Cóndor y en el sur del Ecuador en general, a quienes el ministerio del ambiente ya les habría otorgado la licencia ambiental para que inicien sus explotaciones. Esta marcha que está programada para los próximos días exigirá además que se incremente el porcentaje de los fondos que se entrega por concepto de la Ley para el Eco-desarrollo Regional Amazónico y para el Fortalecimiento de los Gobiernos Autónomos Descentralizados de la Amazonía, conocida como Ley 010, que actualmente entrega 1 dólar por cada barril de petróleo que se extraiga de esta región, mientras que su precio en el mercado supera los 100 dólares, lo cual es absolutamente injusto con esta región que tiene que remediar todos las afectaciones ambientales dejadas por la actividad petrolera.
Prof. Jorge Escala Zambrano
Asambleísta Nacional por el MPD – Mayor Información al Cel. 098739263
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Quito, Septiembre 27 del 2011
Tras presiones del MPD, el Ministerio de Educación ha empezado a pagar el estímulo económico a docentes ganadores de evaluación
Todos recordamos la tan mentada evaluación al desempeño docente que impulsó el Ministerio de Educación, la cual en un inicio, tenía la característica de ser punitiva y persecutoria en lugar de mejorar de manera global la calidad de la educación, debido a que la tesis del Gobierno era que aquel docente que obtenía una baja nota se lo debería echar del magisterio atropellando todos sus derechos laborales y sin habérsele efectuado una capacitación previa, ante lo cual, a finales de 2009 los maestros agrupados en la UNE supieron dar su contundente respuesta y mediante un exitoso paro nacional se frenó el carácter punitivo de esa medida.
La evaluación al desempeño docente entonces, adquirió otra perspectiva, porque se la tomó como un proceso de mejoramiento y estímulo para los profesores que lograsen la mejor nota, por ello varios de ellos se prepararon arduamente para rendir esas pruebas obteniendo calificaciones de excelente y muy buena, a quienes el Ministerio de Educación les debía cancelar un estímulo económico de $900, pero tanto en el año 2009 como en el 2010 no se les había cancelado un solo centavo, resultando en un engaño más a los que nos tiene acostumbrados este Gobierno. Es así que tras una carta de los docentes ganadores de la evaluación en la provincia de Santa Elena y un Oficio del Asambleísta Jorge Escala del MPD dirigido a la Ministra Gloria Vidal el pasado 10 de agosto del presente año, recién este viernes 16 de septiembre se ha procedido a cancelar el respectivo bono al que tienen derecho.
Aún están pendientes el resto de provincias de la región costa donde se realizaron estos procesos de evaluación y debido a ello, el Legislador emepedista subrayó que estará vigilante de su cumplimiento.
Prof. Jorge Escala Zambrano
Asambleísta Nacional por el MPD – Mayor Información al Cel. 098739263
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Quito, Septiembre 29 del 2011
Asalariado del Gobierno gana más que el Presidente de la República
El Asambleísta Nacional Jorge Escala, quien lleva adelante un proceso de fiscalización respecto del manejo de las empresas incautadas por el Estado ecuatoriano y que están manejadas por el Fideicomiso “AGD-CFN No más Impunidad”, denunció al país el nivel de corrupción que existe en la administración de las mismas.
Jorge Escala cuestionó el manejo que tienen los medios de comunicación incautados y que están al servicio del Gobierno Nacional como GAMA TV, canal de televisión que invita solamente a los representantes del régimen y que jamás permite ejercer el derecho a la réplica a quienes han sido injuriados y calumniados; "a los entrevistados en los noticieros de este canal se los invita únicamente para ser aplaudidos, principalmente por parte de Carlos Ochoa, de quien es fácil comprender su actitud, pues resulta ser un asalariado más del correísmo que percibe ocho mil dólares mensuales $(8.000,oo) mucho más de lo que gana el Presidente de la República, cuyo sueldo es de seis mil seiscientos dólares ($6.600,oo"), enfatizó.
Por otro lado Escala solicitó a la Contraloría General del Estado realicen exámenes especiales a todas las empresas incautadas, pues no están cumpliendo con la obligación que establece la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública de realizar sus compras a través del Portal de Compras Públicas, lo que permite la discrecionalidad de los gerentes para comprar a dedo, además de que en empresas como TC TELEVISIÓN se contrata un sinnúmero de abogados y consultoras legales a las que se les paga cientos de miles de dólares, sin que se conozca de los resultados de su trabajo.
Finalmente señaló que Pedro Delgado, primo del Presidente de la República y quien se encuentra al frente del Fideicomiso “AGD-CFN No más Impunidad” y Camilo Samán, Presidente del Directorio de la Corporación Financiera Nacional, deben responder al país por todos estos hechos y los ciudadanos debemos estar conscientes de que estas empresas pertenecen al Estado y por ende a todos los ecuatorianos y su manejo debe ser transparente y estar sometido al escrutinio público, así como a los procesos de fiscalización que son potestad de los Asambleístas.
Ver Docuemnto del IESS
Prof. Jorge Escala Zambrano
Asambleísta Nacional por el MPD – Mayor Información al Cel. 098739263
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Quito, Septiembre 29 del 2011
Asambleísta Escala anuncia Juicio Político a Ministra de Educación por desacato
En conferencia de Prensa el Asambleísta Jorge Escala del MPD anunció el inicio del Proceso de enjuiciamiento político a la Ministra de Educación Gloria Vidal, al presentar la primera de lo que dijo son varias causales que motivarían la destitución de la principal Autoridad Educativa Nacional.
La Ministra de Educación ha actuado en flagrante desacato frente a varios fallos de las instancias judiciales que han resuelto a favor de los docentes que se jubilaron a partir del 20 de octubre del 2008, fecha en que entró en vigencia la actual Constitución, a quienes no se les canceló en su totalidad el estimulo a la jubilación de cinco salarios básicos unificados “SBU” del trabajador privado por cada año de servicio hasta un máximo de ciento cincuenta SBU en total, como reza en la vigésimo primera disposición transitoria de la Carta Magna, con lo cual se perjudica a 7748 docentes jubilados con una deuda de más de 140 millones de dólares en total denunció el legislador este 29 de septiembre, al tiempo que envío un saludo a las valerosas y valerosos ecuatorianas/os de la tercera edad, que hoy celebran su día clásico por el trascendente rol que han cumplido y cumplen en la sociedad.
Escala señaló que la Dra. Gloria Vidal Illingworth, Ministra de Educación del Ecuador, se encuentra incumpliendo lo ordenado mediante sentencias emitidas por los Juzgados de Primera Instancia, Cortes Provinciales de Justicia de varias provincias del país como El Oro, Santa Elena, Manabí y Guayas, y hasta la propia Corte Constitucional en donde se le obliga a realizar el pago del estímulo a la jubilación de los docentes conforme la Disposición Transitoria Vigésimo Primera de la Constitución y la Ley Orgánica de Educación Intercultural en su Disposición General Novena y Art. 125 numeral c), de esta manera se encuentra irrespetando la justicia, violando derechos humanos, actuando con discriminación en contra de un sector vulnerable de la sociedad e incumpliendo la Ley y la Constitución.
Recordó además que el propio Presidente de la Función Legislativa se comprometió ante una gran Asamblea de docentes jubilados el pasado 09 de septiembre, a realizar las acciones necesarias para que comparezca la Ministra de Educación y explique las razones de su incumplimiento ante la Comisión de Educación del legislativo, pero hasta la presente fecha no se ha dado ninguna comparecencia, mientras los maestros jubilados continúan en esta larga espera por la que algunos incluso han perdido hasta su vida, señaló; anunciando además que seguirá presentando nuevas causales como la precarización laboral a más de 50.000 docentes contratados a quienes no se les entrega sus nombramientos, la falta de pago de algunas remuneraciones salariales, bonos y estímulo a ciertos docentes, así como el incumplimiento de la nueva Ley de Educación que derivarían en el pedido de enjuiciamiento político a la Ministra.
Prof. Jorge Escala Zambrano
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Quito, Octubre 10 del 2011
Asambleísta Linder Altafuya presenta proyecto de Ley de Defensa del Manglar
El Asambleísta por la Provincia de Esmeraldas, Linder Altafuya acogiendo una justa aspiración de los pueblos, comunidades ancestrales y poblaciones locales vinculadas al ecosistema manglar presentó el Proyecto de Ley Orgánica de Conservación y Restauración del Ecosistema Manglar.
El Asambleísta esmeraldeño hizo entrega formal de esta iniciativa legislativa en el acto de posesión de los Consejos de Gobierno de las siguientes organizaciones: Fundación de Defensa Ecológica, FUNDECOL; de la Organización Campesina Muisne-Esmeraldas, FOCAME-OCAME; y, de la Unión Campesina Muisne-Esmeraldas, UOC, evento que se realizó en el Cantón Muisne, el sábado 8 de octubre del presente año y que contó con la presencia de Monseñor Eugenio Arellano, dirigentes de la Coordinadora Nacional de Manglares, CONAIE, ECUARUNARI, y de la Asamblea de Mujeres, entre otras.
Linder Altafuya manifestó que a través de este Proyecto de Ley se busca la protección, manejo, restauración y conservación del ecosistema manglar, así como de sus zonas de transición y amortiguamiento, al mismo tiempo que se garantizan los derechos de las comunidades y pueblos ancestrales relacionados a este ecosistema. De igual forma se busca frenar las presiones que han ejercido las actividades de acuacultura y asentamientos humanos que han generando impactos ambientales negativos de diferente intensidad y efectos, estableciendo sanciones cuando existan daños en contra de este ecosistema.
Altafuya, señaló que esta ley beneficiará a los pueblos, comunidades ancestrales y poblaciones locales que tienen relación con el ecosistema del manglar y que se encuentra distribuido a lo largo de la costa continental ecuatoriana e insular, siendo fuente de importantes recursos naturales bióticos.
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Quito, Octubre 19 del 2011
Asambleísta Linder Altafuya denuncia ilegal e inconstitucional concesión del uso de la zona de playa por parte del Municipio de Muisne a Decameron.
El Asambleísta Altafuya denunció que el Municipio de Muisne aprobó en primera instancia, una resolución a través de la cual cede frente al pedido realizado por la Compañía Hoteles Decameron Ecuador SA, concesionando el uso de las playas de mar, ribereñas a los terrenos de propiedad de la Compañía antes mencionada. Este hecho es inconstitucional porque el Art. 57 numeral 4 de la Constitución determina que el Estado garantizará la conservación de la propiedad imprescriptible de las tierras comunitarias, las cuales son inalienables, inembargables e indivisibles. Inclusive antes de adoptar la resolución en beneficio de la Compañía Hoteles Decameron Ecuador S.A, debían haber consultado a los pobladores como lo manda la Carta Magna, aseveró.
Además señaló que las zonas de playa y bahía son bienes nacionales de uso público, al que tienen acceso todos los ecuatorianos y ecuatorianas, como lo establece el Código de la Policía Marítima. La Constitución de la República del Ecuador en el capítulo 4 del Régimen y Competencias de los Gobiernos Locales, en su Art. 264, numeral 11 manda al Gobierno Municipal a preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de mar, riveras y ríos, lagos y lagunas. Por tanto lo actuado por el Gobierno Municipal de Muisne es ilegal e inconstitucional.
Finalmente el Asambleísta del MPD afirmó que si se aprueba en segunda instancia la resolución de entregar a manos privadas el uso de las playas en Portete, planteará las acciones legales correspondientes, a fin de que se respete los derechos colectivos establecidos en la Constitución.
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Quito, Octubre 21 del 2011
Asambleísta Linder Altafuya solicitará destitución de Ramiro González
El Asambleísta LinderAltafuya, miembro de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, manifestó que frente al Informe emitido por la Veeduría Ciudanana encargada de investigar los procesos de adquisición de bienes y servicios por parte del IESS en el que se determinan una serie de irregularidades y actos de corrupción, solicitará ante la Superintendencia de Bancos y Seguros la destitución de Ramiro González.
En el Informe entregado por la Veeduría Ciudadana al Consejo de Participación Ciudadana se establece que el IESS pagó a clínicas prestadoras externas de salud casi $ 100 millones en el 2010; $40.000 entre enero y abril de este año, detectándose que se dio ingreso directo de pacientes a las clínicas sin evaluación médica por parte de los médicos del IESS y sin ser casos de emergencia.
Según este informe las clínicas particulares estaban repletas de pacientes para tratamientos e intervenciones quirúrgicas cuando en realidad los quirófanos y camas del hospital permanecían vacíos, hecho que podría constituir incluso un delito de peculado, por otra parte en este informe también se establece negligencia en el manejodel almacenamiento y distribución de las medicinas, originando grandes pérdidas por caducidad, entre otras irregularidades, como por ejemplo en el contrato de remodelación de los quirófanos 1, 2 y 9 del Hospital Teodoro Maldonado Carbose emite una resolución por parte del director del hospital, adjudicando la construcción de la obra, un día antes de que aparezca en el portal de Compras Públicas.
LinderAltafuya señaló que a estos hechos anómalos se suman el gran negociado del CALL CENTER, por el que el IESS pagó a la empresa CRONIX alrededor de 19 millones de dólares cuando el contrato había sido suscrito por 7 millones, de igual forma y la deuda que el Estado mantiene con el IESS que a pesar de los ofrecimientos sigue sin ser cancelada.
Altafuya manifestó que son estos actos de corrupción los que pueden conducir a la quiebra de la Institución y no la entrega de adecuadas prestaciones, por ello señaló que defenderán la propuesta de reforma a la Seguridad Social que beneficia a las mujeres del país con el fin de que puedan jubilarse sin límite de edad al momento de acreditar 300 prestaciones, esta es una aspiración justa a la cual se opone la mayoría oficialista en la Asamblea y Ramiro González, así como el acceso a los ecuatorianos residentes en el exterior a la seguridad social, finalizó señalando LinderAltafuya.
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Quito, Octubre 21 del 2011
Jorge Escala oficializó pedido de juicio político a Ministra de Educación con el respaldo de 49 Legisladores
Como lo había señalado semanas atrás el Asambleísta Jorge Escala del MPD presentó este viernes 21 de octubre su pedido de juicio político a la Dra. Gloria Vidal Illingworth, como Autoridad Educativa Nacional, que lo hizo público a los medios de comunicación mediante conferencia de prensa. Existen varias causales que configurarían el incumplimiento de las funciones de la Ministra de Estado para proceder de conformidad a lo que señala el Art. 131 de la Constitución de la República.
La Ministra debe ser juzgada no solo por desacato a las sentencias ejecutoriadas que le obligan a efectuar el pago completo del estímulo a la jubilación de ex docentes de varias provincias, sino además por otras causales mediante las cuales se demuestra que su ineficiente gestión atenta directamente a la calidad de la educación, la persecución a los principales actores del proceso educativo y a sus organizaciones; así como la violación sistemática de sus derechos”, señaló.
La Ministra debe ser juzgada entonces por la imposición de un Proyecto de Bachillerato General Unificado “BGU”, que resulta inapropiado a la realidad nacional, atenta al desarrollo del pensamiento crítico y emancipador de la juventud y no cuenta con los aportes y la participación de los actores sociales de la educación, tal como lo exige la Constitución de la República en su Art, 45 y 95, así como el Art. 22, literal e) y Segunda Disposición General de la Ley Orgánica de Educación Intercultural.
Esta funcionaria además es la responsable de que después de seis meses de entrara en vigencia la nueva Ley de Educación, el país no cuente con un Plan Nacional de Educación, lo cual demuestra el fracaso de la política educativa en temas como alfabetización, cuyas cifras oficiales proporcionadas por el último censo de población y vivienda indican que en el Ecuador subsisten 672.096 que representan el 6.8% de ecuatorianos/as con analfabetismo puro cuando deberían ser no más de 454.222, que significaría el 4.56% según la línea trazada por el Plan Decenal de Educación, cifra que aún es distante a la que de manera fraudulenta proclamaron alcanzar el ex Ministro Raúl Vallejo y su Viceministra Gloria Vidal, el 8 de septiembre de 2009, cuando anunciaron públicamente que el analfabetismo en el Ecuador se había reducido al 2.7%.
La Ministra de Educación también debe ser juzgada por la política de precarización laboral, prohibida en el Artículo 327 de la Constitución de la República, vulnerando además el derecho a la estabilidad laboral, a una remuneración justa y oportuna de los maestros contratados, garantizados en los Arts. 349 y 328 de la Constitución, además de hacer caso omiso a la resolución del Pleno de la Asamblea Nacional, que como máximo órgano de poder Legislativo, el 12 de julio del 2011, exhortó a esta funcionaria a que de manera inmediata extienda los nombramientos a los maestros/as contratados ganadores/as de los concursos de merecimientos y oposición, así como la cancelación justa de sus remuneraciones.
Por otro lado, señalo Escala, “la Ministra Vidal, fiel cumplidora de la política de criminalización de la lucha popular, mantiene un régimen de represión a los principales actores del proceso educativo como los estudiantes, maestros y sus organizaciones, al arrogarse funciones que no le compete, cuando dicta los Acuerdos Ministeriales 134-11 y 324-11 mediante el cual se ordena a los rectores de los colegios a sancionar a los estudiantes que ejerzan su legítimo derecho a la resistencia, violando el principio constitucional al debido proceso. De igual forma atenta a la libertad de asociación y agremiación al no permitir el autofinanciamiento de la UNE y el Fondo de Cesantía”.
El legislador emepedista finalmente señalo que ante la contundencia de sus acusaciones, espera que el Consejo de Administración Legislativa y la Comisión de Fiscalización den paso a que el Pleno de la Asamblea Nacional conozca, debata e interpele a la funcionaria.
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Quito, Octubre 26 del 2011
Asambleísta Linder Altafuya rechaza inconstitucional reglamento expedido por el IESS, que afecta el acceso a la seguridad social de nuestros compatriotas en el exterior
El Asambleísta Linder Altafuya, miembro de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social expresó su total rechazo, frente al inconstitucional reglamento expedido por el Directorio del IESS, para la afiliación voluntaria de los ecuatorianos residentes en el exterior, el mencionado reglamento atenta contra el derecho que consagra nuestra Carta Magna en su artículo 374, que garantiza a los ecuatorianos domiciliados en el exterior el acceso a la seguridad social.
A través de este malhadado reglamento, se exige a los compatriotas que se encuentren comprendidos entre los 40 y 60 años la certificación mèdica que determine que no adolece de enfermedades crónico degenerativas o invalidantes adquiridas con anterioridad a la solicitud de afiliación voluntaria, lo cual contradice el derecho constitucional que garantiza el acceso a la salud de todos los ecuatorianos y la igualdad ante la ley.
Linder Altafuya manifestó que apoya la peticion del Frente Unido de Inmigrantes Ecuatorianos a la Asamblea Nacional de hacer respetar el derecho constitucional de todos los ecuatorianos a la seguridad social y que exigirá al Presidente del Directorio del IESS, economista Ramiro González la derogatoria de este inconstitucional reglamento y que llevará adelante las acciones que sean necesarias para que los ecuatorianos residentes en el exterior gocen de los derechos que les otorga la Constitución de la República.
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Quito, Octubre 28 del 2011
Asambleísta Escala rechaza despidos masivos utilizando inconstitucional figura de la “Compra de Renuncias Obligatoria”
El Asambleísta Jorge Escala rechazó la ilegal actuación del Gobierno Nacional que amparándose en el inconstitucional Decreto Ejecutivo 813 inició el día de hoy en todo el país un proceso de despidos masivos en contra de los servidores de la salud y de otras áreas del sector público, para tal efecto ejecutaron un brutal operativo policial apostándose desde la noche anterior en los alrededores de estas dependencias para desalojar de sus puestos de trabajo a profesionales y trabajadores de este sector, afectando el derecho a su estabilidad y violando todos los instrumentos internacionales que en materia de trabajo ha suscrito el Ecuador, irrespetando además la jerarquía normativa establecida en la Constitución de la República.
Escala recordó que el 7 de Julio del presente año, el Presidente de la República, Rafael Correa, emitió el Decreto Ejecutivo No. 813, mediante el cual reforma el Reglamento a la Ley de Servicio Público y establece la figura de la compra de renuncias obligatorias para los servidores públicos, figura que no consta en la Ley de Servicio Público aprobada por la Asamblea Nacional, desconociendo lo establecido en el artículo 426 de la Constitución de la República que establece que “la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica…”, entendiéndose que ninguna disposición, sea cual sea su origen o índole, puede contravenir la Constitución de la República.
Ante estos hechos, el Asambleísta Escalá señaló que demandará a la Corte Constitucional se pronuncie de forma inmediata respecto a la demanda de inconstitucionalidad que el Movimiento Popular Democrático presentó contra este Decreto, de igual forma manifestó que solicitará a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social se convoque al Ministro de Relaciones Laborales para que informe sobre estos inconstitucionales e ilegales despidos, que dejan en el desamparo a cientos de familias y además ponen en riesgo el derecho a la jubilación de los servidores públicos, pues están siendo despedidos faltándoles pocos años para cumplir los requisitos para acceder a este derecho, enfatizó Escala.
Jorge Escala hace un llamado a la organización y unidad de los trabajadores y pueblos del Ecuador para enfrentar esta política de despidos en el sector público, que forma parte de la escalada de violencia que ha desatado el régimen en estos últimos días contra los pobladores de Río Grande en Chone, militarizando la comunidad Intag en Imbabura, igual situación el Pangui en Zamora Chinchipe, Quimsacocha en Azuay, la detención de Marco Guatemal y el intento de tomarse por asalto el Municipio de Sta. Isabel en el Azuay, finalizó Escala.
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Quito, noviembre 01 del 2011
Se aprueba resolución a favor de las servidoras y servidores públicos del país ilegalmente despedidos
El Asambleísta Linder Altafuya informó que el día de hoy la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, aprobó un proyecto de resolución a favor de las servidoras y servidores públicos que fueron ilegalmente despedidos, aplicando el inconstitucional Decreto Ejecutivo No. 813.
Linder Altafuya en calidad de miembro de esta Comisión presentó conjuntamente con otros asambleístas, una propuesta resolutiva que fue aprobada con siete votos a favor, y que en lo fundamental exige de las autoridades gubernamentales lo siguiente:
Demandar al Ministerio de Relaciones Laborales se abstenga de continuar entregando notificaciones de acciones de personal de renuncia obligatoria a las servidoras y servidores públicos, y demandar el inmediato reintegro a sus funciones; demandar el respeto de las autoridades estatales al buen nombre y a la dignidad de las y los servidores públicos cesados y sus familias; condenar la forma inhumana e improcedente en la que fueron notificados y obligados a firmar la renuncia las servidoras y servidores públicos, con la presencia de la fuerza pública; exigir a la Corte Constitucional que adopte de inmediato medidas cautelares para que cesen los efectos de la aplicación del Decreto No. 813 y el de tratamiento urgente a las demandas de inconstitucionalidad que contra el mencionado decreto ejecutivo fueron presentadas oportunamente; solicitar al Presidente de la Asamblea Nacional convoque al Ministro de Relaciones Laborales, señor Richard Espinoza Guzmán y al Ministro del Interior, Dr. José Serrano, en su calidad de máxima autoridad de la Policía Nacional, al seno de la Asamblea Nacional a fin de que expliquen sus actuaciones; excitar al Presidente de la República, Economista Rafael Correa Delgado, para que derogue el artículo 8 del Decreto Ejecutivo No. 813 cuya aplicación lesiona derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de la República e instrumentos internacionales de Derechos Humanos suscritos por el Ecuador.
Es importante señalar que este proyecto de resolución tuvo el voto en contra de los Asambleístas de Alianza País que integran la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, quienes en sus discursos defendieron la medida adoptada por el Gobierno señalando que es legal y procedente, poniendo de manifiesto una actitud contraria a los intereses del pueblo que les eligió pues en cada una de las provincias a los que ellos representan existen cientos de familias afectadas por esta inconstitucional medida, expresó el Asambleísta Altafuya
Finalmente Linder Altafuya hizo un llamado a todos las servidoras y servidores públicos del país a mantenerse unidos luchando por el respeto a la estabilidad laboral y el derecho al trabajo, además de señalar que el Movimiento Popular Democrático enjuiciará políticamente al Ministro de Relaciones Laborales Richard Espinoza, por llevar adelante una política nefasta en contra de la clase trabajadora.
Ver resolución
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Quito, noviembre 07 del 2011
Autoridades de la Provincia de Esmeraldas toman acciones para defender la Concordia
El Asambleísta por la Provincia de Esmeraldas, Linder Altafuya informó que frente a la inconstitucional e ilegal petición del Presidente de la República de que la Corte emita dictamen de constitucionalidad para convocar a referéndum en el Cantón La Concordia, autoridades de la Provincia de Esmeraldas que conformamos el Comité Cívico acudimos a la Corte Constitucional a exigir esta malhadada pretensión sea desechada por los Jueces Constitucionales.
Altafuya expresó que la petición realizada por el Presidente de la República ha causado un profundo malestar tanto a la ciudadanía como a las autoridades de la provincia de Esmeraldas, pues es importante recordar, que históricamente La Concordia fue un recinto de la provincia de Esmeraldas, elevado a cantón después de años de lucha de nuestra pueblo, mediante Ley promulgada en el Registro Oficial No. 219, del 26 de noviembre del año 2007; en tal virtud no existen conflictos territoriales y mucho menos de pertenencia, por lo tanto, el mecanismo de consulta popular en lo que respecta al Cantón La Concordia es improcedente, carece de legalidad y, por ende, no cabe lo solicitado por el Presidente de la República.
Linder Altafuya, señaló que el día de hoy fueron recibidos por el Presidente de la Corte Constitucional Patricio Pazmiño quien escuchó todos los argumentos constitucionales y legales respecto al caso del Cantón La Concordia y el día de mañana martes 8 de noviembre a las 12h00 serán nuevamente recibidos esta vez por el Pleno de la Corte con el fin de ampliar todos los argumentos en los que nos amparamos para solicitar se rechace el pedido del Presidente de la República afirmó Linder Altafuya.
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Quito, noviembre 07 del 2011
MPD presentó denuncia penal contra titular de la SENAE por presunto lavado de activos en exportaciones ficticias hacia Venezuela
De conformidad con el Art. 205 del Código Orgánico de la Producción, Comercio Exterior e Inversiones, la administración aduanera tiene por objeto, además de facilitar el comercio exterior y ejercer control sobre la entrada y salida de mercancías, el control sobre “quienes efectúen actividades directa o indirectamente relacionadas con el tráfico internacional de mercancías”, Sin embargo la actitud del Economista Santiago León Abad, Director General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, lejos de cumplir su tarea de control prevista en la ley, evidencia una total desidia frente a los informes de exportaciones ficticias que se estarían efectuando hacia la República de Venezuela, por esta razón el Asambleísta Jorge Escala Zambrano del MPD, acudió la mañana de este lunes 7 de noviembre a las oficinas de la Fiscalía del Guayas para interponer una denuncia penal en contra del Director General del SENAE.
No se entiende por qué se permite que empresas como Privatum Management Prinage S.A, cuya actividad principal tiene que ver con la venta de textiles, puedan exportar pimienta negra ante la vista y paciencia de las autoridades aduaneras por un valor de $685.000,oo dólares hacia Venezuela, declarando un peso de 100.000 kg., cuando en realidad los contenedores tendrían cantidades irrisorias de este producto que no superarían los 340 Kg, tal como lo reporta un informe de la Unidad de Vigilancia Aduanera 1 Distrito de Guayas, señaló el legislador del MPD.
También dio a conocer otros casos; así por ejemplo, mediante un Acta de retención Provisional, se detecta una declaración fraudulenta de 35 contenedores que exportaban TEJIDOS DE FIELTRO por un valor de $300.000 cada uno y un contenedor más de la empresa BIG STAR S.A. que exportaba máquinas por un valor de $300.000, cuando su valor real era de $5.000, es decir, ésta exportación tendría una sobre-facturación de más de 10 millones de dólares; en el ilícito estarían involucradas empresas de propiedad de ciudadanos venezolanos, quienes tendrían testaferros ecuatorianos actuando como supuestos administradores de esas compañías. El monto total de las exportaciones ficticias ascendería a más de 214 millones, según el Asambleísta.
Éstas serían algunas pruebas que evidencian un escandaloso LAVADO DE DINERO y enriquecimiento ilícito; en tal sentido el Art. 14, literales e) y f) de la Ley Para Reprimir el Lavado de Activos tipifica como delito de lavado de activos, realizar por sí mismo o por medio de terceros, operaciones y transacciones financieras o económicas, con el objeto de dar apariencia de licitud a actividades de lavado de activos, por lo que Escala espera que la Fiscalía investigue esta denuncia a profundidad, para lo cual está dispuesto a colaborar en las indagaciones. No puede ser posible que en lugar de sancionar a estos funcionarios como Santiago León Abad que son cómplices de estos hechos de corrupción, el Presidente de la República estudie la posibilidad de designar a este funcionario como Ministro Coordinador de la Producción en reemplazo de Natalie Celi, enfatizó.
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Quito, noviembre 09 del 2011
Impuestos verde Correa… otro garrotazo al bolsillo de los Ecuatorianos
El Dr. Ramiro Terán, Asambleísta del MPD por la Provincia de Imbabura, en rueda de prensa dada en conjunto con los asambleístas de la Bancada de Plurinacional y de Izquierda fue enfático en denunciar que la reforma tributaria planteada por el Gobierno del Presidente Correa, a más de ilegal porque viola el artículo 68 de la Ley orgánica de la Función Legislativa que claramente señala que “Sólo por iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante el trámite ordinario previsto en esta Ley, la Asamblea Nacional podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos”, constituye otro garrotazo al bolsillo de los ecuatorianos en razón de que generarán inflación, especulación, elevación de los precios de los productos y en definitiva todos terminaremos pagando. Además vía impuestos ya financiamos el 37% del Presupuesto General del Estado, que significan 9.584 millones de dólares en este año y, en los últimos cinco años hemos aportado cerca de 40mil millones de dólares.
El Presidente Correa debe abstenerse de cargar con más impuestos a la gente, pues tiene suficiente dinero en las arcas fiscales para atender la obra social y pública, este gobierno ha tenido más dinero que ningún otro, en los últimos cinco años ha gastado más de 100mil millones de dólares y la vida de los ecuatorianos no ha mejorado; solamente en este año tiene como ingresos codificados 25.838 millones, 1.888 millones más de lo que la Asamblea Nacional aprobó como Presupuesto General del Estado, ya que como ingresos petroleros recibió 1.027 millones más debido al elevado precio del barril de crudo que está en 95 dólares, y, por tributos $704 millones adicionales.
Si el Gobierno tiene ansias por dinero debe dejar de invertir en el Plan Colombia donde se ahorraría más de 100 millones de dólares; cobrar los impuestos a los más ricos, de manera particular el cobro del impuesto al patrimonio que supere los 300.000 dólares; disminuir el gasto de publicidad del gobierno; cobrar los 3.000 millones de dólares por evasión tributaria que según el propio señor Marx Carrasco se estima en un 40% de los ingresos tributarios estimados; el no pago de la deuda externa con lo cual se recuperarían $1,594.44 millones anuales, acotó.
Además, el Asambleísta informo que a la Comisión de Régimen Económico han visitado con propuestas diversos actores económicos y representantes de los trabajadores, pero sus aportes y puntos de vista, al igual que el de los Asambleístas miembros de la Comisión no han sido recogidos, razones por las cuales seis de los once Asambleístas acogiéndose al Art. 140 de la Constitución de la República presentaron un informe que contiene el Proyecto de Resolución para que el pleno de la Asamblea Nacional NIEGUE el Proyecto de Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado remitido por el Presidente de la República con el carácter de urgencia económica por no convenir a los intereses nacionales.
Para terminar, Terán señaló que el señor Correa está aplicando las mismas recetas neoliberales que antes lo hacían los gobernantes de derecha, aquí no hay ninguna revolución ciudadana, pues está volviendo a la gran noche neoliberal de la que tanto hablan y que los 124 Asambleístas tienen una gran deuda con los ecuatorianos y hoy deben decidir si aprobar leyes tan lesivas o devolverle su dignidad y el derecho a una vida digna.
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Quito, noviembre 10 del 2011
Designación de Santiago León como Ministro de la Producción es para proteger actos de corrupción en las Aduanas
La designación de Santiago León Abad, como Ministro Coordinación de la Producción en reemplazo de Natalie Celi, que realizó al medio día del 10 de noviembre el Presidente de la República Rafael Correa, es un premio a la corrupción en el Sistema Aduanero del país, denunció el Asambleísta del MPD Jorge Escala.
En calidad de fiscalizador he venido denunciando públicamente un posible lavado de activos en el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, cuando se han realizado exportaciones ficticias conforme se demuestra en el Informe de Vigilancia Aduanera, lo cual ha permitido el ingreso ilícito de aproximadamente 214 millones de dólares por los distritos aduaneros desde el 2007, con esta y otras pruebas acudí el 7 de noviembre en horas de la mañana a la Fiscalía a denunciar este hecho, indicó el Asambleísta.
Frente a evidencias que demuestran el cometimiento del delito de lavado de activos, acto tipificado en el Art. 14 literales a y f de la Ley para Reprimir el Lavados de Activos, le correspondía a Santiago León Abad ejercer el control sobre la salida de este tráfico de mercancías, e iniciar las acciones legales correspondientes sobre los responsables de estos ilícitos, conforme le ordena el Art. 205 del Código Orgánico de la Producción, tomando en cuenta además que no impedir un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica de hacerlo, equivale a ocasionarlo, Santiago León tendrá que responder por ello. Ahora desde las instancias judiciales es que se debe determinar el incremento de su patrimonio durante el desempeño de Director Nacional de la SENAE.
Es inaudito que el Presidente de la República, frente a estos actos de corrupción en lugar de sancionar a Santiago León Abad lo premie con esta designación, con lo cual evidencia aún más que representa a un gobierno de la nueva derecha corrupta del siglo XXI, sentenció el Legislador.
Asambleísta Jorge Escala Zambrano
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Quito, noviembre 11 del 2011
En marcha juicio político contra Ministro de Relaciones Laborales
El Asambleísta Linder Altafauya, miembro de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, anunció que cuenta con 52 firmas de respaldo para dar inicio al enjuiciamiento político al Ministro de Relaciones Laborales.
Linder Altafuya, quien a nombre del Bloque Parlamentario del Movimiento Popular Democrático será el interpelante en el Juicio Político al Ministro de Relaciones Laborales, por su política nefasta en contra de la clase trabajadora y principalmente por haber impulsado el despido masivo de servidoras y servidores públicos del país, utilizando la ilegal e inconstitucional figura de la “compra de renuncias obligatoria”, señaló que las principales acusaciones en contra de Richard Espinosa, dentro de este proceso son:
1.- La violación al derecho constitucional al trabajo y a la estabilidad laboral;
2.- Haber contravenido el orden jerárquico de aplicación de las normas, al utilizar la figura de la “compra de renuncias obligatoria”, la misma que no consta en la Ley Orgánica del Servicio Público;
3.- Contravenir el derecho a la seguridad social de las servidoras y servidores públicos del país ya que una gran cantidad fue despedida faltándoles entre cinco y dos años para cumplir los requisitos para acceder a este derecho;
4.- Atentar contra los derechos de las servidoras y servidores públicos al obligar, mediante el uso de la fuerza, a firmar las notificaciones de la “compra de renuncias obligatoria”;
5.- Permitir que se viole el derecho constitucional a la salud de los ecuatorianos, atentando de esta manera el derecho a la vida;
6.-Atentar contra el derecho a la honra establecido en la Constitución al señalar que han sido despedidos los servidores públicos por corruptos, ineficientes y por maltrato al público.
Finalmente el Asambleísta Altafuya, hizo un llamado a la unidad y organización de las servidoras y servidores públicos del país para que interpongan todas las acciones legales que les asistan en defensa de sus derechos, así también para que exijan a los Jueces de la Corte Constitucional un pronunciamiento inmediato respecto de las demandas de inconstitucionalidad interpuestas en contra del inmoral e ilegal Decreto Ejecutivo 813.
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Quito, noviembre 15 del 2011
Más empleados afines al Gobierno con latisueldos en otros medios de comunicación incautados
El Asambleísta Nacional Jorge Escala informó que dentro de la investigación que lleva adelante respecto al manejo financiero de las empresas incautadas entre ellas TC TELEVISIÓN en donde existen varios directivos que ganan latisueldos, como por ejemplo el señor Carlos Coello Beseque quien como Gerente Administrador gana 8 mil dólares, Blanca Ana Ugarte, Gerente de Programación con 9 mil dólares de remuneración y José Ricardo Villagómez Barreiro Gerente de Ventas que gana 13 mil dólares, estamos hablando de empresas del Estado por lo que es inaudito que mientras los trabajadores de estas empresas ganan sueldos de 800 y 600 dólares y a los maestros se les redujo su remuneración existan directivos que ganen estas exorbitantes cantidades.
Escala advirtió que por haber denunciado el inadecuado manejo financiero en varios medios de comunicación públicos y en especial por la denuncia sobre los ingresos que percibe Carlos Ochoa, como entrevistador de GAMA TV quien gana 8 mil dólares solo por injuriar a los que piensan distinto al régimen, el correismo a través de la Secretaría de Comunicación, ya se encuentra preparando una Cadena de Televisión con el ánimo de desacreditar su labor de fiscalización, el pueblo ecuatoriano debe saber que si lanzan una cadena en mi contra es por haber denunciado todas estas irregularidades que se comenten con dineros de los ecuatorianos ya que estas empresas fueron incautadas a los banqueros corruptos y su manejo debe ser trasparente y su rendimiento destinado al pago de quienes fueron afectados por el feriado bancario, no engordar los bolsillos de sus directivos y a calumniadores a tiempo completo como Ochoa, sin embargo en la administración de estas empresas hay más bien una suerte de “manejo de hacienda” en donde nadie rinde cuentas y se realizan adquisiciones de forma fraudulenta, sin cumplir con la normativa correspondiente.
Escala anunció que más adelante hará públicos documentos e información respecto a la adquisición de equipos por parte de GAMA TV Y TC TELEVISIÓN a compañías cuyo objeto social en algunos casos es el campo agrícola y nada tienen que ver con medios de comunicación, la contratación de productoras de propiedad de familiares de los directivos de estas empresas, entre otras anomalías afirmó Jorge Escala.
Prof. Jorge Escala Zambrano
Asambleísta Nacional por el MPD
Cel.098739263
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Quito, noviembre 17 del 2011
Proyecto de Ley de defensa del Manglar ha sido calificado por el Consejo de Administración Legislativa
El Asambleísta Linder Altafuya, presentó el día 8 de noviembre de 2011, el Proyecto de Ley Orgánica de Conservación y Restauración del Ecosistema Manglar, con la participación de las diversas organizaciones y pueblos del Manglar, el mismo que contó con el respaldo de la Bancada MPD-Pachakutik y otras fuerzas políticas de la Asamblea Nacional. Proyecto de ley que ha sido calificado por el CAL.
Este proyecto va encaminado a proteger, manejar, restaurar y conservar el ecosistema manglar, así como de sus zonas de transición y amortiguamiento y la biodiversidad que alberga, de sus ciclos ecológicos, de sus funciones y procesos evolutivos. Al mismo tiempo que garantice los derechos de las comunidades y pueblos ancestrales.
El Asambleísta Altafuya, señaló que este proyecto pretende establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados, regulará la conservación, mantenimiento, restauración, regeneración, recuperación de especies, ciclos ecológicos, funciones y procesos evolutivos del ecosistema manglar, su zona de amortiguamiento y de transición, a fin de garantizar a las comunidades y pueblos ancestrales de este ecosistema, el derecho al buen vivir o sumak kausay, el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, a su soberanía alimentaria, a su desarrollo comunitario como una condición esencial de una vida digna.
Proponemos también que se garantice el derecho de participación y de consulta de las personas, comunidades, pueblos ancestrales del ecosistema manglar y nacionalidades afectadas, la consulta deberá realizarse previo al inicio de toda actividad, incluyendo la etapa de planificación, ejecución y control de toda actividad que genere o pueda generar impactos ambientales, explicó el Asambleísta Linder Altafuya.
Finalizó señalando, que solicitará a las Autoridades de la Asamblea Nacional para que este proyecto de ley sea puesto como prioritario en la agenda de trabajo para el año 2012.
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Quito, noviembre 17 del 2011
CAL admitió Juicio Político contra Ministra de Educación
El Asambleísta del MPD, Jorge Escala indicó que, el Consejo de Administración Legislativa CAL, dando cumplimiento al tramite establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa admitió el Juicio Político planteado por el MPD en contra de la Ministra de Educación, Gloria Vidal y remitió a la Presidenta de la Comisión de Fiscalización y Control Político para que avoque conocimiento y sustancie el trámite.
La admisión del Juicio Político en el CAL se dio con el voto de la mayoría de los integrantes, a excepción de la Asambleísta Rocío Valarezo quien se abstuvo en el voto, demostrando de esta manera su actitud obsecuente e incondicional al gobierno y como enemiga del magisterio, señaló Jorge Escala.
La Ministra debe ser juzgada por las siguientes causales:
1.-Desacato a las sentencias ejecutoriadas que le obligan al pago completo del estímulo a la jubilación de ex docentes de varias provincias.
2.- Por la imposición de un Proyecto de Bachillerato General Unificado “BGU”, que resulta inapropiado a la realidad nacional, atenta al desarrollo del pensamiento crítico y emancipador de la juventud y no cuenta con los aportes y la participación de los actores sociales de la educación.
3.- Por ser responsable que después de seis meses de vigencia de la nueva Ley de Educación, el país no cuente con un Plan Nacional de Educación, lo cual demuestra el fracaso de la política educativa en temas como alfabetización, cuyas cifras oficiales proporcionadas por el último censo de población y vivienda indican que en el Ecuador subsisten 672.096 que representa el 6.8% de ecuatorianos/as con analfabetismo puro cuando deberían ser no más de 454.222, que significaría el 4.56% según la línea trazada por el Plan Decenal de Educación, cifra que aún es distante a la que de manera fraudulenta proclamaron alcanzar el ex Ministro Raúl Vallejo y su Viceministra Gloria Vidal, el 8 de septiembre de 2009, cuando anunciaron públicamente que el analfabetismo en el Ecuador se había reducido al 2.7%.
4.- Por la política de precarización laboral, prohibida en el Artículo 327 de la Constitución de la República, vulnerando además el derecho a la estabilidad laboral, a una remuneración justa y oportuna de los maestros contratados, además de hacer caso omiso a la resolución del Pleno de la Asamblea Nacional, que como máximo órgano de poder Legislativo, el 12 de julio del 2011, exhortó a esta funcionaria a que de manera inmediata extienda los nombramientos a los maestros/as contratados ganadores/as de los concursos de merecimientos y oposición, así como la cancelación justa de sus remuneraciones.
5.- Al aplicar la política de criminalización de la lucha popular, manteniendo un régimen de represión a los principales actores del proceso educativo como los estudiantes, maestros y sus organizaciones, al arrogarse funciones que no le compete, cuando dicta los Acuerdos Ministeriales 134-11 y 324-11 mediante el cual se ordena a los rectores de los colegios a sancionar a los estudiantes que ejerzan su legítimo derecho a la resistencia, violando el principio constitucional al debido proceso.
6.- Por atentar la libertad de asociación y agremiación al no permitir el autofinanciamiento de la UNE y el Fondo de Cesantía”, entre otras causales.
Ante la contundencia de sus acusaciones, Jorge Escala señaló que ahora le corresponde a la Comisión de Fiscalización dentro del plazo de cinco días avocar conocimiento, calificarla y continuar con el procedimiento de sustanciación e interpelación hasta la sanción de destitución, al mismo tiempo que a nivel nacional, los maestros, padres de familia y estudiantes realizarán en las calles y plazas, juicios populares en contra de Gloria Vidal, sancionándola por su negligencia, inoperancia y fracaso en la administración de la educación.
Asambleísta Jorge Escala Zambrano
Teléfono 09873926
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Quito, noviembre 17 del 2011
Presidente Correa ordena aplicación de fichas para persecución Política a Maestros y Estudiantes
El asambleísta del MPD Jorge Escala denunció que, bajo disposición del Presidente de la República, con el carácter de urgente y confidencial el Ministerio de Educación, mediante oficio circular No. 0075 DM-2011, del 10 de noviembre, ordenó a los Directores Provinciales de Educación la realización de un mapeo en los planteles educativos, que consiste en llenar una ficha en la que se informe si regularmente la institución educativa participa en movilizaciones, el tipo de afiliación política o gremial que tienen las autoridades, docentes, estudiantes y el grado de afinidad con el proceso (al gobierno) es decir, si es afín, muy afín, indiferente o detractor, lo que constituye un acto pesquisable al puro estilo de los regímenes fascistas.
Como antesala a esta acción persecutora y punitiva que viola los derechos humanos, como el derecho a la libertad de filiación, ideología o pensamiento político, a través del oficio No. 423-DI-SCE-2011, del 3 de octubre, la Subsecretaria de Calidad Educativa del Ministerio de Educación, ordenó a través de la empresa Habitus y el BID la colocación de cámaras de vídeo en las instituciones educativas con el propósito de controlar la labor de maestros y estudiantes convirtiendo las aulas en cárceles y a las autoridades en pesquisas del régimen, violando el derecho constitucional a la intimidad e integridad personal, señalo Jorge Escala.
Estas disposiciones son la expresión de la consolidación del proyecto autoritario del correismo, que profundiza la criminalización de la lucha social,el derecho a la opinión y a la organización gremial y sindical, de esta manera se esta implementando acciones discriminatorias contra los docentes en razón de su ideología o filiación política.
Acciones arbitrarias como esta, constituyen una flagrante violación a la Constitución, razón por la cual el Consejo de Administración Legislativa CAL admitió el juicio político en contra de Gloria Vidal.
Asambleísta Jorge Escala Zambrano
Teléfono 09873926
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Quito, noviembre 21 del 2011
Comisión de Fiscalización calificó juicio político contra Ministra de Educación
El Asambleísta del MPD, Jorge Escala indicó que, la Comisión de Fiscalización y Control Político ante la contundencia de las pruebas y acusaciones, de conformidad con el Art. 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, calificó la solicitud de Juicio Político seguido en contra de la Ministra de Educación, Gloria Vidal I. y notificó a las partes el inicio de la sustanciación.
Son diez acusaciones que demuestran que la Ministra de Educación ha incumplido las obligaciones que le asignan la Constitución y la Ley, violando derechos fundamentales, garantías y libertades constitucionales de los docentes y estudiantes, que lejos de garantizar una educación de calidad y calidez viene aplicando políticas punitivas, antitécnicas e inapropiadas que demuestran su negligencia e inoperancia, afectando a los principales actores de la educación.
La Ministra de Educación ha dispuesto a sus funcionarios la implementado de acciones pesquisables y punitivas contra los docentes y estudiantes, disponiendo la elaboración de fichas en las que se informará el tipo de filiación política, la afinidad con Alianza País, acción que viola el derecho a la libertad de afiliación, ideología, a la libre agremiación, estos y demás acusaciones son méritos suficientes para sancionarla con la destitución.
A la par de la sustanciación de la Solicitud de Juicio Político contra Gloria Vidal en la Comisión de Fiscalización, los padres de familia, estudiantes y maestros, realizarán en las calles y plazas juicios populares, para sancionar a la Ministra, responsable de la crisis de la educación.
Asambleísta Jorge Escala Zambrano
Teléfono 09873926
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Quito, noviembre 23 del 2011
Bancada Plurinacional y de Izquierda presenta Proyecto de Defensa de los Trabajadores Migrantes
Los asambleístas de la Bancada Plurinacional de Izquierda, presentaron el pasado mes de octubre de 2011, el proyecto de Ley de Defensa de los Trabajadores Migrantes, que tiene como propósito defender y garantizar los derechos de los ecuatorianos y sus familias que han sido afectadas por “el fraude hipotecario cometido en España”.
Según el proyecto, “en el territorio nacional no se reconoce validez jurídica de los compromisos financieros contraídos para adquirir las viviendas en España y los actos judiciales que de estos se hayan derivado y/o se deriven en el futuro, por haber sido establecidas bajo condiciones de ilegalidad y fraude”, es decir que con esta propuesta se trata de evitar que los bancos intenten cobrar en el país deudas que se asumieron en España.
Además la Bancada Plurinacional presentó dos iniciativas legislativas: 1) El proyecto de resolución que exhorta al Ministerio de Relaciones exteriores, a la Secretaria Nacional del Migrante y a la Superintendencia de Bancos y Seguros, para que inicie inmediatamente todas las investigaciones necesarias tanto en España como en el Ecuador, para proteger los derechos de los migrantes. 2) El PROYECTO DE LEY EN DEFENSA DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS MIGRANTES, CONTRA EL FRAUDE HIPOTECARIO COMETIDO EN ESPAÑA
Según Luis Villacis Maldonado, Director Nacional del MPD el sistema financiero es perverso y depredador, ya que busca convertir a los migrantes en esclavos financieros, quienes trabajan para pagar la hipoteca en una o más actividades, muchos enjuiciados, desalojados de sus viviendas, niños en albergues y familias desintegradas.
Asambleísta Jorge Escala Zambrano
Teléfono 09873926
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Quito, noviembre 23 del 2011
Proforma Presupuestaria del Gobierno incumple con mandato Constitucional para Educación y Salud
Francisco Ulloa, Asambleísta por la Provincia de Cotopaxi, en representación de la Bancada de Plurinacional y de Izquierda MPD-Pachakutik denunció que la Proforma 2012 alcanza a $26.109 millones, $2.159 millones más de lo aprobado por la Asamblea Nacional como Presupuesto General del Estado (PGE) para el 2011, por lo que existe un déficit de $4.233,6 millones que serán financiados a través más deuda.
“Hay que señalar que por el endeudamiento ya estamos entregando petróleo a cambio, después de seguro será la explotación minera a gran escala. Los ingresos tributarios serán de $11.907 millones, sufren un incremento del 20.84% en relación al 2011 y representan el 45.6% del total del PGE. Es decir, los ecuatorianos vía impuestos financiamos casi en el 50% del PGE y, a pesar de aquello el gobierno a través de la reforma tributaria (impuestos verdes) pretende arrebatar $1.000 millones más de los bolsillos del pueblo”, manifestó Ulloa.
El gobierno anunció que para el 2012 la inversión en educación llegaría al 5.8% del PIB. Esa afirmación busca confundir a la ciudadanía, pues incluye arbitrariamente lo destinado a educación superior. La realidad es que en la proforma presupuestaria del 2012 consigna para Educación Intercultural apenas 3.9% del PIB, es decir 2.777,9 millones de dólares, cuando para dar cumplimiento a la Disposición Décima Octava de la Constitución y el mandato del Plan Decenal refrendado por la Consulta del 2006, a partir del año 2007 debió incrementarse el 0,5% del PIB cada año, y hoy debería representar el 5,6% del PIB, que significan 3.995 millones de dólares. $1.217 millones se le niega para la Educación Básica y el Bachillerato.
Asambleísta Jorge Escala Zambrano
Teléfono 09873926
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Quito, noviembre 29 del 2011
Asambleísta Altafuya afirma que actuó en defensa propia
El Asambleísta del MPD, Linder Altafuya, afirmó que cuando se encontraba contestando una llamada telefónica, en los pasillos de la Asamblea Nacional, el Asambleísta Vethowen Chica de Alianza País se acercó a agredirle verbal y físicamente, por lo que se vio obligado a responder en defensa propia, aseveró.
El Asambleísta del MPD afirmó que Alianza País está acostumbrado a victimizarse, cuando en la realidad son los victimarios. Casos como estos tenemos varios: Profesor Bosco Wisuma, en el que señalaron que fueron sus propios compañeros que lo dispararon, cuando en la realidad queda demostrado que la Policía Nacional utiliza perdigones; como lo acontecido con el estudiante Edwin Cosios.
Otro caso más, lo sucedido en Santa Isabel donde miembros de Alianza País procedieron este 27 de octubre a destruir parcialmente el edificio municipal, aparentan ser las víctimas cuando en realidad son los agresores.
Señaló que este gobierno prepotente y autoritario pretende silenciar la voz altiva y consecuente de la izquierda revolucionaria, pero no lo logrará. Además dijo: no me sorprende que hoy el Asambleísta Vethowen Chica pretenda falsear a la verdad, por lo que presentó tanto ante el Consejo de Administración Legislativa como ante la Fiscalía, una denuncia a fin de que se investiguen los hechos y se sancione al agresor de conformidad con la ley, afirmó Altafuya.
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Quito, Diciembre 01 del 2011
La Concordia - Correa desconoce facultades de Corte Constitucional y concentra todos los poderes
El Asambleísta por la provincia de Esmeraldas, Linder Altafuya, expresó su más enérgico rechazo a la acción inconstitucional adoptada por el Presidente de la República Eco. Rafael Correa Delgado, quien mediante Decreto Ejecutivo No. 946 de fecha 28 de noviembre, convocó a Consulta Popular a los ciudadanos empadronados del Cantón La Concordia, sin que la Corte Constitucional haya emitido el correspondiente dictamen de constitucionalidad.
Linder Altafuya señaló que Presidente de la República al expedir el Decreto Ejecutivo No. 946 convocando a Consulta Popular en el Cantón La Concordia, atenta contra lo establecido en la Constitución de la República en su artículo 104 que exige que previo a convocatoria a consulta popular debe existir el dictamen de Constitucionalidad de la Corte Constitucional.
Lo actuado por Rafael Correa contraria lo establecido en el Art. 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, así como del Art. 74 del Reglamento de Sustanciación de Proceso de Competencia de la Corte Constitucional que establece que el juez ponente emita un proyecto de dictamen, el mismo que será remitido a la Secretaria General y luego de ello el Pleno de la Corte resolverá, este trámite no ha concluido y la Corte se encuentra dentro del término para pronunciarse, por lo tanto el Presidente ha cometido un atropello a las normas constitucionales y legales que rigen nuestro país, manifestó Linder Altafuya.
Por estas razones el Asambleísta Altafuya presentará una demanda de inconstitucionalidad en contra del Decreto Ejecutivo No. 946, mediante la cual solicitará como medida cautelar la suspensión de este Decreto por ser inconstitucional, además señaló que esta es la primera prueba para los miembros del Consejo Nacional Electoral, ahora vamos a ver si en realidad son independientes del Ejecutivo o fueron puestos allí para cumplir las órdenes de Carondelet, pues no podrán convocar a una Consulta Popular sin que exista el dictamen de la Corte Constitucional pues así lo dispone el artículo 184 del Código de la Democracia.
Altafuya recordó además que en el Cantón La Concordia NO EXISTE CONFLICTO DE PERTENENCIA, pues fue elevado a Cantón por el organismo correspondiente, esto es el Congreso Nacional, mediante Ley promulgada en el Registro Oficial No. 219, del 26 de noviembre del año 2007 y sus límites se encuentran claramente establecidos por lo que el mecanismo de una Consulta Popular es ilegal y arbitrario concluyó Altafuya.
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Quito, Diciembre 08 del 2011
Altafuya: si Consejo Nacional Electoral convoca a consulta popular en la Concordia incurriría en un acto Inconstitucional e Ilegal
El Asambleísta Linder Altafuya conjuntamente con los representantes del Comité Cívico de la Provincia de Esmeraldas; Ernesto Estupiñán Alcalde del Cantón Esmeraldas; y, Rafael Erazo Viceprefecto de la Provincia, acompañados del Presidente del Comité Cívico por la defensa de La Concordia, acudieron al Consejo Nacional Electoral con el fin de exponer todos los argumentos tanto constitucionales como legales que determinan que el Consejo Nacional Electoral no puede convocar a Consulta Popular.
Linder Altafuya inició su intervención, manifestando que el Ecuador es uno solo, sin embargo cuenta con división política y administrativa determinada por la Ley de Fijación de Límites vigente, además que la Concordia pertenece a Esmeraldas por tradición y cultura. Luego procedió a realizar un exhaustivo análisis de lo que dispone la Constitución de la República en su transitoria décimo sexta, que determina que para “resolver los conflictos de límites territoriales y de pertenencia se remitirán los informes correspondientes a la Presidencia de la República que en el plazo de dos años remitirá el proyecto de ley de fijación de límites territoriales al órgano legislativo y, de ser el caso, instará la convocatoria de consulta popular para resolver conflictos de pertenencia”, y señaló que este no es el caso delCantón La Concordia, en donde NO EXISTE CONFLICTO DE PERTENENCIA, pues fue elevado a Cantón por el organismo correspondiente, esto es el Congreso Nacional, mediante Ley promulgada en el Registro Oficial No. 219, del 26 de noviembre del año 2007 y sus límites se encuentran claramente establecidos, primera razón por la cual el CNE no puede convocar a Consulta Popular en el Cantón La Concordia.
En cuanto al Decreto Ejecutivo No. 946, de fecha 28 de noviembre del 2011, mediante el cual, el Presidente de la República de forma inconstitucional convoca a Consulta Popular a los ciudadanos del Cantón La Concordia, el asambleísta esmeraldeño manifestó que éste Decreto es prácticamente dictatorial pues viola lo establecido en el Art. 104 de la Constitución de la República, el Art. 105 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, así como el Art. 74 de su Reglamento, al no contar con el dictamen de constitucionalidad previo y vinculante que debe emitir la Corte Constitucional, así lo demostró presentando ante el Pleno del Consejo Nacional Electoral una certificación en la que la Corte Constitucional señala que este trámite “se encuentra para conocimiento y resolución de la Sala de Admisión.”
Linder Altafuya, expresó que ante todos los argumentos expuestos, el Pleno del Consejo Nacional Electoral debe adoptar una resolución apegada a las normas Constitucionales y Legales, y en virtud de que la Corte Constitucional no ha emitido el correspondiente dictamen previo y vinculante de constitucionalidad respecto a la Convocatoria de Consulta Popular a los ciudadanos empadronados en el Cantón La Concordia, SE ABSTENGAN DE CONVOCAR DICHA CONSULTA y finalizó señalando que esta será una prueba de fuego para los miembros de este Consejo que deberán demostrar al país su independencia frente al Ejecutivo.
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Quito, Diciembre 14 del 2011
Actuación del CNE pone en evidencia falta de independencia frente al régimen de Correa
La resolución emitida por el Pleno del Consejo Nacional Electoral de convocar a consulta popular en el Cantón La Concordia es una demostración de la falta de independencia de esta función del Estado frente al Régimen de Rafael Correa, señaló el Asambleísta por la Provincia de Esmeraldas, Linder Altafuya.
Además manifestó que la resolución del Pleno del CNE es inconstitucional e ilegal pues no existe por parte de la Corte Constitucional el dictamen previo y vinculante de constitucionalidad respecto a esta Consulta, condición indispensable para realizar este tipo de convocatoria, además de que dicha resolución contradice lo estipulado por la Constitución de la República en su Transitoria Décimo Sexta, en donde solo bajo dos condiciones se puede convocar a consulta: una que exista conflicto de pertenencia, situación que no ocurre con el Cantón La Concordia que tiene definida su pertenencia a través de Ley de la República y otra que existan problemas de límites, que tampoco es el caso de la Concordia cuyos límites se encuentra perfectamente definidos.
El Asambleísta Altafuya, informó que la ciudadanía esmeraldeña ha recibido con indignación lo resuelto por el Consejo Nacional Electoral, por eso este miércoles se realizará una gran marcha de todo el pueblo Esmeraldeño en defensa de La Concordia, en rechazo a lo resuelto por este organismo y demandarán el respeto a su heredad territorial.
Lo actuado por el CNE pone de manifiesto la sumisión a las demandas del Gobierno Nacional, preocupa por lo tanto el papel que desempeñará este organismo -en donde todos sus miembros fueron funcionarios de este Gobierno- en las próximas elecciones, finalizó señalando Linder Altafuya.
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Quito, Diciembre 23 del 2011
RETORNO DE DAHIK, CONFIRMA QUE EL CORREISMO ES EL GOBIERNO DE LA CORRUPCIÓN DEL SIGLO 21
Correa cumplió con su obsesión, regresar al Ecuador a Alberto Dahik, más conocido como el terrorista económico por ser obediente ejecutor de las políticas neoliberales impuestas por el FMI que causaron hambre, dolor y pobreza, que impulsó leyes como la de Modernización (1993), orientada a la privatización de las empresas y servicios públicos, Ley General de Instituciones del Sistema Financiero (1994) que abrió las puertas al atraco bancario y a la grave crisis económica de 1999 y 2000 y que participó de las renegociaciones de la deuda externa que fueron perjudiciales para el país, tal como lo señaló la Comisión de Auditoría de la Deuda Externa y que su informe ha sido inobservado por el Presidente Correa, denunció el Asambleísta Nacional del MPD Jorge Escala.
A como dé lugar Correa estuvo buscando el retorno de Dahik, en la Constituyente en Montecristi y el 10 de agosto de 2010 en la Asamblea Nacional pidió su amnistía, pero ahora cuando el oficialismo no tiene 83 votos en la Función Legislativa para concedérsela, con Fiscal General propio quien solicita la libertad y con todos los poderes del Estado en sus manos; la Primera Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, con el silencio cómplice del Consejo de la Judicatura Transitorio, levantó la orden de prisión contra Dahik sobre quien pesan acusaciones de peculado y enriquecimiento ilícito en el manejo de los fondos reservados con un perjuicio para el país de 19 mil 580 millones 500 mil nueve sucres y que además confesó públicamente el desvió de estos fondos para la compra de diputados y la aprobación de algunas leyes antipopulares ordenadas por los organismos internacionales FMI-BM.
Con esto se demuestra una vez más que Correa gobierna con la derecha, con la partidocracia del pasado de corrupción y que hoy inspirado en Dahik reproduce la compra de conciencia en la Asamblea Nacional para aprobar leyes de manera fraudulenta y bloquear la fiscalización. Escala señaló, que hoy está clara la razón del por qué el régimen quiere patentar la frase “prohibido olvidar” y de su control total y abusivo de la Función Judicial, será para dejar en la impunidad la corrupción de los prófugos de la justicia como Mahuad, del ex Ministro come cheque de Deporte Carrión, y otros, mientras existen cerca de 300 dirigentes sociales y populares que son perseguidos, enjuiciados y hasta encarcelados por el correismo por defender el agua, la pacha mama, la naturaleza, el trabajo, la libertada y la vida acusados de supuesto delito de sabotaje y terrorismo.
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Quito, Diciembre 27 del 2011
MPD Planteará archivo del Proyecto de Ley reformatoria al Código de la Democracia
El Informe para segundo debate presentado por Mauro Andino, Presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, mejor conocida como Código de la Democracia, aparentemente evidencia un retroceso en algunos aspectos con relación a su Primer Informe, puesto que de los 19 artículos y disposiciones que eliminaba para restringir el derecho a cuestionar infracciones electorales, ahora solo deroga dos, referido a plazos de impugnación y gasto electoral; eso no es todo, se deja de lado el inconstitucional y acaparador método D'Hondt y se vuelve al método de Webster del 2009; lo cual se podría constituirse en un “canto de sirenas” para atraer el voto de algunos incautos asambleístas independientes, no olvidemos que Correa tiene la facultad de modificar estos textos con el veto presidencial, señaló el Asambleísta Jorge Escala del MPD.
La propuesta planteada por Alianza PAIS, además evidencia un acto de desesperación del primer mandatario por aprobar este paquete reformas legales hasta antes del 20 de enero del año próximo, fecha en que vence el plazo constitucional para realizar reformas al Código de la Democracia, según el Art. 117 de la Constitución.
La cancha electoral no podría estar más inclinada a su favor que con esta reforma, según Escala; no olvidemos que el gobierno tiene a su favor árbitros propios, al haber elegido como miembros del Consejo Nacional Electoral a funcionarios claramente identificados con el régimen, además de la utilización de recursos públicos para el financiamiento de su campaña, decimos esto, debido que en uno de los elementos que supuestamente no retroceden en el Informe presentado para segundo debate es en la utilización de la propaganda estatal pagada con el esfuerzo de todas y todos los ecuatorianos, misma que se difundirá hasta 48 horas antes del proceso electoral, precisamente por ello es que se programó más de 294 millones de dólares para uso de publicidad oficial en el presupuesto del año 2012, el rubro más grande de la historia para este fin; con el agravante de que ahora introducen un cambio en el artículo 93 del Código de la Democracia que permitiría al primer mandatario la posibilidad de ejercer su rol de Presidente y Candidato al mismo tiempo.
Esto quiere decir que el Rafael Correa podrá hacer uso de su licencia sin sueldo solo si así lo desea, o por el contrario podrá otorgar créditos, inaugurar obras, entregar dádivas, regalar borregos y otras acciones más que como Presidente estaría facultado, sin dejar de ser candidato, lo cual constituiría una amplia desventaja respecto a sus contendores, cuya única arma por así decirlo es la utilización de la palabra para denunciar esta política maniobrera, manifestó el legislador emepedista.
Escala finalmente anunció que su Partido votará por el archivo de este proyecto de Ley, ya que una reforma al Código de la Democracia debe responder al más amplio consenso de las fuerzas políticas y la ciudadanía, requiere de la mayor transparencia y objetividad posible y debe responder al bienestar moral la nación, pueblos y nacionalidades del Ecuador, mas no al cálculo politiquero del Presidente de la República, enfatizó.
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Quito, Diciembre 28 del 2011
Bancada Plurinacional de Izquierda Rechaza Interferencia de Correa en la autonomía de la función Legislativa
El Asambleísta Linder Altafuya a nombre de la Bancada de Plurinacional de Izquierda expresó su total rechazo a la pretensión del Presidente de la República de interferir en la autonomía de la Función Legislativa, al querer impedir que de forma legítima las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa aprobadas por la Asamblea se publiquen directamente en el Registro Oficial, tal como lo establece el Art. 63 del mencionado cuerpo legal y lo señalado por el Art. 126 de la Constitución, que expresa: “Para el cumplimiento de sus labores la Asamblea Nacional se regirá por la ley correspondiente y su reglamento interno. Para la reforma o codificación de esta ley se requerirá la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea.”
Rafael Correa pretende ejecutar esta maniobra utilizando a la sumisa Corte Constitucional, que por disposición del Presidente de la República de forma inmediata adopta medidas cautelares suspendiendo las reformas aprobadas por la Asamblea hasta el momento, sin embargo, cuando se trata del atropello a los derechos constitucionales de los ecuatorianos como es el caso del Decreto Ejecutivo 813 que establece la ilegal figura del la “compra de renuncias obligatorias”, no se pronuncia ni adopta medidas cautelares es defensa de los derechos de las servidoras y servidores públicos del país.
Los Asambleístas que conforman la Bancada Plurinacional de Izquierda aseguraron que las reformas aprobadas por la Asamblea Nacional buscan recuperar la capacidad de fiscalización, pues frente al sinnúmero de actos de corrupción que se producen en este Gobierno, no ha sido posible llevar adelante más de 20 pedidos de juicios políticos, a pesar de haberse presentado pruebas contundentes como en el caso del Ministro de Salud, David Chiriboga, responsable de la muerte de más de una veintena de recién nacidos por la ineficiencia del sistema de salud pública o la Ministra de Educación Gloria Vidal, responsable de mantener precarizados a más de 60.000 maestras y maestros contratados; estos como otros procesos fueron archivados.
Los Asambleístas de la Bancada Plurinacional de Izquierda aseguraron que EXIGIRÁN al Presidente de la Asamblea Nacional haga respetar la autonomía de la que goza la Función Legislativa y una vez aprobadas la totalidad de estas reformas se disponga su inmediata publicación en el Registro Oficial, tal como lo manda la Ley.
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Quito, Diciembre 29 del 2011
Jorge Escala, presentó proyecto de Ley derogatoria a la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado.
El jueves 22 de diciembre de 2011, el Asambleísta del MPD, Jorge Escala, presentó el proyecto de Ley derogatoria a la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado.
El Asambleísta Jorge Escala argumentó, que la publicación en el Registro Oficial No. 583 y consiguiente vigencia a través del ministerio de la ley de la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, no es más que un paquetazo tributario contra la economía popular.
Recordemos que, desde que el Presidente de la República, Rafael Correa envío este proyecto a la Asamblea Nacional, la misma se encontraba viciada de irregularidades, pues de manera improcedente la presentó con la calidad de urgente en materia económica, violando el artículo 68 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que claramente indica que las iniciativas legales de la función ejecutiva tendrán el trámite ordinario; así también el 17 de noviembre de 2011, el Pleno de la Asamblea Nacional, como máximo órgano de gobierno, con 53 votos a favor resolvió negar el referido proyecto, a pesar de ello, con su práctica de autoritarismo Rafael Correa violando la ley, ordenó la inmediata publicación del proyecto de ley en el Registro Oficial, indicó el Asambleísta.
La iniciativa de derogatoria de esta Ley, tiene el propósito de evitar que se siga dando golpes al bolsillo de los ecuatorianos, evitar la inflación, especulación, la elevación de los precios de productos que son de consumo diario, si el Gobierno tiene ansias de dinero debe dejar de invertir en el Plan Colombia, cobrar los impuestos a los más ricos, disminuir el gasto de publicidad del gobierno; cobrar los 3.000 millones de dólares por evasión tributaria; el no pago de la deuda externa, señaló el Asambleísta Jorge Escala.
Asambleísta Jorge Escala Zambrano
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Movimiento Popular Democratico
